Resumen

En 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz que constituye una oportunidad única para frenar los graves abusos y las atrocidades que han caracterizado al conflicto armado interno.

Tras un cese al fuego de las FARC que empezó a mediados de 2015, se redujeron los abusos relacionadas con el conflicto en el país. La tasa de homicidios descendió a los niveles más bajos en décadas, la cantidad de desplazamientos forzados reportados fue sustancialmente menor y también disminuyeron los niveles de otras modalidades de abusos.

Sin embargo, en muchas partes de Colombia, pronto parecieron frustrarse las esperanzas de que el acuerdo trajera paz. Uno de esos sitios es Tumaco, el segundo mayor puerto colombiano en el Pacífico. En esta zona, próxima a la frontera con Ecuador, la población civil ha sufrido, durante muchos años, abusos aberrantes cometidos por paramilitares y sus grupos sucesores, así como por las FARC.

Antes del acuerdo de paz, en 2014, Human Rights Watch documentó abusos perpetrados en Tumaco por las FARC y los Rastrojos, un grupo armado que se formó a raíz de la desmovilización de los paramilitares. Tales abusos incluían asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, desplazamiento forzado y violencia sexual.

Human Rights Watch regresó a Tumaco en junio y agosto de 2018 para determinar qué había cambiado. Concluimos que las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla. Estos grupos han seguido cometiendo atrocidades similares a las que se atribuyeron a las FARC durante el conflicto. La proliferación del tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Y los niveles de abusos graves nuevamente están aumentando en Tumaco.

Grupos como “Gente del Orden”, “Guerrillas Unidas del Pacífico” y “Frente Oliver Sinisterra” asolan barrios urbanos y veredas rurales de Tumaco. Los grupos matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse. Asimismo, las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, una organización que se formó a partir de una desmovilización paramilitar deficiente que tuvo lugar a principios de la década de 2000, cometieron graves abusos en Tumaco en 2016 y 2017, durante un intento mayormente infructuoso de tomar el control de partes de ese municipio.

Para la investigación que sirvió de base a este informe, Human Rights Watch realizó más de 70 entrevistas, incluidos a víctimas, sus familiares, autoridades judiciales, fiscales, líderes comunitarios y residentes de Tumaco. Consultamos una amplia variedad de otras fuentes y documentos, incluidas declaraciones a víctimas tomadas por funcionarios públicos.

En total, documentamos abusos contra más de 120 víctimas cometidos en Tumaco desde mediados de 2016, incluidos 21 asesinatos, 14 desapariciones, 11 casos de violación sexual o intento de violación sexual y 24 casos de reclutamiento o intento de reclutamiento. Estos casos representan apenas una fracción de los reportados por las autoridades gubernamentales. Además, muchos abusos no se denuncian, en parte debido al férreo control social que imponen los grupos armados en barrios vulnerables y comunidades rurales de Tumaco.

Aunque no todos los homicidios en el municipio son atribuibles a grupos disidentes de las FARC, han aumentado los índices de homicidios: en 2017, la tasa era cuatro veces mayor a la tasa nacional, y los datos hasta septiembre indican que en 2018 los asesinatos se incrementaron casi un 50% en Tumaco. Tres fiscales que investigan estos homicidios, además de dos funcionarios de derechos humanos que toman declaraciones a familiares de las víctimas, dijeron a Human Rights Watch que creen que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos por grupos disidentes de las FARC. Es habitual que estos grupos asesinen a civiles para aterrorizar o imponer su autoridad en barrios urbanos de bajos recursos y comunidades rurales. Por ejemplo, en mayo de 2018, un pescador de 26 años fue hallado muerto en un estero, con las manos atadas con una soga. Su cuerpo presentaba decenas de heridas de bala. En el pecho, habían dejado un cartel que decía “por ladrón y sapo”.

Las víctimas de estos homicidios incluyen a líderes comunitarios. Desde 2015, en Colombia se ha registrado un aumento significativo de estos asesinatos. Tumaco, donde se han registrado al menos siete líderes comunitarios asesinados desde enero de 2017, es uno de los municipios más afectados. En octubre de 2017, por ejemplo, el líder comunitario José Jair Cortés, que se había desplazado de su territorio tras una amenaza de muerte, fue asesinado mientras regresaba para visitar a su esposa, que estaba enferma, en la zona rural de Alto Mira y Frontera. Un mes antes, un comandante del Frente Oliver Sinisterra había amenazado a Cortés y otros de sus colegas de la junta de acción comunal.

En marzo de 2018, el Frente Oliver Sinisterra secuestró a tres empleados del periódico ecuatoriano El Comercio que estaban investigando las actividades del grupo armado en Mataje, Ecuador. El grupo mantuvo rehenes a los hombres durante dos semanas, mientras exigía que el gobierno ecuatoriano liberara a tres de sus miembros que estaban encarcelados. El 11 de abril, el grupo difundió un panfleto que anunciaba que los tres secuestrados habían muerto. Los gobiernos ecuatoriano y colombiano afirman que fueron asesinados por el Frente Oliver Sinisterra. Sus cuerpos fueron hallados en una zona rural de Tumaco a mediados de junio.

Desde mediados de 2016, los grupos disidentes de las FARC también han sido responsables de múltiples desapariciones en Tumaco. Los residentes creen que los cuerpos de las personas desaparecidas son arrojados al mar, a esteros o a ríos.

Los grupos armados en Tumaco, incluidos los grupos disidentes de las FARC, cometen violaciones sexuales. Al parecer en ningún otro lugar de Colombia los hechos de violencia sexual perpetrados por grupos armados son un fenómeno tan extendido. Entre enero de 2017 y fines de septiembre de 2018, 74 personas en Tumaco fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” (que incluyen la violación y otros delitos sexuales) relacionados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia. Por ejemplo, Human Rights Watch documentó el caso de una niña de 14 años que fue violada en una zona rural de Tumaco en octubre de 2017. Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las 11 p.m., y dijeron a sus padres que “el jefe” del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron, y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La niña contó a sus padres que varios hombres la habían violado.

Los grupos disidentes de las FARC controlan la circulación de los residentes entre los distintos barrios del área urbana de Tumaco. Cuando las personas cruzan una “frontera invisible” e ingresan a un barrio donde no son conocidas por el grupo que manda —o cuando ingresan desde un área controlada por facciones rivales— se exponen a ser amenazadas, asesinadas o desaparecidas.

Los abusos generalizados en Tumaco son representativos de las atrocidades que ocurren en otros municipios a lo largo de la costa pacífica de Colombia. Residentes de esas zonas y miembros de organizaciones humanitarias describieron a Human Rights Watch incidentes similares a los que documentamos en Tumaco. En noviembre de 2017, la Corte Constitucional de Colombia destacó en una sentencia que la situación en Tumaco “es un reflejo de la violencia generalizada que afecta a las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas de toda la región del Pacífico Nariñense”, en alusión al departamento al que pertenece Tumaco[1]. La corte concluyó que la zona atraviesa una “grave crisis humanitaria”.

A principios de 2018, el gobierno colombiano puso en práctica una poderosa campaña militar y policial para frenar los abusos perpetrados por grupos armados, y envió a miles de agentes de la fuerza pública a Tumaco y a otros nueve municipios vecinos del departamento de Nariño. Aunque la campaña ayudó a capturar a numerosas personas, los datos hasta septiembre de 2018 muestran que siguen cometiéndose graves abusos en Tumaco a tasas comparables con años anteriores, o incluso mayores. Como se señaló precedentemente, la tasa de homicidios de Tumaco, que ya era elevada, se disparó incluso más en los primeros nueve meses de 2018.

La impunidad sigue siendo la regla para los graves abusos que ocurren en Tumaco. De los más de 300 homicidios cometidos allí desde 2017, solo se ha condenado a una persona por uno homicidio. No se han logrado acusaciones, ni mucho menos condenas, en relación con ninguno de los casos de desapariciones, reclutamiento ilícito o desplazamiento forzado. Una causa importante de estos pobres resultados es la cantidad insuficiente de jueces, fiscales e investigadores que están a cargo de estos casos en Tumaco.

Las autoridades tampoco han brindado asistencia adecuada a las víctimas de desplazamiento forzado. El derecho colombiano exige que las personas desplazadas reciban asistencia, pero los esfuerzos a la fecha en Tumaco han sido endebles. El albergue brindado a las víctimas ha sido inadecuado y, a menudo, la provisión de asistencia humanitaria se ha visto demorada.

 

Recomendaciones

Al gobierno del presidente Iván Duque:

• Asegurar que las personas desplazadas en Tumaco reciban rápidamente la asistencia humanitaria que les corresponde conforme al derecho colombiano.
• Asegurar que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas implementen una estrategia eficaz en Tumaco con el objetivo de proteger a los residentes locales de los grupos armados.
• Aumentar los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en Tumaco, incluyendo a través de planes de sustitución de cultivos.
• Trabajar con el gobierno municipal y el gobierno departamental para que los residentes de Tumaco tengan un acceso adecuado a servicios públicos.
• Trabajar con el gobierno municipal y el gobierno departamental para que los sobrevivientes de hechos de violencia sexual reciban la asistencia y la protección que les corresponde conforme al derecho colombiano.
• Monitorear la falta de implementación de las leyes y políticas vigentes relacionadas con la violencia de género en Colombia, enfocándose particularmente en la violencia sexual perpetrada por actores armados.
• Establecer programas para garantizar la protección efectiva de líderes comunitarios en Tumaco.
• Adherirse a la Declaración sobre Escuelas Seguras.

Al Fiscal General:

• Aumentar la cantidad de investigadores y fiscales en Tumaco que tienen a su cargo casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito y otros graves abusos.
• Garantizar medidas de protección a todos los investigadores y fiscales que trabajan en Tumaco.
• Seguir impulsando investigaciones sobre la presunta existencia de casas donde grupos disidentes de las FARC torturan y descuartizan a personas.
• Implementar programas de protección para las víctimas de violencia de género, de modo que quienes denuncien hechos de violencia reciban una protección adecuada y duradera, incluyendo especialmente en los casos de violencia sexual infligida por actores armados.
• Supervisar y controlar que los presupuestos asignados sean suficientes para brindar los niveles de recursos y personal adecuados para abordar los hechos de violencia sexual perpetrados por actores armados.

Al Consejo Superior de la Judicatura:

• Incrementar la cantidad de “jueces especializados” en Tumaco, que están a cargo de juzgar delitos graves, incluidos el homicidio agravado, los secuestros y el reclutamiento ilícito.

Al alcalde de Tumaco:

• Brindar albergue adecuado en Tumaco a personas desplazadas y víctimas de violencia sexual. Garantizar que estos albergues protejan a las víctimas y brinden condiciones de vida dignas.

 

Metodología

Durante la investigación para este informe, Human Rights Watch realizó más de 70 entrevistas a un amplio grupo de personas, incluyendo víctimas de abusos, sus familiares y otros residentes de zonas rurales y urbanas de Tumaco, así como líderes comunitarios, autoridades judiciales, fiscales, representantes eclesiásticos, funcionarios locales de derechos humanos y miembros de organizaciones internacionales. Por motivos de seguridad, no hablamos con miembros de grupos armados.

