La corrupción ha debilitado la democracia y el sistema judicial, acelerando el retroceso democrático de Guatemala durante 2023. Para impedir la rendición de cuentas, las autoridades guatemaltecas han socavado los controles institucionales contra el abuso de poder. Periodistas, fiscales y jueces independientes que habían investigado y revelado corrupción, violaciones de derechos humanos y abuso de poder enfrentaron mayor acoso y persecución penal.
El 20 de agosto, el candidato anticorrupción, Bernardo Arévalo, ganó las elecciones, a pesar de los diferentes esfuerzos de las autoridades de generar condiciones electorales desiguales. La fiscal general, Consuelo Porras, lideró los esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones, incluyendo mediante la apertura de causas penales por motivos políticos.
La falta de independencia judicial y las dificultades para proteger los derechos de migrantes; mujeres y niñas; y personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) siguen siendo problemas de gran preocupación.
Elecciones y derecho al voto
En 2023, Guatemala eligió a un nuevo presidente, 160 legisladores y más de 300 alcaldes, en un contexto de deterioro de las garantías de derechos humanos. Las instituciones encargadas de monitorear las elecciones tenían poca independencia o credibilidad.
Entre febrero y mayo, tres candidatos presidenciales—la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera, y los candidatos de derecha Roberto Arzú y Carlos Pineda, quien aparecía en algunas encuestas liderando la intención de voto—fueron excluidos de la contienda electoral con fundamentos dudosos. El Ministerio Público inició una investigación penal aparentemente arbitraria contra el candidato presidencial Edmond Mulet por criticar la decisión de un juez de investigar a nueve periodistas.
Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 25 de junio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Arévalo, del progresista Movimiento Semilla, competirían el 20 de agosto en la segunda vuelta.
El 30 de junio, algunos partidos políticos perdedores presentaron una demanda, alegando fraude. Los observadores electorales de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) no reportaron prueba alguna de fraude. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente el anuncio de los resultados electorales y ordenó un nuevo proceso para impugnar las supuestas irregularidades en la votación. Al no encontrar irregularidades, la Corte Suprema aprobó el anuncio de los resultados el 10 de julio.
El 12 de julio, un juez concedió la solicitud del Ministerio Público de suspender la personalidad jurídica de Semilla por presuntos delitos relacionados con la recolección de firmas para su inscripción. El día siguiente, la Corte de Constitucionalidad anuló la decisión permitiendo continuar con el proceso electoral.
Arévalo ganó la segunda vuelta del 20 de agosto con casi el 60 % de los votos. Aunque las misiones de observación electoral de la UE y la OEA no encontraron pruebas de irregularidades graves, la UNE impugnó los resultados, incluyendo mediante una denuncia penal basada en acusaciones infundadas de fraude.
El Ministerio Público allanó la sede de Semilla y del TSE, incautó material electoral y pidió a un tribunal investigar a los magistrados del TSE.
El 28 de agosto, el Registro de Ciudadanos del TSE suspendió la personalidad jurídica de Semilla como resultado de la investigación del Ministerio Público. La decisión fue confirmada el 2 de noviembre, una vez cerrado oficialmente el proceso electoral el 31 de octubre.
En octubre, los guatemaltecos salieron a las calles para protestar contra los intentos de anular los resultados electorales. Las protestas, encabezadas por grupos indígenas, exigieron la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras. La fiscal general y la Corte de Constitucionalidad instaron al gobierno a usar la fuerza para responder a bloqueos de carreteras. Al momento de redacción de este informe, las fuerzas de seguridad habían utilizado la fuerza en muy pocas situaciones. En algunos casos, algunos civiles atacaron a manifestantes, incluyendo con disparos. Un manifestante murió a mediados de octubre.
El 16 de noviembre de 2023, el Ministerio Público solicitó 27 órdenes de aprehensión contra activistas, estudiantes, académicos, defensores de derechos humanos y un miembro del Movimiento Semilla. Los acusó de promover o participar en protestas mayoritariamente pacíficas en 2022 en la Universidad San Carlos, la universidad pública más importante del país. El Ministerio Público también pidió a la Corte Suprema levantar la inmunidad de Arévalo y de la vicepresidenta electa Karin Herrera para que puedan ser investigados por supuestamente promover la protesta estudiantil.
En diciembre, el Ministerio Público solicitó al TSE “anular” los resultados electorales, alegando supuestas irregularidades.
En el mismo mes, en un caso presentado por un grupo de abogados locales, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Congreso y otras autoridades aseguraran que todas las autoridades electas asumieran sus cargos el 14 y 15 de enero, como lo exige la Constitución de Guatemala. Sin embargo, la Corte indicó que su decisión se tomó “sin perjuicio” de las facultades del Ministerio Público para investigar y enjuiciar presuntos delitos relacionados con las elecciones.
Corrupción
Durante años, investigaciones han demostrado que algunos empresarios han actuado en connivencia con funcionarios corruptos para cooptar las cortes y que el dinero vinculado a corrupción y a crimen organizado ha sido utilizado para financiar campañas electorales.
