Resumen

En abril de 2018, numerosos nicaragüenses salieron a las calles para protestar contra el gobierno del Presidente Daniel Ortega. La respuesta fue brutal. La feroz represión de manifestantes por miembros de la Policía Nacional y bandas fuertemente armadas partidarias del gobierno, que duró varios meses, dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2.000 heridos.

Un grupo de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el respaldo del Gobierno nicaragüense señaló que, entre abril y julio, policías y bandas armadas partidarias del gobierno cometieron abusos generalizados contra manifestantes que, en su mayoría, no estaban armados. Estos abusos incluyeron ejecuciones extrajudiciales. Al finalizar las protestas, en agosto de 2018, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH) informó que 22 policías habían muerto en el contexto de las manifestaciones y la represión.

El presente informe analiza qué ocurrió, tras la represión en las calles, a muchos de los cientos de personas detenidas por policías o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno. Se elaboró a partir de investigaciones realizadas en Nicaragua y Costa Rica, y de un análisis de fuentes oficiales.

Muchas de las personas detenidas durante la represión de manifestaciones sufrieron graves abusos que, algunos casos, constituyeron tortura, como descargas eléctricas, violentas golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación sexual. A muchas personas detenidas y heridas se les negó atención médica en instituciones de salud pública y diversos médicos que brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias.

También se ha procesado a cientos de detenidos por presuntos delitos relacionados con su participación en protestas contra el gobierno o por su papel en movimientos sociales que cuestionaron al gobierno, a veces incluso anterior a la represión. En muchos casos, los fiscales les atribuyen delitos graves violentos. En estos procesos se cometieron graves violaciones de las garantías de debido proceso y otros derechos fundamentales. Numerosos manifestantes han estado detenidos en condiciones de incomunicación, han sido sometidos a juicios a puertas cerradas y se les ha negado el derecho a consultar a sus abogados defensores en forma privada. En algunos casos en los cuales Human Rights Watch pudo analizar la evidencia contra los acusados, concluimos que los procesos parecen basarse en elementos probatorios contradictorios o insuficientes.

El gobierno nicaragüense también ha hostigado a quienes expusieron la represión en las calles y los posteriores abusos. Ha allanado las oficinas de medios de comunicación independientes, presentado denuncias penales contra dos periodistas, cancelado la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil y expulsado del país a periodistas extranjeros y veedores internacionales de derechos humanos.

Los casos documentados por Human Rights Watch son consistentes con un patrón de abusos sistemáticos dirigidos a personas que se manifestaron contra el gobierno y opositores que ha sido reportado por la CIDH y la Oficina del ACNUDH. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alrededor de 62.000 nicaragüenses han huido del país desde que empezó la represión en abril de 2018.

La Oficina del ACNUDH ha informado que, según la información disponible, se ha dictado una sola condena contra un miembro de una banda armada partidaria del gobierno y no se ha iniciado ninguna investigación contra miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos. Human Rights Watch no ha podido confirmar si el homicidio que llevó a la condena ocurrió en el contexto de las protestas. El Presidente Ortega, que conforme al derecho nicaragüense es el “jefe supremo” de la Policía, ha ascendido a altos mandos de la fuerza que son responsables de los abusos, en vez de asegurarse de que sean llevados ante la justicia.

El 20 de marzo de 2019, el gobierno nicaragüense aceptó liberar dentro de un plazo de 90 días a las personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas contra el gobierno y a desistir de los cargos contra ellas, en un intento de reanudar el diálogo con la oposición y persuadir a la comunidad internacional de levantar sanciones. La CIDH calcula que casi 800 personas han sido detenidas desde que empezaron las protestas.

Según el Ministerio de Gobernación, entre el 15 de marzo y 10 de junio de 2019, el gobierno excarceló a 392 personas que estaban detenidas por “cometer delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”. De estos, 286 fueron excarcelados bajo un régimen de arresto domiciliario u otra medida cautelar; siguen siendo objeto de procesos judiciales o continúan cumpliendo una condena. Los 106 restantes fueron liberados tras la aprobación de una Ley de Amnistía (Ley No. 996) que entró en vigencia el 10 de junio. Mientras tanto, en marzo la policía detuvo y liberó a más de 100 personas en el contexto de nuevas manifestaciones.

Es indispensable que la comunidad internacional ejerza presión para que el gobierno nicaragüense cese estos abusos. Tanto organizaciones internacionales como gobiernos extranjeros —de las Américas y Europa— deberían aplicar sanciones individuales, como el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso a otros países, a funcionarios nicaragüenses que son responsables de graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, deberían suspender de inmediato la totalidad del financiamiento y otro tipo de apoyo destinados a la Policía Nacional de Nicaragua, incluido el traspaso de armas, municiones y otros equipos que podrían ser usados para cometer abusos violentos contra opositores. Por último, deberían mantener una firme presión, que es necesaria para terminar con los abusos y asegurar que los máximos responsables de estos hechos rindan cuentas por sus actos.

Torturas y abusos durante la detención

Policías y bandas armadas partidarias del gobierno infligieron graves abusos físicos y psicológicos a personas detenidas, que en algunos casos constituyeron tortura. Entre estos abusos se incluyen:

• Golpear a manifestantes en el momento del arresto y durante la detención, y en algunos casos, negarles atención médica urgente;
• Violar sexualmente a personas detenidas, incluso con tubos metálicos y armas de fuego, o amenazas de violación;
• Someter a detenidos a simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, quemaduras con ácido, simulacros de ejecución, desnudez forzada y remoción de uñas; y
• Obligar a personas detenidas a grabar confesiones auto incriminatorias obtenidas bajo coerción.

Human Rights Watch entrevistó a un total de 12 ex detenidos, de los cuales 11 señalaron haber sufrido uno o más de estos abusos. Asimismo, siete de estas víctimas indicaron haber presenciado abusos similares contra otras 39 personas.

Human Rights Watch también entrevistó a tres médicos y un psicólogo que atendieron a algunos detenidos y señalaron que decenas de ellos presentaban signos de lesiones congruentes con abusos físicos y torturas similares a las referidas por los 12 detenidos. Dos de los médicos también coordinaron el trabajo de otros profesionales de la salud que les informaron sobre casos similares.

Los casos que documentamos son consistentes con un patrón de abusos sistemáticos dirigidos a manifestantes antigubernamentales y opositores que ha sido reportado por organizaciones internacionales de derechos humanos. La CIDH señaló “la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias” en el cual “la principal intención de la privación de libertad consistió en castigar o reprimir una postura de oposición al actual régimen nicaragüense”. La CIDH también concluyó que “la detención y que la privación de libertad de las personas detenidas en el marco de las protestas se caracterizó por golpes, amenazas y ofensas infringidas en contra de las personas detenidas, y que implicaron el sometimiento a condiciones humillantes y degradantes”. Agentes estatales amenazaron a personas encarceladas en los establecimientos penitenciarios El Chipote y La Modelo “con violarlas y quemarlas vivas, también con matarlas a ellas y a sus familiares y amigos”, entre otras cosas. La CIDH documentó asimismo el caso de una detenida en la cárcel La Esperanza que presentaba “marcas visibles de golpes en los brazos”^[1].

También la Oficina del ACNUDH determinó que “la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes ha sido regularmente reportada en el contexto de las detenciones, con denuncias alegando tortura durante el arresto y los primeros días de la detención”. El centro de detención El Chipote sería “el principal lugar” donde policías y autoridades penitenciarias cometieron “actos de tortura y malos tratos”. Estos incluyen “quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación –como también torturas psicológicas, incluyendo amenazas de muerte”. La Oficina del ACNUDH determinó que algunos hombres y mujeres habían sido violados sexualmente durante la detención, “incluyendo violaciones con rifles y otros objetos”, y algunas mujeres señalaron que “son comunes las amenazas de abuso sexual”^[2].

Procesos judiciales plagados de abusos

Cientos de detenidos han sido juzgados por supuestos delitos vinculados con su participación en protestas contra el gobierno o por su papel en movimientos sociales que cuestionaban al gobierno. Human Rights Watch documentó 15 casos sobre conocidos activistas y también ciudadanos de a pie, de entre 20 y 63 años, que se sumaron a las protestas en siete ciudades de Nicaragua, y en todos se cometieron violaciones a las garantías de debido proceso y a otros derechos, incluidas las siguientes:

• Se mantuvo incomunicados a los manifestantes antes de ser llevados ante un juez y, en 12 casos, estuvieron detenidos más de dos días hasta ser presentados ante un juez, en violación al plazo máximo de 48 horas previsto en la Constitución. En cinco de los casos que documentamos, familiares de detenidos o abogados manifestaron no haber tenido información sobre su paradero durante períodos de entre cuatro y 22 días;
• A menudo, autoridades policiales en Managua organizaron conferencias de prensa en las cuales mostraron a los detenidos ante la prensa, acusándolos de “terroristas” antes de llevarlos ante un juez. Luego de esto, en general los medios de comunicación oficialistas lanzaban una campaña de desprestigio en la cual los calificaban de “terroristas” y los mostraban encadenados y con ropa de presidiarios, violando así su derecho a la presunción de inocencia;
• Se privó a personas detenidas de su derecho a conversar en forma libre y privada con sus abogados; y
• Se realizaron audiencias judiciales a puertas cerradas.

En varios casos en los cuales Human Rights Watch pudo acceder a los expedientes judiciales, advertimos que los cargos formulados por la fiscalía eran infundados y que incluso, a veces, la prueba que se había presentado los refutaba.

Nuestros hallazgos son consistentes con violaciones identificadas por órganos de derechos humanos internacionales. En enero de 2019, la CIDH concluyó lo siguiente:
 

[L]las cientos de detenciones arbitrarias; la criminalización selectiva y masiva de manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, estudiantes, líderes sociales y opositores al Gobierno bajo cargos infundados y desproporcionados; el patrón sistemático de violaciones a las garantías del debido proceso; la falta de efectividad del recurso de exhibición personal; las irregularidades respecto a la defensa legal y la publicidad de los procesos; así como la apertura de procesos relacionados con figuras penales como las de terrorismo, interpretadas en forma incompatible con la vigencia de la sociedad democrática; el incumplimiento de órdenes de libertad a favor de quienes participaron de las protestas en el país; y en general, la manipulación del derecho penal para la judicialización de toda oposición, han puesto de manifiesto la falta de independencia del sistema de administración de justicia nicaragüense en su conjunto^[3].

Ataques a la prensa libre y a la sociedad civil

El gobierno también ha actuado contra quienes exponen sus abusos, incluidos periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Varios defensores de derechos humanos y periodistas perseguidos durante la represión han sido desde hace tiempo críticos de Ortega y ya habían sufrido acoso antes del inicio de las protestas.

Policías y miembros de bandas armadas partidarias del gobierno han hostigado, intimidado, agredido y detenido a periodistas. Dos periodistas extranjeros que informaban sobre la represión fueron deportados en agosto y octubre. El gobierno ha cerrado canales de noticias de postura crítica durante días, y diversos medios independientes en línea han acusado a las autoridades de lanzarles ciberataques. En diciembre, el Ministerio Público acusó de incitación al terrorismo al conocido propietario de un canal de noticias independiente y a su jefe de prensa. Fueron detenidos cuando la sede del canal fue allanada por policías ese mes. En junio de 2019, fueron liberados tras la entrada en vigencia de una ley de amnistía. Tres periodistas que trabajaban para el canal huyeron del país luego del encarcelamiento de sus colegas. Dos de ellos habían sido acusados de “incitación al terrorismo”. El canal había realizado una cobertura periodística crítica de la respuesta gubernamental a las protestas.

A pedido del Ministerio de Gobernación, en noviembre y diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales. La Policía Nacional allanó a cinco de estas organizaciones y confiscó documentos y computadoras. También ocupó algunas de las oficinas, impidió que ingresara su personal y acusó de haber cometido delitos —sin presentar ningún tipo de prueba— a algunos de los más destacados defensores de derechos humanos del país.

Ausencia de rendición de cuentas y la responsabilidad de altos funcionarios

Según el derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno de Nicaragua tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir o sancionar violaciones graves de derechos humanos. Altos funcionarios gubernamentales, particularmente aquellos que dirigen instituciones implicadas en violaciones de derechos humanos, deben cumplir con esta obligación. El gobierno también debe prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos perpetradas por actores privados, lo cual incluye a las bandas armadas partidarias del gobierno.

Las más altas autoridades del gobierno nicaragüense no han adoptado medidas para prevenir ni castigar violaciones de derechos humanos, incluida la tortura.

Human Rights Watch realizó un análisis exhaustivo de comunicados de prensa y declaraciones públicas emitidos por la Policía Nacional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Corte Suprema, así como señalamientos públicos expresados por el Presidente Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y varios de los miembros de su gabinete. No pudimos identificar información pública que indique que policías o miembros de bandas armadas partidarias del gobierno hayan sido procesados en relación con los abusos cometidos en el marco de las manifestaciones. La Oficina del ACNUDH ha indicado que se ha dictado una condena contra un miembro de una banda armada partidaria del gobierno; sin embargo, Human Rights Watch no ha podido confirmar que la muerte que llevó a la condena haya ocurrido en el contexto de las protestas. Las autoridades tampoco se han referido públicamente a procedimientos disciplinarios que se hayan iniciado contra funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos.

En marzo de 2019, Human Rights Watch pidió información a las autoridades nicaragüenses acerca del estado de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y delitos perpetrados por la Policía Nacional y bandas armadas partidarias del gobierno, así como contra policías. Al momento de la elaboración de este documento, no se había recibido respuesta.

Asimismo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo independiente de expertos internacionales designados por la CIDH (inicialmente, con el respaldo del gobierno de Nicaragua) para investigar “hechos violentos” ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, informó en diciembre de 2018 no tener conocimiento “de ningún caso en el cual se enjuicie a un miembro de las fuerzas de seguridad por las muertes violentas ocurridas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018”^[4].

En vez de asegurarse de que haya rendición de cuentas, el presidente Ortega ha ascendido a altos funcionarios que son responsables de los abusos. Él y otras autoridades han negado categóricamente lo ocurrido, y con total inverosimilitud, en muchos casos culparon a los manifestantes por los hechos de violencia. El Presidente Ortega ha señalado que la policía ha sido “víctima” de una “campaña” de desprestigio^[5].

El 8 de junio, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una ley de amnistía para delitos cometidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. La ley indica que los delitos “regulados en tratados internacionales que Nicaragua es Estado Parte” quedarán excluidos de la posibilidad de obtener amnistía. Ante la falta de independencia judicial en el país, Human Rights Watch considera que existe un grave riesgo de que la ley se utilice para consolidar la impunidad de funcionarios responsables de graves abusos en el país.

 

Recomendaciones

A fin de asegurar rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe y disuadir que vuelvan a cometerse, es crucial que se intensifique la presión internacional sobre el gobierno nicaragüense. Concretamente:

Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y América Latina y la Unión Europea deberían:

• Imponer sanciones individuales, incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidos pero no únicamente los siguientes:
  •  El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes;
  • La general retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional, que encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz;
  • El general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y más tarde en su cargo actual;
  • El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes;
  • El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, quien conforme a la legislación de Nicaragua tiene la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos cometidas por policías y de sancionar a los responsables;
  • El general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que es el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno, según la Oficina del ACNUDH; y
  • El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
• Abstenerse de transferir a las fuerzas de seguridad nicaragüenses armas, municiones o equipos que podrían ser usados para cometer abusos violentos contra opositores; y
• Exhortar a Nicaragua a crear una unidad especial que —junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— supervise la investigación de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas.

La Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deberían:

• Suspender todo financiamiento a la Policía Nacional de Nicaragua;
• Supeditar el restablecimiento de fondos destinados a la policía a que el Ministerio Público inicie investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas sobre la presunta responsabilidad de altos funcionarios policiales en graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represión que tuvo lugar en 2018; y
• Supeditar el restablecimiento de los fondos a que se realicen acciones comprobables para desmantelar y llevar ante la justicia a bandas armadas partidarias del gobierno.

Los países signatarios de la Convención contra la Tortura de 1984 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura deberían:

• Ejercer la jurisdicción penal, en la medida en que lo permita el derecho interno, respecto de funcionarios nicaragüenses responsables de torturas, de conformidad con el artículo 5 de la Convención contra la Tortura de la ONU.

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deberían:

• Supervisar en forma periódica que el gobierno nicaragüense cumpla con la resolución A/HRC/40/L.8 del Consejo, que estableció el seguimiento y la elaboración de informes por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos con respecto a la situación en Nicaragua, y en particular, instar a las autoridades nicaragüenses a que renueven su colaboración con la Oficina del ACNUDH y otros órganos regionales de derechos humanos y les concedan acceso irrestricto al país; y
• Considerar cuidadosamente y responder a las actualizaciones e informes de la Oficina del ACNUDH y cerciorarse de que se realice un seguimiento constante de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluida una investigación independiente de graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Nicaragua desde abril de 2018.

La Relatora Especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo debería:

• Analizar e informar al Consejo de Derechos Humanos sobre posibles violaciones de los derechos internacionales de libertad de asociación, reunión y expresión como resultado de los procesos judiciales iniciados en Nicaragua contra manifestantes y otras figuras opositoras en el marco de las reformas antiterroristas de 2018.

 

Metodología

El presente informe se elaboró, principalmente, a partir de entrevistas realizadas por un equipo de Human Rights Watch a un total de 75 personas, incluidas 17 presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos, 21 familiares de víctimas de abusos y 34 testigos de abusos presuntamente cometidos por policías nicaragüenses y bandas armadas partidarias del gobierno. Entre los testigos se cuentan siete abogados defensores que asistieron a personas detenidas, diez profesionales médicos o socorristas que atendieron a personas heridas en manifestaciones o en las proximidades de estas o que fueron torturadas mientras estuvieron detenidas, y tres defensores de derechos humanos. También entrevistamos a representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Recibimos contestaciones a solicitudes de información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Human Rights Watch realizó investigaciones en el terreno en Nicaragua y Costa Rica en septiembre de 2018. En Nicaragua, Human Rights Watch visitó las ciudades de Managua, Jinotepe y Masaya; en Costa Rica, realizamos entrevistas a nicaragüenses que habían huido del país, en las provincias de San José, Cartago y Heredia, y en una cuarta localidad en la frontera con Nicaragua. Otras entrevistas se efectuaron en forma telefónica, por correo electrónico, Skype o servicios de mensajes de texto antes y después de ese viaje de investigación.

Todas las personas entrevistadas fueron informadas de la finalidad de la entrevista, su naturaleza voluntaria y las formas en que sería utilizada la información. Se advirtió a los entrevistados que podían negarse a responder preguntas o concluir la entrevista en cualquier momento. Todos brindaron su consentimiento verbal para la entrevista. Ninguno de los entrevistados recibió una retribución económica ni en especie a cambio de su testimonio. En el caso de algunos entrevistados, solventamos los costos de transporte. Se tomaron recaudos para reducir al mínimo el riesgo de que, al volver a relatar lo vivido, las víctimas de experiencias traumáticas se vieran incluso más afectadas. En los casos en que resultó pertinente, Human Rights Watch aportó información de contacto de organizaciones que ofrecen servicios legales, de asesoramiento, de salud o sociales.

A fin de resguardar la seguridad de algunas víctimas y familiares que nos trasmitieron sus experiencias, hemos usado seudónimos para referirnos a ellos en este informe o hemos evitado deliberadamente dar precisiones sobre la fecha o el lugar donde se produjeron los abusos.

Human Rights Watch no pudo acceder a todas las pruebas de los casos documentados en este informe para evaluar si los señalamientos eran fundados. Obtener los expedientes judiciales, de cientos de fojas y solamente disponibles en forma impresa, no fue una tarea sencilla. Ante el clima de intimidación generalizada y temor a represalias, muchos testigos, víctimas y familiares de personas detenidas se negaron a reunirse con Human Rights Watch en Nicaragua.

En la mayoría de los países donde Human Rights Watch trabaja, la práctica consiste en intentar concertar entrevistas con funcionarios gubernamentales. No obstante, en la investigación llevada a cabo para este informe, Human Rights Watch optó por no entablar contacto con funcionarios gubernamentales ni darle visibilidad a nuestra presencia en el país. Adoptamos esta decisión por temor a las posibles consecuencias para víctimas y defensores de derechos humanos, el riesgo que podría implicar para nuestra posibilidad de efectuar el trabajo y la seguridad de nuestro equipo.