La gran mayoría de las entrevistas se llevaron a cabo en el municipio de Tumaco durante misiones realizadas en junio y agosto de 2018, aunque algunas entrevistas se realizaron en Pasto y Bogotá, así como por vía telefónica. Todas las entrevistas se realizaron en español.

Para nuestra investigación, utilizamos también estadísticas oficiales y consultamos a una gran variedad de otras fuentes y documentos, incluidas sentencias judiciales, informes oficiales, declaraciones tomadas por funcionarios públicos en Tumaco, publicaciones de organizaciones no gubernamentales y artículos periodísticos.

Numerosos entrevistados expresaron su temor a sufrir represalias y accedieron a dialogar con nosotros a condición de que no difundiéramos sus nombres u otra información identificatoria. Se preservó la confidencialidad de la información sobre las personas en los casos en que fue solicitado o cuando Human Rights Watch consideró que la información podía poner en riesgo a las personas. Todos estos datos se encuentran en los registros de la organización.

Human Rights Watch brindó transporte, refrigerios y agua durante las entrevistas, pero no efectuó pagos a los entrevistados. En algunos casos en que resultó oportuno, Human Rights Watch proporcionó información de contacto sobre organizaciones que ofrecen servicios legales, sociales o de asesoramiento, o contactó a esas organizaciones con víctimas.

Human Rights Watch toma todos los recaudos posibles para observar las mejores prácticas sobre investigación y documentación éticas de hechos de violencia sexual. Ello incluye sólidos procedimientos de consentimiento informado, medidas para preservar la privacidad y la seguridad de las personas entrevistadas, y técnicas para reducir al mínimo el riesgo de que las entrevistas vuelvan a traumatizar a las víctimas. Se explicó expresamente a los entrevistados que la participación era voluntaria, y podían elegir no responder ciertas preguntas y terminar la entrevista en cualquier momento. En algunos casos, a pedido del entrevistado o porque este manifestó signos de posible retraumatización, el investigador de Human Rights Watch no pidió a esa persona que describiera en detalle los abusos. Por motivos de seguridad y privacidad, se identifica con seudónimos a las víctimas sobrevivientes.

Las entrevistas con víctimas, sus familiares o testigos se realizaron en entornos confidenciales. Se informó a todas las personas entrevistadas sobre la finalidad de la entrevista, su naturaleza voluntaria y las formas en que sería utilizada la información. Cada participante accedió verbalmente a ser entrevistado.

En el presente informe, el término “desaparición” hace alusión a casos que reúnen los dos elementos del delito de “desaparición forzada”, según se define en el derecho penal colombiano y ha sido interpretado por la Corte Constitucional de Colombia. Los dos elementos son los siguientes: 1) la privación de la libertad de una persona por cualquier medio, seguida de su ocultamiento y 2) la falta de información sobre el paradero de la persona, o la negativa a reconocer la privación de su libertad o dar información sobre su paradero. Conforme al derecho colombiano, cualquiera puede ser penalmente responsable de desaparición forzada, con independencia de si se trata de individuos, actores del conflicto armado, agentes del Estado o individuos que actúan con el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado.

En este informe, el término “grupos disidentes” se refiere a grupos creados o liderados por exmiembros de las FARC, luego de la desmovilización de esta guerrilla. Esto incluye a combatientes que rechazaron la desmovilización y a otros que tras desmovilizarse optaron, por el motivo que fuera, por conformar otro grupo armado. (Algunos en Colombia prefieren utilizar el término “grupos disidentes” para referirse únicamente a aquellos grupos que rechazaron la desmovilización).

 

Antecedentes

Acuerdo de paz con las FARC

El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron sus conversaciones de paz en octubre de 2012 para poner fin al conflicto armado.

En agosto de 2016, las partes llegaron a un acuerdo en La Habana, Cuba[2]. El acuerdo incluyó acuerdos parciales sobre seis puntos, incluidas cuestiones vinculadas con la participación política, los derechos de las víctimas y las políticas públicas sobre drogas. No obstante, el acuerdo fue rechazado por una estrecha mayoría en un plebiscito nacional que tuvo lugar el 2 de octubre de 2016[3]. El gobierno y las FARC entablaron nuevas negociaciones que incluyeron conversaciones del gobierno con sectores que se oponían al acuerdo y lograron un nuevo acuerdo en noviembre de 2016[4].

El 26 de junio de 2017, la misión de la ONU en Colombia verificó que los miembros de las FARC que aceptaron el acuerdo con el gobierno habían entregado sus armas a la misión[5]. En total, el gobierno verificó que 6.200 excombatientes de las FARC, así como 3.300 milicianos, se desmovilizaron conforme al acuerdo (la desmovilización de miembros de las FARC en Tumaco se analiza en detalle más adelante)[6]. En septiembre de 2017, la guerrilla desmovilizada anunció formalmente su partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (partido político FARC)[7].

El proceso de paz hizo que disminuyeran de manera general los abusos relacionados con el conflicto en Colombia, empezando con el cese al fuego de las FARC a mediados de 2015. En 2017, Colombia tuvo la tasa de homicidios más baja en al menos una década (sin embargo, los datos hasta principios de octubre de 2018 sugieren que los índices de homicidios estarían subiendo nuevamente)[8]. La cantidad de personas desplazadas anualmente, que solía ser más de 200.000 antes del acuerdo de paz, fue cerca de 100.000 en 2017[9].

No obstante, los beneficios del acuerdo no han llegado a muchas zonas de Colombia, incluido Tumaco.

Tumaco

El municipio de Tumaco, en el sudoeste de Colombia, tiene cerca de 210.000 residentes, de los cuales el 95% se identifican como afrocolombianos[10]. Poco más de la mitad de la población del municipio vive en la ciudad de Tumaco, el segundo puerto más importante de Colombia en el Pacífico[11]. La ciudad está conformada principalmente por dos islas –la isla del morro y la isla central– y por un territorio continental más amplio. Gran parte de la población rural de Tumaco vive en reservas indígenas y en tierras de propiedad colectiva que están administradas por los denominados “consejos comunitarios” afrocolombianos.

De acuerdo con estadísticas gubernamentales correspondientes a 2011, el año más reciente sobre el cual había datos disponibles al momento de la redacción de este documento, cerca de la mitad de la población de Tumaco enfrenta necesidades básicas insatisfechas, como la falta de vivienda adecuada y acceso a servicios públicos[12]. Las estadísticas gubernamentales muestran que más del 15% de los residentes de Tumaco viven en la pobreza extrema[13].

Tumaco es uno de los mayores productores mundiales de coca, la materia prima con la que se elabora la cocaína. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su nombre en inglés) indica que, en 2017, cerca de 19.000 hectáreas estaban siendo destinados al cultivo de coca en Tumaco. Pese a que esto supone una reducción del 16% en comparación con 2016, se planta más coca en Tumaco que en cualquier otro municipio de Colombia, que es, por amplia diferencia, el mayor productor de coca del mundo[14].

Las instituciones del gobierno local de Tumaco presentan problemas crónicos de mala gestión y corrupción. En 2016, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó al exalcalde de Tumaco Neftalí Correa Díaz para ocupar cargos públicos durante 14 años, tras acusarlo de irregularidades en la adjudicación de contratos para brindar servicios de Internet a 36 escuelas de la ciudad[15]. El 5 de marzo de 2018, la Procuraduría General de la Nación suspendió al alcalde Julio César Rivera Cortés por haber presuntamente despedido de manera arbitraria a funcionarios del hospital de la ciudad para poder reemplazarlos con aliados políticos[16]. (Rivera Cortés volvió a su cargo en junio, luego de transcurrida la suspensión de tres meses)[17].

Tumaco y otros municipios en la costa pacífica de Nariño han sufrido desde hace tiempo abusos aberrantes cometidos por paramilitares de derecha y sus grupos sucesores, así como guerrillas de izquierda. Según determinó la Corte Constitucional de Colombia en 2014, “[h]istóricamente la región pacífico del departamento de Nariño ha sido un punto estratégico de gran importancia para los distintos grupos armados al margen de la ley que han pretendido el control de dicha zona para manejar rutas de narcotráfico, consolidar su estrategia militar, y ejercer presión y control sobre proyectos productivos” en la zona[18]. La corte determinó que estos grupos han cometido graves abusos, incluidos atentados terroristas, homicidios, amenazas, desapariciones forzadas y violencia sexual[19].

Las estadísticas gubernamentales muestran que más de 500.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en Tumaco desde el año 2000[20]. El 10 de julio de 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz —un organismo creado para juzgar a presuntos responsables de abusos cometidos durante al prolongado conflicto con las FARC— priorizó los abusos cometidos por miembros de las FARC y las Fuerzas Armadas colombianas en Tumaco, así como en dos municipios vecinos, Ricaurte y Barbacoas. La Jurisdicción concluyó que las comunidades en estos tres municipios “han sufrido impactos profundos en su estructura social, liderazgo, arraigo territorial y representación por causa del conflicto armado”[21].

Desmovilización de las FARC en Tumaco

La principal unidad de las FARC que operaba en Tumaco era la columna móvil “Daniel Aldana”, la cual tenía presencia en zonas urbanas y en zonas rurales del sur del municipio[22]. La columna “Mariscal Sucre” de las FARC era adyacente a la “Daniel Aldana” y operaba más al norte[23].

A partir de agosto de 2016, combatientes de estas dos unidades se congregaron en una zona conocida como El Playón, en la zona rural de Tumaco, para prepararse para su desmovilización[24].Luego de que se firmara el acuerdo de paz en noviembre de 2016, la mayoría de los guerrilleros se movilizaron a La Variante, en Tumaco, una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), una de las áreas designadas en el acuerdo de paz para la dejación de armas[25].

La desmovilización de las FARC en Tumaco se vio menoscabada por una multiplicidad de factores que favorecieron la formación de grupos disidentes. Según investigadores y funcionarios gubernamentales entrevistados por Human Rights Watch, estos factores incluyen los siguientes:

•  La columna “Daniel Aldana” no estuvo completamente de acuerdo con el proceso de paz, en parte debido a que, a diferencia de otras unidades, alcanzó su punto máximo de poder durante las negociaciones de paz y, por ende, tenía más para perder si dejaba las armas[26]. También tenía menos inclinación ideológica y estaba más involucrada en delitos y narcotráfico que otras unidades de las FARC[27].
• La desmovilización de las FARC en Tumaco fue encabezada por el comandante Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, que no había estado en Tumaco durante el conflicto[28]. “Romaña” no parece haber conocido a varios miembros de las FARC:cerca de 500 milicianos de las FARC que actuaban en Tumaco no fueron identificados como tales por las FARC hasta agosto de 2018, un año después del plazo acordado[29].
•  La zona de desmovilización carecía de electricidad y agua potable cuando llegaron allí las FARC, y este pudo haber sido el motivo por el cual algunos combatientes abandonaran el proceso de paz[30].
• Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia intentaron tomar el control de partes de Tumaco en 2016 y 2017[31]. Diversos analistas del conflicto armado en Tumaco indican que algunos comandantes de las FARC apoyaron la formación de grupos armados para impedir que llegaran las AGC[32].
• Algunos grupos armados amenazaron a combatientes de las FARC durante su desmovilización[33]. Es probable que algunos guerrilleros abandonaran el proceso porque consideraron que no estaba garantizada su seguridad.
• La desmovilización se produjo en un contexto de abundantes oportunidades de lucrar mediante actividades delictivas, debido a la producción y el tráfico de drogas a gran escala que tienen lugar en la zona[34].
• Diversos narcotraficantes de la zona intentaron aprovechar el proceso de paz para evitar ser extraditados a EE.UU. Como parte del acuerdo de paz, las FARC presentaron al gobierno colombiano una lista de sus miembros en Tumaco, pero en esa lista aparecían narcotraficantes que no pertenecían a las FARC[35]. Funcionarios gubernamentales dijeron a Human Rights Watch que guerrilleros de las FARC en Tumaco vendieron lugares en la lista a narcotraficantes que pretendían beneficiarse con disposiciones sobre justicia del acuerdo de paz, incluyendo la garantía de no ser extraditados por delitos previos al 1 de diciembre de 2016[36].

