La semana pasada, el gobierno de Bernardo Arévalo inició un diálogo participativo para informar la creación de una ley de aguas. Este anuncio representa un primer paso fundamental para abordar la crisis de agua y saneamiento del país.
Guatemala tiene más agua dulce per cápita que la mayoría de los países, pero millones de guatemaltecos viven sin acceso continuo, suficiente, y seguro a servicios de agua y saneamiento. Esto se debe a una mala gestión de los recursos hídricos, insuficiente regulación del uso comercial del agua, falta de sanciones por contaminación, y una inadecuada infraestructura de agua y saneamiento.
Una ley de aguas debe establecer un sistema regulatorio que pueda garantizar y proteger los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Las personas indígenas en Guatemala enfrentan una falta desproporcionada de acceso a agua potable y servicios de saneamiento, lo que agrava su situación de pobreza y marginación social y económica. Además, las mujeres suelen asumir las tareas tanto de recolección de agua como del cuidado de sí mismas y sus familias.
Ana Chacaj Mujía, una mujer indígena de 50 años del municipio de Santa María Chiquimula, departamento de Totonicapán, dijo a Human Rights Watch que camina alrededor de una hora, ida y vuelta, hasta un río tres o cuatro veces al día para recoger agua. Este trabajo agotador limita su capacidad para realizar otras actividades, como la agricultura con la que genera ingresos. Pero Ana no tiene otra opción: “Sin agua, se muere uno, no hay nada.”
La Constitución de Guatemala, aprobada en 1985, reconoce el agua como un bien común y exige al Congreso aprobar una ley que la regule conforme al interés social. Sin embargo, casi 40 años después, la ley de aguas es una deuda pendiente. Guatemala también está obligada por el derecho internacional a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos al agua y al saneamiento.
El diálogo sobre el agua representa un avance importante hacia el cumplimiento de estas obligaciones. Pero para que sea efectivo debe basarse en estándares de derechos humanos y resultar en una ley alineada con las obligaciones internacionales de Guatemala. El gobierno también debería facilitar la participación significativa de la sociedad civil, de expertos científicos y culturales, y de las comunidades directamente afectadas, especialmente aquellas rurales y de escasos recursos.
En particular, las autoridades deberían garantizar la participación significativa de las mujeres y los pueblos indígenas, que por años han defendido los recursos hídricos de Guatemala. Según el derecho internacional, los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados sobre las leyes que les afectan.
El gobierno también debería aplicar salvaguardas claras para garantizar que la información obtenida a través del proceso de diálogo no sea utilizada para represalias contra quienes participen. Esto es especialmente relevante en un contexto donde persiste el termor a represalias, tras la criminalización de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos.