La fiscal general Porras ha debilitado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), organismo responsable de investigar la corrupción, obstaculizando el avance de los casos. La FECI ha centrado su trabajo actual en realizar investigaciones penales aparentemente infundadas contra quienes luchan contra la corrupción, incluyendo jueces, fiscales y periodistas.
Guatemala es el décimo tercer país entre 15 países latinoamericanos en cuanto a su capacidad para detectar, sancionar y evitar actos de corrupción, según un informe de Americas Society y Council of the Americas. Desde 2021, Guatemala experimentó la caída más importante en esa clasificación en toda la región.
Independencia judicial y controles al poder ejecutivo
Algunas medidas adoptadas por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades han obstaculizado la rendición de cuentas por actos de corrupción, debilitado el Estado de derecho y socavado las garantías de derechos humanos. Las élites políticas, económicas y militares han cooptado gran parte del sistema judicial del país, lo que les ha permitido beneficiarse con impunidad de la corrupción.
Los esfuerzos orientados a socavar las garantías institucionales aumentaron desde la expulsión, por parte del entonces presidente Jimmy Morales, a finales de 2019, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas.
El 28 de agosto, la fiscalía allanó el domicilio en Guatemala del exfiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval, quien vive en el exilio, y arrestó a Claudia González, excomisionada de la CICIG, que actualmente trabaja como abogada de muchos fiscales y jueces independientes. Los fiscales a cargo del allanamiento se refirieron a un supuesto abuso de autoridad en la investigación por tráfico de influencias que la CICIG abrió en 2017 contra la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.
Para septiembre, más de 40 jueces, fiscales y exfuncionarios de la CICIG se habían visto obligados a exiliarse.
Al mes de octubre, Virginia Laparra, fiscal anticorrupción, seguía en prisión, cumpliendo una condena de cuatro años por “abuso de autoridad”, en relación con las quejas administrativas que presentó contra el juez Lesther Castellanos. En mayo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas consideró su caso como arbitrario y pidió su liberación.
En noviembre, miembros del Congreso, cuyo mandato terminó en enero 2024, nombraron velozmente a una nueva Corte Suprema tras un proceso marcado por irregularidades. Entre los 13 magistrados elegidos figuran personas señaladas por fiscales de haber participado en delitos, incluyendo en tráfico de influencia.
Libertad de expresión
Las autoridades han generado un clima hostil para los periodistas y medios de comunicación por medio de ataques verbales, restricciones a su trabajo periodístico y procesos penales abusivos.
El Observatorio de Periodistas documentó 120 casos de ataques, acoso y criminalización de trabajadores de medios de comunicación durante los primeros siete meses de 2023. Esta cifra supera el total de 117 incidentes de 2022. También se han documentado más de 500 incidentes de este tipo desde el inicio del mandato del presidente Alejandro Giammattei en 2020. Al menos seis periodistas huyeron del país en 2022, de acuerdo con registros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La frecuencia de los ataques se intensificó durante el periodo electoral, según el Observatorio de Periodistas.
El 14 de junio, una corte condenó a José Rubén Zamora, destacado periodista de investigación y propietario y director del medio independiente El Periódico, por presunto lavado de dinero. En octubre, un tribunal superior anuló la decisión, al determinar que su caso debía juzgarse nuevamente. El Periódico cesó sus operaciones en mayo, alegando persecución. Zamora permanecía en prisión en el momento de redactar este informe.
El 11 de agosto, agresores no identificados mataron a tiros a los periodistas Edin Alonso y Hugo Gutiérrez en el departamento suroccidental de Retalhuleu. Ambos tenían una página de Facebook de noticias locales y, al parecer, habían recibido amenazas.
Defensores de derechos humanos
Los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales se intensificaron. En 2022, la organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) documentó 3.574 casos de agresión contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, incluyendo criminalización, acoso, intimidación, amenazas y violencia contra las mujeres. Se trata de la cifra más alta en 22 años.
Derechos de mujeres y niñas
Para el mes de agosto, el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público había contabilizado más de 22.000 mujeres víctimas de violencia basada en género, y 98 víctimas de feminicidio en 2023. La OACNUDH afirmó que no se asignaba suficiente financiación pública para prevenir la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas.
El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), una organización no gubernamental, reportó más de 43.000 embarazos de adolescentes y niñas entre enero y agosto, incluyendo 1.589 de niñas de entre 10 y 14 años.
El aborto sólo es legal cuando la vida de la persona embarazada está en peligro. En 2022, los congresistas intentaron ampliar los casos en los cuales se podía procesar a personas por acceder a un aborto. El Congreso archivó el proyecto de ley después de que el entonces presidente Alejandro Giammattei amenazara con vetarlo.
Orientación sexual e identidad de género
Históricamente, las autoridades no han sido capaces de proteger a las personas LGBT de la violencia y la discriminación. En Guatemala no existen leyes integrales que protejan de la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, ni un proceso de reconocimiento legal del género para las personas transgénero.
