Reportes

El informe de 109 páginas, “Los Deportados: Inmigrantes desarraigados del país que consideran su hogar”, junto con un sitio web interactivo al cual se puede acceder desde el 5 de diciembre, documenta 43 casos de inmigrantes —muchos de ellos residentes desde hace muchos años y con firmes lazos familiares y de otros tipos en EE. UU.— que fueron deportados mediante procedimientos que, generalmente, ignoraron derechos fundamentales de los inmigrantes y casi nunca consideraron sus hogares y familias estadounidenses. Varios equipos de investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a las personas deportadas en México. El informe analiza, asimismo, datos del gobierno estadounidense sobre detenciones y deportaciones correspondientes a los primeros siete meses del gobierno de Trump.

El informe de 59 páginas, “Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”, documenta un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público guatemalteco. 

El informe presenta un análisis de evidencias existentes, incluidos los testimonios de varios soldados que afirman haber cometido torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante operaciones militares contra grupos armados en la década de 1990. Los soldados señalaron haberlo hecho siguiendo instrucciones —e incluso a veces en presencia— de Humala, quien, en 1992, estaba presuntamente asignado a la base militar Madre Mía en la región de Alto Huallaga y empleaba el seudónimo “Capitán Carlos”. En declaraciones prestadas a autoridades judiciales y entrevistas con Human Rights Watch y medios de comunicación, varias víctimas también implicaron a Humala en abusos e intentos de encubrimiento.

El informe muestra que el gobierno gastó apenas entre el 2 % y el 3 % de su presupuesto anual en salud y educación en 2008 y 2011, los años para los cuales hay datos disponibles, mientras que destinó cerca del 80 % a proyectos de infraestructura a gran escala, que en algunos casos fueron cuestionables. El informe también expone cómo, según las pruebas presentadas en investigaciones sobre lavado de dinero impulsadas en varios países, altos funcionarios gubernamentales obtienen ganancias formidables mediante contratos de obras públicas adjudicados a empresas que son, total o parcialmente, de su propiedad, en muchos casos en asociación con empresas extranjeras, mediante un proceso que se distingue por la opacidad y la falta de competencia. 

El informe, “‘Castigar al paciente’: Asegurar el acceso al tratamiento del dolor en Guatemala”, documenta evidencias de que las reglamentaciones sobre control de drogas en Guatemala —destinadas a prevenir el abuso de estupefacientes— hacen imposible que muchos pacientes con cáncer y otras enfermedades avanzadas obtengan medicamentos fuertes para el dolor, como morfina. Los pacientes describieron el dolor extremo y otros síntomas que padecían, y las dificultades que tenían para afrontar una prognosis poco auspiciosa. Dijeron que tuvieron que visitar a múltiples médicos porque muchos no pudieron tratar adecuadamente el dolor, y muchos señalaron que debían viajar largas distancias en autobuses repletos de gente para llegar a los hospitales donde se ofrece tratamiento del dolor.

El informe de Human Rights Watch, “‘Aún te necesito’: Detención y deportación de padres californianos”, se preparó a partir de datos obtenidos mediante una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), que se presentó a las autoridades inmigratorias federales. Los datos abarcan casi 300.000 casos de detenciones federales de inmigrantes en establecimientos en California, a lo largo de un período de cuatro años y medio. 

This report rebuts 16 key arguments against a ban on fully autonomous weapons.

El informe, “‘Like Walking Through a Hailstorm’: Discrimination against LGBT Youth in US Schools” [Adversidad constante: discriminación de jóvenes LGBT en escuelas de Estados Unidos], documenta una variedad de problemas a los cuales están expuestos los alumnos LGBT. Esto incluye acoso escolar y hostigamiento, la exclusión en los programas de estudio de temas relacionados a la comunidad LGBT o la carencia de recursos escolares, las restricciones a la posibilidad de formar grupos de estudiantes LGBT, así como la discriminación e intolerancia por parte de compañeros de clase y personal escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género.

El informe, “Crisis humanitaria en Venezuela: La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos”, documenta que la escasez ha generado enormes dificultades para que muchos venezolanos puedan obtener atención médica esencial o cubrir las necesidades básicas de su familia. El gobierno venezolano le ha restado importancia a la gravedad de la crisis. Aunque sus propias acciones para reducir la escasez no han tenido resultados satisfactorios, ha realizado gestiones limitadas para conseguir ayuda humanitaria internacional que podría estar disponible inmediatamente. A su vez, ha intimidado y castigado a críticos, incluidos profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y ciudadanos de a pie que cuestionaron el desabastecimiento.

El informe, “Quedar afuera: Restricciones al acceso de jóvenes transgénero a baños y vestidores en escuelas de EE. UU.”, analiza el modo en que los jóvenes transgénero se ven perjudicados por normas que les prohíben usar baños y vestidores que coincidan con su identidad de género. Los estudiantes transgénero describieron cómo estas normas han facilitado el hostigamiento verbal y físico, y han afectado negativamente su salud física y psíquica, su desempeño académico y su participación en la escuela.

El informe, “Human Rights in Supply Chains: A Call for a Binding Global Standard on Due Diligence” [Los derechos humanos en las cadenas de suministro: un llamado a favor de una norma global vinculante sobre la debida diligencia], se elaboró a partir de dos décadas de investigaciones de Human Rights Watch sobre trabajo infantil y otros abusos de derechos laborales, daño ambiental y violaciones de los derechos a la salud, la tierra, los alimentos y el agua, en el contexto de las cadenas de suministro globales.

El informe, “Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela,” analiza señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), que se anunció como una iniciativa para combatir a bandas criminales. Un denominador común de todos estos casos, así como de otros abusos gubernamentales documentados por PROVEA y Human Rights Watch durante la última década, ha sido el grado en que las víctimas – o sus familiares – han sentido que no tienen dónde acudir para obtener resarcimiento o para que se protejan sus derechos fundamentales.

 

El informe “Puertas Cerrados: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central” documenta grandes contradicciones entre la legislación mexicana y su puesta en práctica. Por ley, México ofrece protección a aquellos cuya vida o seguridad corren peligro si son devueltos a su país de origen. Sin embargo, menos del uno por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias de México son reconocidos como refugiados, según datos oficiales del gobierno.

 

El informe de 43 páginas, “Somos dominicanos, somos dominicanas: Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana”, documenta cientos de casos en 13 provincias del país. Human Rights Watch concluyó que dominicanos de ascendencia haitiana todavía no pueden realizar actos cívicos básicos como inscribir hijos al momento del nacimiento, anotarse en la escuela y la universidad, participar en la economía formal o viajar por el país sin riesgo de expulsión.