A fin de conocer la postura oficial, en marzo de 2019, Human Rights Watch pidió información a las autoridades nicaragüenses acerca del estado de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y delitos perpetrados por miembros de la Policía Nacional y de bandas armadas partidarias del gobierno. Al momento de la redacción del presente informe, no habíamos recibido una respuesta. También consultamos comunicados de prensa y declaraciones públicas de altos funcionarios de la Policía Nacional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Corte Suprema en relación con las manifestaciones de 2018. También consultamos declaraciones públicas efectuadas por el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y varios de los miembros de su gabinete de Gobierno, incluido el ministro de Relaciones Exteriores y el viceministro de Gobernación. Asimismo, realizamos un análisis minucioso de información en medios de comunicación oficiales, medios sociales y otras fuentes oficiales para evaluar la posición del gobierno. Por último, analizamos la evaluación realizada por el propio gobierno sobre el desempeño general de la policía y los actos cometidos por bandas armadas partidarias del gobierno en el contexto de las protestas. 

En la mayoría de los casos, Human Rights Watch no pudo cotejar las cifras indicadas por órganos internacionales de derechos humanos u organizaciones de la sociedad civil locales con estadísticas oficiales del gobierno, debido a que, hasta la fecha, el gobierno no ha publicado una explicación detallada de su respuesta a las protestas de 2018. Sin embargo, sí analizamos atentamente informes de la CIDH y la Oficina del ACNUDH elaborados a partir de investigaciones realizadas en el terreno en Nicaragua, así como la respuesta oficial del gobierno a tales informes.

Casos

En el presente informe se describen con detalle los abusos sufridos por 23 personas, incluidos abusos durante la detención, así como detenciones arbitrarias y procesos judiciales. Muchas dijeron haber padecido estos abusos junto con otras personas, y fueron testigos directos de abusos sufridos por decenas de terceros. Entre los abusos documentados se incluyen los cometidos durante arrestos y en establecimientos de detención, así como violaciones de las garantías de debido proceso antes de audiencias judiciales o durante estas.

En todos estos casos, los hechos que se describen en este informe se extrajeron de testimonios brindados directamente a los investigadores por las víctimas o por testigos o familiares cuando las víctimas todavía estaban detenidas o habían sido asesinadas.

En 13 de los incidentes analizados, también examinamos pruebas adicionales —como fotografías, grabaciones de video, informes médicos o expedientes judiciales— que corroboraron las versiones que nos transmitieron. En uno de esos casos, observamos en primera persona y fotografiamos lesiones que las víctimas dijeron que habían sido causadas por miembros de las fuerzas de seguridad. Dos profesionales médicos también mostraron a Human Rights Watch registros que confirmaban su descripción de abusos similares sufridos por pacientes en otros casos que no se mencionan en este informe.

El presente informe evalúa la credibilidad de víctimas y testigos a partir de un análisis minucioso de evidencias confirmatorias, cuando estaban disponibles, así como en función de si los relatos detallados proporcionados por la víctima, sus familiares, testigos o abogados son congruentes, tanto internamente como con patrones y prácticas documentados en otros casos. 

 

Antecedentes: Represión de protestas callejeras

El 18 de abril de 2018, el gobierno del Presidente Daniel Ortega anunció cambios en el sistema de pensiones de Nicaragua, lo cual desencadenó protestas callejeras en varias ciudades, que rápidamente fueron creciendo y multiplicándose. Las protestas se debieron también al descontento generalizado con los 12 años de gestión de Ortega, durante los cuales, entre otras cosas, se desmantelaron los mecanismos destinados al control institucional del poder presidencial^[6].

En Nicaragua, las instituciones gubernamentales se encuentran íntimamente vinculadas con el partido político gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Cada organismo, incluida la Policía Nacional y el Ministerio Público, tiene un funcionario que es también “secretario político” del FSLN, un puesto otorgado a personas de confianza, que opera como enlace entre el organismo y el partido^[7]. Durante las manifestaciones de 2018, se les pidió a los secretarios políticos dentro de la policía y de otros organismos que colaboraran con bandas armadas partidarias del gobierno en la respuesta a las protestas antigubernamentales^[8]. 

El gobierno respondió a las protestas de manera inmediata y brutal. Miembros de la policía dispararon con armas de fuego contra manifestantes que, en su gran mayoría, estaban desarmados, mientras que bandas alineadas con el gobierno hostigaron y atacaron a periodistas y otras personas presente. En las primeras semanas, decenas de manifestantes fueron asesinados y cientos quedaron detenidos por períodos breves^[9].

En las semanas siguientes, las manifestaciones se extendieron por todo el país. Se unieron a las protestas, entre otros, estudiantes universitarios, feministas, el movimiento campesino y poderosas asociaciones del sector privado^[10]. El 16 de mayo, representantes de esta coalición se reunieron con Ortega, Murillo y su gabinete por primera vez, durante una transmisión televisiva en directo de un diálogo nacional en el cual mediaron el cardenal y obispos de Nicaragua^[11].

El 31 de mayo, fecha que coincide con el Día de la Madre en Nicaragua, miles de personas marcharon en distintas ciudades (en lo que posiblemente fue la manifestación más multitudinaria), en solidaridad con las madres cuyos hijos o hijas habían muerto a manos de policías y de miembros de bandas armadas partidarias del gobierno desde el inicio de las protestas en abril. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), miembros de estas bandas dispararon con armas de fuego contra manifestantes que participaban en protestas pacíficas en varias ciudades^[12]. Algunos les respondieron arrojándoles piedras y disparando con morteros de fabricación casera^[13]. Por lo menos 15 personas murieron y 188 resultaron heridas ese día en Managua, Estelí y Masaya, según una declaración oficial de la Policía Nacional^[14].

En los días que siguieron al inicio del diálogo nacional, en muchas partes del país los manifestantes instalaron cientos de tranques (barricadas) con los que bloqueaban el tránsito en arterias comerciales importantes.

Los representantes de la sociedad civil en el diálogo nacional señalaron que esos tranques constituían una forma de protesta, pero también un medio para defenderse de las incursiones de la policía y de las bandas armadas partidarias del gobierno en los vecindarios^[15]. Por un lado, el gobierno redobló su exigencia de que los manifestantes desmantelaran los tranques; por el otro, los manifestantes exigieron garantías de que se realizarían reformas políticas y elecciones anticipadas; pero las negociaciones pronto se estancaron^[16].

A principios de junio, la Policía Nacional, cumpliendo órdenes del Presidente Ortega, comenzó a desmantelar tranques en Managua^[17]. Las autoridades policiales declararon que el plan, oficialmente denominado Operación por la Paz, tenía por objeto “asegurar el orden, tranquilidad y seguridad de las familias nicaragüenses”^[18]. A mediados de junio, sin embargo, los manifestantes habían construido más de 100 grandes barricadas en todo el país, según se indicó en medios locales^[19]. 

Como parte de la operación, policías y bandas armadas partidarias del gobierno expulsaron por la fuerza a los manifestantes y luego desmantelaron los tranques que estos habían instalado^[20]. Los medios nicaragüenses y más tarde los observadores internacionales comenzaron a llamarla “Operación Limpieza”, en referencia a operaciones similares que se habían llevado a cabo durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en 1978^[21].

Los esfuerzos por desmantelar los tranques se aceleraron a fines de junio y principios de julio, poco antes de las dos fechas que el partido gobernante celebra todos los años: el aniversario del momento en que miles de guerrilleros sandinistas se replegaron de Managua a Masaya entre el 27 y el 29 de junio y unieron sus fuerzas antes de lanzar el asalto final sobre la capital en 1979; y el 19 de julio de 2019, día en que se conmemora la caída del régimen de Somoza^[22]. Numerosos nicaragüenses celebran estos dos aniversarios recreando la marcha —conocida como “El Repliegue”— desde Managua hasta el vecindario de Monimbó, en Masaya y con actos masivos en la capital^[23]. 

Ortega no pudo conmemorar El Repliegue en Monimbó el 13 de julio debido a los tranques. En lugar de eso, convocó a una manifestación pública en Managua, donde anunció que le había ordenado a la policía de Masaya que “no les dispar[ara]n” a los manifestantes, al tiempo que afirmó que cualquier otro cuerpo de policía en el mundo utilizaría la fuerza para responder a una situación similar^[24]. Algunos días más tarde, el 17 de julio, la “Operación Limpieza” finalizó con el desmantelamiento de todos los tranques en Masaya^[25]. En una declaración a los medios ese día, la máxima autoridad policial de Masaya, el general Ramón Avellán, contradijo lo manifestado por Ortega, al decir que “la orden de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta [es] de ir y limpiar estos tranques a nivel nacional (…) al costo que sea”^[26].

Entre el 18 de junio y el 25 de julio, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) informó que siete personas habían sido asesinadas por miembros de la policía y bandas armadas partidarias del gobierno^[27]. El gobierno sostiene que, durante ese mismo período, los manifestantes provocaron la muerte de nueve policías^[28]. Human Rights Watch entrevistó a un manifestante que afirmaba haber matado a un miembro de una banda armada partidaria del gobierno y analizó una grabación de video en la cual aparecían policías capturados por manifestantes^[29].

Si bien la defensa de los tranques estuvo, principalmente, a cargo de manifestantes equipados con piedras, hondas, cócteles molotov y lanzadores de morteros de fabricación casera, 13 entrevistados reconocieron que algunos de los que defendían las barricadas también tenían armas de fuego^[30].

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se encontraba en Nicaragua durante la operación, “ha constatado el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques”^[31].

Una vez que lograron desmantelar forzosamente los tranques, la policía y las bandas armadas partidarias del gobierno se desplazaron a otras áreas del país a las que no habían podido acceder debido a los tranques. De acuerdo con el CENIDH, llevaron a cabo gran cantidad de allanamientos casa por casa, y arrestaron y secuestraron a cientos de manifestantes y activistas^[32].

 

Torturas y abusos durante la detención

Gritaba, pedía auxilio, nadie me podía ayudar porque eran ellos mismos [los que me agredían].

— Vivian Contreras (seudónimo), septiembre de 2018

Desde que comenzaron las protestas en abril de 2018, la policía de Nicaragua y bandas armadas partidarias del gobierno han operado en conjunto para detener a cientos de manifestantes^[33]. Estas bandas también han secuestrado a numerosas personas, y a veces las han mantenido cautivas en centros de detención clandestinos. En otras ocasiones, miembros de estas bandas entregaron inmediatamente a los detenidos a la policía^[34].

Human Rights Watch entrevistó a 13 personas que estuvieron detenidas. Nueve dijeron que fueron sometidas a interrogatorios en los que hubo golpizas y graves maltratos por parte de varios funcionarios. En cinco casos, Human Rights Watch considera que las víctimas fueron torturadas^[35]. Algunos de los entrevistados dijeron a Human Rights Watch que fueron arrestados y detenidos con otros manifestantes —al menos treinta en total— y que vieron que estos también recibían golpizas, algunas muy violentas, por parte de policías o miembros de bandas armadas partidarias del gobierno. Asimismo, varios de los detenidos cuyos casos se describen en el siguiente capítulo sobre procesos judiciales plagados de abusos también sufrieron abusos durante la detención.

En un caso, cinco policías violaron sexualmente en grupo a una mujer mientras estaba detenida. En otro, dos policías violaron en grupo a una mujer frente a su hijo, su madre y hermanos mientras estuvieron detenidos en su vivienda por unas horas. Y en otro caso, policías colgaron del techo a un joven de 16 años sujetándolo de las manos y le arrojaron ácido en las manos y en una pierna. En otros dos casos, policías colgaron del techo a dos hombres y los golpearon en reiteradas oportunidades en el transcurso de varias horas. Un hombre fue obligado a sentarse desnudo y con los ojos vendados mientras policías le tocaban los genitales con armas de fuego. Otro fue forzado a pasearse desnudo mientras varios policías amenazaban con violarlo.

En tres casos documentados por Human Rights Watch, policías o miembros de un grupo armado partidario del gobierno amenazaron a los detenidos para que confesaran delitos y acusaran a otras personas frente a cámaras de video. Los nueve ex detenidos entrevistados por Human Rights Watch indicaron haber sido mantenidos inicialmente incomunicados durante varios días; en un caso, la policía mantuvo incomunicado a un manifestante por 22 días.

Los ex detenidos entrevistados por Human Rights Watch estuvieron retenidos en las cárceles La Modelo y El Chipote en Managua, dependencias policiales en Masaya y Granada, o un quinto centro clandestino de detención no identificado, ubicado en una hacienda privada, presuntamente en los alrededores de Matagalpa.

Human Rights Watch también entrevistó a tres médicos que atendieron a personas que sufrieron abusos mientras estuvieron detenidas o a manifestantes heridos durante la Operación Limpieza. Dos de ellos coordinaban una red de otros médicos y estudiantes de medicina que brindaban atención médica. Si bien no atendieron a los detenidos cuyos casos se describen en este capítulo, los tipos de lesiones que describieron y los testimonios de sus pacientes, que compartieron en forma confidencial con Human Rights Watch, coinciden con nuestras conclusiones sobre los casos de torturas. Entre otras lesiones, se describieron traumatismo físico y daño psicológico graves como consecuencia del abuso sexual y las golpizas.

Los tres médicos entrevistados por Human Rights Watch (que proporcionaron atención a pacientes a pesar de las amenazas de las autoridades para que no lo hicieran y a una directiva enviada a los hospitales públicos para que no atendieran a manifestantes contrarios al gobierno) sufrieron hostigamiento por parte de autoridades nicaragüenses y tuvieron que irse del país. La Asociación Médica Nicaragüense indicó que casi 300 médicos, enfermeros o trabajadores de la salud han sido despedidos por atender a manifestantes^[36]. Uno de ellos trabajaba en un hospital público y manifestó que autoridades hospitalarias lo amenazaron con detenerlo si atendía a personas que se manifestaban contra el gobierno^[37]. Los otros dos dijeron a Human Rights Watch que muchos otros se vieron obligados a irse del país^[38].

Estos casos que documentamos coinciden con un patrón de abuso sistemático contra manifestantes y opositores del gobierno que ha sido denunciado por organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó “la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias” en las cuales “la principal intención de la privación de libertad consistió en castigar o reprimir una postura de oposición al actual régimen nicaragüense”^[39]. La CIDH también determinó que “la privación de libertad de las personas detenidas en el marco de las protestas, se caracterizó por golpes, amenazas y ofensas infringidas en contra de las personas detenidas, y que implicaron el sometimiento a condiciones humillantes y degradantes; lo que constituyeron malos tratos”^[40]. Agentes estatales amenazaron a personas encarceladas en los establecimientos penitenciarios El Chipote y La Modelo “con violarlas y quemarlas vivas, también con matarlas a ellas y a sus familiares y amigos”, entre otras cosas^[41]. La CIDH documentó asimismo el caso de una detenida en La Esperanza que presentaba “marcas visibles de golpes en los brazos”^[42].

A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficinal del ACNUDH) determinó que “la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes ha sido regularmente reportada en el contexto de las detenciones, con denuncias alegando tortura durante el arresto y los primeros días de la detención”^[43]. El centro de detención El Chipote es señalado como “el principal lugar” en el que policías y autoridades carcelarias cometieron “actos de tortura y malos tratos”^[44], entre ellos “quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación– como también torturas psicológicas, incluyendo amenazas de muerte”^[45]. La Oficina del ACNUDH determinó que algunos hombres y mujeres habían sido violados sexualmente durante la detención “incluyendo violaciones con rifles y otros objetos”, y algunas mujeres señalaron que eran “comunes las amenazas de abuso sexual”^[46].

Casos documentados por Human Rights Watch

Vivian Contreras

El relato a continuación se basa en una entrevista con Vivian Contreras (seudónimo)^[47].

Una noche a principios de junio, Contreras caminaba por un vecindario de Masaya con una decena de manifestantes. De repente, apareció una camioneta pick-up blanca que transportaba policías, quienes comenzaron a dispararles a Contreras y al grupo. “No pudimos correr [muy lejos], porque [estábamos] rodeados por policías”,contó Contreras a Human Rights Watch. Según contó, el subdirector de Policía, general Ramón Avellán, se encontraba entre los que la detuvieron, y agregó que le apoyó el arma en la cabeza y le advirtió: “Vos puta, te voy a matar”.Si bien Contreras afirmó que estaba actuando como paramédica y que no estaba armada, dijo que algunos de los hombres tenían morteros de fabricación casera.

Cuando llegaron a la dependencia policial, a pocos cientos de metros de distancia, todos, incluidos los cocineros, el personal de limpieza y policías antidisturbios, les propinaron golpes. “A mí me golpearon la cabeza contra la pared”, indicó Contreras. Los policías obligaron a ella y a los demás a sentarse en el piso y les tomaron fotografías junto a los morteros caseros y las armas que, según dijo, los policías les colocaron para incriminarlos. Los policías amenazaron con matarlos y arrojar sus cuerpos al costado de la carretera o en un volcán que hay en la zona.

En la madrugada siguiente, contó Contreras, cinco policías la violaron en grupo. Los agentes la llevaron a una sala en la dependencia, la sentaron en una silla y le vendaron los ojos. “Me violaron todos ellos, me hicieron lo que querían hacerme. Me hicieron muchas cosas que no puedo describir... Me lastimaron y me golpearon mucho”, dijo.“Gritaba, pedía auxilio, nadie me podía ayudar porque eran ellos mismos [los que me agredían]”, agregó.

Más tarde ese día, policías trasladaron a Contreras y a los hombres detenidos con ella a la cárcel El Chipote. Varias policías de sexo femenino los amenazaron durante todo el recorrido, diciéndoles que iban a matarlos o que nunca los dejarían salir de la cárcel. En El Chipote, un policía de alto rango arrojó a Contreras contra la pared y le dijo: “Hija de puta zorra, vos sos la cabeza de las bandas, vos sos la que anda de delincuente de terrorista en contra del gobierno. De aquí no va a salir, hija de puta, de eso me encargo yo”, según Contreras.

El interrogatorio comenzó ese mismo día. “Pedí asistencia de un abogado pero me dijeron que no tenía derecho a eso”, señaló. Aunque estaba adolorida a causa de la violación grupal y la golpiza, un policía y dos mujeres policías interrogaron a Contreras por lo menos en ocho oportunidades, la mayoría de las veces mientras estaba desnuda. Los policías profirieron amenazas contra los hijos y la madre de Contreras, llamándolos por su nombre y asegurando que iban a detenerlos y dispararles en la cabeza si ella no denunciaba a líderes del Movimiento 19 de Abril, un movimiento social que surgió en repudio a la represión brutal, y a otros líderes de la oposición. “Cuando hablaron de mi mama, me puse a llorar. Dije que ustedes me piden lo que quieran pero no se metan con mi familia”, contó. Entre un interrogatorio y el siguiente, la dejaban desnuda en una celda que describió como “helada, sola, oscura con olor fétido como si hubiera sido un muerto ahí”.

Poco antes de liberarla, policías amenazaron a Contreras para persuadirla de que leyera frente a una cámara una confesión que ellos mismos habían redactado, en la que tenía que acusar a varios líderes opositores. “Me dieron 4 hojas de papel que yo tenía que leer sentada frente a una cámara, esposada a la silla y el papel de frente… y el policía de frente con AK apuntándome. Pero ningún video salió bien; ellos querían que yo mirara a la cámara sin leer el papel”.

Al cabo de un día y medio de detención, la policía liberó a Contreras tras presión por parte de una organización de derechos humanos y de la Iglesia católica.

Al liberarla, varios policías le dijeron “te vamos a vigilar”, señaló. Contreras de todos modos regresó a Masaya y siguió participando en tranques (barricadas) hasta que fueron desmanteladas durante la “Operación Limpieza” el 18 de julio. Huyó de Nicaragua y llegó a Costa Rica tres días después.

Lucía Sánchez

El relato a continuación se basa en una entrevista con Lucía Sánchez (seudónimo), de 23 años^[48].

Según explicó Sánchez, para fines de mayo, ella ya había visto a muchos amigos y otros participantes de protestas contra el gobierno morir a manos de policías y bandas armadas partidarias del gobierno, incluida una persona que murió en sus brazos mientras la trasladaba a una clínica. Sánchez es enfermera y había participado en manifestaciones como paramédica, ayudando a médicos y voluntarios a atender personas que habían sido blanco de agresiones o disparos de la policía y bandas armadas partidarias del gobierno en las calles.

Una noche a principios de junio, un grupo de policías se presentaron en la puerta de la casa de la familia de Sánchez en la pequeña localidad donde viven, en el norte de Nicaragua. Sospechaban que su padre, que se había opuesto abiertamente al gobierno de Ortega en los años ochenta, había dado dos de sus pistolas a manifestantes opositores del gobierno. Su padre logró escabullirse cuando llegó la policía. Por eso, cuando diez policías ingresaron en la vivienda, solamente Sánchez, su madre y tres hermanas menores, y su hijo de 3 años estaban en el lugar escondidos. Los policías saquearon la vivienda, los encontraron a todos, y esposaron a Sánchez y a su madre.