Grupos armados en Tumaco desde la desmovilización de las FARC

Los grupos que actualmente operan en Tumaco –o que han actuado en Tumaco desde que las FARC empezaron su desmovilización— y que Human Rights Watch ha identificado como responsables de abusos incluyen los siguientes:

Gente del Orden

La Gente del Orden se formó a mediados de 2016, principalmente con jóvenes que habían sido parte de las FARC en la zona urbana de Tumaco[37].

Distintas organizaciones humanitarias que trabajan en Tumaco, analistas del conflicto armado e informes periodísticos indican que muchos de estos combatientes antes habían formado parte del grupo Los Rastrojos, que las FARC expulsaron de Tumaco en 2013[38]. Sus miembros se sometieron a las FARC para evitar ser asesinados[39].

Según organizaciones humanitarias que trabajan en la zona, numerosos miembros de las FARC que se unieron a la Gente del Orden en un primer momento decidieron no desmovilizarse en los términos del acuerdo de paz, debido al trato hostil que recibían de los comandantes de las FARC –que incluían insultos e instrucciones de hacer tareas pesadas— en El Playón[40].

En un primer momento, la Gente del Orden estuvo al mando del exguerrillero de las FARC Yeison Segura Mina, alias “Don Y”, que no se había desmovilizado y quien, según señalan residentes de Tumaco e investigadores, recibió dinero de comandantes locales de las FARC para garantizar la seguridad de miembros desmovilizados de las FARC y financiar proyectos sociales en Tumaco[41]. El 12 de noviembre de 2016, las FARC citaron a Don Y a una reunión sobre estos fondos en San Pedro del Vino, en Tumaco. Don Y asistió a la reunión acompañado por más de 20 líderes sociales de Tumaco a quienes había apoyado en proyectos sociales, contó uno de ellos a Human Rights Watch[42]. Don Y fue asesinado allí[43].

El hermano de Don Y, Víctor David Segura Palacios, alias “David”, asumió entonces el mando de la Gente del Orden y cambió su nombre por Guerrillas Unidas del Pacífico[44]. Según diversos analistas del conflicto armado en Tumaco, David acusaba a algunos miembros de la Gente del Orden de haber apoyado a las FARC en el homicidio de su hermano, y los declaró “objetivo militar”[45]. En enero, más de 300 integrantes de la Gente del Orden enviaron una carta a la alcaldesa de Tumaco y otras autoridades anunciando en forma pública su intención de desmovilizarse dentro de los términos del acuerdo de paz con las FARC[46].

Luego de que las FARC los rechazara, 126 combatientes, de los cuales 27 eran menores de edad, se desmovilizaron de manera individual (es decir, que no lo hicieron a través del acuerdo con las FARC) bajo el liderazgo de combatientes como “Pollo” y “Cardona”[47]. El resto se unió a David en las Guerrillas Unidas del Pacífico[48].

Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP)

Como se señaló antes, las Guerrillas Unidas del Pacífico se formaron entre fines de 2016 y principios de 2017 bajo el liderazgo de David, hermano del asesinado Don Y[49].

En panfletos intimidatorios que aparecieron en Tumaco en marzo y abril de 2017, las GUP declararon a miembros desmovilizados de la Gente del Orden como “objetivo militar” pues creían que algunos habían estado implicados en el homicidio de Don Y[50]. Algunos miembros de la Gente del Orden habrían sido asesinados por combatientes de las GUP[51].

Las GUP actualmente tienen presencia en varios municipios de Nariño. En Tumaco, operan en distintos barrios de la ciudad y también en sectores en el norte del municipio, como Pital de la Costa y San Juan de Pueblo Nuevo[52]. Miembros de organizaciones humanitarias en la zona dijeron a Human Rights Watch que calculaban que las GUP tienen como mínimo 250 miembros[53].

El 8 de septiembre de 2018, el comandante de las GUP, David, falleció durante un operativo llevado a cabo conjuntamente por policías y miembros de la marina[54]. Informes de prensa creíbles indican que las GUP ahora responden a un hombre conocido como “Borojó”[55].

Frente Oliver Sinisterra (FOS)

El Frente Oliver Sinisterra fue creado a fines de 2017 por el excombatiente de las FARC Walter Patricio Artízala Vernaza, alias “Guacho”, en Alto Mira y Frontera, una zona rural en el sur de Tumaco[56]. Guacho había sido allí un mando medio durante su tiempo en las FARC, que empezó aproximadamente en 2006. Según indican algunos analistas del conflicto en Tumaco, esta experiencia hizo que estableciera extensos contactos con productores de coca y narcotraficantes internacionales y locales, de los cuales más tarde se valió para crear el FOS[57].

El FOS ha circulado diversos panfletos en los que sostiene que el proceso de paz con las FARC era un “fraude” por parte del gobierno. No obstante, organizaciones humanitarias que trabajan en Tumaco dijeron a Human Rights Watch que probablemente esa posición sea un pretexto para promover los intereses del FOS en materia de narcotráfico[58].

Desde fines de 2017, el FOS ha subcontratado a muchos de los 126 combatientes que anteriormente pertenecían a la Gente del Orden y se habían desmovilizado y sobrevivido a ataques de las Guerrillas Unidas del Pacífico[59]. Estos individuos operan en zonas urbanas de Tumaco y algunas personas todavía los llaman “Gente del Orden”[60].

El FOS está activo en varios barrios urbanos de Tumaco —donde actúa juntamente con exmiembros de la Gente del Orden— y en varias zonas rurales, incluida la frontera con Ecuador, así como en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas[61].

En junio de 2018, un fiscal colombiano estimó que el FOS contaba con cerca de 450 miembros (incluidos milicianos sin armas)[62].

Guacho es ahora muy conocido y uno de los hombres más buscados por el gobierno, desde que tres trabajadores de la prensa ecuatoriana (el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y su conductor Efraín Segarra) fueron secuestrados en marzo cerca de la frontera y asesinados pocos días después[63]. Los gobiernos de Colombia y de Ecuador han atribuido responsabilidad al FOS por su secuestro y homicidio. (Ver sección sobre desapariciones, desmembramientos y secuestros más adelante).

El 15 de septiembre de 2018, el gobierno colombiano anunció que Guacho había sido herido en un operativo militar en Nariño y que las Fuerzas Armadas estaban “acordonando” la zona para encontrarlo[64]. Sin embargo, el 18 de septiembre, autoridades gubernamentales indicaron que no podían confirmar si Guacho había sido herido[65]. Guacho seguía prófugo cuando se preparó este informe, en noviembre de 2018.

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)

Las AGC fueron fundadas en el Urabá antioqueño en 2006, como resultado de las graves falencias en la desmovilización de grupos paramilitares[66]. También son conocidas como Clan del Golfo, Clan Úsuga o Urabeños.

El grupo usa sus propios combatientes de tiempo completo y ha contratado a delincuentes en diversas zonas de Colombia.Los combatientes de tiempo completo actúan en varias zonas rurales del país y están organizados en bloques liderados por comandantes regionales y de frentes. Los subcontratistas son miembros de bandas locales contratadas por comandantes de las AGC[67].

Miembros de organizaciones humanitarias que trabajan en Tumaco señalan que, en 2016, las AGC intentaron tomar el control de zonas de Tumaco dominadas por las FARC[68]. Sin embargo, en 2017, las AGC fueron casi totalmente expulsadas del territorio por las FARC y la Gente del Orden[69]. Según analistas del conflicto armado en Tumaco, actualmente las AGC solamente operan en unos pocos barrios de la isla central urbana de Tumaco[70].

Grupo liderado por “Mario Lata”

Varios residentes de Tumaco y un funcionario judicial local dijeron a Human Rights Watch que ha surgido un nuevo grupo en Tumaco, liderado por Mario Manuel Cabezas Muñoz, alias “Mario Lata”[71].

Mario Lata es un excombatiente de las FARC, de 28 años, según consta en su prontuario penal[72]. En 2009, formó parte de Los Rastrojos y, conforme indican algunas notas en la prensa, es posible que antes de eso haya integrado grupos paramilitares[73]. Ha estado preso varias veces. En marzo de 2016, fue arrestado por homicidio[74]. En octubre de 2016, la Fiscalía General de la Nación informó que Mario Lata seguía, desde la cárcel, “coordinado” un grupo denominado “La Nueva Gente”, que operaba en Tumaco y estaba implicado en casos de homicidios y extorsiones[75]. No obstante, en abril de 2018, un juez dispuso su liberación debido a un vencimiento de términos de la prisión preventiva[76]. El proceso penal en su contra se encuentra en curso.

Entre el 26 y el 28 de julio de 2018, se produjeron enfrentamientos armados en varios barrios de Tumaco que provocaron que más de 600 personas se desplazaran de sus hogares[77]. Diversos residentes de Tumaco dijeron a Human Rights Watch que los tiroteos se llevaron a cabo entre un grupo de combatientes al servicio de Guerrillas Unidas del Pacífico, a quienes les habían pagado para trabajar para Mario Lata, y otro grupo de combatientes de las Guerrillas Unidas del Pacífico[78].

 

Abusos generalizados

Asesinatos

Los grupos disidentes de las FARC han sido responsables de numerosos asesinatos en Tumaco.

Al menos 210 personas fueron asesinadas en Tumaco en 2017, lo cual eleva la tasa anual de homicidios al menos a 100 cada 100.000 personas, una proporción cuatro veces mayor a la tasa nacional[79]. Datos preliminares del gobierno indican que 195 personas fueron asesinadas entre enero y el 2 de octubre de 2018; esto representa un aumento del 47% respecto del mismo período en 2017[80].

Tres fiscales que investigan estos homicidios, además de dos funcionarios de derechos humanos que toman declaraciones a familiares de las víctimas, dijeron a Human Rights Watch que creen que la mayoría de estos hechos fueron cometidos por grupos disidentes de las FARC[81]. La Policía Nacional de Colombia indica que más del 70% de los homicidios ocurridos en Tumaco en 2018 fueron perpetrados por “sicariato”, y más del 50% fueron retaliaciones entre grupos armados[82]. Según estimaciones de un académico –basadas en los nexos históricos entre homicidios y grupos armados en Tumaco, las armas usadas en los asesinatos y los barrios donde se reportaron más homicidios— cerca del 80% de los homicidios en Tumaco son cometidos por grupos armados, principalmente disidencias de las FARC[83].

