(Washington D. C.) – El Ministerio Público de Guatemala ordenó la detención de dos líderes indígenas bajo cargos espurios de terrorismo ligados a su participación en protestas pacíficas, señaló hoy Human Rights Watch.
El 23 de abril, la policía detuvo a Luis Pacheco y Héctor Chaclán en la Ciudad de Guatemala, después de que fiscales los acusaran de delitos graves, incluyendo terrorismo, en relación con su participación en protestas pacíficas durante las elecciones generales de Guatemala en 2023. Pacheco, quien actualmente se desempeña como viceministro de Desarrollo Sostenible, lideró protestas en respuesta a los intentos de la fiscal general Consuelo Porras y otros actores para revertir ilegalmente el resultado de las elecciones.
“La detención de líderes indígenas bajo acusaciones de terrorismo debido a su participación en protestas pacíficas constituye un grave ataque contra quienes defienden principios democráticos y el Estado de derecho en Guatemala”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades deben garantizar el respeto al debido proceso, retirar estos cargos abusivos y liberar a Pacheco y Chaclán”.
Durante una conferencia de prensa el 23 de abril de 2025, fiscales de la Fiscalía contra el Crimen Organizado afirmaron que los cargos contra Pacheco y Chaclán surgen de denuncias penales no especificadas relacionadas con bloqueos de calles durante las protestas de 2023. También señalaron que los manifestantes cometieron los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. Los fiscales afirmaron, aunque no presentaron pruebas, que los manifestantes pretendían tomar la sede del Ministerio Público.
Los cargos contra Pacheco y Chaclán son parte de un esfuerzo más amplio liderado por la fiscal general Porras por impulsar procesos penales abusivos contra fiscales, jueces independientes, periodistas y miembros de la administración del presidente Bernardo Arévalo.
El 25 de abril, una jueza ordenó que tanto Pacheco como Chaclán permanecieran en prisión preventiva. Actualmente el caso se encuentra bajo reserva judicial, una maniobra frecuentemente utilizada por fiscales en Guatemala para evitar el escrutinio público sobre procesos penales arbitrarios.
Conforme la ley guatemalteca, el delito de terrorismo tiene una definición excesivamente amplia, lo que abre la puerta a abusos. Su alcance incluye a cualquiera que “ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura” con “la finalidad de alterar el orden constitucional” o “el orden público del Estado”, entre otros objetivos. Este delito se castiga con penas de hasta 30 años de prisión.
El delito de terrorismo debe formularse de manera muy específica para abarcar solo conductas que sean genuinamente de naturaleza terrorista y no una gama mucho más amplia de actividades, incluyendo actos de protesta política. Los cargos de terrorismo nunca deberían utilizarse para criminalizar la participación en protestas pacíficas, señaló Human Rights Watch.
Al usar indebidamente el delito de terrorismo para perseguir a críticos, el Ministerio Público de Guatemala replica patrones de abuso observados en otros países de la región, incluyendo en Venezuela y Nicaragua, señaló Human Rights Watch.
Funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Estados Unidos, gobiernos de América Latina y Canadá deberían expresar su preocupación por la detención de Pacheco y Chaclán. También deberían monitorear el patrón de persecuciones políticas y abusivas por parte del Ministerio Público.
Las misiones diplomáticas deberían monitorear de cerca el proceso judicial contra Pacheco y Chaclán y solicitar acceso a las audiencias. Los gobiernos extranjeros también deberían brindar apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que documentan abusos. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, que han impuesto sanciones contra la fiscal general Porras y otros funcionarios, deberían mantener y considerar ampliar estas sanciones a otros funcionarios que tengan responsabilidad en violaciones de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho.
“La fiscal general Porras, quien lideró los esfuerzos para impedir ilegalmente que el presidente Arévalo asumiera el cargo, ahora arremete contra su gobierno y contra los líderes indígenas que defendieron el derecho al voto de los guatemaltecos”, señaló Goebertus.