“Los niños lloraban, lloraban”, relató Sánchez a Human Rights Watch. “Con escopeta en la cabeza, uno me dice: ‘hija de la puta, hoy te matamos a vos y a tu papa. ¿Dónde están las armas? (…) si no me dices la verdad, voy a matar a tu mamá’”. Sánchez les rogó que no lastimaran a su familia, confesó haber participado en las manifestaciones y dijo que todo era su culpa. Contó que los policías se rieron de ella y uno dijo: “que no la maten, pero la vamos a hacer”. Luego, dos de los policías la violaron frente a su familia, y se fueron.

Al momento de la entrevista, Sánchez se escondía en Costa Rica, y temía por su propia vida y por la posibilidad de que su madre y su hijo, que quedaron en Nicaragua, sufrieran represalias.

Jordan Rivas

El relato a continuación se basa en una entrevista con Jordan Rivas (seudónimo), de 23 años^[49].

Rivas, un activista relacionado con el movimiento estudiantil, fue detenido a fines de mayo junto con otro líder estudiantil. Habían pasado dos noches escondiéndose, tras un conflicto entre grupos estudiantiles que hizo que el grupo de Rivas fuera expulsado de un área de tranques donde los estudiantes habían instalado su base. “Me quedaba sin dinero, sin ropa, sin comida – yo dije: yo voy a ir a la casa de mi mamá para tomar mi tarjeta de banco con mi pasaporte, [mi amigo] quería bañarse, entonces fuimos juntos”, explicó Rivas.

Cuando salieron de la vivienda, algunas horas más tarde, cinco camionetas pick up con hombres armados y encapuchados los interceptaron. Rivas dijo que uno lo tomó del cabello, lo arrojó al suelo y subió por la fuerza a ambos al interior de la camioneta. Los hombres encapuchados los golpearon durante todo el camino al centro de detención El Chipote, contó Rivas. Al llegar, la policía registró sus bolsos y encontró el documento de identidad de Rivas. “Estos son los líderes”, se dijeron los agentes, según Rivas. Les vendaron los ojos, los empujaron al interior de un pequeño autobús, y se los llevaron. Durante el viaje, los encapuchados continuaron golpeándolos. “Después de 2 o 3 horas, llegamos a un lugar clandestino que parecía una hacienda”, recordó Rivas.

Los encapuchados llevaron a Rivas y a su amigo por la fuerza a una sala y les quitaron las vendas. Les dijeron que jugarían a “una suerte de ruleta”. Era una rueda con distintos tipos de tortura que sus captores hacían girar. Rivas contó que, a continuación, la aguja se paró en “piñata”, un juego mexicano que se juega en las fiestas de cumpleaños en el que una figura de papel maché, rellena con dulces, se cuelga de un árbol o del techo y es golpeada hasta que se rompe y se abre. Un hombre que parecería estar al mando ordenó que le dieran este tratamiento a Rivas. “Me encapucharon otra vez, me pusieron esposas de plástico y me suspendieron y golpearon”, contó Rivas. Durante dos días, varios de sus captores lo golpearon en reiteradas oportunidades con objetos contundentes mientras colgaba del techo.

Mientras que a Rivas le tocó la “piñata”, cuenta que la ruleta de su amigo apuntó al “Grito de Tarzán”, que, según describió, consistía en arrancarle las uñas^[50]. Rivas también contó que escuchó que policías violaban a Jossiel Espinoza (seudónimo), otro exdetenido entrevistado por separado por Human Rights Watch (ver más adelante).

Tras esta tortura, Rivas fue sometido a la prueba del polígrafo. “Me pusieron cables después de los dos días y me dicen que me van a hacer un cuestionario y si puedo responder correctamente, puedo ir a mi casa”, explicó Rivas. Sus captores lo interrogaron sobre la identidad de líderes estudiantiles, pero algunas de las respuestas parecían no satisfacer a los interrogadores, que continuaron golpeándolo.

Rivas contó que, después de un rato, sus captores lo llevaron a otra sala en el mismo edificio. Allí, un hombre mayor se presentó como “El Águila” y le dijo a Rivas que no había “pasado la prueba” y que no podría irse si no cooperaba. Otro hombre, que se hacía llamar “El Cóndor”, le pidió a Rivas que denunciara a otro estudiante que, según afirmaba “El Cóndor”, había participado en la movilización contra el gobierno.

Finalmente, Rivas fue llevado a una tercera sala. Allí, “El Cóndor” lo presentó a un hombre encapuchado. Según Rivas, “El Cóndor” le dijo: “Habla con él, él te puede ayudar a salir”. El hombre encapuchado se acercó y le dijo que nada de lo que Rivas había dicho era de utilidad. Señaló que si Rivas quería irse, tendría que leer un texto frente a una cámara. Rivas dijo que el texto consistía en una confesión de que había cometido diversos delitos, incluidos asesinatos y la quema de edificios. Rivas cumplió con la exigencia.

El encapuchado luego entregó a Rivas un teléfono celular y le dijo que llamaría en unos días y que recibiría instrucciones. El encapuchado continuó diciendo que si Rivas no cumplía, alguien mataría a su familia.

Los policías condujeron a Rivas de regreso a Managua y lo dejaron en una calle cerca de su casa. “Me dijeron: no le dices a nadie lo que pasó”, afirmó Rivas.

Tres días después de su liberación, el teléfono celular sonó. Rivas contó a Human Rights Watch que una voz similar a la del hombre encapuchado le ordenó que matara al obispo Silvio Báez, un conocido crítico del gobierno, y le aseguró que la policía lo protegería una vez que lo hubiera hecho. Rivas no cumplió la orden y escapó a Costa Rica.

Jossiel Espinoza

El relato a continuación se basa en una entrevista con Jossiel Espinoza (seudónimo), de 26 años^[51].

Un día a fines de mayo, Espinoza se trasladaba desde los tranques de manifestantes en una de las universidades de Managua hasta la casa de un amigo, cuando lo interceptaron cerca de 40 hombres encapuchados que conducían camionetas y automóviles. Inmediatamente lo golpearon, le introdujeron una media en la boca y le ataron las manos.

“Luego me llevaron a una prisión clandestina. Parecía una hacienda, un edificio nuevo”, señaló. Calculó que entre 40 y 60 personas trabajaban en ese centro de detención clandestino.

Allí, varios policías interrogaron a Espinoza y lo sometieron a diferentes formas de tortura y malos tratos, incluidas descargas eléctricas, golpizas, violación sexual, privación del sueño y simulacros de ejecución. “Me hicieron acostar en el piso, con la cara cubierta por un trozo de tela y me arrojaron un balde de agua en la cara, me ahogaba”, relató. “Recuerdo que me desmayé y que luego me estaban intentando reanimar, y yo vomitaba agua por la nariz y la boca”, indicó.

Los que estaban al mando del centro de detención clandestina lo arrojaron desnudo a una celda y le administraron descargas eléctricas con un chuzo, una chicharra eléctrica, para evitar que se durmiera. “Dolía tanto que sentí que el corazón se me salía del pecho (...) Me arrojaban agua y luego me aplicaban la electricidad cada vez que veían que estaba durmiendo. Me torturaron con descargas eléctricas en los genitales, gritaba del dolor, y luego lloraba”, contó.

Espinoza dijo que había alrededor de otros 20 detenidos que eran torturados en el centro, incluidos algunos a los que colgaban del techo por las muñecas y otros a los que les arrancaban las uñas. En algún momento, escuchó sonidos de una habitación cercana que supuso provenían de una muchacha que estaba siendo violada sexualmente, y él gritó que dejaran de hacerlo. “Por ese motivo, me torturaron introduciéndome la manigueta de un lanza mortero en el ano. Grité, y dijeron que lo recordaría toda mi vida. Pateaban el tubo mientras me lo introducían, hasta que me hicieron sangrar”, contó Espinoza. “Pasé varios días con dolor intenso y no dejaba de sangrar. Eso me quebró”.

Espinoza explicó que luego fue obligado a grabar un video auto incriminatorio: “Me hicieron aprender un guión mientras me apuntaban con un rifle AK 47. Me obligaron a hablar a una cámara y a decir lo que ellos querían: que yo era miembro de un grupo terrorista que mataría al arzobispo [Silvio] Báez (...) y que teníamos armas”.

Cuando fue liberado, la policía le advirtió a Espinoza que no contara lo sucedido en el centro de detención clandestino. Lo subieron a un automóvil y lo dejaron en una calle con instrucciones de que rezara y contara antes de mirar hacia atrás. Luego se alejaron y cuando Espinoza levantó la vista, se habían ido.

Espinoza huyó a Estados Unidos.

Roberto Obrera

El relato a continuación se basa en una entrevista con Roberto Obrera (seudónimo), de 16 años^[52].

El 15 de junio, Obrera y cuatro amigos, todos niños menores de 18 años, participaban de una marcha poco numerosa que pasaba junto a una de las Universidades de Managua poco después de un enfrentamiento entre la policía y manifestantes. Aunque ni Obrera ni sus amigos habían participado del enfrentamiento, la policía los arrestó y los golpeó. Obrera contó que lo golpearon en la nuca con la culata de un rifle y que esto hizo que sangrara.

La policía los dejó ir y Obrera huyó a la casa de un familiar, cerca del lugar. Obrera señaló que al día siguiente, alrededor de las 5 a.m., tres camionetas de la policía se presentaron en la casa de su familiar. Los agentes forzaron la puerta para entrar y se lo llevaron.

Obrera contó que cuando él y los otros niños, que también fueron detenidos ese día, llegaron a El Chipote, la policía lo desvistió y le vendó los ojos antes de atarle las manos al techo. Contó que policías luego le aplicaron ácido en las manos. “Me quemaba y me echaron agua rápido. No dijeron nada, sino ‘¡Quémalo a este hijo de puta!”, recordó Obrera. Obrera contó que otro de sus amigos fue sometido al mismo trato ese día.

Los policías luego pusieron a los cinco muchachos en una pequeña celda sin ventanas, donde pasaron dos días. El tercer día, según lo que recuerda, la policía separó a Obrera de los demás. “[Antes de ser detenido,] yo andaba con una herida en el pie;  tenía 15 apuntadas en el pie y 10 por fuera y el pie se estaba pudriendo. Yo pedí en la ventanilla en la celda, gritaba que necesitaba curación, pero ellos me decían desde largo que no”, contó Obrera. Obrera explicó que, sin tratamiento, tuvo fiebre y convulsiones, pero nadie acudió para ayudarlo.

“No me dieron posibilidad de llamar a alguien”, explicó Obrera. Después de unos días, la policía trasladó a Obrera y a sus amigos a la cárcel La Modelo. Allí, pudo llamar a sus familiares y fue visto por un médico. La policía llevó a los cinco niños al pabellón de menores de la cárcel. “Era vacía, con camas, hamacas, sin ventana, pero con luz y agua”, indicó Obrera.

Cinco días después, Obrera y sus amigos fueron llevados ante un tribunal para adultos y acusados de agredir a un policía.

“Le dije al fiscal que ni siquiera teníamos 18 años, pero un policía me golpeó en la espalda”, relató Obrera. La jueza pidió al policía que saliera de la sala del tribunal para que pudiera hablar con Obrera y sus amigos, que le contaron que habían sido torturados. La jueza ordenó su liberación. “La policía regresó; nos puso las esposas y dijeron que íbamos a ver lo que harían. En el transcurso nos golpearon con las botas y las manos y cuando llegamos [a La Modelo], nos pusieron en la cárcel de nuevo”, señaló Obrera.

Obrera contó que, al día siguiente, la policía los dejó en libertad.

Katia Salamanca y Sandro Villamar

El relato a continuación se basa en entrevistas separadas con Katia Salamanca (seudónimo), de 22 años, y Sandro Villamar (seudónimo), de 24^[53].

Salamanca, estudiante de medicina, y su novio Villamar, que cursa la carrera de ingeniería, participaban activamente del movimiento opositor desde abril. La pareja había suministrado primeros auxilios a manifestantes heridos. Salamanca contó que atendió a 50 personas, y que probablemente el 70 % habían recibido heridas de bala.

El 13 de julio, durante un operativo del gobierno para sacar a los estudiantes que habían instalado un tranque en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la pareja huyó junto con cerca de otros 150 manifestantes para esconderse en la Iglesia de la Divina Misericordia, que se encontraba cerca. Se desataron violentos enfrentamientos entre estudiantes, por un lado, y policías y bandas armadas partidarias del gobierno, por el otro, que duraron toda la noche y terminaron con la muerte de dos manifestantes que recibieron disparos en la cabeza. Salamanca y Villamar lograron salir con vida de la iglesia y decidieron ocultarse^[54].

“Entre el 14 y el 16, fuimos a tres casas de seguridad dentro de Managua”, contó Sandro. El 16 de julio, decidieron sumarse a un grupo de otros 15 estudiantes activistas que habían gestionado que un autobús los llevara a Granada, donde planeaban trasladarse hasta otra casa segura en taxi. “Se suponía que íbamos a tomar tres taxis. Las personas nos miraban raro. El primer taxi vino y unos se fueron. Cuando vinieron los dos otros taxi, me monté. De repente miré y vi la calle llenita de policías y paramilitares con camionetas, armados con armas”, recordó Salamanca.

Policías y miembros de bandas armadas partidarias del gobierno rodearon los taxis, y ordenaron a los jóvenes activistas que salieran de los vehículos y se acostaran boca abajo en el suelo. “Bajaron nuestro equipaje y comenzaron a revisarlo (…) y encontraron banderas blancas y azules y dijeron: ‘Ah, aquí vienen estos terroristas, y empezaron a patadarnos”, contó Villamar.

Ambos explicaron a Human Rights Watch que policías y miembros de bandas armadas partidarias del gobierno golpeaban a los activistas con sus fusiles y los insultaban. En algún momento durante la golpiza, un policía antidisturbios les ordenó que extendieran las manos en el suelo y les pisó los dedos. “Una de las muchachas dijo que estaba embarazada y uno [de los agentes gubernamentales] dijo: ‘perfecto, te lo vamos a sacar y lo vas a comer [el feto]. La golpearon en el estómago”, dijo Salamanca. Villamar contó que también fue testigo del mismo incidente

Los activistas luego fueron obligados a acostarse en la parte trasera de las camionetas policiales, uno encima del otro, y fueron trasladados para quedar detenidos.

En el centro de detención de Granada al que los llevaron, las golpizas continuaron. Según explicaron Salamanca y Villamar, cada uno de los 13 activistas detenidos fue obligado a desvestirse y fue cacheado antes de ser interrogado individualmente por dos agentes. “Querían que mencionara nombres pero yo no sabía nada. Amenazaron de desaparecerme”, dijo Salamanca.

Salamanca y Villamar fueron luego encarcelados por separado. “Éramos 16 mujeres en la celda, de tamaño pequeño, quizás 3x3 metros; había un baño adentro, de condición inhumana. Nos llevaban comida dos veces al día pero era mala”, relató Salamanca. Pasaron cuatro días incomunicados en el centro de detención y dijeron que continuaron sometiéndolos a humillaciones y malos tratos durante ese tiempo.

“El 20 de julio, nos liberaron a los 13 y nos dijeron que nuestro caso aún estaba siendo investigado y que era inútil continuar con las manifestaciones porque nunca podríamos deshacernos del comandante [Ortega]”, dijo Villamar.

Ambos huyeron a Costa Rica tras ser liberados.
 

Bryan Quiroz

Bryan Quiroz, de 23 años, estudiaba turismo sustentable en la Universidad Autónoma de Nicaragua en Estelí (UNAN-FAREM). Movilizaba a manifestantes y participaba en tranques en Estelí. Bryan es ambientalista y educa a jóvenes sobre derechos de salud sexual y reproductiva. Organizó varias ferias culturales y de ciencia para niños y trabajó como voluntario con World Vision, una organización benéfica internacional que promueve los derechos de niños y niñas^[55].

Cuando comenzaron las protestas, Quiroz participó en marchas y otras actividades para denunciar la represión del gobierno, como pintar postes de alumbrado de azul y blanco, los colores de la bandera de Nicaragua, que se convirtieron en el símbolo del movimiento opositor. Pasó algunas semanas a fines de abril en Managua atrincherado con otros estudiantes en el campus de la Universidad Politécnica (UPOLI) de Managua, antes de regresar a Estelí el 19 de mayo. Contó que mientras estaba allí, la policía atacó en reiteradas oportunidades a estudiantes con armas de fuego y que estos respondieron con morteros de fabricación casera y hondas^[56].

A fines de mayo, tras la muerte de dos manifestantes en su ciudad, Quiroz y otros jóvenes instalaron un tranque en La Trinidad, a 25 kilómetros, en protesta porque las madres de las víctimas no habrían recibido los certificados de defunción, los resultados de las autopsias ni los exámenes de balística, explicó a Human Rights Watch^[57].

Durante las semanas siguientes, policías y bandas armadas partidarias del gobierno atacaron en reiteradas oportunidades el tranque con balas de goma, gases lacrimógenos y armas de fuego, según contó Quiroz a Human Rights Watch. Afirmó que él y otros manifestantes dispararon morteros de fabricación casera en respuesta, pero que él no tenía armas de fuego. A fines de julio, abandonó el tranque cuando un contacto le informó que la policía lo levantaría en cuestión de días. Intentó convencer a los demás de que se fueran con él, pero no le creyeron^[58].

El 1 de agosto, policías encapuchados detuvieron a Quiroz en una pequeña localidad cerca de la frontera con Honduras, donde se escondía. “Me llamó un hijueputa golpista’”, señaló.^[59] “Me sentaron, me hicieron abrir las piernas y me golpeaban en las partes bajas [genitales]”, contó Quiroz a Human Rights Watch. El agente también habría amenazado con ejecutarlo. “Me pegaron con la mano abierta para que no se notara”, señaló Quiroz. Luego lo subieron a la parte trasera de una camioneta y un agente “me puso la bota en la cara [y dijo] ‘come lodo hijueputa’”, contó Quiroz a Human Rights Watch.

El viaje de regreso a Estelí duró dos horas. Cuando llegó, los agentes lo hicieron desnudarse y desfilar “me dijeron: ‘a ver modela, mira qué culito tenés, te vamos a hacer cochón [homosexual]...’”, dijo Quiroz a Human Rights Watch^[60].

Después de la primera rueda de interrogatorio, le permitieron llamar a su novia, que avisó a su familia que se lo habían llevado. Su madre lo buscó en el complejo Boris Vega en Estelí —que alberga varios tribunales y celdas de detención— a las 8:30 p.m., pero la policía se negó a confirmar que estaba detenido allí hasta la mañana siguiente^[61].

El día siguiente a las 11 a.m., fiscales llevaron a Bryan junto con otros 13 hombres ante un juez por cargos de “crimen organizado”, “robo agravado”, “secuestro”, “entorpecimiento de servicios públicos”, “fabricación ilegal provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y otros materiales relacionados (sic)”, “asociación para delinquir” y “amenazas con arma de fuego”^[62]. Bryan dijo a Human Rights Watch que no contó con un abogado defensor —ni siquiera uno de oficio— para la audiencia preliminar^[63].

Su madre pudo verlo brevemente después de la audiencia. “Estaba esposado y 7 policías lo tenían resguardado, con armas, con armas AK, iban encapuchados”, contó a Human Rights Watch.

El fiscal pidió que el caso se admitiera como “juicio complejo”, que permite que el Ministerio Público solicite que Bryan permanezca en prisión preventiva durante un año, en vez del límite de tres meses contemplado para juicios ordinarios^[64]. La jueza dio lugar al pedido.

El abogado defensor de Bryan se reunió con él por primera vez mientras estaba detenido el 7 de agosto. Cuatro policías los rodeaban constantemente, una acción que viola el derecho de las personas detenidas a comunicarse de manera libre y confidencial con sus defensores, conforme lo permite la Constitución nicaragüense^[65]. El 15 de agosto, el abogado intentó volver a ver a Bryan, pero los guardias penitenciarios no le permitieron ingresar.

El abogado de Bryan dijo que su primera audiencia se postergó dos veces después de que autoridades penitenciarias no lo llevaran al tribunal, en manifiesta violación de la Ley del Régimen Penitenciario, que requiere que las autoridades penales lleven a los detenidos al tribunal cuando así lo solicite una autoridad competente^[66]. La jueza dictaminó que los presuntos delitos eran de “importancia nacional” y que ella no era competente para juzgarlos en Estelí, por lo que remitió la causa a la capital^[67].

El 15 de agosto, a las 2 a.m., Quiroz fue trasladado a la cárcel La Modelo en Managua. “No notificaron ni a nuestros abogados ni a nuestros familiares, nos amenazaron para que firmáramos un documento”, señaló a Human Rights Watch^[68]. Dos días después, su hermano menor, Luis, fue detenido por policías en León. Luego estuvieron juntos en la cárcel.