Como parte de la investigación para este informe, Human Rights Watch documentó 21 asesinatos ocurridos en Tumaco desde mediados de 2016. Estos hechos incluyen cuatro homicidios de líderes comunitarios y el homicidio de ocho personas en un único incidente, presuntamente perpetrado por policías.

En algunos casos, personas que no estaban implicadas en grupos armados habrían sido asesinadas en “represalia” por asesinatos ocurridos en otros barrios, según le dijeron varios residentes de Tumaco a Human Rights Watch[84]. Entrevistamos a una mujer cuyo hijo de 20 años fue asesinado en noviembre de 2017 al ingresar a un barrio de Tumaco. Un testigo contó a su madre que cerca de 40 hombres se acercaron en una embarcación y le pidieron que ubicara a una persona. La víctima contestó que no sabía dónde estaba esa persona, y entonces uno de los hombres le ordenó que se arrodillara y le disparó. Su madre cree que fue asesinado porque el grupo disidente que controla su barrio había matado a un hombre del barrio del agresor en la mañana de ese mismo día[85].

A veces, los grupos armados emplean una violencia brutal, presuntamente para aterrorizar a la población. El 6 de mayo de 2018, un pescador de 26 años fue hallado en un estero con las manos atadas con soga. Su cuerpo presentaba decenas de heridas de bala, además de heridas aparentemente infligidas con machete, contó un familiar de la víctima a Human Rights Watch. Uno de los pies estaba prácticamente desmembrado. En el pecho, habían dejado un cartel que decía “por ladrón y sapo”[86].

Asesinatos de líderes comunitarios

Los homicidios de defensores de derechos humanos son un problema grave en Colombia. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que utiliza una definición de defensor de derechos humanos que incluye a muchos líderes comunitarios, identificó 121 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2017[87]. Al 30 de noviembre de 2018, el Alto Comisionado había documentado 74 casos ocurridos en 2018, y estaba verificando otros 57[88].

Tumaco, donde han sido asesinados al menos siete líderes comunitarios desde enero de 2017, es el municipio de Colombia donde más asesinatos de este tipo se ha registrado desde enero de 2017[89]. Human Rights Watch documentó cuatro de estos casos en los cuales los responsables serían grupos disidentes de las FARC.

José Jair Cortes, miembro de la junta de acción comunal de Alto Mira y Frontera, fue asesinado a tiros en el 17 de octubre de 2017, mientras visitaba a su esposa, que estaba enferma, en Alto Mira y Frontera, una zona rural del sur de Tumaco[90].

En septiembre de 2017, el comandante “Cachi” del Frente Oliver Sinisterra había convocado a Cortés y otros miembros de la junta de acción comunal a una reunión en Mataje, Ecuador. Cachi indicó a los líderes que reunieran a personas para protestar contra la erradicación forzada de coca, según contó un testigo a Human Rights Watch[91]. Cuando los líderes informaron a “Cachi” que no apoyarían la protesta, este les advirtió que se convertirían en “objetivo militar” del Frente Oliver Sinisterra[92]. El 26 de septiembre, 18 miembros de la comunidad, incluidos 15 integrantes de la junta de acción comunal, huyeron a la ciudad de Tumaco, señaló uno de ellos a Human Rights Watch[93].

Cortés contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que consistían en un teléfono celular, un chaleco antibalas y dinero para transporte[94]. El día en que fue asesinado, no llevaba puesto el chaleco, al parecer porque creía que si lo usaba llamaría más la atención y se expondría a un mayor peligro[95].

La líder comunitaria y religiosa Luz Jenny Montaño fue asesinada el 13 de noviembre de 2017 en el barrio Viento Libre de Tumaco[96]. En agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció que había emitió órdenes de captura contra tres miembros de las Guerrillas Unidas del Pacífico por este crimen[97].

Margarita Estupiñán Uscátegui, presidenta de la junta de acción comunal del barrio El Recreo, en la vereda rural de El Vaquerío, fue abatida a disparos el 3 de julio de 2018[98]. Un grupo de hombres armados disparó contra Estupiñán cuando ella ingresaba a su vivienda esa noche, según se informó en los medios de comunicación[99]. Su cuerpo presentaba heridas de bala, dos en la cabeza y dos en la espalda[100].

En agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció que había emitido órdenes de captura contra cinco miembros del Frente Oliver Sinisterra por su presunta participación en el homicidio[101]. Uno de los presuntos responsables fue capturado el 6 de septiembre de 2018[102].

Holmes Alberto Niscué, líder de la reserva indígena Awá Gran Rosario, en el sur de Tumaco, fue asesinado el 19 de agosto de 2018. Dos hombres lo abordaron y le dijeron que los acompañara, según informaron líderes de la comunidad en un comunicado de prensa. Al negarse, los hombres le dispararon tres veces en la cabeza, señala el comunicado[103].

Niscué había recibido amenazas de muerte del Frente Oliver Sinisterra en junio, según trascendió en la prensa y manifestaron líderes de la comunidad indígena[104]. En los medios se señaló que el Frente Oliver Sinisterra supuestamente acusaba a Niscué y otros líderes de la reserva de haber llamado al ejército antes de una operación militar, que tuvo lugar el 4 de junio de 2018, en la que murieron siete miembros de la disidencia[105]. El 29 de mayo, los líderes de la reserva indígena habían convocado una reunión para decirles a miembros del Frente Oliver Sinisterra que debían irse de la reserva[106]. Como reacción ante estas amenazas, la UNP otorgó a Niscué un chaleco antibalas y un teléfono celular[107].

Masacre cometida por miembros de la policía

El 5 de octubre de 2017, ocho personas fueron asesinadas durante una protesta de cerca de 300 manifestantes contra la erradicación de cultivos de coca en la vereda rural de El Tandil, Tumaco.

En un primer momento, la Policía Nacional sostuvo que el Frente Oliver Sinisterra había disparado “al menos cinco cilindros bomba” y “ataca[do] con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras” a manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad[108].

Sin embargo, el 6 de octubre, la Defensoría del Pueblo visitó la zona y obtuvo testimonios de testigos que aseveraron que el Frente Oliver Sinisterra no había atacado la protesta, sino que los manifestantes fueron “atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”[109]. Human Rights Watch tuvo acceso a declaraciones tomadas por funcionarios públicos a dos familiares de víctimas que corroboraron esta versión[110].

El 22 de diciembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputaría cargos de homicidio a los comandantes del Ejército y la Policía que dirigieron el operativo[111]. A la fecha de redacción de este informe, en noviembre de 2018, los comandantes no habían sido imputados[112]. Un fiscal dijo a Human Rights Watch que él y sus colegas han tenido dificultades para identificar a los autores, debido a que la policía demoró el acceso de los investigadores a información sobre el operativo[113].

Desapariciones, desmembramientos y secuestros

Los grupos disidentes de las FARC han cometido numerosas desapariciones en Tumaco. En septiembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 42 casos de presuntas “desapariciones forzadas” cometidas entre enero de 2017 y septiembre de 2018[114]. Sin embargo, el número de desapariciones podría ser mucho mayor. Muchos casos de personas desaparecidas nunca se denuncian, según dijeron a Human Rights Watch residentes de Tumaco, fiscales y funcionarios de derechos humanos[115].

Como parte de la investigación para este informe, Human Rights Watch documentó 14 casos de desapariciones ocurridos en Tumaco desde mediados de 2016. En ocho casos, pudimos hablar directamente con familiares de las víctimas. En los otros seis, conocimos los casos a través de declaraciones de familiares de las víctimas tomadas por funcionarios públicos y por personal de organizaciones humanitarias. En 9 de los 14 casos, hay pruebas creíbles, incluidas declaraciones de testigos y amenazas recibidas por familiares que buscaban a los desaparecidos, de que grupos armados que actúan en Tumaco fueron responsables de los abusos. Varios de los casos se describen más adelante en este informe.

Los residentes creen que los cuerpos de las personas desaparecidas en Tumaco son arrojados al mar, a esteros o a ríos[116]. Varios familiares de víctimas dijeron a Human Rights Watch que salieron a buscar los cuerpos de sus seres queridos a una playa conocida como Bajito Vaquería. Human Rights Watch recibió denuncias creíbles de organizaciones locales de derechos humanos, organizaciones humanitarias que trabajan en Tumaco y de informes de prensa sobre que al menos 15 cuerpos han sido hallados en ríos, esteros o en el mar desde septiembre de 2016[117].

Los residentes creen además que muchos cuerpos son arrojados a la vera del camino a Pasto, en una zona que se conoce como El Tigre. Varios familiares de víctimas nos dijeron que habían buscado los cuerpos allí. “Si alguien no regresa a casa para las 6 a.m.”, dijo a Human Rights Watch una líder comunitaria, “primero vamos a El Tigre y luego a la morgue”[118]. El 3 de enero de 2018, apareció un cuerpo no identificado en El Tigre. Estaba maniatado y en estado de descomposición[119].

En mayo de 2018, el Procurador General de la Nación indicó que algunas de las personas que desaparecen son torturadas y desmembradas, y que existirían varias casas donde se practican estas torturas[120].

Muchos residentes de Tumaco dijeron a Human Rights Watch que sabían sobre la existencia de esas casas en sus barrios[121]. Sin embargo, la evidencia que corrobora la existencia de estas casas de tortura es limitada. Luego del informe del Procurador General, la Fiscalía allanó varias viviendas, sin que se encontraran pruebas de que se hubiera torturado o desmembrado a personas allí[122]. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia ha registrado dos casos de personas desmembradas en Tumaco desde enero de 2017[123].

Algunos residentes creen que los grupos armados que operan actualmente en Tumaco aprendieron esta práctica de otros grupos armados que antes operaban en la ciudad[124]. Efectivamente, en 2014, residentes de dos barrios manifestaron que los Rastrojos mantenían allí tres viviendas adonde llevaban a víctimas para desmembrarlas[125].

Secuestro y asesinato de trabajadores de prensa ecuatorianos

El 26 de marzo de 2018, tres trabajadores de prensa ecuatorianos (el periodista Javier Ortega, de 32 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45; y su conductor, Efraín Segarra, de 60) fueron secuestrados en Mataje, Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. Trabajaban para el periódico ecuatoriano El Comercio y estaban visitando la zona para investigar la actividad de grupos armados en la zona[126].

El 2 de abril, el medio de noticias colombiano Noticias RCN divulgó un video de 22 segundos donde los hombres, encadenados, transmitían un mensaje al presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Las víctimas afirmaron estar siendo retenidas por el Frente Oliver Sinisterra, que exigía que el gobierno ecuatoriano liberara a tres detenidos de la organización y anulara un acuerdo suscripto con Colombia para combatir el terrorismo[127].

El 11 de abril, el FOS difundió un panfleto indicando que los “desembarcos” de las autoridades ecuatorianas y colombianas en la zona “produj[eron] la muerte” de los tres trabajadores de prensa[128]. Al día siguiente, Noticias RCN informó haber visto fotografías de sus cuerpos sin vida[129].Sus muertes fueron confirmadas por el presidente Moreno un día después[130].