En junio de 2023, un tribunal de Guatemala condenó a un hombre a 16 años de prisión por el asesinato de Andrea González, una mujer transgénero y líderesa de OTRANS, una organización de defensa de los derechos de las personas trans. El tribunal no consideró el crimen un femicidio. En Guatemala no existe una legislación sobre delitos de odio que abarque la orientación sexual o la identidad de género.
Al momento de redactar este informe, un proyecto de ley que estigmatiza a las personas transgénero seguía pendiente en el Congreso.
Según la sociedad civil guatemalteca, desde enero hasta junio de 2023, al menos 17 personas LGBT habían sido asesinadas, siendo el semestre más mortífero desde 2020.
Derechos de las personas con discapacidad
Guatemala no ha tomado ninguna medida para garantizar el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en la legislación nacional. Esto las somete a violaciones de su derecho a la integridad personal, a oportunidades económicas, a la elección en materia de salud sexual y reproductiva, y al acceso a la justicia.
Un proceso de certificación de personas con discapacidad iniciado en 2023 pretende reconocer, identificar y apoyar mejor a las personas con discapacidad y a sus familias.
Falta de protección de los niños
Para el mes de agosto, el Observatorio de las Mujeres estimaba que en 2023 más de 8.800 niños y niñas, incluyendo adolescentes, fueron víctimas de malos tratos y abusos.
Las autoridades reportaron más de 21.000 casos de malnutrición grave, un aumento del 40 % respecto a 2022, y, hasta el mes de septiembre, 42 muertes de niños menores de 5 años.
Migrantes y solicitantes de asilo
En colaboración con el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden, el presidente Giammattei intensificó los esfuerzos por evitar que migrantes y solicitantes de asilo no guatemaltecos lleguen a Estados Unidos. Para ello movilizó a policías y soldados adicionales a la frontera sur de Guatemala y en el interior del país.
Guatemala y Estados Unidos anunciaron en junio la puesta en marcha de un programa piloto de seis meses que establece “oficinas de movilidad segura” para facilitar el “acceso a vías legales” a los guatemaltecos que se dirigen a Estados Unidos y a otros países, así como para “reunificaciones familiares” y “acceso a visas de trabajo temporales”.
Actores internacionales clave
En enero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNDH) dijo que Guatemala se enfrentaba a “desafíos sistémicos y estructurales” en relación con “la desigualdad y la discriminación, el sistema judicial y la impunidad, el espacio democrático y la promoción y protección de los derechos humanos”, entre otros. Tanto el ACNUDH como el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados señalaron que muchas investigaciones contra fiscales y jueces violan la independencia judicial y el debido proceso y parecen ser una represalia por su labor de lucha contra la corrupción.
En abril, la CIDH incluyó a Guatemala, junto con Venezuela, Cuba y Nicaragua, en un capítulo de su informe anual sobre países que sufren graves ataques a las instituciones democráticas o violaciones graves, masivas o sistemáticas de derechos humanos.
La OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de las Naciones Unidas, la UE, el gobierno de Estados Unidos, gobiernos europeos, gobiernos latinoamericanos, incluyendo Brasil y Chile, y varias embajadas europeas en Guatemala expresaron su preocupación por los intentos de revertir los resultados electorales.
Las misiones de observación electoral de la OEA y la UE desempeñaron un papel fundamental para garantizar el derecho al voto en Guatemala. Ambas misiones resaltaron la “extrema judicialización” de las elecciones, el debilitamiento del Estado de derecho y los ataques a la libertad de expresión, entre otras cuestiones.
El Consejo Permanente de la OEA y el secretario general de la organización, Luis Almagro, también desempeñaron un papel importante. Almagro visitó el país en agosto, septiembre y diciembre, invitado por el gobierno, e instó a todas las partes a respetar los resultados electorales. Su oficina también llevó a cabo gestiones para mediar entre los manifestantes, el Ministerio Público y el gobierno, así como para ayudar a promover una transición del poder.
En julio, el Departamento de Estado estadounidense publicó su Informe sobre Actores Corruptos y Antidemocráticos, en el que impuso sanciones a varios funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos, entre ellos, el juez Castellanos, quien archivó el caso contra el fiscal Laparra, y el juez Fredy Orellana, quien ordenó revocar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. En diciembre, el gobierno de Estados Unidos sancionó bajo el programa Global Magnitsky a Luis Miguel Martínez Morales, un aliado del presidente Giammattei y exfuncionario del gobierno. Ese mismo mes, impuso restricciones de visa a casi 300 guatemaltecos, incluidos representantes del sector privado y más de 100 miembros del Congreso, por “socavar la democracia y el estado de derecho”.
También en diciembre, el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la UE “acordó y estaba lista para adoptar un marco que permitiera establecer medidas restrictivas dirigidas” contra las personas responsables de intentar revertir las elecciones. El Parlamento Europeo aprobó resoluciones en septiembre y diciembre condenando la persecución arbitraria contra jueces y fiscales, así como los intentos de socavar los resultados electorales.
La CIDH otorgó medidas cautelares para proteger al presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera Aguilar en respuesta a mensajes estigmatizantes, intimidación y amenazas de muerte.