Quiroz fue declarado culpable el 5 de febrero de 2019. Le dijo a Human Rights Watch que el fiscal pidió que le impusieran una pena de 28 años de cárcel, pero que la audiencia de imposición de pena sigue postergándose^[69].

El 5 de abril de 2019, Bryan Quiroz y su hermano fueron liberados y recibieron medidas cautelares en el contexto de negociaciones entre el gobierno y la oposición^[70].

Luis Arnulfo Quiroz

Luis Arnulfo Quiroz, de 22 años, asistía a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León (UNAN-León), y a principios de 2018 cursaba su último año de periodismo. Quiroz era un abierto defensor de los derechos de niños y niñas^[71]. Cuando comenzaron las protestas en Nicaragua en abril de 2018, Quiroz se sumó al Movimiento 19 de Abril y participó en manifestaciones contra el gobierno en León.

La noche del 25 de agosto, bandas partidarias del gobierno rodearon a Quiroz y a otros seis estudiantes después de que participaran en una manifestación en León. Poco después aparecieron varios policías que los obligaron a bajarse del automóvil, los golpearon y los detuvieron^[72]. Apenas pocas semanas antes, el 1 de agosto, policías habían detenido a su hermano mayor, Bryan, en una pequeña localidad cerca de la frontera con Honduras^[73].

Quiroz contó a Human Rights Watch que él y sus amigos fueron llevados a la sede central de la policía en León^[74].

Esa noche, aproximadamente 200 personas llevaron a cabo una protesta frente a la dependencia policial de León, para pedir por la liberación de los jóvenes. Alrededor de las 10 p.m., bandas armadas partidarias del gobierno aparecieron en camionetas pick-up, efectuaron disparos hacia la multitud y golpearon a manifestantes, que rápidamente se dispersaron en estado de pánico^[75].

Aproximadamente a las 8 p.m, la policía trasladó a los estudiantes activistas a El Chipote en Managua, según contó Quiroz a Human Rights Watch. Se detuvieron brevemente junto a un acantilado en el camino y les dijeron que los matarían allí, pero luego continuaron hasta la cárcel. En el camino los policías les propinaron golpes, y los agentes que tomaron su custodia en Managua volvieron a golpearlos. Los desnudaron completamente y los obligaron a hacer 200 sentadillas frente a policías que se reían de ellos; “llorábamos del miedo”, dijo Quiroz.

Los activistas estudiantiles luego fueron arrojados a una celda de techo tan bajo que no podían estar de pie erguidos; y permanecieron allí hasta las 2 a.m., cuando los llevaron para que hicieran pruebas de polígrafo, contó Quiroz a Human Rights Watch, antes de ser empujados dentro de distintas celdas con otros presos. Aproximadamente a las 4 a.m., varios agentes volvieron a llevarse a Quiroz para su primer interrogatorio. “Me preguntaron de qué partido político soy.… Tenés un funcionario detrás que te golpea si no respondes. Posteriormente, … nos obligaron a dar las contraseñas de los teléfonos”, señaló. “Me preguntaron cuánto te paga la CIA, cuánto te paga el MRS [un partido político de oposición]”, dijo Quiroz^[76].

El interrogatorio duró dos horas. “Después me metieron al cuarto oscuro, me desnudaron, me vendaron los ojos, me amenazaron, me manosearon, con el arma te rozan las partes del cuerpo… tenía miedo de que hubiera abuso sexual. Me hicieron sentarme en el cuarto que abriera las piernas y me rozaron los genitales con las armas”, contó Quiroz a Human Rights Watch.

La primera vez que la madre de Quiroz, Ena, volvió a tener noticias de su hijo fue cuando la policía lo presentó ante los medios como parte de un grupo de “terroristas”, el 29 de agosto^[77]. Ese día, en una declaración pública, el comisionado de Policía Farle Roa dijo que los estudiantes eran responsables, entre otros delitos, de haber iniciado un incendio en León el 20 de abril, en el que murió un hombre. En declaraciones a la prensa, un familiar de la víctima que falleció en el incendio dijo que el comisionado de policía en León supuestamente le había dicho a su familia cuatro meses antes que la muerte de la víctima había sido causada por “su propia imprudencia” y que la policía “no podía acusar a nadie”^[78].

El 1 de septiembre, una semana después de que la policía detuviera a Quiroz en León, lo llevaron ante un juez. El fiscal lo acusó de “terrorismo”, “robo”, “amenazas” y “posesión ilegal de armas”^[79]. Quiroz contó que no le permitieron hacer llamadas, ni ver a un abogado o a un familiar antes de que lo llevaran al tribunal; “en la audiencia me di cuenta de que nos acusaban”, afirmó^[80].

El 4 de septiembre, después de la audiencia preliminar, la policía trasladó a Quiroz a la cárcel La Modelo, donde lo desnudaron y lo obligaron a hacer 200 sentadillas, según contó a Human Rights Watch. Volvió a ponerse el uniforme penitenciario azul antes de que los policías lo hicieran firmar varios documentos que no le permitieron leer. Después, varios agentes los llevaron a él y a los demás activistas estudiantiles con los que fue detenido a la unidad penitenciaria donde estaban estos, y allí nuevamente los obligaron a desnudarse y hacer sentadillas frente a los demás reclusos^[81].

El 13 de septiembre, Ena visitó por primera vez a Quiroz y a su hermano Bryan, que había sido detenido el 1 de agosto en la cárcel La Modelo, en Managua. Los hermanos podían pasar 20 minutos en el patio, una vez por semana.

Según contaron Ena y su hijo Luis a Human Rights Watch, no se permitió que Ena estuviera presente en la sala durante las audiencias de sus hijos; pudo verlos por un par de minutos después de terminado el procedimiento. Si bien se permitió que sus abogados defensores estuvieran presentes en las audiencias, no pudieron visitar a los dos hermanos mientras estaban detenidos en Managua. Las autoridades penitenciarias no permitían que los hermanos hicieran llamadas telefónicas^[82].

El 5 de abril de 2019, Luis Quiroz y su hermano fueron liberados y puestos bajo medidas cautelares en el contexto de negociaciones entre el gobierno y la oposición^[83].

Eduardo Manuel Tijerino

El estudiante de veterinaria Eduardo Manuel Tijerino, de 21 años, fue detenido el 26 de junio^[84]. 

Tijerino dijo que circulaba en un vehículo con otras cuatro personas—entre ellas Nelly Roque Ordóñez, cuyo caso se describe en el siguiente capítulo— para llevar dinero a Managua destinado a ayudar a personas heridas en las protestas, cuando un grupo de hombres armados partidarios del gobierno, que estaban parados al costado de la carretera, dispararon al vehículo. El vehículo de Tijerino avanzó por la carretera cerca de dos kilómetros más y, apenas bajaron, llegaron los hombres armados, apuntaron a la cabeza a los cinco pasajeros y les sujetaron las manos por la espalda con los cordones de sus propios zapatos. Los hombres armados arrojaron a Tijerino y a los demás al suelo, les dieron patadas, y amenazaron con matarlos a todos y con violar a las dos mujeres, indicó Tijerino. Tijerino calcula que un par de horas después llegó la policía y los llevó a la cárcel El Chipote, a donde llegaron alrededor de las 5 p.m., dijo.

La familia de Tijerino se enteró de su detención ese día, cuando los medios de comunicación publicaron fotografías de él esposado al costado de una carretera^[85]. Ese mismo día, el padre de Tijerino fue a la cárcel El Chipote a buscarlo, pero varios policías que custodiaban la cárcel negaron que estuviera allí. Según contó otro familiar, el padre de Tijerino regresó al día siguiente acompañado de dos sacerdotes católicos, y la policía admitió que tenían a su hijo en El Chipote.

Después de 48 horas, la familia de Tijerino presentó un recurso de exhibición personal en su nombre^[86]. Un tribunal de apelaciones admitió el recurso^[87]. No obstante, juez designado para investigar las condiciones de detención de Tijerino se rehusó a cumplir con la orden del tribunal de apelaciones, según contó un familiar que tuvo acceso al expediente judicial.

Cuando Tijerino llegó a El Chipote, fue puesto en una celda de un metro cuadrado con los otros dos jóvenes detenidos con él. Tijerino contó que los fueron sacando de la celda uno por uno para interrogarlos. Los policías golpearon a Tijerino y amenazaron con matarlo y con quemar a su familia (los agentes sabían el nombre de cada uno de sus familiares y dónde vivían) si no les daba la contraseña para acceder a su teléfono.

Tijerino afirmó que, durante su detención, sufrió intensos dolores debido a las golpizas y vomitó sangre. Pidió tener acceso a un médico, pero solo le dieron un calmante para el dolor que no le proporcionó alivio, y continuamente escuchaba a otros detenidos que gritaban rogando que no los torturaran. Los policías le escupían la comida, contó Tijerino.

Tijerino tenía una hernia testicular en el momento de su detención. El tribunal aprobó tres peticiones que presentaron familiares suyos para que un médico evaluara la condición de Tijerino, pero las autoridades penitenciarias se negaron a cumplir con las órdenes, según contó un familiar con acceso al expediente.

La audiencia preliminar de Tijerino tuvo lugar el 30 de junio, cuatro días después de ser detenido. Sus familiares solo se enteraron de esto porque los llamaron abogados de derechos humanos que están continuamente apostados en el tribunal. A uno de los abogados se le permitió estar presente en la audiencia para representar a Tijerino, y también se le permitió estar allí a su madre, pero solo porque también era abogada acreditada ante el tribunal.

Cuando Tijerino fue trasladado a la cárcel La Modelo, el 3 de julio, las autoridades permitieron que su familia lo viera brevemente. Uno de los familiares nos dijo que habló con él unos pocos minutos, hasta que los guardias penitenciarios se lo llevaron a rastras. Tijerino contó a sus familiares que los guardias de El Chipote lo habían golpeado en reiteradas oportunidades^[88].

El 13 de julio, un fiscal acusó a Tijerino y a otras personas de conducir un vehículo el día de su detención que supuestamente habían robado el 7 de junio y de haber participado en un ataque contra una dependencia policial el 9 de junio, durante el cual los agresores dispararon contra la sede, mantuvieron como rehenes a policías varias horas y robaron armas de fuego. La acusación se basa completamente en la declaración testimonial de funcionarios gubernamentales que estaban dentro del automóvil en el momento en que este supuestamente fue robado el 7 de junio, y de policías que aseveran haber identificado a Tijerino y a los demás como autores del ataque el 9 de junio. Varias de las declaraciones prestadas por diferentes testigos son idénticas^[89].

El 18 de julio, en la primera audiencia, la jueza permitió que Tijerino, junto con los otros dos detenidos, volvieran a ver fugazmente a sus familiares. No obstante, desobedeciendo las órdenes de la jueza, guardias penitenciarios sacaron abruptamente a los detenidos de la sala de audiencias. La jueza también insistió en que la audiencia fuera pública^[90].

Como se analiza más adelante en el caso de Nelly Marily Roque Ordóñez, al día siguiente, la Corte Suprema destituyó a la jueza, argumentando que había cometido “irregularidades” en la tipificación de los delitos presentados por el Ministerio Público, según consta en un comunicado de prensa de la Corte Suprema^[91].

El 28 de noviembre, el juez Melvin Leopoldo Vargas García condenó a Tijerino y a otros cuatro manifestantes por “secuestro simple”, “robo con intimidación”, “crimen organizado” y “tenencia ilegal de armas de fuego”^[92]. El fiscal pidió que se lo condenara a 61 años de cárcel; sin embargo, el Código Penal de Nicaragua especifica que la pena máxima es de 30 años. El 10 de diciembre, el juez condenó a Tijerino a 18 años y seis meses de cárcel^[93].

La decisión se basa principalmente en lo declarado por funcionarios gubernamentales y policías y desestima las declaraciones de testigos que afirmaron que Tijerino estaba en su casa el día del robo del automóvil y del ataque a la dependencia policial, con el argumento de que los testigos tenían interés en la causa^[94]. Un miembro del equipo de abogados defensores de Tijerino compartió un video y fotografías de Tijerino en su casa correspondientes a esos días y señaló que habían ofrecido pruebas al tribunal, incluida una solicitud para pedir a la compañía telefónica un informe que confirmara su ubicación en esas fechas. El ofrecimiento fue rechazado por el tribunal^[95].

A fines de febrero, Tijerino fue liberado para cumplir arresto domiciliario durante una ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición^[96]. Se le pidió que firmara un papel para su liberación, aunque no se le entregó una copia, y fue conducido hasta su vivienda. Durante varias semanas, hombres desconocidos vigilaron su casa. Un día, unos hombres dispararon a la casa y en otro incidente, alguien intentó prender fuego un costado de la vivienda. “No aguantaba más”, dijo Tijerino. Huyó del país en abril.

Roberto Cortez

El relato a continuación se basa en una entrevista con Roberto Cortez (seudónimo), de 49 años^[97].

Tras la violenta represión de la marcha que tuvo lugar el Día de la Madre, a mediados de mayo, Cortez, un exmilitar nicaragüense que había vivido en Costa Rica durante 20 años, comenzó a ayudar a los manifestantes que escapaban a cruzar la frontera. Dado que había estado destacado en la frontera en los años ochenta, conocía el área lo suficientemente bien para poner a salvo a quienes escapaban del régimen de Ortega, dijo

A fines de agosto, cuando conducía de Masaya a la frontera para ayudar a los familiares de un conocido activista a llegar a Costa Rica, su automóvil fue detenido en un puesto de control del Ejército, a unos 20 minutos del lugar de cruce. Al menos 15 soldados armados revisaron sus documentos y detuvieron a Cortez y a sus cuatro pasajeros, acusándolos de terroristas. Treinta minutos después, llegó la policía para recogerlos y llevarlos a la delegación en Rivas.

Cortez contó que, al llegar allí, lo llevaron a una sala pequeña donde fue obligado a desvestirse y hacer diez sentadillas, desnudo, mientras lo insultaban. Solo le permitieron ponerse pantalones cortos y una camiseta y lo llevaron a su celda, que según calcula, medía 2,5 x 3 metros. La celda tenía agua corriente, un retrete turco y dos literas, contó, pero no tenía luz y había poco espacio en el suelo. Había 10 hombres dentro de la celda, recordó.

Cortez dijo que permaneció incomunicado en la delegación policial de Rivas durante 10 días. Los detenidos, muchos de los cuales habían tenido participación activa en las manifestaciones, recibían una comida por día. Durante los diez días que Cortez pasó en la delegación, fue llevado a una sala de interrogatorios cinco veces. Contó que otros detenidos también eran interrogados reiteradamente. En cada oportunidad, explicó, dos hombres lo golpearon con violencia mientras llevaba las manos esposadas por la espalda. Durante el primer interrogatorio, Cortez perdió el conocimiento tres veces debido a la golpiza.

Diez días después de su detención, Cortez fue liberado y huyó a Costa Rica.

 

Procesos judiciales plagados de abusos

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta febrero de 2019, por lo menos 777 personas habían sido detenidas durante la represión de manifestaciones y actividades contra el gobierno[98]. El 29 de febrero, la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanegas, había señalado que “no hay presos políticos” en Nicaragua y que “todos los aprehendidos son presentados a la justicia por haber cometido algún delito durante los tranques en los meses de abril a julio”[99].

En marzo, el gobierno acordó con la oposición liberar para el 18 de junio a todos los presos detenidos en el contexto de protestas, como parte de negociaciones en curso[100]. Según el Ministerio de Gobernación, entre el 15 de marzo y el 10 de junio de 2019, el gobierno liberó a 392 personas que se encontraba encarceladas “por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”[101]. De estas, 286 fueron liberadas en condiciones de arresto domiciliario o con otro régimen de restricción de la libertad, y se mantenían los cargos en su contra[102]. Las otras 106 fueron liberadas por efecto de una Ley de Amnistía (Ley N.º 996) que entró en vigor el 10 de junio[103].

Human Rights Watch analizó los casos de 15 personas que han sido procesadas por supuestos delitos vinculados con su participación en las manifestaciones u otras actividades contra el gobierno. Tres de los casos —los de Bryan Quiroz, Luiz Arnulfo Quiroz y Eduardo Manuel Tijerino— se describen en el capítulo anterior y los 12 restantes se detallan aquí. Los 15 casos incluyen tanto a conocidos activistas como a ciudadanos de a pie, de entre 20 y 63 años, que participaron en las manifestaciones o que formularon declaraciones críticas contra el gobierno en siete ciudades de Nicaragua: Estelí, Jinotepe, León, Managua, Matagalpa, Masaya y Nueva Guinea. Algunas de ellas han expresado críticas al gobierno de Ortega desde hace tiempo, mientras que en otros casos se trataba de personas que antes apoyaban incondicionalmente al gobierno, pero comenzaron a cuestionarlo al intensificarse la represión contra los manifestantes. En todos los casos, se acusó a los manifestantes de delitos graves y violentos.

En todos estos casos, nos brindaron testimonios sobre los procedimientos penales los abogados defensores, familiares de los detenidos o ambos, y contrastamos la información con fuentes periodísticas e informes de órganos internacionales de derechos humanos. Si bien a menudo no se permitió a los familiares estar presentes en las salas de tribunales, sí se comunicaron con los abogados defensores o tuvieron acceso a parte de la documentación del tribunal. En cuatro de los casos, los manifestantes fueron excarcelados bajo medidas cautelares, y pudimos hablar con ellos por teléfono. En 11 de los casos, pudimos obtener parte de los expedientes judiciales de los procesos penales en su contra[104].

En los 15 casos, encontramos evidencias de violaciones de derechos humanos, como por ejemplo, las siguientes:

• En 12 de los 15 casos, la policía habría mantenido detenidos a manifestantes durante más de dos días antes de presentarlos ante un juez. Esto contraviene lo establecido en la Constitución, que exige que las autoridades presenten a los detenidos ante una autoridad legal dentro de las 48 horas posteriores a su aprehensión[105].
• En al menos cinco de los 15 casos, familiares que habían presentado recursos de exhibición personal para lograr la liberación de seres queridos contaron a Human Rights Watch que los funcionarios penitenciarios se habían negado a acatar las órdenes de liberar a los detenidos.
• En 13 de los 15 casos, según lo relatado por familiares o abogados defensores a Human Rights Watch, los detenidos permanecieron incomunicados antes de ser acusados. En 10 de esos 15 casos, afirman familiares y abogados defensores, la incomunicación se mantuvo entre 4 y 22 días antes de que se formalizara la acusación; y cuatro de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, conforme a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH)[106]. Varios detenidos contaron a sus familiares haber sufrido golpizas, torturas o maltratos durante la detención, y que incluso se les había denegado el acceso a atención de la salud.
• Autoridades policiales de Managua organizaron con frecuencia conferencias de prensa en las que calificaban de “terroristas” a las personas detenidas, sin que se hubieran formulado cargos en su contra. Ante la prensa oficialista, hacían desfilar a personas detenidas rasuradas y esposadas, en algunos casos vestidas con ropa de presidiarios, señalándolas de responsables de diversos delitos. Luego de estas conferencias de prensa, la Policía Nacional emitía un comunicado de prensa en el cual se calificaba de “delincuentes”, “terroristas” y “golpistas” a personas detenidas.
• Los familiares y abogados defensores indican que se privó a personas detenidas de su derecho a conversar en forma libre y privada con sus abogados[107]. En dos casos en los cuales se permitió a los abogados defensores visitar a sus clientes en la cárcel, presuntamente tuvieron que hablar con ellos en presencia de policías, guardias penitenciarios, fiscales y/o jueces.
• A menudo, los juicios se realizaron a puerta cerrada. El derecho interno y los estándares interamericanos de derechos humanos exigen celebrar audiencias abiertas, salvo en determinadas circunstancias[108]. A familiares de los detenidos y a los medios considerados críticos del gobierno con frecuencia se les impidió ingresar a las audiencias, en especial, cuando se iniciaba un proceso penal. Se permitió a los familiares ingresar a la sala una vez finalizados los procedimientos, para ver a los acusados por unos minutos. En agosto de 2018, la Corte Suprema prohibió a órganos internacionales de derechos humanos ingresar a los tribunales durante las audiencias[109].

Combinadas, estas violaciones de derechos humanos cercenan gravemente el derecho de los acusados a un juicio justo.

Nuestros hallazgos son congruentes con violaciones identificadas por órganos de derechos humanos internacionales. En enero de 2019, la CIDH concluyó lo siguiente:

[L]las cientos de detenciones arbitrarias; la criminalización selectiva y masiva de manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, estudiantes, líderes sociales y opositores al Gobierno bajo cargos infundados y desproporcionados; el patrón sistemático de violaciones a las garantías del debido proceso; la falta de efectividad del recurso de exhibición personal; las irregularidades respecto a la defensa legal y la publicidad de los procesos; así como la apertura de procesos relacionados con figuras penales como las de terrorismo, interpretadas en forma incompatible con la vigencia de la sociedad democrática; el incumplimiento de órdenes de libertad a favor de quienes participaron de las protestas en el país; y en general, la manipulación del derecho penal para la judicialización de toda oposición, han puesto de manifiesto la falta de independencia del sistema de administración de justicia nicaragüense en su conjunto.