Las autoridades colombianas y ecuatorianas culparon al Frente Oliver Sinisterra por los homicidios. En julio, la Fiscalía General de la Nación imputó a un combatiente del FOS por su presunto rol en el secuestro y posteriores homicidios[131].

Selección de casos de desapariciones

Andrés Perdomo, de 26 años, e Iván Mejía, de 33 años, llegaron a Tumaco desde la provincia de Tolima el 6 de junio de 2018 y visitaron la zona de La Guayacana, donde esperaban vender productos de belleza[132].

María Amezquita, madre de Andrés, dijo a Human Rights Watch que intentó comunicarse con él el 7 de junio, pero no pudo localizarlo. Cuatro días más tarde, la madre de Iván la llamó para decirle que un hotel de La Guayacana la había contactado porque los jóvenes se habían registrado en el hotel, pero no habían regresado en la noche del 7 de junio.

María vendió su televisor para comprar un pasaje de autobús hasta Tumaco, donde, junto con la madre de Iván, empezaron a buscar a sus hijos. Colocaron afiches de sus hijos en la ciudad de Tumaco, visitaron lugares en La Guayacana donde habían estado y pidieron ayuda a las autoridades. A fines de junio, encontraron el equipaje de Iván en un restorán en La Guayacana. La propietaria dijo que los jóvenes le habían pedido que lo cuidara, pero nunca habían regresado. Al momento de redacción de este informe, las madres no habían podido localizar a Andrés ni a Iván. Un fiscal que investiga el caso le describió a Human Rights Watch pruebas que sugieren que un grupo disidente de las FARC sería responsable de las desapariciones.

José (seudónimo), de 35 años, desapareció en diciembre de 2017 de su barrio en la ciudad de Tumaco. Estaba ayudando a su esposa con los preparativos para una fiesta patronal cuando salió y avisó que volvería en breve[133]. Nunca regresó.

Sus familiares nunca más tuvieron noticias suyas ni encontraron su cuerpo. No han denunciado la desaparición por temor a represalias de un grupo armado que tenía presencia en ese barrio en el momento en que desapareció José, nos dijo un familiar. El familiar no quiso identificar al grupo, pero según lo señalado por un investigador local y lo informado en la prensa, se trataría de la Gente del Orden[134]. “A veces, la gente le pregunta a uno ‘¿cómo puede hacer para vivir así?’, pero a uno se le hace costumbre” nos dijo un familiar de José.

Mario (seudónimo) desapareció en abril de 2018 de una comunidad rural en Tumaco. La noche de su desaparición, cinco hombres armados se presentaron en su vivienda y les dijeron a él y a su esposa que tenían que irse[135]. Cuando Mario se negó a irse, uno de los hombres lo golpeó con un arma en la cabeza y los agresores le dijeron a su esposa que se fuera. Ella fue a la vivienda de un vecino, pero los hombres retuvieron a Mario. Al día siguiente, a las 8 a.m., su esposa fue a la ciudad de Tumaco. No ha tenido noticias de Mario desde entonces.

Pedro (seudónimo) desapareció en febrero de 2018 en un barrio del área urbana de Tumaco. Esa tarde, cuando salía de su casa con su novia, dos hombres armados se acercaron y le apuntaron en la cabeza, contó su novia en declaraciones que conoció Human Rights Watch[136]. La mujer preguntó qué sucedía, pero los hombres le dijeron que guardara silencio, que ella y Pedro eran “sapos” y que le daban unas pocas horas para irse del barrio. Los hombres se llevaron a Pedro y ella huyó del lugar, llorando, y ese mismo día se refugió en la casa de un familiar en una zona rural de Tumaco.

Juan Pablo (seudónimo), un soldado de 21 años, desapareció el 9 de abril de 2017. Había ido a un local nocturno con amigos, según contaron su madre y su hermana a Human Rights Watch[137]. Como no regresó al día siguiente, sus familiares les preguntaron a sus amigos qué sabían de él. Un amigo dijo que Juan Pablo había estado esa noche en el local hasta las 2 a.m. y después se había ido a una fiesta de cumpleaños. Se había quedado allí hasta cerca de las 5 a.m., les contó otro amigo. Su madre lo buscó en Bajito Vaquería, la playa donde se suelen encontrar cuerpos, así como en la morgue. La familia también preguntó por él en el barrio donde se había festejado el cumpleaños, pero las personas allí les aconsejaron que se fueran: “Nos dijeron que sus familiares no podían entrar, que nos mataban”, contó a Human Rights Watch la madre de Juan Pablo. Ella había estado varias veces en ese barrio antes.

Juan (seudónimo), un conductor de mototaxi de 37 años, desapareció en febrero de 2018, según le dijeron sus padres a Human Rights Watch[138]. El día después de la desaparición, un hombre les dijo a sus padres que Juan había llevado un pasajero al barrio de Viento Libre, en la isla central de Tumaco, aproximadamente a las 5 p.m. Los residentes les indicaron a los padres de Juan que un hombre le había robado la motocicleta. Cuando Juan intentó recuperarla, les dijeron, miembros de una disidencia de las FARC lo asesinaron y enterraron su cuerpo. La motocicleta fue encontrada una semana más tarde en otro barrio. El dueño tuvo que pagar 500.000 pesos colombianos (cerca de USD 160) para que se la devolvieran. El dueño de la motocicleta no les dijo a los padres de Juan quien le había dado la motocicleta.

Josué (seudónimo), un conductor de mototaxi de 37 años, desapareció en enero de 2017, contó su esposa a Human Rights Watch[139]. La noche de su desaparición, Josué estaba trabajando en la ciudad de Tumaco. Al no regresar a las 10 p.m., como lo hacía habitualmente, su esposa llamó a algunos amigos, que le dijeron que lo habían visto una hora antes. Al día siguiente su mujer fue a la morgue y presentó una denuncia penal. También buscó en El Tigre. Un amigo de Josué pidió “permiso” para entrar en un barrio controlado por un grupo distinto del que operaba en el barrio de Josué, con la intención de buscarlo. Su amigo suspendió la búsqueda más tarde, nos contó la esposa de Josué, porque un hombre se le acercó en la calle y le dijo que dejara de buscar. El hombre indicó que iba a “poner en peligro a la familia” si seguía adelante con la búsqueda, nos contó la esposa de Josué.

Ella siguió buscándolo, pero no pudo dar con él en ningún lado. Cada vez que escucha que se ha encontrado un cuerpo en Tumaco, nos dijo, se acerca al lugar para ver si se trata de Josué: “estaría tranquila”, manifestó, “si a menos supiera qué fue lo que sucedió con él”.

Violencia sexual

Los grupos armados en Tumaco, incluidas las disidencias de las FARC, cometen violaciones y otros abusos sexuales. Desde enero de 2017 hasta fin de septiembre de 2018, 74 personas en Tumaco fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” (incluidas violaciones y otros delitos sexuales) vinculados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia. Esta es, por amplia diferencia, la cifra más alta en cualquier municipio de Colombia[140]. Las estadísticas oficiales no representan la totalidad del fenómeno de la violencia sexual en Tumaco, dado que muchos casos no se denuncian.

Fiscales, funcionarios de derechos humanos y trabajadores de la salud del ámbito humanitario indicaron a Human Rights Watch que muchas víctimas no denuncian los crímenes, en parte, porque temen sufrir represalias[141]. A veces, las víctimas denuncian los delitos, pero no señalan que los autores pertenecían a un grupo armado. Human Rights Watch entrevistó a tres mujeres que afirmaron no haber denunciado a las autoridades los delitos que sufrieron.

Human Rights Watch documentó 11 casos de violación o intento de violación sexual ocurridos en Tumaco desde mediados de 2016, incluidos los casos mencionados más adelante. En siete de los casos pudimos entrevistar a las víctimas; en los demás casos nos basamos en las declaraciones ofrecidas por las víctimas a funcionarios gubernamentales, personal de organizaciones humanitarias y otras personas. En siete de los once casos, las víctimas identificaron a los autores como presuntos miembros de un grupo armado, ya sea porque los hombres manifestaron pertenecer a un grupo armado, porque las víctimas habían visto antes a los hombres y sabían que formaban parte del grupo, o porque los perpetradores estaban armados, encapuchados y usaban prendas de tipo militar.

Un fiscal y dos funcionarios de derechos humanos nos dijeron que, en muchos casos, las mujeres se convierten en parejas sexuales de los hombres armados de forma forzada. Como lo expresó uno de ellos, muchas mujeres “no le pueden decir que ‘no’ al comandante”[142]. Human Rights Watch documentó seis casos de mujeres que decidieron abandonar sus hogares luego de que hombres armados les exigieran a ellas o a sus hijas que fueran sus parejas sexuales. En tres de los casos, cuando se negaron, los hombres armados amenazaron con violar o asesinar a las mujeres o familiares suyos[143].En los otros tres, los padres huyeron con sus hijas por temor a que hombres armados pudieran reclutarlas o violarlas[144]. Una mujer que huyó de una vereda la zona rural de Tumaco contó lo siguiente:

[Un día de] mayo de 2018… estaba en mi casa, cuando llegó un muchacho armado joven de esos grupos armados y me dijo que tuviéramos una relación. Que ahora no estaba interesada, le respondí, y él se molestó, me dijo que él era quien mandaba en esa zona y que él iba a dormir ahí así yo no quisiera. Se fue y aprovechamos, nos fuimos con mi hijo a donde un vecino a escondidas. [Al día siguiente] nos vinimos para Tumaco[145].

Selección de casos de violación o intento de violación sexual

Gabriela (seudónimo), una niña de 14 años, fue violada a mediados de octubre de 2017 en una vereda rural de Tumaco. Cuatro hombres armados se presentaron una noche en la vivienda de Gabriela, cerca de las 11 p.m., contó a Human Rights Watch la maestra de Gabriela, quien supo sobre lo ocurrido a través de los padres de la niña[146]. Los hombres dijeron a los padres de Gabriela que “el jefe” del grupo armado había preguntado por la niña y se la llevaron. La mañana siguiente, los hombres armados llevaron a Gabriela de regreso a su casa, con varias heridas. Gabriela les contó a sus padres que varios hombres la habían violado. La familia la llevó inmediatamente a un hospital cercano y cuando salió de peligro, se desplazaron, por temor a sufrir represalias debido a que habían denunciado el caso.

María (seudónimo) fue violada en mayo de 2018. Esa noche, un grupo de hombres armados se le acercaron por la calle en un barrio de Tumaco y la obligaron a ir con ellos, según dijo a Human Rights Watch un funcionario de una organización humanitaria que había hablado con María[147]. Los hombres la llevaron a una casa cercana, donde otro hombre la violó. María identificó al agresor como el comandante de la Gente del Orden en el barrio, a quien había visto antes. El agresor le dijo que no denunciara el delito porque el grupo la conocía y tomaría represalias. El comandante, cuyo nombre no se divulga por razones de privacidad y seguridad, fue asesinado unos meses después. La víctima huyó de Tumaco.

