La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a seis ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra por la utilización y el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1971 y 2016. Además del reclutamiento forzado, los cargos incluyen torturas, asesinatos, violencia sexual y reproductiva, y violencia dirigida contra niños y niñas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).
La JEP, un mecanismo de justicia transicional creado en virtud de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, tiene el cometido de juzgar crímenes —incluidos delitos de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos— perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.
El “Macro-Caso” 07 ante la JEP se centra en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes e involucra a 9.854 víctimas, incluidas 8.903 que pertenecen a cinco comunidades indígenas, y otras 951, entre las que se cuentan sobrevivientes y familias que siguen buscando a niños y niñas que fueron reclutados y tienen paradero desconocido.
La Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP acusó a los ex líderes de las FARC de crímenes atroces, que incluyen maltrato, torturas y homicidio de niñas y niños reclutados; violencia reproductiva contra niñas reclutadas; y violencia sexual contra niñas y niños reclutados, que comprenden torturas, violación y esclavitud sexual.
En un hecho histórico sin precedentes en el marco de un mecanismo de justicia transicional, la sala también acusó a los ex líderes de violencia contra niños, niñas y adolescentes reclutados por prejuicios relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género. A su vez, la Sala determinó que varios niños y niñas LGBT “sufrieron violencia sexual y malos tratos como formas de ‘corregirlos’ o ‘castigarlos’”. Este reconocimiento sin precedentes de la violencia dirigida contra niños y niñas LGBT establece un nuevo estándar para abordar la discriminación como un elemento de las violaciones de derechos humanos en los conflictos.
Estos hallazgos se producen luego de que se presentaron cargos históricos relacionados con delitos perpetrados contra personas LGBT durante el conflicto armado en el “macro-caso 02”, que abordó abusos en el departamento de Nariño, y el “macro-caso 03” centrado en ejecuciones extrajudiciales por integrantes del Ejército. Organizaciones de la sociedad civil como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, que representan a víctimas y documentaron delitos durante el conflicto armado, han abogado por que se reconozcan las violaciones que sufrieron personas LGBT durante el conflicto armado como parte del proceso de justicia transicional.
Estas imputaciones contribuyen sustancialmente a abordar la impunidad que ha distinguido durante mucho tiempo al conflicto armado en Colombia. La JEP ahora debería asegurarse de que las personas acusadas sean procesadas de manera justa y, si son declaradas culpables, reciban las sanciones correspondientes por los crímenes que cometieron.