Ley contra el terrorismo

Durante la represión de julio de 2018, la Asamblea Nacional aprobó la nueva ley contra el terrorismo sometida a consideración de ese órgano desde principios de abril^[110]. La ley enmendó los artículos 394 y 395 del Código Penal, y estableció una definición excesivamente amplia de “terrorismo”^[111]. La nueva definición considera actos terroristas los daños materiales y la acción de “intimidar”, así como de “alterar el orden constitucional”[112].

No existe una definición universal de terrorismo. Sin embargo, el Relator Especial de la ONU sobre lucha contra el terrorismo y derechos humanos ha establecido una definición modelo que se limita a las “tomas de rehenes intencionadas” o actos “que se propongan causar la muerte o lesiones corporales graves a una o más personas o a partes de la población”, con el propósito de “provocar un estado de terror entre la población en general o partes de ella” o de “[o]bligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer algo o abstenerse de hacerlo”[113].

Tras su visita en septiembre, el relator de la CIDH sobre los derechos de personas privadas de libertad instó a las autoridades judiciales a que ejerzan “el mayor escrutinio a las acusaciones formuladas por terrorismo, sobre todo cuando un elemento de tipo penal, el relativo a la ‘alteración del orden constitucional’, es sumamente subjetivo y no forma parte de la práctica internacional para la represión del terrorismo”^[114].

La Oficina del ACNUDH manifestó que le preocupaba que la “definición muy amplia de terrorismo” establecida en la nueva ley pudiera usarse contra “personas que participan en las protestas”[115]. Unas horas después del señalamiento de la ACNUDH, el ministro de Relaciones Exteriores Denis Moncada Colindres acusó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por haber vertido esa declaración, de ser “cómplic[e] de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo”^[116]. Esta fue apenas una muestra de la contundencia con la que el gobierno nicaragüense podría aplicar la nueva definición de terrorismo para acallar críticas.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una organización no gubernamental nicaragüense, brinda representación legal a 145 acusados en casos relacionados con las manifestaciones. De ellos, 77 siguen acusados de terrorismo y 61 de delincuencia organizada, y a muchos se les imputan otros delitos[117]. Los cargos de terrorismo y de delincuencia organizada, si son admitidos por un juez, derivan en procesos más extensos, impiden la libertad condicional y no permiten la prisión preventiva de personas detenidas menores de 18 años[118]. Sin embargo, los medios informaron sobre un caso de dos niños de 17 años acusados de terrorismo que permanecieron meses en prisión preventiva, en una cárcel de adultos[119].

Casos documentados por Human Rights Watch

Medardo Mairena y Pedro Mena

Medardo Mairena, de 41 años, es dirigente de un movimiento campesino que se oponen a la construcción de un canal transoceánico que el Gobierno impulsa en el sur de Nicaragua. Pedro Mena, de 51 años, de profesión agricultor, participa activamente en el movimiento. Mairena criticó en duros términos la violenta represión de Ortega contra manifestantes y exigió públicamente su renuncia. En mayo, participó como representante de la sociedad civil en el diálogo nacional con el gobierno.

El 13 de julio, policías detuvieron a Mairena y a Mena en el aeropuerto internacional de Managua cuando estaban por abordar un vuelo. En una declaración oficial emitida horas más tarde, la Policía Nacional celebró la “captura” del “terrorista” Mairena^[120]. Se le acusó de ser “directamente responsable” de una “masacre”^[121]. Durante cuatro días se ignoró cuál era el paradero de Mairena y Mena, hasta que finalmente fueron llevados ante un juez[122]. De acuerdo con la ACNUDH, estas situaciones constituyeron “desapariciones forzadas”^[123].

En una audiencia realizada el 17 de julio, un fiscal acusó a los dos activistas de coautores de “terrorismo”, “delincuencia organizada” y “entorpecimiento de servicios públicos” y de haber planificado “homicidios”, “secuestros simples,” “robo agravado” y “daños agravados”^[124]. El fiscal citó supuestos incidentes violentos en tres tranques (barricadas) y el homicidio de cuatro policías en una localidad remota de la provincia más austral de Nicaragua^[125]. Acusó a Mairena y a Mena de ser los “autores intelectuales” de los delitos, cuyo objetivo era, presuntamente, “romper el orden constitucional y pretender derrocar al gobierno”^[126].

En la acusación de la fiscalía, la única evidencia concreta que, presuntamente, vincula a Mairena y Mena con los delitos son dos mensajes de WhatsApp de una mujer llamada “Carla M” en un grupo de chat en el que, supuestamente, participaban los acusados. Según la acusación de la fiscalía, el mensaje de la mujer dice lo siguiente: “Tengan cuidado con lo que escriben ya que si se filtra esa información habría problemas serios”. Otro mensaje, supuestamente decía: “Digan que la policía atacó y que se había tomado la alcaldía y que el enfrentamiento había sido entre ellos mismos”[127]. En la audiencia preliminar, el fiscal no presentó otras pruebas que implicaran a Mairena y Mena como autores intelectuales, según la acusación formal[128]. Sin embargo, el juez elevó la causa a juicio y dispuso la prisión preventiva de ambos acusados.

Según el abogado defensor, en la audiencia preliminar solo se autorizó la presencia de medios oficialistas[129].

El hermano de Mairena’ y el hijo de Mena contaron a Human Rights Watch que, durante 12 días luego del arresto de los activistas, la policía no informó a sus familiares dónde estaban detenidos[130]. Mairena y Mena fueron presentados ante un juez al cuarto día; un abogado de derechos humanos los vio en el juzgado y lo comunicó a la prensa[131]. Luego, no hubo novedades de ellos durante otra semana. Las familias llevaban alimentos a la cárcel de El Chipote en Managua todos los días, y si bien la policía recibía los paquetes, nunca confirmaron expresamente si allí se encontraban los activistas[132].

El 25 de julio, la policía indicó al hermano de Mairena y al hijo de Mena que los activistas habían sido trasladados de El Chipote a la cárcel La Modelo. Los guardas permitieron que Mairena y Mena vieran a sus familiares por primera vez ese día durante 15 minutos. Llevaron a los activistas a la sala de visitas con esposas en las manos, unidas por una cadena a tobilleras de hierro, que los guardias les quitaron cuando estuvieron en presencia de sus respectivos familiares[133].

Los activistas dijeron a sus familiares que policías en El Chipote los habían golpeado, no les permitían dormir y los obligaron a permanecer arrodillados durante horas. Según indicó a Human Rights Watch el hermano de Mairena, también los habían amenazado con matar a sus familiares[134].

No se autorizó que los familiares de Mairena ni los de Mena estuvieran presentes en la primera audiencia judicial del 15 de agosto de 2018, señaló el hermano de Mairena a Human Rights Watch[135]. Su abogado defensor, que pertenece a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), contó que se le permitió ingresar para conversar con sus clientes 15 minutos antes del inicio de la audiencia y que, mientras hablaban, se mantenían cerca dos policías[136]. Se prohibió que observadores de la CIDH y de la ACNUDH asistieran a la audiencia[137].

Cuando su hermano pudo volver a visitarlo, el 25 de septiembre, Mairena le contó que los guardias penitenciarios nunca lo dejaban salir de su celda y que no le permitían llamar a sus familiares. El hermano de Mairena dijo a Human Rights Watch que, mientras conversaba con su hermano, los guardias los fotografiaban y filmaban con sus teléfonos celulares[138].

El hijo de Mena también realizó una visita el 25 de septiembre. Mena había contraído una infección en los oídos y tenía el cuello visiblemente inflamado. Mena afirmó que las autoridades penitenciarias no le habían brindado atención médica[139].

El abogado defensor dijo que durante el juicio, las autoridades penitenciarias se habían negado a permitirle conversar con Mairena en privado[140].

El hermano de Mairena y el hijo de Mena dijeron a Human Rights Watch que, desde los arrestos, policías y miembros de bandas armadas partidarias del gobierno habían estado acosando e intimidando a familiares de Mairena y Mena, que viven fuera de Managua pero que, en cuanto se enteraron de las detenciones, se desplazaron rápidamente hasta la ciudad. Contaron que, entre julio y agosto, miembros de la policía y de bandas armadas partidarias del gobierno se presentaron en, por lo menos, cinco hoteles de Managua preguntando por su paradero. Habrían amenazado con quemar los edificios si los propietarios de los hoteles no echaban a los parientes de los activistas, según contaron familiares[141].

El 15 de octubre, la CIDH concedió medidas cautelares a favor de Mairena y de familiares directos de este, debido a la “gravedad y urgencia” de su situación. Además de los hechos descriptos previamente, la CIDH señaló que Mairena presuntamente se encontraba aislado en una cárcel de máxima seguridad, a oscuras, sin posibilidad de llamar a sus familiares y en gravísimas condiciones de insalubridad[142].

La cuarta audiencia de Mairena y Mena, programada para el 6 de noviembre, se suspendió. Previamente ese día, un grupo de defensores de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) llevaron adelante una manifestación pacífica ante el juzgado para protestar por el encarcelamiento de los activistas. Según un miembro del CENIDH contó a Human Rights Watch, decenas de policías antidisturbios rodearon a los manifestantes[143].

El 17 de diciembre, el juez Edgar Altamirano condenó a Medardo Mairena y a Pedro Mena por terrorismo, robo agravado, daños agravados, secuestro simple y entorpecimiento de servicios públicos; el fiscal pidió una pena de prisión de 73 años para Mairena y de 63 años para Mena[144]. El 18 de febrero de 2019, el juez dictó una condena de 216 años para Mairena y de 210 años para Mena; sin embargo, según trascendió en los medios de comunicación, el juez explicó que cumplirían con la pena máxima de 30 años contemplada en el derecho penal nicaragüense[145].

El 15 de mayo, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que concediera medidas provisionales de protección a favor de Medardo Mairena, debido a que se encontraba en una “situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables”[146].

El 11 de junio, Medardo Mairena y Pedro Mena fueron puestos en libertad, por efecto de la aprobación de la ley de amnistía que entró en vigor el 10 de junio[147].

Christian Fajardo y María Adilia Peralta

Christian Fajardo, de 37 años, y su esposa María Adilia Peralta, de 30 años, son dirigentes del Movimiento 19 de Abril de Masaya. Ambos han participado regularmente en manifestaciones y tranques contra el gobierno.

El 19 de junio, Fajardo, junto con varios otros activistas, anunció que el movimiento estaba consultando a abogados constitucionalistas para que la comunidad de Masaya formara su propio gobierno, según se indicó en los medios de comunicación^[148]. “Tenemos una policía que nos asesina… y el alcalde ha huido de la ciudad”, dijo Fajardo, “entonces... la ciudad de Masaya va a formar su propio gobierno”^[149].

Alrededor de las 3:00 de la mañana del 20 de junio, hombres armados y vestidos de civil irrumpieron en un pequeño hotel que la pareja tiene en Masaya. De acuerdo con declaraciones de Fajardo a La Prensa, agredieron brutalmente a su tío de 69 años. Lo golpearon con fusiles y luego lo arrojaron en la calle, descalzo y ensangrentado. Fajardo contó al periódico que los hombres hicieron destrozos en el inmueble, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego^[150].

El 22 de julio, miembros del Ejército detuvieron a Fajardo y a Peralta en Sapoá, 105 kilómetros al sur de Masaya y cerca de 5 kilómetros de la frontera con Costa Rica. La pareja tenía la intención de solicitar asilo en el país vecino[151].

Tres días después de su captura, la CIDH concedió medidas cautelares a favor de Fajardo y su familia, incluida Peralta, con el fin de evitar que sufrieran “un daño irreparable”[152]. Durante seis días, las autoridades se negaron a revelar el paradero de Fajardo y Peralta, una situación que, según la ACNUDH, constituyó desaparición forzada^[153].

El 27 de julio, la madre de Peralta fue a la cárcel de El Chipote para llevarles comida, ya que supuso que se encontraban detenidos allí. En las puertas de la cárcel, ella y otros familiares de detenidos fueron hostigadas por oficialistas que, a medida que pasaban, les decían: “¡viejas desgraciadas, andan dándole comida a unos vagos y asesinos!”[154].

El 28 de julio, Fajardo y Peralta fueron llevados ante un juez. Un familiar le comentó a Human Rights Watch que no los dejaron asistir a la audiencia, en la que un fiscal acusó a la pareja de “terrorismo”, “financiamiento del terrorismo”, “crimen organizado", “asesinato”, “secuestro simple”, “profanación de un cadáver” y “entorpecimiento de servicios públicos”. Apenas tres días antes, la CIDH les había otorgado medidas cautelares luego de varios presuntos actos de acoso y violencia contra Fajardo y su familia[155]. Al día siguiente, Peralta fue transferida a La Esperanza, una cárcel de mujeres, y Fajardo a la cárcel La Modelo, ambas en Managua.

La Policía Nacional emitió una declaración oficial el 30 de julio en la que manifestaba que Fajardo y Peralta habían encabezado “actos criminales en contra de la población en general”^[156]. En una conferencia de prensa, el comisionado mayor Farle Roa se refirió a ambos como “terroristas” con “vínculos” con políticos opositores y activistas estudiantiles señalados de participar en actos criminales^[157].

El 2 de agosto, sus familiares pudieron visitarlos por primera vez. Peralta le dijo a su madre que policías la habían obligado a quedarse en ropa interior y que había permanecido así durante los seis días que había estado en El Chipote. Dormía directamente sobre el piso de cemento. Fajardo fue llevado a la sala de visitas con las manos y los pies esposados y encadenados^[158].

Los guardias penitenciarios indicaron a los familiares que sólo podrían visitar a los detenidos una vez cada 21 días.

El 22 de agosto, la policía aprehendió al hermano de Fajardo, Santiago Fajardo. Al día siguiente, el comisionado mayor Farle Roa anunció en una conferencia de prensa que Santiago era un “cabecilla terrorista” de Masaya, del mismo modo en que la policía lo presentó ante la prensa oficialista[159]. El Ministerio Público acusó a Santiago Fajardo de terrorismo, financiamiento del terrorismo, crimen organizado, secuestro simple y tortura, junto con su hermano y Peralta[160].

El 15 de enero de 2019, el juez Edgar Altamirano, que había condenado a Medardo Mairena y Pedro Mena, halló culpables a los hermanos Fajardo y a Peralta de financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos. El fiscal pidió 42 años para los hermanos Fajardo y 5 para Peralta, acusada de coautoría en los delitos[161].

El 15 de mayo, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concediera medidas provisionales de protección a Christian Fajardo sobre la base de que se encontraba en una “situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables”[162].

El 20 de mayo, María Adilia Peralta fue excarcelada bajo medidas cautelares, en el contexto de las negociaciones entre el gobierno y la oposición[163]. El 11 de junio, Christian y Santiago Fajardo fueron liberados por efecto de la aprobación de la ley de amnistía que entró en vigor el 10 de junio[164].

Nelly Roque Ordóñez

El 26 de junio, bandas armadas partidarias del gobierno dispararon contra la camioneta en la que cinco jóvenes manifestantes (entre ellos, Eduardo Manuel Tijerino, cuyo caso se describe en el capítulo anterior) se desplazaban sobre la carretera Panamericana entre Managua y Matagalpa. Uno de los disparos perforó las llantas, por lo cual debieron detenerse; fueron rápidamente rodeados por una decena de hombres armados y encapuchados[165].

Entre los manifestantes se encontraba Nelly Roque Ordóñez, una ingeniera, fotógrafa y ambientalista de 27 años. Roque había participado en manifestaciones contra el gobierno y desde mediados de mayo había permanecido en un tranque en Matagalpa, donde se ocupó de conseguir comida y medicamentos para los manifestantes^[166].

Roque contó a Human Rights Watch que los hombres armados y encapuchados les apuntaron y amenazaron con matarlos. Los obligaron a sacarse los zapatos y les ataron las manos con los cordones. Los encapuchados golpearon a uno de los manifestantes porque vestía una camiseta con un mensaje opositor, que hacía referencia a la revolución nicaragüense de 1979 (“Nicaragua Libre”), dijo Roque. “Nos preguntaban dónde estaban las armas. Llegó la policía. La policía nos tomó fotos… Los [hombres armados y encapuchados] nos levantaron y nos subieron a la patrulla [policial]. Estábamos mojados y sin zapatos… Me agarraron del pelo y me levantaron y me tiraron a la tina. No sabíamos adonde nos llevaban”, relató a Human Rights Watch.

La otra manifestante mujer del grupo fue adelante con los policías, contó Roque. Cuando los bajaron de la patrulla en la cárcel El Chipote, en Managua, la mujer “se bajó llorando; me dijo que nos van a matar, [contó que le iban diciendo] que nos iban a torturar y nos iban a matar, y las maneras que nos iban a matar”, indicó Roque a Human Rights Watch. “Cuando llegamos, [mujeres policías] nos desnudaron y nos obligaron a hacer sentadillas”, contó. Una mujer policía interrogó más tarde a Roque y le preguntó si era parte de un movimiento social, si era miembro de una organización de la sociedad civil y si había participado en manifestaciones.

Tres días después de los arrestos, un tribunal de apelaciones admitió un recurso de exhibición personal presentado por familiares de Roque dado que había permanecido detenida sin ser acusada más de 48 horas, el plazo máximo constitucional. En el sistema penal nicaragüense, estos recursos se presentan ante un tribunal de apelaciones. De ser admitidos, el tribunal designa a un ejecutor de la petición para que controle en qué condiciones se encuentra detenido un preso[167]. Según nos comentó un familiar de Roque, el tribunal admitió el recurso, pero el sistema penitenciario no la liberó[168].

El 30 de junio, cuatro días después de su arresto, Roque compareció judicialmente por primera vez. El fiscal la acusó a ella y a otros cuatro manifestantes de “crimen organizado”, “secuestro extorsivo”, “robo agravado”, “portación o tenencia ilegal de armas de fuego”, y “tenencia y uso de armas restringidas”[169]. Según lo señaló Roque a Human Rights Watch, antes de la audiencia preliminar, no se le permitió comunicarse con su familia ni consultar con un abogado. Contó que los familiares de los acusados solo pudieron ingresar a la sala una vez finalizada la audiencia y por unos pocos minutos.

Después de nueve días en la cárcel El Chipote, Roque fue trasladada el 5 de julio a la cárcel de mujeres La Esperanza.

El 18 de julio, el fiscal intentó llevar adelante una audiencia relativa a los casos de Roque y de los otros cuatro manifestantes, sin que estuvieran presentes Roque y otra mujer acusada. La jueza se negó e insistió en que la audiencia pública se realizara con ellas presentes. Según lo informado en los medios de comunicación, la audiencia terminó abruptamente cuando guardias penitenciarios arrastraron a tres de los cinco acusados fuera de la sala sin especificar los motivos para proceder de esa forma^[170]. Al día siguiente, la Corte Suprema removió a la jueza de su cargo con el argumento de que había cometido “irregularidades” al tipificar los delitos presentados por el Ministerio Público^[171].

El 1 de agosto, Roque fue llevada una vez más ante el tribunal para enfrentar nuevas acusaciones en otro caso. Un fiscal la acusó a ella y a otros nueve manifestantes de “terrorismo” y de “entorpecimiento de servicios públicos”. Los acusó de haber agredido y robado a una pareja en un tranque en Matagalpa^[172].

Durante todas las audiencias en los dos casos contra Roque, no se les permitió a sus familiares estar presentes en la sala de tribunales hasta finalizados los procedimientos.

El 26 de julio, la tía de Roque llevó a la hija de tres años de la activista a verla por primera vez desde su detención. Cuando nos comunicamos con su tía por última vez, en noviembre de 2018, nos comentó que se habían reunido con regularidad cada 21 días; Roque posteriormente confirmó esto en una entrevista que mantuvimos con ella por separado. También dijo que solo se le permitía salir al patio 30 minutos por semana. Sin embargo, no le autorizaban a llamar a su hija, a su tía ni a su abogado defensor. No se había permitido al abogado defensor de Roque reunirse con ella en la cárcel. Solo se veían durante las audiencias judiciales, cuando llevaban a Roque a la sala de tribunales[173].

La tía de Roque nos contó que consiguió tres órdenes judiciales para que un médico evaluara el estado de salud de su sobrina. Roque tiene hipotiroidismo, una afección crónica para la que se necesitan controles y ajustes frecuentes en los medicamentos. La tía de Roque contó a Human Rights Watch que las autoridades penitenciarias le permitieron entregarle medicamentos, pero que estas se limitaban a llevarle los medicamentos a una enfermera y “nunca realizaron ninguna prueba”[174]. En una oportunidad, relató, estuvo dos días vomitando, pero igualmente no la dejaron ir a una consulta.