Natalia (seudónimo) fue violada en julio de 2017. Una noche de ese mes, un grupo de hombres se presentó en su vivienda en la zona rural de Tumaco. Dijeron que formaban parte de un grupo armado y necesitaban ayuda para atender a una guerrillera que tenía problemas de salud[148]. Los hombres armados los sacaron por la fuerza a ella y a su esposo de la casa. Uno de ellos la llevó a Natalia hasta un monte, donde la violó. Natalia regresó a su casa donde, horas después, también volvió su esposo, con heridas en todo el cuerpo. Algunos días después, la familia abandonó su vivienda.

Gladys (seudónimo), de 35 años, salió a caminar por un barrio de Tumaco con sus hijos, de 5, 10 y 12 años, una noche a principios de noviembre de 2016, y llegó a su casa cerca de las 9 p.m.[149]. Gladys se recostó a dormir, pero pronto escuchó un ruido en la puerta. Primero pensó que podía ser un gato. Unos 20 minutos más tarde, se acercó a la puerta para ver cuál podía ser la causa del ruido. En ese momento, un hombre armado irrumpió en la vivienda, la tomó e intentó violarla, le dijo Gladys a Human Rights Watch. Ella gritó hasta que el hombre se fue por una ventana. El hombre le dejó una cicatriz en el cuello, que todavía tenía cuando Human Rights Watch la entrevistó.

Al día siguiente, durante la noche, el hombre regresó a la casa de Gladys y le dijo que si denunciaba el abuso la mataría. Gladys tuvo miedo de denunciar el delito y no lo hizo hasta un año y medio después, en julio de 2018.

Gladys reconoció al hombre durante el ataque y lo identificó como miembro de un grupo armado que actuaba en el barrio. Pero no sabía de qué grupo se trataba. Algunas semanas después del hecho, Gladys se trasladó a una zona rural de Tumaco, donde todavía vivía cuando la entrevistamos. Allí, dijo, buscaba “olvidar[se] un poco de lo que me pasó”.

Fátima (seudónimo), de 28 años, fue secuestrada una noche a mediados de 2016 mientras estaba en la vía pública en Tumaco, esperando a amigos que iban a recogerla para ir a bailar[150]. Tres hombres la abordaron por detrás y la obligaron a subirse a un auto. La llevaron a una casa en otro barrio donde tres hombres la retuvieron desnuda durante tres días. Sus captores no le permitieron vestirse en ningún momento, y un hombre encapuchado la violó en repetidas oportunidades.

Días después, la llevaron a otra vivienda, donde el mismo encapuchado la violó nuevamente, y otros dos hombres la golpearon repetidas veces en las rodillas. Fátima preguntó por qué la agredían, pero no respondieron, según contó a Human Rights Watch.

Algunos días después, los hombres liberaron a Fátima, vestida, en una calle concurrida en el centro de Tumaco, donde una mujer la ayudó a ubicar a un policía. Pero Fátima nunca denunció las violaciones. Teme que ella o alguna de sus dos hermanas puedan sufrir represalias si lo hace. Algunas semanas después de que los hombres la liberaran, Fátima se fue de la ciudad. Fátima no había recibido atención médica, psicosocial ni de ningún otro tipo cuando Human Rights Watch la entrevistó[151].

Fátima dijo que cuando ocurrieron los hechos, en su barrio había un “grupo”, y cree que miembros de ese grupo serían responsables por la violación, ya que los hombres estaban armados y encapuchados.

Daniela (seudónimo), de 27 años, fue violada una noche de agosto de 2016 en una zona rural de Tumaco[152]. Al salir de casa, dos hombres armados arrojaron a Daniela al suelo, la golpearon en la cabeza y le ataron las manos. Durante cerca de una hora, se turnaron para violarla, contó.

Daniela eventualmente perdió el conocimiento. Los hombres la dejaron en la calle, con las manos atadas. Sus familiares la encontraron allí a la mañana siguiente. La agresión le dejó cicatrices en las manos y el rostro.

Daniela nunca recibió atención médica ni psicosocial tras la violación, y nunca denunció el delito a las autoridades por temor a represalias. Los hombres que la violaron le dijeron que la matarían si “abría la boca”, dijo Daniela a Human Rights Watch. Ella creía que los hombres pertenecían a un grupo armado que actuaba en su vereda, pues vestían capuchas, prendas negras y botas.

Daniela se fue de su casa a vivir con su hermana en la zona urbana de Tumaco durante algunos días luego del ataque, pero finalmente regresó a su vereda. Vive atemorizada, pues distintos “grupos” vienen y van continuamente, dijo a Human Rights Watch. “Me han pasado muchas cosas, y las tengo en mi mente”, le dijo a Human Rights Watch. “A veces, me siento a llorar, sola”.

Human Rights Watch entrevistó a otras dos mujeres que fueron violadas en la misma zona que Daniela y describieron ataques similares[153].

Reclutamiento y uso de niños

Los grupos disidentes de las FARC reclutan niños en Tumaco. En septiembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 21 casos de reclutamiento de menores cometidos en Tumaco desde enero de 2017[154].

Miembros de estos grupos instan a niños y niñas a sumarse, a menudo ofreciéndoles un pago a cambio, y amenazan con matarlos a ellos o a sus familias si se niegan, según contaron a Human Rights Watch residentes de Tumaco y funcionarios de derechos humanos y de organizaciones humanitarias que trabajan en la ciudad[155].Muchos residentes de Tumaco dijeron que los niños eran más vulnerables a ser reclutados debido a la situación de pobreza y la falta de oportunidades económicas[156].

Human Rights Watch documentó 10 casos de familias que huyeron de sus veredas o barrios luego de que un grupo intentó reclutar a un niño o niña de su familia[157]. Entre las víctimas que intentaron ser reclutadas se incluyen niños y niñas de apenas 15 años. El testimonio a continuación fue aportado por una madre desplazada de una zona rural de Tumaco en abril de 2018:

[Una mañana en el mes de] abril de 2018, llegaron unos hombres armados a la vereda. Le ofrecieron a mi hijo de 15 años que trabajara con ellos. Pero yo les dije que mi hijo no iba a meterse en nada. Ellos me insultaron, me dijeron que si no aceptaba me mataban a mí y a mi familia, que nos perdiéremos de la vereda. Ese día por la noche nos tocó salir para Tumaco[158].

El 27 de julio de 2018, una granada explotó en un aula de una escuela primaria en Tumaco aproximadamente a las 2:15 p.m., señalaron tres docentes a Human Rights Watch[159]. El aula es usada habitualmente por cerca de 30 niños de siete años, pero en ese momento estaba vacía porque los alumnos y docentes habían asistido a un evento cultural. Parte del techo y la puerta metálica del aula quedaron destruidos. La escuela estaba cerrada cuando Human Rights Watch la visitó unos días más tarde, y algunos de los niños estaban tomando clases en el comedor de otra escuela, a pocas cuadras de distancia. “El dolor de pensar que los niños podrían haber estado allí no se me quita”, dijo un docente a Human Rights Watch.

El ataque fue aparentemente perpetrado por un grupo armado que tiene presencia activa en ese barrio. Esa semana hubo un tiroteo, y más de 600 personas se desplazaron de sus hogares[160]. Diversos residentes de Tumaco dijeron a Human Rights Watch que los disparos se efectuaron entre un grupo de combatientes al servicio de Guerrillas Unidas del Pacífico, a quienes les habían pagado para trabajar para Mario Lata, y otro grupo de combatientes de las Guerrillas Unidas del Pacífico[161].

Es común que haya enfrentamientos armados durante la madrugada entre grupos armados rivales en las proximidades de esa escuela, dijeron varios docentes. Cuando Human Rights Watch visitó el lugar, encontró un casquillo de bala en la puerta de acceso principal de la escuela. A fin de reducir el riesgo de que los alumnos queden atrapados en enfrentamientos armados, que es más probable que ocurran en horas de la noche, en junio la escuela estableció un “horario de emergencia” que permite a los alumnos llegar a las 7 a.m., cuando ya hay luz, en vez de a las 6:30 a.m.[162].

Colombia no se ha adherido a la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso intergubernamental redactado bajo el liderazgo de Noruega y Argentina en 2015. Los países que se adhieren a la declaración se comprometen a tomar algunas medidas básicas que pueden hacer menos probable que los estudiantes, los profesores y las escuelas sean atacados durante tiempos de conflicto armado, así como mitigar las consecuencias de estos ataques, cuando ocurren[163]. Estas medidas incluyen llevar a cabo más investigaciones y procesamientos penales sobre crímenes de guerra que afecten a estudiantes, profesores y escuelas; mejorar el monitoreo y los reportes sobre estos ataques; reestablecer de forma rápida el acceso a la educación cuando las escuelas son atacadas; y emplear una serie de directrices para minimizar el uso de escuelas y universidades para propósitos militares, incluyendo como bases[164]. A noviembre de 2018, 82 países alrededor del mundo habían adherido a la declaración, incluidos 13 países de América Latina[165].

Uso de minas antipersonales

El Tratado sobre la Prohibición de Minas de 1997, del cual Colombia es parte, prohíbe totalmente las minas antipersonales. Su uso constituye una violación del derecho internacional[166]. Sin embargo, el Frente Oliver Sinisterra está colocando minas terrestres en zonas rurales de Tumaco, según señalaron residentes de esos lugares, funcionarios de derechos humanos, trabajadores humanitarios y un fiscal a Human Rights Watch[167]. El Ejército colombiano también ha acusado al Frente Oliver Sinisterra de utilizar minas antipersonales[168].

Según cifras oficiales, dos civiles murieron y tres resultaron heridos por minas antipersonal en Tumaco entre enero y el 30 de agosto de 2018[169]. Sin embargo, no resulta claro si estos incidentes fueron causados por minas terrestres instaladas por grupos disidentes de las FARC o por otras minas instaladas en la zona en años anteriores.

Los grupos disidentes con frecuencia colocan minas terrestres en las plantaciones de coca para disuadir a las fuerzas de seguridad de erradicar estos cultivos, según señalaron a Human Rights Watch un fiscal, un funcionario de derechos humanos y funcionarios de una organización humanitaria que trabajan en Tumaco[170]. En mayo de 2018, dos empleados gubernamentales que trabajaban en la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) sufrieron heridas provocadas por una mina antipersonal[171]. En octubre de 2018, un policía que estaba erradicando cultivos de coca en Tumaco murió debido a una mina[172].

Extorsión, restricciones a la circulación, control social y amenazas

Los grupos disidentes de las FARC han establecido un férreo control sobre residentes de Tumaco, tanto en zonas rurales como en barrios urbanos. Según el Registro Único de Víctimas de Colombia, más de 2300 habitantes de Tumaco declararon amenazas por parte de grupos armados entre 2017 y 2018, lo que representa una de las cifras más elevadas de Colombia[173].

Los grupos controlan los movimientos de los residentes entre barrios de Tumaco[174]. Para ello, sitúan personas en los ingresos a los barrios, a los que a menudo se accede por una única calle. Estos “campaneros” vigilan atentamente a las personas que entran[175]. Cuando personas que no son conocidas para el grupo que controla el lugar —o personas que se sabe que vienen de una zona controlada por un grupo rival— ingresan al barrio, se exponen a ser amenazadas, asesinadas o desaparecidas[176].

El temor a cruzar estas “fronteras invisibles” lleva a las personas a restringir las zonas de la ciudad que visitan[177]. “Las fronteras invisibles quieren decir ‘no entren’, tengo una comunidad aterrorizada, para poder hacer lo que se me dé la gana”, explicó un líder comunitario[178].

Dentro de los barrios que controlan, los grupos disidentes de las FARC limitan los movimientos y las actividades de los residentes. A menudo establecen horarios en los cuales las personas pueden entrar o salir[179]. Varios residentes dijeron a Human Rights Watch que tienen que regresar a su barrio antes de una cierta hora para evitar ser atacados, o al menos revisados e interrogados[180].

Los grupos disidentes han establecido “reglas” para las zonas que controlan. Por ejemplo, el 14 de abril de 2018, el Frente Oliver Sinisterra distribuyó un panfleto en el municipio de Barbacoas, cerca de Tumaco, que señalaba que iba a “poner orden sobre las comunidades”. El panfleto indicaba que “no habrá lugar” para “ladrones, sapos, violadores y secuestrados” y que las instituciones públicas cerrarían a las 10 p.m. por motivos de “seguridad”[181].

Un residente de una zona rural de Tumaco manifestó que el Frente Oliver Sinisterra designa a personas en cada pueblo para hacer cumplir estas normas[182]. En el caso de infracciones menores, pueden exigir que las personas cumplan tareas comunitarias, como limpiar las calles[183]. En casos de delitos graves, las represalias pueden incluir torturas o la muerte. “Así es como castigan”, afirmó el residente, “para que otros no cometan los mismos errores”.

Los grupos también imponen “multas” a los residentes que transgreden las normas[184]. Este suele ser un medio para lograr que las personas paguen dinero por causas arbitrarias, como conversar con vecinos. “Se inventan el motivo…. Es una forma de recaudar dinero, y ellos son la autoridad”, explicó un líder comunitario[185].

Los grupos median en los conflictos cotidianos[186]. Por ejemplo, en la ciudad de Tumaco, una mujer cuyo esposo fue asesinado en mayo de 2017 dijo a Human Rights Watch que temía reclamar la herencia porque hombres armados asociados con la amante de su esposo le habían advertido a la familia que no lo hiciera[187]. En otro caso, una mujer nos dijo que un grupo armado había torturado y asesinado a hombres armados que, durante días, se paraban en las afueras de su casa, de manera intimidatoria[188]. “Algunas personas confían más en los grupos que en la ley” para resolver sus problemas, dijo a Human Rights Watch.

Es habitual que los grupos disidentes de las FARC extorsionen a negocios en Tumaco, según señalaron residentes, comerciantes, funcionarios de derechos humanos y fiscales[189]. Las víctimas son generalmente propietarios de negocios, incluidas tiendas pequeñas. A veces, los grupos disidentes también extorsionan a vendedores ambulantes, maestros y pescadores[190]. En ocasiones, retienen a personas varias horas para obligarlas a pagar, o a que lo hagan las empresas para las cuales trabajan[191].

Desplazamiento forzado

Las estadísticas gubernamentales indican que la violencia y las amenazas han provocado el desplazamiento de más de 9.000 personas de Tumaco desde 2017, de manera que el municipio ostenta uno de los mayores índices de desplazamiento forzado de Colombia[192]. Sin embargo, al igual que con otros abusos, las cifras reales probablemente sean más altas. Diversos trabajadores humanitarios y funcionarios de derechos humanos le dijeron a Human Rights Watch que, en ocasiones, los grupos armados han prohibido que los civiles denuncien que se han desplazado[193].

Muchas personas se desplazan por temor a quedar en medio de enfrentamientos armados. Los grupos armados les dicen expresamente a algunas personas que deben irse de sus casas o veredas porque no han obedecido órdenes o, sencillamente, porque los grupos quieren quedarse con sus viviendas o tierras. A continuación, se presentan testimonios de familias que tuvieron que abandonar sus hogares a causa de este tipo de amenazas[194]:

Carlos (seudónimo):

[Un día de] abril 2018, tipo 7 p.m., llegaron dos señores armados y me dijeron que debía desocupar la finca. Le preguntes por qué, si no les no debía nada. Ellos contestaron que, si al otro día me encontraban allá, en la casa, me moría con mi hijo. El sábado bien de mañana salí para… donde un amigo, que me dio posada.

Dalila (seudónimo):

[Un día de] enero de 2018, a las 8 p.m., yo me encontraba en mi casa cuando escuchamos una balacera, en eso salimos a mirar y habían matado a un señor. Eran unos tipos armados y amenazaron que [si] decíamos algo, nos mataban a todos. Así que esa misma noche nos tocó irnos y en la madrugada nos fuimos a [a una zona rural de Tumaco].

Judith (seudónimo):

[Un día] en marzo de 2018, yo estaba en la casa, me asome al escuchar un escándalo. Unos hombres armados tenían a mi hermano y lo estaban golpeando. Son disidentes del grupo de Guacho, estaban enojados porque mi hermano no se quería unir a ese grupo. Les dije que lo soltaran, y me amenazaron con matarnos a los dos. Luego llegó la comunidad. Los hombres armados nos dieron una hora para salir de la vereda. Esa misma noche nos vinimos en una canoa a Tumaco.

Justo (seudónimo):

[Un día de] diciembre de 2017, llegaron al barrio unos hombres armados. Pidieron que desalojáramos, dijeron que nos daban 24 horas para salir de nuestras casas. En estos momentos estoy viviendo en [una zona rural de Tumaco].

 

Falta de protección y justicia

Respuesta policial y militar

En los meses posteriores al acuerdo de paz de agosto de 2016, la entonces alcaldesa de Tumaco y la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtieron sobre la necesidad urgente de establecer una fuerte presencia estatal en Tumaco tras la desmovilización de las FARC[195]. Diversas organizaciones humanitarias que trabajan en Tumaco consideran que la demora del gobierno en adoptar estas medidas favoreció el surgimiento de grupos armados en Tumaco[196].

Cuando el general Óscar Naranjo asumió la vicepresidencia de Colombia en marzo de 2017, priorizó la situación de Tumaco y, desde entonces, el gobierno colombiano ha puesto en marcha una serie de iniciativas para aumentar la presencia de policías y militares en la zona. En enero de 2018, el gobierno puso en práctica la “campaña Atlas”, en el marco de la cual aumentó la cantidad de miembros de la fuerza pública en la zona y restructuró las unidades militares y policiales que ya se encontraban allí. El gobierno anunció que un total de 9.000 agentes de las fuerzas de seguridad protegerían a los residentes de Tumaco y de nueve municipios aledaños[197]. En mayo, el gobierno indicó que aumentaría esa cantidad a 11.200 agentes[198].

En abril, el gobierno lanzó la operación “Tumaco Seguro”, con el objeto de establecer presencia policial y militar en puntos estratégicos de la ciudad de Tumaco[199].

Si bien estas iniciativas parecen haber incrementado la cantidad de miembros de grupos armados que fueron arrestados en Tumaco[200], es posible que no redunden en mejoras significativas en materia de justicia: como se explica en la siguiente sección, hay pocos fiscales, investigadores y jueces disponibles para encargarse de los casos.

A pesar de las nuevas iniciativas, los grupos disidentes de las FARC en Tumaco están cometiendo abusos graves a un ritmo alarmante. Como se señaló antes, los datos preliminares de octubre demuestran que hubo un aumento del 47% en la tasa de homicidios en Tumaco, en comparación con el mismo período de 2017, y una gran parte del aumento se debe a la presencia de grupos armados.

Asimismo, de acuerdo con datos preliminares del Registro Único de Víctimas de Colombia, 32 personas reportaron delitos contra la integridad sexual cometidos por grupos armados entre enero y el 1 de octubre de 2018, una cantidad similar a los 42 casos denunciados en todo el año 2017[201]. Además, según datos preliminares del Instituto de Medicina Legal de Colombia, se denunciaron como desaparecidas 14 personas entre enero y septiembre de 2018, una cifra similar a las 16 personas que se reportaron desaparecidas durante el mismo período de 2017[202].

Según señalan residentes de Tumaco, analistas del conflicto armado y funcionarios de organizaciones humanitarias, hasta el momento, las iniciativas no han dado resultado, por varios motivos:

• El cultivo de coca y el tráfico de drogas permiten que los grupos armados prosperen económicamente[203].
• Debido a la pobreza y a la falta de oportunidades económicas, los grupos armados pueden reclutar combatientes (incluidos niños) con más facilidad, para remplazar a sus miembros que son capturados o asesinados[204].
• No hay presencia permanente de policías y militares en los barrios. Eso permite que se sitúen en la entrada de los barrios hombres desarmados que llaman a los combatientes cuando ingresan policías o miembros de las fuerzas armadas[205].
• Fiscales, autoridades judiciales, residentes y funcionarios de organizaciones humanitarias dijeron a Human Rights Watch que, en ocasiones, algunos miembros de las fuerzas de seguridad toleran a los grupos armados o cometen abusos[206]. El 8 de octubre de 2018, por ejemplo, un juez envió a prisión preventiva a cuatro integrantes de la Armada acusados de extorsionar a residentes de Tumaco[207]. En muchos casos, además, los residentes muestran reticencia a colaborar con las autoridades porque desconfían de ellas, tienen vínculos familiares con miembros de grupos armados o temen represalias[208].

Cuando Iván Duque asumió la presidencia en agosto de 2018, priorizó las acciones para capturar o dar de baja en combate a comandantes de los grupos disidentes, en especial, a Guacho[209]. El 8 de septiembre de 2018, David murió durante una operación conjunta de policías y miembros de la Armada[210].   

Justicia

La Fiscalía General de la Nación en general no ha logrado que se haga justicia por los abusos cometidos por grupos disidentes de las FARC y otros grupos armados en Tumaco.

En septiembre de 2018, los fiscales estaban investigando 512 casos de homicidios cometidos en Tumaco desde enero de 2017. Habían logrado acusaciones en 17 casos, y sólo habían condenado a una persona por un caso[211]. No habían acusado, ni mucho menos condenado, a ninguna persona por delitos de desaparición forzada, reclutamiento ilícito o desplazamiento forzado cometidos desde enero de 2017[212].

Una importante excepción son los avances contra presuntos responsables del asesinato de defensores de derechos humanos. Los fiscales han emitido órdenes de captura contra presuntos responsables de los siete asesinatos cometidos desde 2017 que ha documentado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2017[213].

Un problema clave es que en el municipio de Tumaco apenas hay un juez —conocido en el derecho colombiano como “juez especializado”— para juzgar ciertos delitos graves, incluidos homicidio agravado, secuestro, reclutamiento infantil y tráfico de más de 5 kilogramos de drogas ilícitas[214]. En agosto de 2018, el juez tenía a su cargo 517 casos y programaba audiencias para los sábados —algo poco habitual en Colombia— para poder lidiar con el volumen de casos atrasados[215].

En 2014, Human Rights Watch identificó que el abrumador volumen de casos que tenían a su cargo los fiscales era un importante obstáculo para la justicia en Tumaco. Desde entonces, la cantidad de fiscales ha aumentado de 11 a 19, pero persiste este problema[216].