“La cosa más difícil era cada vez que iba a visita familiar, regresábamos o íbamos a juzgados, nos desnudaban y nos hacían hacer sentadillas, era bien humillante. Era denigrante. Nos humillaban completamente. Mismo con la menstruación”, le contó Roque a Human Rights Watch[175]. También contó que los guardias penitenciarios les prohibieron a ella y a otra mujer que enfrentaba un juicio por su participación en las manifestaciones, interactuar con otros prisioneros.

El 28 de noviembre, el juez Melvin Leopoldo Vargas García condenó a Roque y a otros cuatro manifestantes por “crimen organizado”, “secuestro simple”, “robo agravado” y “portación ilegal de armas”[176]. El fiscal solicitó que se la condenara a 61 años de prisión; sin embargo, la pena máxima prevista en el Código Penal es de 30 años. El 10 de diciembre de 2018, un juez la condenó a 18 años y 6 meses de prisión por “crimen organizado”, “portación ilegal de armas” y “secuestro simple”[177]. En todo el tiempo que estuvo encarcelada en La Esperanza durante el juicio, no se le permitió reunirse con su abogado, contó a Human Rights Watch.

El 5 de abril de 2019, Nelly Roque Ordóñez fue excarcelada bajo medidas cautelares en el contexto de las negociaciones entre el gobierno y la oposición.

Guillermo Sobalvarro Oporta

Guillermo Alberto Sobalvarro Oporta, de 23 años, chef profesional y jugador de rugby, es propietario de una pequeña empresa de organización de eventos con su madre, Sara Oporta, en Managua^[178]. Sobalvarro y su familia participaron en varias manifestaciones contra el gobierno luego de que comenzaron las protestas en abril. Guillermo también llevaba comidas caseras y agua a los manifestantes que se encontraban en los tranques cerca de la Universidad Politécnica (UPOLI).

La madre de Sobalvarro contó a Human Rights Watch que su hijo fue detenido la tarde del 15 de junio, cuando había salido comprar alimentos en un mercado de Managua. Justo antes de ser aprehendido, Sobalvarro consiguió llamar a su cuñado y avisarle que estaban a punto de llevárselo.

Los familiares de Sobalvarro de inmediato fueron a buscarlo a la cárcel El Chipote en Managua, y los policías apostados en la prisión confirmaron que estaba allí.

El 19 de junio, llevaron a Sobalvarro ante un juez por primera vez.

Un fiscal lo acusó de robo agravado y de haber ingresado con violencia a robar en la vivienda del comisionado mayor Juan Valle Valle[179]. El fiscal manifestó que el 16 de junio policías habían interceptado a Sobalvarro y a otras seis personas cuando estaban consumando el delito.[180] Sin embargo, según su madre, Sobalvarro había sido arrestado un día antes, el 15 de junio^[181]. Y de conformidad con los documentos del juicio que revisó Human Rights Watch, el cuñado se presentó como testigo ante el tribunal y dijo que había recibido una llamada de Sobalvarro algunos minutos después de las 4 p.m.

La mayoría de los testigos de la fiscalía eran policías. Las declaraciones que realizaron en el proceso, a las cuales tuvimos acceso, eran básicamente incongruentes. El comisionado mayor Valle, la supuesta víctima, y un policía de tránsito declararon haber aprehendido a Sobalvarro a las 3 p.m. en la vivienda de Valle. Un teniente a las órdenes de Valle afirmó que aprehendió a Sobalvarro a las 8:45 a.m. Otros dos agentes dijeron que lo atraparon a las 3 a.m. Sólo coincidieron en la fecha en que se produjo el ingreso violento, el 16 de junio, cuando, según la madre de Sobalvarro, él ya estaba detenido[182].

El 26 de junio, Sobalvarro fue trasladado de la cárcel El Chipote a La Modelo a la espera del juicio. Las autoridades penitenciarias permitieron a su madre, Sara Oporta, verlo ese día durante 15 minutos. “Cuando lo abracé”, contó la Sra. Oporta a Human Rights Watch, “me dijo me duele mi cuerpo de todos los golpes que me han dado”. Nos dijo que no podían hablar libremente porque había muchos policías cerca que los vigilaban y los filmaban con sus teléfonos celulares.

Durante las audiencias judiciales, Oporta tuvo prohibido el ingreso al tribunal. El juez solo permitió su ingreso cuando los procedimientos habían finalizado. Así pudo ver a su hijo cuatro veces, durante cinco minutos en cada oportunidad. También lo vio una vez durante 15 minutos el 26 de junio, cuando lo trasladaron a la cárcel La Modelo.

Las autoridades penitenciarias no permitieron que el abogado defensor de Sobalvarro hablara con él mientras estuvo detenido. Su abogado sólo pudo hablar con Sobalvarro cuando ingresó al tribunal, durante algunos minutos antes de que se iniciaran las audiencias judiciales.

El 15 de octubre, un juez declaró a Sobalvarro no culpable sobre la base de que “[eran] incuestionable (sic) las contradicciones existentes entre los testigos”^[183].

El comisionado Valle apeló la sentencia de no culpabilidad.

El 2 de enero de 2019, la policía allanó la vivienda de Oporta cuando esta se preparaba para llevar adelante una conferencia de prensa con madres de manifestantes encarcelados; al ocurrir esto, ella y las demás mujeres huyeron por una puerta trasera. Oporta permaneció oculta todo marzo[184]. Contó a Human Rights Watch que durante este tiempo no había podido volver a su casa porque siempre la rondaban hombres armados vestidos de civil[185].

Mientras Sobalvarro continuó encarcelado, las autoridades penitenciarias se negaron a permitirle realizar llamadas telefónicas. A pesar del veredicto de no culpabilidad emitido por el juez, Sobalvarro siguió detenido en La Modelo hasta marzo de 2019, cuando fue liberado en el contexto de negociaciones entre el gobierno y la oposición[186]. En mayo de 2019, Sobalvarro se fue del país[187].

Albert Bernard Monroe

Albert Bernard Monroe, de 25 años, fue enjuiciado y absuelto junto con Guillermo Sobalvarro Oporta con los mismos fundamentos –las “incuestionables contradicciones existentes entre los testigos”– todos los cuales eran policías, incluido el comisionado mayor Juan Valle Valle y tres de sus subordinados (ver antes)[188]. Monroe y Sobalvarro afirman que no se conocían antes de encontrarse en la misma celda^[189].

La madre de Monroe contó a Human Rights Watch que la policía detuvo a Sobalvarro y a su hijo en la tarde del 15 de junio en Managua. Monroe, originario de Bluefields, una localidad portuaria de Costa Caribe, había llegado a Managua en abril para trabajar. Se estaba quedando con su hermano mayor en Managua cuando comenzaron las protestas y apoyó las barricadas que los manifestantes colocaron alrededor de la Universidad Politécnica (UPOLI), cerca de la casa de su hermano.

El 15 de junio, Monroe salió de la vivienda alrededor de las 9 a.m., pero nunca regresó. El 18 de junio, tras varios días sin tener novedades de él, su hermano fue a la cárcel El Chipote, donde un agente le confirmó que Monroe estaba detenido ahí. El 19 de junio, cuatro días después de su detención, el fiscal acusó a Monroe y Sobalvarro de robo agravado en la misma audiencia preliminar[190]. Al día siguiente, fueron trasladados por policías a la cárcel La Modelo.

La madre de Monroe, que vivía en la costa este, recién pudo ir a Managua el 27 de junio, ocho días después. Al día siguiente, obtuvo un permiso de visita especial y vio a su hijo por primera vez desde su detención; los guardias penitenciarios lo llevaron a la sala de visitas esposado de pies y manos. El guardia le retiró las esposas y los dejó sentarse juntos.

En creole, la lengua materna de Monroe, le contó a su madre que policías antidisturbios encapuchados lo habían detenido cerca de un centro comercial en Managua, cuando se dirigía a su casa. Uno de ellos, que vestía el uniforme celeste típico de la Policía Nacional y que luego lo entregó a otros agentes en la cárcel El Chipote, le dijo que si no lo hacían hablar, él “lo iba a hacer cantar”, contó la madre de Monroe a Human Rights Watch. Los agentes lo golpearon reiteradamente y le preguntaban “dónde estaban las armas”. Monroe les dijo que no sabía nada de ningún arma. Los agentes llamaron al hombre en el uniforme celeste, quien habría introducido su arma dentro de la boca de Monroe y habría amenazado con matarlo y hacer desaparecer su cuerpo. La madre de Monroe contó que los agentes siguieron golpeando a su hijo hasta que perdió el conocimiento. Monroe habría contado a su madre que, cuando recobró el conocimiento, se encontraba en una celda húmeda y sólo llevaba puesta ropa interior.

La madre de Monroe volvió a ver a su hijo durante algunos minutos luego de las audiencias judiciales, pues el juez les permitía, a ella y a la madre de Sobalvarro, ver a sus hijos al final de los procedimientos. El 17 de octubre tuvo una visita familiar de 45 minutos en la que pudo hablar con su hijo, vidrio mediante.

Las autoridades penitenciarias no permitieron que el abogado de Monroe se reuniera con su cliente en la cárcel.

Como se describió previamente en el caso de Guillermo Sobalvarro, el juez absolvió a Monroe sobre la base de que el testimonio de Valle y de sus subordinados contenía numerosas contradicciones[191].

El comisionado mayor Valle apeló el veredicto de no culpabilidad.

Monroe continuó encarcelado en La Modelo hasta marzo de 2019, cuando fue liberado en el contexto de negociaciones entre el gobierno y la oposición[192].

Dilon Zeledón Ramos

Dilon Zeledón Ramos, de 20 años, cursa el cuarto año de Contabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en la ciudad de Matagalpa (UNAN-FAREM)^[193].

Antes del inicio de las protestas en abril, Zeledón apoyaba incondicionalmente al partido sandinista en el poder. Cuando las autoridades intensificaron la represión del disenso, Zeledón decidió unirse al Movimiento 19 de Abril.

Policías y bandas armadas partidarias del gobierno capturaron a Zeledón el 21 de julio. Su madre llamó a su hermana en Managua, quien fue el 22 de julio a la cárcel El Chipote, donde los guardias le confirmaron que Zeledón estaba detenido allí.

“No supe nada de él durante 10 días”, contó la madre de Zeledón, Eimy Ramos, a Human Rights Watch.

Recién el 1 de agosto, un fiscal llevó a Zeledón ante un juez y lo acusó de “terrorismo”, “secuestro extorsivo”, “robo agravado”, “lesiones psicológicas leves”, “amenaza con armas” y “entorpecimiento de servicios públicos”, todo ello en relación con el caso de una pareja a la cual supuestamente habían agredido y robado en un tranque en Matagalpa[194].

Hasta noviembre, cuando hablamos con la madre de Zeledón, las autoridades penitenciarias no le habían permitido a este reunirse con su abogado mientras se encontraba detenido. Según contó la madre de Zeledón a Human Rights Watch, el único momento en que este y su abogado podían preparar su defensa era minutos antes del inicio de las audiencias judiciales. El juez únicamente permitía el ingreso de sus familiares una vez finalizadas las audiencias.

En la acusación presentada por el fiscal el 31 de julio se alega que Zeledón fue aprehendido el 29 de julio, ocho días después de la fecha que sus familiares afirman que fue detenido[195]. Si hubiera sido detenido el 29 de julio, como se indicaba en la acusación del fiscal, su presentación ante el juez el 1 de agosto habría cumplido con el requisito del derecho constitucional nicaragüense de presentar a los detenidos ante un juez en el término de 48 horas.

Ramos vio a su hijo por primera vez en la cárcel El Chipote el 7 de agosto, cuando pudieron reunirse por 15 minutos. De acuerdo con el testimonio de Ramos, Zeledón dijo que, tras su captura, la policía lo golpeó y lo subió a una camioneta. Zeledón contó a su madre que hicieron una parada entre Matagalpa y Managua, y que entonces un policía lo obligó a arrodillarse junto a la carretera, le apuntó con un arma en la cabeza y amenazó con matarlo. “Vamos a ver si seguís siendo tan huevoncito”, le habría dicho. Según su madre, Zeledón le dijo que los policías en El Chipote lo golpeaban, le aplicaban descargas eléctricas en los testículos y todas las noches lo sacaban de su celda a las 3 a.m. para interrogarlo. El 9 de agosto, Ramos volvió a ver a su hijo. En esa oportunidad, contó, Zeledón le dijo que los oídos le sangraban y que su audición se había reducido.

El 13 de septiembre, Ramos volvió a ver a su hijo, pero la policía la acusó de contrabandear objetos en su vagina. “Me humillaron. Yo dije que me revisaran porque no iba a perder la visita”, contó a Human Rights Watch. Pero los policías simplemente le negaron el ingreso. La madre de otro detenido le contó que Zeledón había tenido varias convulsiones los días anteriores.

El 17 de septiembre, cuando Ramos entregó alimentos y artículos de uso personal para su hijo, los guardias la amenazaron. “[Dijeron que] si yo seguía denunciando que mi hijo estaba convulsionando, no me iban a dejar entrar”, relató Ramos^[196].

Durante una visita el 4 de octubre, Zeledón le confirmó a su madre que había tenido varias convulsiones en la cárcel. Los guardias constantemente tomaban fotografías y los filmaban durante la visita familiar.

El 18 de enero de 2019, un juez condenó a Zeledón a 25 años y seis meses de cárcel por cargos de “terrorismo”, “robo” y “secuestro simple”[197]. Su madre contó a Human Rights Watch que las autoridades penitenciarias nunca lo dejaban reunirse en privado con su abogado y no se le permitía realizar llamadas telefónicas. La última vez que lo visitó, el 18 de marzo de 2019, Zeledón le dijo que seguía teniendo convulsiones con regularidad. Según su madre, estaba siendo atendido por personal de enfermería[198].

El 20 de mayo, Dilon Zeledón Ramos fue liberado de prisión con medidas cautelares en el contexto de conversaciones entre el gobierno y la oposición[199]. Ha perdido totalmente la audición en el oído derecho, según indicó su madre a Human Rights Watch[200].

Félix Maradiaga

El 24 de septiembre, el Ministerio Público aplicó una nueva ley, aprobada por la Asamblea Nacional en julio, para acusar de “financiamiento al terrorismo”^[201] a Félix Maradiaga, líder opositor y director del prestigioso Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Maradiaga, un prominente crítico del gobierno que goza de reconocimiento internacional, había sido acusado públicamente en junio por un comisionado de policía de participar en actos terroristas^[202]. En julio, una turba integrada por oficialistas lo agredió con violencia en León^[203].

Según transcendió en los medios oficialistas, la acusación indica que Maradiaga entrenó a personas para que participaran en “actividades desestabilizadoras del país ocurridas desde el 18 de abril” al crear el Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil, cuya misión declarada era impartir valores de democracia y derechos humanos a los jóvenes^[204]. Junto con Maradiaga, el Ministerio Público también acusó a dos manifestantes de financiamiento al terrorismo.

Cinco días después, la policía allanó la oficina del IEEPP en Managua. Los agentes presentaron una orden de allanamiento y se llevaron cientos de documentos correspondientes a 2016, 2017 y 2018, que, según la prensa, se cargaron en camiones sin ninguna insignia ni matrícula que partieron escoltados por patrullas policiales^[205]. Como se describe en el siguiente capítulo, en diciembre, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica del IEEPP[206]. A principios de ese mes, se congelaron las cuentas bancarias del IEEPP[207].

Al momento de la acusación, Maradiaga se encontraba en los Estados Unidos haciendo gestiones para que se ejerciera presión diplomática sobre el gobierno de Ortega durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego de que Maradiaga comenzara a adoptar una postura pública contra la represión del disenso, el IEEPP se convirtió en blanco de una campaña de desprestigio en las redes sociales. En algunos mensajes, se acusaba a ese instituto de mantener vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de los EE. UU. (CIA)^[208]. Hasta junio, Maradiaga no había regresado a Nicaragua.

Tomás Maldonado Pérez

El Mayor retirado del Ejército Tomás Maldonado Pérez, de 63 años, fue un activo partidario del gobierno sandinista y de su partido, el FSLN, durante décadas hasta 2007, cuando abandonó el escenario político y se abocó a su fe evangelista. En 2016 fue ordenado pastor^[209]. Por su historial militar, en numerosas oportunidades bandas armadas partidarias del gobierno, que trabajaban en conjunto con policías, intentaron obtener su apoyo, pero él en todos los casos se negó^[210]. En cambio, rezaba con jóvenes que se manifestaban en los tranques de Jinotepe. Como consecuencia de esto, comenzó a recibir amenazas^[211].

Poco después de que bandas armadas partidarias del gobierno y policías desmantelaran las barricadas en Jinotepe y Diriamba, Maldonado se fue de Jinotepe para vivir con su hija en Managua[212].

Alrededor de la 1 p.m. del 2 de agosto, policías uniformados y bandas armadas partidarias del gobierno se presentaron repentinamente en la vivienda de la hija de Maldonado, apuntaron con sus armas a todos los presentes y les ordenaron que se mantuvieran sentados. Una de esas personas armadas tomó a Maldonado del cuello, lo sacó a rastras de la vivienda y lo arrojó a la parte trasera de una camioneta sin matrícula, según una declaración jurada realizada por su hija en un recurso de exhibición personal^[213].

A pesar de las armas que les apuntaban, la hija de Maldonado se atrevió a preguntar adónde llevaban a su padre. Los agentes y los civiles armados no le respondieron y se llevaron a Maldonado. Uno de sus familiares siguió la camioneta en su motocicleta y pudo ver que lo llevaban a la cárcel El Chipote.

Al día siguiente, su hija fue a El Chipote para preguntar por él, pero unos policías le dijeron que no estaba allí. Regresó al día siguiente, y los policías en el lugar volvieron a negar que Maldonado estuviera bajo custodia en ese establecimiento^[214].
 

El 5 de agosto, la hija de Maldonado presentó un recurso de exhibición personal en el cual sostuvo que los policías se habían presentado sin una orden de allanamiento ni de detención cuando ingresaron a su vivienda y se llevaron a Maldonado^[215]. Un tribunal de apelaciones admitió el recurso, pero designó a un juez que en ese momento estaba fuera del país y, por lo tanto, no podía efectivizar el recurso. El 2 de agosto, el tribunal designó a otro juez para que verificara dónde se encontraba Maldonado, pero los familiares que fueron entrevistados en noviembre de 2018 por Human Rights Watch desconocían si el juez había efectivamente visitado la cárcel^[216].

Después de 22 días, policías en la cárcel El Chipote dijeron a la esposa y a la hija de Maldonado que este se encontraba detenido allí. Fue la primera confirmación oficial sobre su paradero. Hasta ese momento, Maldonado fue víctima de desaparición forzada.

Luego de su detención, y durante una semana aproximadamente, bandas armadas partidarias del gobierno hostigaron a familiares de Maldonado en Jinotepe. El 3 de agosto, varios desconocidos ingresaron a su vivienda cuando no había nadie presente. Durante los días siguientes, apedrearon la vivienda e hicieron pintadas en los muros que decían “terrorista”, “asesino” y “plomo” (en alusión a las balas). Es habitual que partidarios del gobierno señalen en los medios sociales que a los “terroristas” se les debe administrar “plomo”^[217].

El 24 de agosto, Maldonado fue llevado ante un juez. El Ministerio Público lo acusó de “terrorismo”, “crimen organizado”, “entorpecimiento de servicios públicos” y “daño agravado”.

Según el documento acusatorio del fiscal que fue consultado por Human Rights Watch, se señalaba a Maldonado como supuesto cabecilla de un “grupo criminal” creado a fines de 2017 para “infundir temor y pánico en la población” en Jinotepe, Dolores y Diriamba, provincia de Carazo^[218]. El documento contiene expresiones que las autoridades utilizan con frecuencia para referirse a opositores, como “golpistas”.

Los familiares de Maldonado recién se enteraron de que se había realizado una audiencia cuando medios oficialistas lo informaron en una conferencia de prensa brindada por la Policía Nacional el 28 de agosto, en la cual Maldonado aparecía flanqueado por policías encapuchados. El general Luis Alberto Pérez Olivas, director de la cárcel El Chipote, lo acusó de ser el cabecilla de una organización terrorista^[219].

Una semana más tarde, el 31 de agosto, los familiares de Maldonado se enteraron, cuando fueron a El Chipote a llevarle comida, que lo habían traslado a la cárcel La Modelo. El 3 de septiembre, un mes después de haber sido detenido, su familia puedo hablar con él brevemente, bajo la constante mirada de los guardias.

Maldonado le dijo a su familia que había estado aislado desde que lo detuvieron. Maldonado tiene diabetes e hipertensión crónica, y se quejó de no estar recibiendo los medicamentos que necesitaba como correspondía.

El 31 de enero de 2019, la justicia determinó que Maldonado era culpable de terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos, entre otros delitos. El fiscal pidió que se le impusiera una pena de 34 años de prisión, pero la audiencia de imposición de pena no se llegó a realizar[220].

El 11 de junio, Tomás Maldonado Pérez fue liberado de prisión tras la aprobación de una ley de amnistía que entró en vigor el 10 de junio[221].

Carlos Brenes Sánchez

Carlos Brenes Sánchez, de 63 años, se unió a los sandinistas y participó activamente en la guerra civil que desplazó a la dictadura militar en 1979. Más tarde ocupó varios cargos en el Ejército hasta 1992, cuando se jubiló como coronel. Para entones, se había vuelto crítico del partido sandinista y acusaba a sus dirigentes de malversar fondos públicos. Cuando Ortega volvió al poder en 2006, Brenes continuó expresando su disenso y aparecía a menudo en entrevistas en los medios[222].

El 28 de agosto, Brenes fue aprehendido por soldados en el puesto de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica, cuando intentaba huir de Nicaragua. El Ejército lo entregó a la Policía poco después. Ese día, sus familiares se enteraron de que estaba detenido cuando recibieron por WhatsApp fotografías de Brenes bajo custodia policial en la frontera y luego en la caja de una camioneta de la policía; medios oficialistas las habían publicado en Internet^[223].

Al día siguiente, su familia le llevó agua y medicamentos a la cárcel El Chipote en Managua. Los guardias penitenciarios aceptaron el paquete, pero no reconocieron explícitamente que Brenes estuviera allí.

Acompañado por un grupo de militares retirados, Brenes había exhortado al “retorno a la democracia” durante una declaración pública realizada el 17 de mayo en su localidad de origen, Monimbó^[224]. Luego de eso, le contó su hija a Human Rights Watch, comenzó a recibir amenazas de muerte anónimas^[225].

El 25 de agosto, Brenes se enteró de que se había emitido una orden de arresto en su contra, según le contó otro de sus familiares a Human Rights Watch. Pasaron dos días antes de que decidiera irse a Costa Rica, tras recibir llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían que lo tenían vigilado y que lo matarían[226].

Un día después de su detención, el 29 de agosto, los fiscales llevaron a Brenes ante un juez y lo acusaron de “terrorismo”, “crimen organizado”, “entorpecimiento de servicios públicos” y “daño agravado” contra “la sociedad nicaragüense y el estado de Nicaragua”. Se lo acusó de coordinar “actos terroristas” y de atacar una dependencia policial en Jinotepe, junto con Tomás Maldonado (ver más arriba)^[227]. De acuerdo con su hija y su abogado defensor, se le prohibió reunirse con este último durante su detención; y solo podía hablar con ella unos minutos antes de la audiencia^[228]. El juez les prohibió a los familiares de Brenes estar presentes en la sala judicial, contó un miembro de la familia.[229]

El 30 de agosto, el segundo jefe de la cárcel El Chipote, el comisionado Farle Roa, organizó una conferencia de prensa con medios de comunicación oficialistas y anunció que la Policía Nacional había capturado a Brenes. El funcionario calificó a Brenes de “terrorista” y lo expuso a las cámaras flanqueado por dos policías encapuchados^[230].

Brenes fue trasladado a la cárcel La Modelo el 31 de agosto. Su esposa recién se enteró cuando intentó llevarle alimentos a El Chipote y los guardias penitenciarios le contaron sobre el traslado. Las autoridades penitenciarias permitieron que la esposa y la hija de Brenes lo visitaran el 3 de septiembre, tras ocho horas de espera y después de haber sido obligadas a bajarse los pantalones frente a guardias de sexo femenino, antes de ingresar a la cárcel.

Los guardias llevaron a los familiares a una sala junto a la cual había cabinas con teléfonos, donde Brenes les contó, vidrio mediante, que no lo habían golpeado, pero que se encontraba aislado en una celda oscura y que lo habían amenazado reiteradas veces. Brenes es diabético e hipertenso, y contó a sus familiares que las autoridades penitenciarias le administraban insulina, pero no con la frecuencia necesaria.

Pudieron hablar 15 minutos antes de que los guardias se llevaran a Brenes. Durante la visita, cuatro guardias permanecieron parados junto a ellos, los filmaron y les tomaron fotos, además de tomar notas.

Durante nuestra última entrevista en marzo de 2019, los familiares de Brenes dijeron que les permitían verlo una vez al mes en la cárcel, además de tener una visita conyugal por mes. Manifestaron estar preocupados por su salud; los guardias no le estaban dando los medicamentos que habían comprado para él y que entregaron a las autoridades penitenciarias[231].

Las autoridades penitenciarias no le han permitido a Brenes hacer llamadas telefónicas a su familia ni a su abogado defensor. De acuerdo con sus familiares, tampoco han permitido que el abogado de Brenes lo visitara en la cárcel[232]. La primera audiencia de su juicio fue el 21 de septiembre. Sus familiares no pudieron ingresar a la sala hasta el final de la audiencia, cuando lo vieron cinco minutos. Sí se les permitió asistir a las audiencias posteriores[233].

El 31 de enero de 2019, se declaró a Brenes culpable de terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos, entre otros delitos. El fiscal pidió que recibiera una pena de 32 años de prisión, según trascendió en la prensa; sin embargo, no se llegó a realizar la audiencia de imposición de pena, contó su hija a Human Rights Watch[234].

El 11 de junio, Carlos Brenes Sánchez fue liberado de prisión por efecto de la aprobación de una ley de amnistía que entró en vigor el 10 de junio[235].

Amaya Coppens Zamora

Amaya Coppens Zamora, de 24 años, cursa el 5° año de Medicina en la Universidad Nacional de Nicaragua en León (UNAN-León), se graduó en el United World College de Hong Kong y es dirigente del Movimiento 19 de abril de la ciudad de León^[236]. Tiene doble ciudadanía belga y nicaragüense.

Alrededor de las 5 p.m. del 10 de septiembre, policías y miembros de una banda armada partidaria del gobierno arrestaron a Coppens y a su amigo Sergio Midence, de 28 años, en la vivienda de la familia Midence en León. La policía encontró un arma de 25 mm en la casa[237].

El padre de Coppens señaló que los agentes se llevaron a Coppens y a Midence a una dependencia policial en León, donde les propinaron golpes con sus armas. El 12 de septiembre, la policía trasladó a los dos jóvenes a la cárcel El Chipote en Managua. Ese mismo día, el comisionado mayor Farle Roa presentó a Coppens ante medios de comunicación oficiales, junto a otros tres manifestantes, entre los que estaba Midence, como “cuatro terroristas”^[238].

También el 12 de septiembre, el jefe de policía de El Chipote, el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, emitió órdenes de arresto retroactivas para Coppens y Midence, dos días después de que la policía los había aprehendido^[239].

Un familiar de Midence presentó un recurso de exhibición personal. El tribunal lo otorgó el 13 de septiembre y exigió que un juez inspeccionara el sitio donde Coppens y Midence estaban detenidos, pero el juez se recusó sin expresar los fundamentos legales para esa decisión, según surge de un documento judicial al cual accedió Human Rights Watch^[240].

La policía retuvo a Coppens en la cárcel El Chipote seis días, durante los cuales las autoridades penitenciarias no le permitieron ver a sus familiares ni hablar con ellos por teléfono o conversar con un abogado.
 

La embajadora belga en Panamá tomó un vuelo a Managua y pudo ver a Coppens en la cárcel El Chipote el 15 de septiembre. Posteriormente, informó al padre de Coppens que la detenida le había contado que la habían sacado dos veces de su celda en medio de la noche para interrogarla.

El 18 de septiembre, ocho días después de la detención de Coppens por la policía, fue llevada ante un juez. El fiscal la acusó de “terrorismo”, “secuestro simple”, “lesiones graves”, “robo agravado”, “entorpecimiento de servicios públicos” y “tenencia ilegal de armas de fuego o municiones”^[241].

El abogado de Coppens objetó su detención, alegando su ilegalidad dado que se había superado el plazo límite de 48 horas establecido en la Constitución de Nicaragua. El juez desestimó su petición sin exponer los fundamentos legales de tal decisión. Sostuvo que se habían respetado todos los derechos constitucionales de Coppens e incluso citó una orden de exhibición personal emitida el 13 de septiembre como ejemplo de las garantías existentes^[242].

Las autoridades judiciales no permitieron que los familiares de Coppens estuvieran presentes en la audiencia; cuando finalizó, el juez le permitió a su padre verla por cinco minutos antes de que los guardias penitenciarios se la llevaran.

Entre las pruebas que el fiscal enumeró en la acusación contra Coppens se incluyen las declaraciones de tres policías que afirmaron que el 20 de abril Coppens, con un megáfono, ordenó a una turba de personas que los apedrearan y les lanzaran morteros caseros; el testimonio de un hombre que dijo que el 23 de mayo Coppens y Midence ordenaron a otros manifestantes que lo agredieran en un tranque; y una declaración de un hombre que señaló que el 3 de junio Coppens le robó y que ordenó a otros manifestantes que lo agredieran y lo mantuvieran secuestrado durante varias horas^[243]. Como se detalla más abajo, los tres elementos de prueba contienen discrepancias o falencias importantes. (Un testigo anónimo al que se denominó “Código Uno” también prestó testimonio contra Coppens, pero no pudimos obtener ni revisar su declaración).

El texto de las declaraciones de los tres policías que afirmaron que Coppens lideraba la turba del 20 de abril era prácticamente idéntico, y ninguno tiene elementos distintivos que suelen diferenciar las observaciones individuales de los testigos^[244]. Asimismo, en la primera versión de los acontecimientos que los tres policías dieron a un médico forense que los examinó el 25 de abril, describen una turba de 200 personas pero no identifican a ninguna mujer con un megáfono[245]. Además, dos de los tres policías lesionados en el supuesto ataque de la turba solo sufrieron heridas superficiales y ninguno de ellos necesitó recibir tratamiento médico. El hombre que dijo que Coppens ordenó a los manifestantes agredirlo el 23 de mayo dio en un primer momento una versión distinta de los hechos, en la cual no aparecían ni Coppens ni Midence. El 9 de julio, le dijo al médico forense que evaluó sus lesiones que dos manifestantes con otro nombre lo habían malherido y que habían incitado a otros manifestantes a agredirlo e intentar matarlo dejándole caer un bloque de cemento en la cabeza^[246]. La víctima no mencionó a Coppens ni a Midence. Sin embargo, en la versión de su testimonio que el fiscal presentó en la acusación, la supuesta víctima dijo que estos otros dos manifestantes lo llevaron ante Amaya Coppens y Sergio Midence, quienes entonces ordenaron que lo agredieran^[247].

El hombre que declaró que Coppens y Midence habían ordenado a los manifestantes agredirlo y secuestrarlo el 3 de junio también dio dos versiones distintas de lo ocurrido. En su declaración ante el médico forense tras el incidente, dijo que pasó un tranque y que varios manifestantes que estaban allí lo identificaron como “policía infiltrado” (un espía enviado por la policía) y comenzaron a golpearlo. Luego uno de los médicos apostados en el tranque con los manifestantes le brindó atención médica y lo trasladó a un hospital de León, donde trataron sus lesiones^[248].

Sin embargo, en la declaración a la que hizo referencia el fiscal en su acusación se menciona una secuencia de eventos distinta. En esta, la víctima alega que el 3 de junio conducía en su motocicleta por el tranque en León cuando una mujer lo identificó como policía y dijo que él y su familia merecían ser lastimados. En un automóvil cerca de allí había un hombre que conocía y entabló una conversación con este. Los manifestantes pronto los encontraron, los obligaron a salir del vehículo y comenzaron a seguirlos. La víctima afirmó que los manifestantes los hicieron caminar hasta otro lugar, donde estaba Coppens; que ella les robó sus pertenencias y que las personas que la acompañaban supuestamente los golpearon, los ataron y los subieron a la caja de una camioneta. Alegó que Sergio Midence condujo el automóvil hasta un lugar apartado, donde los retuvieron una hora antes de devolverlos al lugar del tranque, donde manifestantes volvieron a golpearlos^[249].

El 11 de octubre, se canceló la primera audiencia judicial de Coppens luego de que su abogado defensor solicitara que el caso se atendiera en León, donde supuestamente se habían cometido los delitos. Su solicitud fue denegada y el juicio continuó en Managua.

El abogado de Coppens se reunió con su clienta por primera vez el 21 de diciembre, mientras Coppens estaba detenida. Los guardias penitenciarios los observaron durante toda la reunión y no permitieron que el abogado le entregara a Coppens una copia impresa de la acusación fiscal en su contra[250]. Cuando se reunieron el 17 de febrero durante 20 minutos, lo hicieron rodeados de guardias penitenciarios, contó el abogado a Human Rights Watch[251].

En enero, el padre de Coppens dijo que le habían permitido visitarla en la cárcel con regularidad una vez cada tres meses[252]. Siempre estaban rodeados de guardias penitenciarios, que los filmaban con sus teléfonos celulares durante las visitas. Según el Sr. Coppens, las autoridades penitenciarias no han permitido que su hija haga llamadas telefónicas.
 

El 15 de mayo, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concediera medidas provisionales de protección a Amaya Coppens y otras presas mujeres sobre la base de que se encontraban en una “situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables”[253].

El 11 de junio, Amaya Coppens Zamora fue liberada de prisión por efecto de la aprobación de una ley de amnistía que entró en vigor el 10 de junio[254].

 

Ataques a la prensa libre y a la sociedad civil

En su informe de junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el gobierno nicaragüense había “adoptado medidas de censura directa e indirecta que restringen la más amplia información pública sobre lo que está sucediendo en el país”^[255]. La comisión documentó agresiones contra periodistas, así como ataques violentos contra medios de comunicación y la destrucción de sus instalaciones y equipos^[256].

Asimismo, en su informe de agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que no existen las “condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”^[257]. En una declaración de noviembre de 2018, varios expertos de la ONU subrayaron que “manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos y otras personas que han criticado al Gobierno han sido perseguidos, amenazados y criminalizados”^[258].

La represión de la sociedad civil y la prensa libre se intensificó entre noviembre y diciembre de 2018, cuando la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de nueve ONGs, las autoridades cerraron dos medios de comunicación y miembros de la policía detuvieron a dos periodistas^[259]. Entre abril de 2018 y enero de 2019, se han exiliado 56 periodistas nicaragüenses, según una asociación de periodistas^[260].

Varios de los activistas perseguidos ya habían sido víctimas de hostigamiento por parte del gobierno de Ortega en años anteriores. Por ejemplo, Medardo Mairena, el líder del movimiento campesino que fue condenado a 216 años de prisión en diciembre de 2018 (ver el capítulo anterior), ya había sido detenido y mantenido incomunicado durante dos días por policías en septiembre de 2017^[261]. Vilma Núñez, una prominente defensora de derechos humanos cuya organización fue clausurada, había sido objeto de comentarios hostiles en marzo de 2017 por parte de ministras de Ortega que, a través de una carta pública, señalaron que había “ofendido, reiteradamente, al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, en la intención de romper la Armonía y la Unidad [de la nación]”, luego de que recibiera una distinción de la embajadora de Estados Unidos en reconocimiento a su labor en derechos humanos^[262]. En efecto, tal como señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe de diciembre de 2018, incluso antes de la represión en Nicaragua en ese año, el clima para los defensores de derechos humanos había sido de “hostilidad política, persecución y desprestigio por parte del gobierno”^[263]. Asimismo, el GIEI destacó que existe una “grave situación de impunidad que impregna los actos que se cometen en su perjuicio”^[264].

Medios de comunicación independientes

Tal como se ha informado previamente, desde abril de 2018, policías y bandas armadas partidarias del gobierno han hostigado, intimidado, agredido y detenido arbitrariamente a varios periodistas, mientras que autoridades migratorias deportaron sumariamente a dos periodistas extranjeros^[265]. Autoridades han cerrado durante días canales de noticias de postura crítica y varios medios de noticias en línea independientes han sufrido reiteradamente ciberataques^[266].

El 19 de abril de 2018, cuatro canales televisivos de noticias fueron sacados del aire. El director del canal 100% Noticias dijo que la autoridad estatal que regula las telecomunicaciones le había advertido que dejara de transmitir sobre las protestas o se “atuviera a las consecuencias”, y que la empresa de cable más tarde le informó que dicha autoridad había dado instrucciones de que dejara de emitir la señal del canal^[267]. Señaló que él y otros tres miembros de su equipo recibieron llamadas anónimas con amenazas de incendiar la oficina del canal^[268]. Los otros tres canales volvieron al aire luego de seis horas, pero 100% Noticias no pudo reanudar la transmisión hasta el 24 de abril^[269].

El 28 de mayo, miembros de la policía agredieron a dos periodistas de EFE en Managua, según le informó a la prensa uno de ellos más tarde. El fotógrafo Jorge Torres y la camarógrafa Renée Lucía Ramos estaban cubriendo una protesta cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuando miembros de la policía comenzaron a disparar balas de goma y armas de fuego contra manifestantes. Los periodistas se resguardaron detrás de un auto. Dos policías los descubrieron y les gritaron “¡que se levanten hijueputas!”, mientras los pateaban y zarandeaban. Torres y Ramos les mostraron sus credenciales de prensa antes de lograr escabullirse y correr hacia una gasolinera cercana. Los oficiales les dispararon con balas de goma, pero ninguna los alcanzó^[270].

El 19 de junio, bandas armadas partidarias del gobierno detuvieron a Leticia Gaitán, del canal 100% Noticias, y a Daliana Ocaña y Luis Alemán, del Canal 12, cuando intentaban cubrir la represión de manifestantes en Masaya, según relataron posteriormente los periodistas en una entrevista con la prensa. Un grupo de 10 hombres armados se acercaron a ellos cuando bajaban de su auto en la carretera a Masaya, dispararon sus armas al aire y les ordenaron a los gritos que se recostaran en el suelo. Los hombres tantearon a los periodistas y les robaron sus equipos. Uno de ellos pateó a Alemán dos veces mientras permanecía en el suelo. El incidente duró aproximadamente 30 minutos, hasta que los hombres abandonaron a los periodistas, quienes seguían en el suelo^[271]. Gaitán huyó del país el 23 de diciembre de 2018, luego de que dos de sus colegas fueran encarcelados por cargos de terrorismo (ver más adelante)^[272].

El 25 de agosto, miembros de la policía arrestaron a la productora de documentales brasileño-estadounidense Emilia Mello en San Marcos, Carazo, mientras se dirigía a dar cobertura a una manifestación en Granada. Los policías llevaron a Mello a la cárcel de El Chipote, donde la sometieron a un largo interrogatorio, así como a “abusos psicológicos”, según el Secretario Ejecutivo de la CIDH^[273]. Al día siguiente, autoridades nicaragüenses hicieron que abordara un vuelo a El Salvador^[274].

El 1 de octubre, policías arrestaron al periodista austro-estadounidense Carl Goette-Luciak en su vivienda, en Managua. Goette-Luciak afirmó ante la prensa que los policías lo esposaron y lo llevaron al aeropuerto sin zapatos ni camisa, donde lo interrogaron durante cinco horas. Según el periodista, uno de los policías lo amenazó con “torturar[lo]” y “llevar[lo]” a la cárcel de El Chipote si no les daba la contraseña de su celular. Otro agente le dijo que iban a deportarlo por estar presente en “marchas ilegales”, según dijo Goette-Luciak en una entrevista. Esa noche, las autoridades lo deportaron^[275].

En la noche del 13 de diciembre, miembros de la Policía Nacional allanaron las oficinas de Confidencial. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, ha sido un acérrimo crítico del Gobierno. Los policías confiscaron computadoras, discos rígidos y otros equipos periodísticos, así como numerosos documentos legales y contables^[276]. En el mismo edificio, los policías saquearon las oficinas de una empresa de consultoría ambiental perteneciente a la esposa de Chamorro^[277].

Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) ocuparon los edificios de Chamorro en los que se encuentran Confidencial y CINCO, un centro de investigación enfocado en estudios sobre medios de comunicación que también lidera Chamorro. Al mes de junio, la policía permanecía en el lugar y prohibía el ingreso al personal^[278].

Cinco semanas después de la irrupción en Confidencial, Chamorro se exilió en Costa Rica con su esposa a fin de proteger su “integridad física y libertad”, según le informó a la prensa. El periodista afirmó que las amenazas se intensificaron luego de que la policía tomara el control de sus oficinas^[279]. Chamorro continúa dirigiendo Confidencial y transmitiendo en línea sus dos programas televisivos desde Costa Rica.