El único fiscal que investigaba desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados en Tumaco cuando Human Rights Watch visitó el municipio en agosto de 2018 tenía a su cargo 1.500 investigaciones, incluidos 600 casos de “desaparición forzada”[217]. (Además, algunos fiscales en Pasto y Bogotá investigaban algunos casos de Tumaco, pero es el fiscal de Tumaco quien debe llevar muchos de esos casos a juicio)[218].

Además del fiscal que tiene a su cargo casos de desapariciones, extorsión y desplazamiento forzado, dos fiscales de Tumaco investigan homicidios. En agosto de 2018, cada uno de los fiscales se encargaba de alrededor de 750 casos[219]. Otros dos fiscales llevan a juicio estos casos, así como otros de delitos graves[220]. Entre los fiscales restantes, dos se encargan de delitos menores, como robos; uno se encarga de casos en los que se captura al presunto delincuente en flagrancia; y dos se encargan de investigar y llevar a juicio delitos de violencia sexual (ver la sección más adelante donde se analizan las falencias en el procesamiento de este tipo de delitos)[221].

La cantidad limitada de investigadores también representa un obstáculo para las investigaciones penales, según señalaron varios fiscales a Human Rights Watch. El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), un organismo que proporciona apoyo de investigación y forense a los fiscales en casos penales, contaba, al momento que visitamos Tumaco, con alrededor de 10 investigadores[222]. Una fiscal nos dijo que, a veces, no hay investigadores que puedan tomar las denuncias de violencia sexual, por ejemplo, porque los investigadores del CTI que se ocupan de ello son asignados a otras tareas, como participar en allanamientos de viviendas o retirar cuerpos[223].

La cárcel de Tumaco, ubicada en el área rural de Bucheli, tiene hacinamiento[224]. Una fiscal contó a Human Rights Watch que, en junio de 2018, en celdas con capacidad para 256 presos había 584, más del doble, y que algunos dormían en pasillos y baños[225]. En marzo de 2018, el defensor del pueblo de Colombia solicitó a la Corte Constitucional que cerrara la cárcel de Bucheli y trasladara a los internos a otro sitio. El defensor denunció que la infraestructura del establecimiento era precaria: cuando llueve, las aguas negras inundan el patio de la cárcel; el personal es insuficiente para vigilar y proteger a los presos, y los servicios de salud son deficientes[226].

Según víctimas, familiares y fiscales, otro obstáculo a la justicia es que muchos abusos cometidos por grupos armados no se denuncian por miedo a sufrir represalias[227]. Como se señaló antes, varios familiares de personas desaparecidas y sobrevivientes de violencia sexual que entrevistamos no habían denunciado los delitos. Y cuando los casos sí se denuncian, el temor a represalias impide que testigos, víctimas y familiares cooperen con las investigaciones. Según señalaron a Human Rights Watch un fiscal y un funcionario de la Defensoría del Pueblo, en muchos casos, las víctimas les dicen a los fiscales que desean retirar sus denuncias penales porque temen sufrir represalias o porque han recibido amenazas[228]. Si bien los fiscales pueden continuar el proceso penal sin necesidad de una denuncia, esto es difícil si los testigos clave o los sobrevivientes sienten demasiado temor como para cooperar con las autoridades.

Los funcionarios judiciales también enfrentan graves riesgos de seguridad al desempeñar su trabajo en Tumaco. El 11 de julio de 2018, tres funcionarios del CTI murieron abatidos por disparos en la carretera entre Pasto y Tumaco. Sus cuerpos y el camión que conducían fueron posteriormente incinerados[229]. La Fiscalía General de la Nación señaló a miembros del Frente Oliver Sinisterra como responsables del hecho[230].

Falencias en la investigación y el procesamiento de crímenes de violencia sexual Conforme al derecho colombiano, los fiscales deben asegurar una justicia expeditiva para las víctimas de delitos sexuales relacionados con el conflicto armado, para lo cual deben recurrir a investigadores especialmente capacitados y garantizar la protección y dignidad de las víctimas[231]. En 2016, la Fiscalía General de la Nación priorizó los procesos sobre casos de violencia sexual en Tumaco, de modo que exige a los fiscales competentes que se encarguen de estos crímenes (incluidos los ocurridos antes de 2016) antes que de otros delitos[232]. Aun así, hay varias falencias estructurales que siguen limitando la capacidad de las autoridades para investigar y procesar estos casos[233]. Una falencia clave es que hay pocos funcionarios —desde investigadores hasta fiscales— a cargo de delitos de violencia sexual. En Tumaco hay una sola fiscal que investiga ese tipo de delitos[234]. Cuando Human Rights Watch la entrevistó en agosto, tenía bajo su responsabilidad 650 casos (otro fiscal en Tumaco se encarga de las causas durante el juicio)[235]. La fiscal que investiga estos casos forma parte de un Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), creado para ofrecer apoyo psicológico, social, legal, forense y médico a sobrevivientes de violencia sexual, a fin de reducir los obstáculos que esas personas puedan tener en el acceso a la atención integral. En realidad, en el CAIVAS en Tumaco solo trabajan esta fiscal, un empleado administrativo y un investigador del CTI. El investigador del CTI, un hombre que ha recibido capacitación especial para garantizar que las investigaciones tengan en cuenta la situación traumática que experimentan las víctimas, trabaja para el CAIVAS a tiempo parcial[236]. En el CAIVAS de Tumaco no hay médicos, psicólogos ni trabajadores sociales[237]. Además, la capacidad de la fiscal para examinar evidencias es sumamente limitada. El CAIVAS tiene una cámara Gessel —una habitación con un espejo de visión unidireccional que permite a las víctimas prestar testimonio sin el temor, la vergüenza o la ansiedad que supone hacerlo frente a las autoridades— para entrevistar a víctimas de violencia sexual, pero hace cuatro años que la cámara no funciona y nunca se usó[238]. Tampoco hay en la ciudad un lugar seguro para almacenar la evidencia física, incluida evidencia forense delicada[239]. Las evidencias se guardan en el hospital local o se envían a Pasto, a casi 300 kilómetros de distancia de Tumaco, para su conservación. A su vez, la fiscal le dijo a Human Rights Watch que, debido a la presencia de grupos armados, le resulta imposible a la policía y los investigadores ingresar en varios barrios de Tumaco para entrevistar a testigos y obtener evidencias[240]. Como se señaló previamente, muchas víctimas no denuncian delitos debido al temor creíble de represalias. En la práctica no existe un sistema de protección para las víctimas que denuncian delitos de violencia sexual en Tumaco. Según señalaron a Human Rights Watch dos funcionarios de derechos humanos, una fiscal y un funcionario de una organización humanitaria que trabajan en casos de violencia sexual, a veces, la policía no va a los barrios y áreas rurales para proteger víctimas si en esos lugares hay grupos armados[241]. Otras veces, las víctimas renuncian a la protección porque los grupos armados las acusan de ser informantes o les dicen que deben pagar una “multa” por ser responsables de la presencia policial[242]. “Las medidas de protección se nos quedan en el papel”, dijo la fiscal[243]. Otro obstáculo a la denuncia de delitos sexuales es que los sistemas de derivación y de denuncia institucional son deficientes. A veces, los hospitales locales no denuncian los hechos de violencia sexual a los funcionarios judiciales[244]. Por ejemplo, a menudo, no informan sobre abusos cometidos contra niñas que han buscado atención médica, porque sus padres afirman que no desean denunciar los abusos. En algunas zonas rurales, la falta de presencia gubernamental dificulta aún más las denuncias: con frecuencia, los únicos funcionarios que están disponibles para recibir este tipo de denuncias penales son policías y militares que no tienen capacitación en materia de violencia sexual[245].

Asistencia inadecuada para las víctimas

La Ley de Víctimas de Colombia estipula que los gobiernos municipales deben proporcionar a las víctimas de desplazamiento forzado una asistencia humanitaria, incluyendo refugio y alimentos dignos, tan pronto como esas personas soliciten ser registradas como víctimas[246]. La ley establece que, si un gobierno municipal no puede ofrecer esa ayuda, deben hacerlo el gobierno departamental o un organismo nacional[247]. A pesar de esto, Human Rights Watch detectó deficiencias en la asistencia gubernamental proporcionada a personas desplazadas.

Tumaco no cuenta con un centro de acogida para personas desplazadas, a pesar de sus altos índices de desplazamiento. Más de 4.000 personas se han desplazado hacia Tumaco o dentro de ese municipio desde enero de 2017, según la Unidad de Víctimas de Colombia[248]. Muchas son recibidas por familiares, por lo general, en condiciones de hacinamiento[249]. A otros se los ubica en un estadio de fútbol cerrado (donde duermen en el piso, sin paredes divisorias interiores) o en escuelas[250].

Algunos miembros de organizaciones humanitarias que trabajan en Tumaco y en municipios vecinos dijeron a Human Rights Watch que son habituales las demoras en las acciones del gobierno para asistir a las personas desplazadas[251]. En octubre, por ejemplo, un líder comunitario de un barrio de Tumaco contó a Human Rights Watch que muchas personas desplazadas en julio todavía no habían recibido asistencia humanitaria[252]. La Corte Constitucional de Colombia concluyó en noviembre de 2017 que los planes de los gobiernos municipales para asistir a las personas desplazadas en la región del Pacífico nariñense “no cuentan con soporte presupuestal para su ejecución”[253].

El derecho colombiano también exige que el gobierno brinde vivienda temporal, transporte y alimentos a las víctimas de violencia sexual que lo soliciten[254]. No obstante, funcionarios de derechos humanos y una fiscal dijeron a Human Rights Watch que esta asistencia rara vez se proporcionaba[255]. La fiscal contó que solo conocía un caso en el que se brindó refugio a una sobreviviente. Sin embargo, la asistencia llegó 40 días después del abuso. Tanto funcionarios como residentes consideran que es necesario construir un refugio para sobrevivientes de violencia sexual en Tumaco[256].

 

Agradecimientos
 

La investigación y la redacción de este informe estuvieron a cargo de un investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch. El informe fue revisado y editado por José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas; Margaret Knox, investigadora/editora sénior; Dan Baum, investigador/editor sénior; Christopher Albin-Lackey, asesor legal sénior; Joseph Saunders, subdirector de programas; Amanda Klasing, investigadora sénior; Margaret Wurth, investigadora sénior; Mark Hiznay, director asociado de la División de Armas; Neela Ghoshal, investigadora sénior; y Jo Becker, directora de incidencia de la División de Derechos del Niño. Las asociadas de la división de las Américas Delphine Starr y Megan Monteleone contribuyeron a la producción del informe. Los pasantes Santiago Menna y Julián Santos Piacente fueron de gran ayuda para la investigación. El informe fue preparado para la publicación por Fitzroy Hepkins, gerente administrativo; y José Martínez, coordinador administrativo sénior. Fue traducido al español por Gabriela Haymes.

Human Rights Watch quisiera agradecer a numerosos individuos que colaboraron con este informe. Estamos agradecidos por los consejos y el apoyo brindados por Kyle Johnson, analista sénior para Colombia del International Crisis Group, y Juan Pablo Sarmiento, así como por otros individuos que prefirieron no ser nombrados.

Human Rights Watch está profundamente agradecido a las víctimas y sus familiares, quienes, a pesar de circunstancias extremadamente duras, decidieron compartir su testimonio con nosotros.