El 21 de diciembre, miembros de la policía allanaron el estudio del canal 100% Noticias y arrestaron a su jefa de prensa, Lucía Pineda; al dueño del canal, Miguel Mora y a la periodista Verónica Chávez, que además es esposa de Mora^[280]. Minutos antes del allanamiento, el organismo de regulación estatal cortó la transmisión de 100% Noticias^[281]. Al día siguiente, la policía liberó a Chávez y llevó a Mora ante un juez; el Ministerio Público lo acusó de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas” y de “provocación, apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio”, con el agravante de “discriminación por razones de ideología política”^[282]. En la semana anterior, el día 13 de diciembre, la CIDH les había otorgado medidas cautelares a Mora y su esposa, así como a otros periodistas que trabajaban para el canal, mediante las cuales se instaba al Estado nicaragüense a que adoptara medidas de protección especiales para preservar su integridad^[283].

El 23 de diciembre, Pineda fue llevada ante un juez luego de permanecer incomunicada durante dos días. El Ministerio Público la acusó de los mismos delitos que a Mora. El documento de acusación reveló que a otros tres periodistas de 100% Noticias también se imputaban los mismos delitos; los tres han huido del país^[284]. El 11 de febrero de 2019, la CIDH concedió medidas cautelares a Pineda, citando presuntos actos de “tortura psicológica” a los cuales habría sido sometida durante varios interrogatorios en El Chipote^[285].

El 15 de mayo, la CIDH le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que otorgara medidas provisionales de protección a favor de Mora y Pineda, bajo el fundamento de que se encontraban en una “situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables”. La Comisión también citó señalamientos de que Mora y Pineda se encontraban en condiciones de máxima seguridad o aislamiento, con poco acceso a luz natural y restricciones a las visitas de sus familiares. Mora habría sufrido una pérdida de peso considerable luego de una huelga de hambre que podría poner en riesgo su salud, indicó la Comisión^[286].

El 11 de junio, Mora y Pineda fueron liberados tras la aprobación de la ley de amnistía que entró en vigor el 10 de junio[287].

Sociedad civil

Entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2018, la Asamblea quitó la personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales y, de este modo, las obligó a dejar de funcionar. El diputado oficialista Filiberto Rodríguez presentó los recursos para cancelar su inscripción, a instancias del Ministerio de Gobernación. En la noche del 13 de diciembre, miembros de la Policía Nacional allanaron cinco de estas organizaciones y confiscaron numerosos documentos y computadoras.

El 29 de noviembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), una organización con 35 años de trayectoria dedicada a la educación en salud y la prevención del VIH/sida. Rodríguez dijo que la organización estaba “participando en acciones desestabilizadoras contra el gobierno y la sociedad nicaragüense” y que no debería haber “participa[do] en asonadas”^[288].

Tres días antes, autoridades inmigratorias habían deportado en forma sumaria a la fundadora y directora de la organización, Ana Quirós, una notoria activista feminista y crítica del gobierno de Ortega que adoptó la ciudadanía nicaragüense tras emigrar de Costa Rica. Las autoridades inmigratorias citaron a Quirós, le informaron que quedaba revocada su ciudadanía nicaragüense y la retuvieron en El Chipote durante seis horas antes de deportarla a Costa Rica, según dijo posteriormente a Confidencial^[289]. Quirós afirmó que no se le permitió consultar con un abogado ni impugnar judicialmente la decisión de revocarle la ciudadanía^[290]. Luego de vivir 40 años en Nicaragua, actualmente se encuentra en Costa Rica^[291].

El mismo día en que fue deportada Quirós, las autoridades migratorias citaron a una feminista de nacionalidad suiza y otras dos de nacionalidad española que habían residido y trabajado en Nicaragua durante años, quienes habían expresado abiertamente críticas al gobierno de Ortega^[292]. El gobierno revocó sus permisos de residencia y les ordenó que se presentaran ante las autoridades migratorias cada 15 días^[293]. Antes de ello, el 26 de octubre, se les negó el ingreso al aeropuerto internacional de Managua a tres representantes de la organización de derechos humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cuando intentaban visitar el país^[294].

El 11 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP)^[295]. Miembros de la policía habían allanado las oficinas de la organización semanas atrás y confiscado numerosos documentos, mientras que las autoridades habían congelado las cuentas bancarias de la organización^[296]. Tal como se describió en el capítulo anterior, en septiembre, el Ministerio Público acusó a Félix Maradiaga, una prominente figura opositora y director del IEEPP, de “financiamiento al terrorismo”^[297].

El 12 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de otras dos organizaciones que señaló como implicadas en un “intento de Golpe de Estado”, según se indicó en un comunicado oficial^[298]. Una era el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), una prestigiosa organización de derechos humanos con 28 años de trayectoria y reconocimiento internacional, cuyos abogados e investigadores han brindado asistencia esencial a víctimas de la represión.

El 13 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería legal de otras cinco organizaciones que habían sido críticas del gobierno de Ortega. La Asamblea manifestó en un comunicado de prensa que había clausurado a las organizaciones debido a que habían realizado “actividades para desestabilizar el país” y por demoras en la presentación de sus estados financieros^[299].

En cada uno de los casos, el Ministerio de Gobernación pidió a la Asamblea Nacional que cerrara las organizaciones en razón de que “desnaturalizaron sus objetivos por los cuales fueron cread[as]”, conforme consta en tres comunicados oficiales emitidos por la Asamblea^[300]. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 147, la Asamblea Nacional puede revocar la personería jurídica de una organización si esta “realiz[a] actividades que no correspondan a los fines para que fueron constituidas”^[301]. Esta norma otorga al gobierno poderes peligrosamente amplios para disolver organizaciones que expresen críticas a las autoridades.

En la noche del 13 de diciembre, miembros de la Policía Nacional allanaron las oficinas del CENIDH^[302]. Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) ocuparon la sede del CENIDH en Managua y no permitieron el ingreso del personal a sus oficinas, según información difundida en la prensa y por la presidenta del CENIDH^[303].

A las clausuras de ONG siguieron acusaciones penales contra prominentes defensores de derechos humanos y la expulsión del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH^[304]. Anteriormente, se había expulsado a representantes de la Oficina del ACNUDH tras la publicación de un informe lapidario^[305].

El 19 de diciembre de 2018, el general Luis Pérez Olivas acusó a la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, y a su director jurídico, Gonzalo Carrión, de estar involucrados en un incendio en el que murieron cuatro adultos y dos niños en una vivienda en Managua. El general Pérez Olivas afirmó que Núñez había “instigado” a los sobrevivientes a acusar al gobierno y a la policía a cambio de “visa[s] estadounidense[s] y costarricense[s]”, y que Carrión había brindado “declaraciones falsas” en las que culpaba a la policía del incidente con el fin de “encubrir a los verdaderos criminales”^[306].

El mismo día, los representantes del MESENI fueron convocados al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se les informó la “suspensión” de su presencia en Nicaragua. En una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el Ministro de Relaciones Exteriores Moncada acusó al MESENI y al GIEI de exhibir una “actitud injerencista” a pesar de la “buena fe” del gobierno^[307].

 

Vías para que se haga justicia fuera de Nicaragua

Jurisdicción universal

El principio de “jurisdicción universal” permite que los fiscales nacionales impulsen casos contra personas consideradas responsables de determinados delitos internacionales graves como tortura, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, incluso si se cometieron en otro lugar y los acusados y las víctimas no son ciudadanos del país en cuestión.

Estos procesos judiciales constituyen un aspecto importante de las iniciativas internacionales para asegurar que quienes cometen atrocidades rindan cuentas por sus acciones, brindar justicia a las víctimas que no tienen adónde acudir, desalentar la comisión de delitos futuros y contribuir a que los países no se conviertan en refugios seguros para los responsables. La jurisdicción universal puede funcionar como una salvaguarda fundamental contra la impunidad cuando los Estados no tienen la voluntad o la capacidad de investigar y juzgar de forma adecuada presuntos delitos cometidos en sus territorios[308].

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes exige que los Estados parte extraditen o juzguen a los funcionarios de gobiernos extranjeros presentes en su territorio que hayan cometido actos de tortura[309].  La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura contiene una disposición similar[310].

Marcos jurídicos para las sanciones

Ley Global Magnitsky sobre Rendición de Cuentas en Derechos Humanos (Estados Unidos)

La Ley Global Magnitsky sobre Rendición de Cuentas en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), aprobada por el Congreso en 2016, autoriza al presidente de los Estados Unidos a bloquear o revocar las visas de ciertos “extranjeros” (ya sean personas físicas o jurídicas) o imponerles sanciones relativas a sus bienes. Dichas sanciones pueden imponerse a personas físicas o jurídicas extranjeras que:

• Sean responsables o actúen como agentes de una persona responsable de “ejecuciones extrajudiciales, tortura u otras violaciones graves de derechos humanos internacionalmente reconocidos” cometidas fuera de los Estados Unidos contra personas que hayan pretendido ejercer ciertos derechos o exponer actividades ilegales del Gobierno; o que
• Sean funcionarios gubernamentales o colaboradores sénior de funcionarios gubernamentales con complicidad en “actos de corrupción significativa”[311].

Estas sanciones pueden incluir la inmovilización de activos financieros depositados en bancos estadounidenses, la confiscación de bienes ubicados en los Estados Unidos y la prohibición de visas para viajar a los Estados Unidos. El efecto puede consistir en evitar el ingreso a los Estados Unidos por parte de las personas sancionadas e impedir efectivamente que realicen transacciones con una gran cantidad de bancos y compañías. Las empresas estadounidenses y las empresas internacionales con subsidiarias estadounidenses corren el riesgo de violar normas de los Estados Unidos si realizan transacciones con personas sancionadas.

En julio de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres ciudadanos nicaragüenses implicados en violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, al amparo del Decreto Ejecutivo N.º 13.818 sobre “Bloqueo de bienes de personas implicadas en graves violaciones de derechos humanos o corrupción”, que implementa y amplía lo establecido por la Ley Global Magnitsky. Dos de los ciudadanos nicaragüenses fueron sancionados en relación con su responsabilidad en la represión de manifestantes durante 2018: Francisco Díaz, entonces comisionado general de la Policía Nacional y encargado de dirigir las operaciones policiales durante la represión; y Fidel Moreno, el principal enlace entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Moreno también está al frente de la Juventud Sandinista, la organización de jóvenes del partido que se ha visto implicada en abusos durante las manifestaciones. La tercera persona fue sancionada por presuntos actos de corrupción[312].

El 27 de noviembre de 2018, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dictó el Decreto Ejecutivo N.º 13.851, en el que dispuso que “la respuesta violenta por parte del Gobierno de Nicaragua a las manifestaciones que comenzaron el 18 de abril de 2018 y el desmantelamiento y debilitamiento sistemáticos de las instituciones democráticas y del Estado de derecho por parte del régimen de Ortega, así como su empleo de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles [...] constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”[313]. Conforme a este decreto ejecutivo, el Departamento del Tesoro sancionó a la Vicepresidenta Rosario Murillo y al asesor presidencial Néstor Moncada Lau mediante la inmovilización de sus activos y la imposición de una prohibición de viajar[314].

La Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Estados Unidos)

La Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua, adoptada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2018, otorga al Departamento del Tesoro la facultad de sancionar a “funcionarios anteriores o actuales del Gobierno de Nicaragua, o cualquier persona que actúe en nombre de ese Gobierno” que el Presidente de Estados Unidos determine que hayan participado o tengan responsabilidad en los siguientes actos desde el 18 de abril de 2018:

• “actos significativos de violencia o conductas que constituyan abuso o violación de derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas realizadas en Nicaragua”;
• “acciones o políticas significativas que socaven las instituciones o los procesos democráticos”; o
• “la detención o el juzgamiento de una persona, incluida cualquier persona o medio de comunicación que difunda información al público, fundamentalmente por el ejercicio legítimo, por tal persona, de la libertad de expresión, reunión o prensa”, entre otros[315].

La ley define la participación de diversas maneras, que incluyen:

• Ser responsable de “ordenar, supervisar o dirigir de otro modo” las acciones;
• Haber “participado a sabiendas” en ellas “de manera directa o indirecta”; o
• Estar al frente de una institución que haya sido partícipe de las acciones.

Las sanciones previstas por la ley incluyen inmovilizar activos que se encuentren en Estados Unidos, prohibir el ingreso en Estados Unidos y revocar visas estadounidenses. Entre otras disposiciones, la ley exige al Secretario de Estado que certifique que, dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de la ley (eso es, el 20 de diciembre), Nicaragua esté adoptando “medidas efectivas” incluidas, entre otras:

• “fortalecer el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, incluida la independencia del sistema judicial y el consejo electoral”;
• proteger los derechos de los nicaragüenses a la “libertad de prensa, expresión y asociación”; e
• investigar a los responsables de las muertes ocurridas durante las protestas y hacer que rindan cuentas de sus actos.

Dentro del mismo plazo, el Secretario de Estado también debe presentar un informe a las comisiones legislativas respecto de la participación por parte de ciertos altos funcionarios nicaragüenses en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero.

Unión Europea

El Marco Estratégico de Derechos Humanos y Democracia adoptado por la Unión Europea (UE) en 2012 y el plan de acción para su implementación orientan la política exterior de la UE. El marco reconoce la aspiración de la UE de “construir un mundo basado en el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”. Asimismo, establece que esos principios “sustentan todos los aspectos de las políticas internas y externas de la Unión Europea”. Por otra parte, reconoce expresamente que “al afrontar
violaciones de derechos humanos, la UE utilizará la amplia gama de instrumentos a su alcance, incluidas las sanciones o la condena”[316].

De conformidad con este marco, todos los acuerdos de comercio o cooperación con países que no forman parte de la UE establecen que los derechos humanos son un aspecto fundamental de las relaciones con la UE. La UE impuso sanciones en varios casos por violaciones de derechos humanos[317].

Las medidas restrictivas deben ser sugeridas por el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para su posterior adopción de forma unánime mediante una decisión del Consejo en relación con la política exterior y de seguridad común. En caso de que la decisión incluya una inmovilización de activos u otro tipo de sanción económica o financiera, debe implementarse mediante una reglamentación del Consejo que describa el alcance y los detalles de su implementación. Estas reglamentaciones son vinculantes para toda persona física o jurídica dentro de la UE[318].

Uno de los objetivos estratégicos del plan de cooperación 2014-2020 de la UE con Nicaragua consiste en “la promoción de la democracia, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho”[319]. En el mismo sentido, el Tratado de Libre Comercio UE-Centroamérica resalta que el respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales constituye “un elemento esencial” del acuerdo. Uno de los objetivos clave del acuerdo es la cooperación entre las partes a fin de “fortalecer las instituciones democráticas, el pleno respeto al Estado de Derecho (...) y los derechos humanos”[320].

Canadá

La Ley de Canadá sobre Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act) de 2017 dispone que el Gobierno canadiense puede sancionar a los ciudadanos extranjeros que sean:

• [R]esponsables o cómplices de ejecuciones extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de derechos humanos internacionalmente reconocidos cometidas contra personas físicas en cualquier Estado extranjero que intenten:
  • exponer actividades ilegales realizadas por funcionarios públicos extranjeros; u
  • obtener, ejercer, defender o promover libertades y derechos humanos internacionalmente reconocidos, como la libertad de consciencia, religión, pensamiento, creencia, opinión, expresión, reunión pacífica y asociación, así como el derecho a un juicio justo y a elecciones democráticas[321].

La ley también permite adoptar sanciones contra nacionales extranjeros que actúen “como agentes de un Estado extranjero o en su representación” en las violaciones mencionadas. Las sanciones pueden incluir rechazar el ingreso a Canadá por parte de la persona sancionada e impedir que la persona física o jurídica sancionada tenga acceso a sus bienes o demás activos que se encuentren bajo jurisdicción canadiense[322].

Apoyo internacional a la Policía Nacional de Nicaragua

El presupuesto 2018 aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua incluye varias fuentes de financiación internacional a la Policía Nacional durante ese año, cuando ocurrieron la mayoría de los abusos aberrantes documentados en este informe.

En respuesta a una solicitud de información realizada por Human Rights Watch, el responsable de cooperación de la delegación de la UE en Managua confirmó que un acuerdo entre la UE y el Gobierno nicaragüense financiaba las actividades de varias autoridades nicaragüenses, incluida la policía, orientadas a combatir la delincuencia organizada y prevenir el abuso de estupefacientes. El proyecto cubrió el período 2014-2018 e implicó un total de 8 millones de euros. Al mes de junio, el representante de la UE no había respondido una consulta adicional realizada por Human Rights Watch, en la que indagaba sobre qué cantidad de ese dinero se había destinado a la policía y si se renovaría el proyecto[323].

El sitio web del BCIE muestra que, en 2017, el banco aprobó el desembolso de un total de USD 487,8 millones a Nicaragua[324]. El banco no especifica qué entidad gubernamental recibe los fondos, pero indica que la gran mayoría fueron dirigidos a actividades de construcción, mientras que los fondos del banco asignados a la policía nicaragüense en el presupuesto anual figuran como destinados a infraestructura. El banco aprobó dos préstamos adicionales en 2018 para mejoras en carreteras y aeropuertos.

Human Rights Watch presentó una solicitud de información sobre estos préstamos al BCIE el 31 de octubre de 2018[325]. El 13 de noviembre, Nick Rischbieth, presidente ejecutivo del BCIE, respondió que el banco había aprobado un préstamo de USD 16,3 millones a Nicaragua en 2011 para el proyecto “Ampliación de la Cobertura Rural de la Policía Nacional para Fortalecer la Seguridad Ciudadana”. Asimismo, destacó que el mandato institucional del BCIE consiste en invertir en proyectos que tengan "un alto impacto sobre el desarrollo a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región" y la mayor parte del financiamiento de 2018 se dedicó a proyectos de salud o al desarrollo de infraestructura[326].

Un representante de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo informó a Human Rights Watch que, en julio de 2017, la agencia había aprobado una donación de 400.000 euros a efectos de fortalecer las actividades policiales de prevención dirigidas específicamente a jóvenes. Se suponía que el proyecto duraría dos años, pero hasta octubre de 2018 se había desembolsado menos del 10 % del presupuesto. No se efectuó desembolso alguno en abril, mayo ni junio de 2018 y el proyecto fue suspendido en julio ya que “las circunstancias actuales no permiten desarrollar las actividades previstas para lograr los resultados contemplados en el proyecto”[327].

El 6 de diciembre de 2018, el Gobierno taiwanés donó USD 3 millones a la Policía Nacional de Nicaragua. Jaime Chi Mu Wu, embajador de Taiwán en Nicaragua, declaró en un evento público con el General Francisco Díaz —el jefe de policía sancionado— que la donación tenía por fin realizar un aporte al Hospital Carlos Roberto Huembes de la policía[329]. No resulta claro por qué el Gobierno taiwanés decidió realizar esta donación directamente a la Policía Nacional y no al Ministerio del Interior, que administra el hospital. 

 

Agradecimientos

La investigación y la redacción de este informe estuvieron a cargo de un equipo de la división de las Américas y la división de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch, con la participación y supervisión de Tamara Taraciuk Broner, investigadora sénior de la división de las Américas. Fue editado por Daniel Wilkinson, director adjunto para la división de las Américas; Dan Baum, editor/investigador sénior; Margaret Knox, editora/investigadora sénior; Joe Saunders, subdirector de programas; Chris Albin-Lackey, asesor legal sénior; José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas; Margaret Wurth, investigadora sénior de la división de Derechos de la Mujer; y Bede Sheppard, subdirector de la división de Derechos del Niño. Las asociadas de la división de las Américas Delphine Starr y Megan Monteleone contribuyeron a la producción del informe. El asistente de investigación de la División de las Américas Ángel Zapata y las pasantes Virtudes Chiaraluce y Hannah Smith colaboraron en la investigación. El informe fue preparado para la publicación por Fitzroy Hepkins, gerente administrativo; y José Martínez, coordinador administrativo sénior. Fue traducido al español por Gabriela Haymes.

Human Rights Watch desea agradecer a las numerosas organizaciones, activistas y defensores de derechos humanos nicaragüenses que colaboraron con este informe, muchos de los cuales solicitaron no ser identificados.

Human Rights Watch también agradece en particular a las víctimas de abusos y familiares que nos transmitieron su testimonio. Las violaciones de derechos humanos dejan a menudo secuelas profundas en las víctimas, los testigos y sus familias, y relatar nuevamente estas experiencias puede resultar difícil. Muchas de las víctimas de abusos que hablaron con nosotros manifestaron que esperaban que, al contarnos lo sucedido, pudieran ayudar a evitar que otras personas sufran los mismos abusos.