- Las autoridades israelíes han impuesto deliberadamente condiciones de vida diseñadas para causar la destrucción de parte de la población en Gaza, privando intencionalmente a la población civil palestina de un acceso adecuado al agua, lo que con toda probabilidad ha causado miles de muertes.
- De esta manera, las autoridades israelíes son responsables del crimen de lesa humanidad de exterminio y de actos de genocidio. Este patrón de conducta, junto con declaraciones de algunos funcionarios israelíes que sugieren la intención de destruir a la población palestina en Gaza, podría constituir un crimen de genocidio.
- Los gobiernos y las organizaciones internacionales deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir el genocidio en Gaza, incluyendo la suspensión de la asistencia militar, la revisión de acuerdos bilaterales y de relaciones diplomáticas, así como el apoyo a la Corte Penal Internacional y otras iniciativas de rendición de cuentas.
(Jerusalén) – Las autoridades israelíes han privado intencionalmente a la población civil palestina en Gaza de un acceso adecuado al agua desde octubre de 2023, lo que probablemente ha provocado miles de muertes y constituye el crimen de lesa humanidad de exterminio y actos de genocidio, según un informe publicado hoy por Human Rights Watch.
En el informe de 179 páginas titulado “Extermination and Acts of Genocide: Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water” (“Exterminio y actos de genocidio: Israel priva deliberadamente de agua a los palestinos en Gaza”), Human Rights Watch documenta cómo las autoridades israelíes han negado intencionalmente a la población de Gaza el acceso a agua potable para beber y las condiciones mínimas de saneamiento necesarias para la supervivencia humana básica. Entre las acciones documentadas, las autoridades y fuerzas israelíes cortaron y posteriormente restringieron el suministro de agua por tuberías a Gaza; dejaron inutilizable gran parte de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza al cortar el suministro de electricidad y restringir el acceso al combustible; destruyeron deliberadamente infraestructuras de agua y saneamiento y materiales para su reparación; y bloquearon la entrada de suministros críticos relacionados con el agua.
“El agua es esencial para la vida humana, y sin embargo, durante más de un año, el gobierno israelí ha negado deliberadamente a los palestinos en Gaza el mínimo necesario para sobrevivir”, declaró Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch. “Esto no es simple negligencia; es una política calculada de privación que ha causado miles de muertes por deshidratación y enfermedades, constituyendo el crimen de lesa humanidad de exterminio y un acto de genocidio”.
Human Rights Watch entrevistó a 66 palestinos de Gaza, 4 empleados de la Compañía Municipal de Aguas Costeras de Gaza (CMWU, por sus siglas en inglés), 31 profesionales de la salud y 15 personas que trabajan con agencias de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales de ayuda humanitaria en Gaza. Además, analizó imágenes satelitales, fotografías y videos capturados entre el inicio de las hostilidades en octubre de 2023 y septiembre de 2024, así como datos recopilados y estimaciones realizadas por médicos, epidemiólogos, organizaciones humanitarias y expertos en agua y saneamiento.
Human Rights Watch concluyó que las autoridades israelíes han creado deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción física de la población palestina en Gaza, total o parcialmente. Esta política, aplicada como parte de una masacre masiva de civiles palestinos en Gaza, constituye el crimen de lesa humanidad de exterminio, que continúa en curso. Además, esta política se enmarca dentro de los cinco “actos de genocidio” definidos en la Convención sobre Genocidio de 1948. La intención genocida también puede inferirse de esta política, en combinación con declaraciones que sugieren que algunos funcionarios israelíes deseaban destruir a la población palestina en Gaza, lo que refuerza la posibilidad de que se trate del crimen de genocidio.
Inmediatamente después de los ataques perpetrados en el sur de Israel por grupos armados palestinos liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que Human Rights Watch ha calificado como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, las autoridades israelíes cortaron todo suministro de electricidad y combustible a la Franja de Gaza. El 9 de octubre, el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant anunció un “asedio completo” a Gaza, declarando: “No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo está cerrado”.
Ese mismo día, y durante las semanas siguientes, las autoridades israelíes cortaron por completo el suministro de agua y bloquearon la entrada de combustible, alimentos y ayuda humanitaria a la Franja. Las autoridades israelíes siguen restringiendo la entrada de agua, combustible, alimentos y ayuda a Gaza, junto con el corte del suministro eléctrico necesario para el funcionamiento de infraestructuras básicas. Esto ocurrió incluso a pesar de las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en enero, marzo y mayo de 2024, en las que se ordenó a las autoridades israelíes proteger a la población palestina en Gaza del genocidio y garantizar el acceso a ayuda humanitaria, especificando en marzo que esto incluye agua, alimentos, electricidad y combustible.
Las autoridades israelíes también han impedido la entrada de casi toda la ayuda relacionada con el agua, incluidos sistemas de filtración, tanques de almacenamiento y materiales necesarios para reparar la infraestructura hídrica.
Entre octubre de 2023 y agosto de 2024, la Compañía Municipal de Aguas Costeras de Gaza, las Naciones Unidas y otras fuentes informaron que la población de Gaza no tenía acceso a la cantidad mínima de agua necesaria para sobrevivir en situaciones de emergencia prolongadas. En el norte de Gaza, la ONU informó que, entre noviembre de 2023 y abril de 2024, la población no tuvo acceso a agua potable durante más de cinco meses. Aunque un estudio realizado en agosto mostró que el acceso al agua había mejorado, la mayoría de las personas seguía sin contar con una cantidad adecuada para beber y cocinar.
Human Rights Watch ha documentado que las fuerzas israelíes han atacado deliberadamente y dañado o destruido varias instalaciones clave de agua, saneamiento e higiene. En varios casos, encontraron pruebas de que las fuerzas terrestres israelíes estaban en control de las áreas en el momento de los ataques, lo que indica que la destrucción fue intencional.
La devastación del sistema sanitario de Gaza, incluida la capacidad para realizar un seguimiento adecuado de la salud, ha impedido el registro y reporte sistemático de casos confirmados de enfermedades, dolencias y muertes posiblemente vinculadas a enfermedades transmitidas por el agua, deshidratación y hambre. No obstante, basándose en entrevistas con profesionales de la salud y epidemiólogos, se estima que miles de personas han muerto como resultado de las acciones de las autoridades israelíes. Estas muertes se suman a las más de 44.000 personas que, según el Ministerio de Salud de Gaza, han muerto directamente debido a las hostilidades.
Cientos de miles de personas también han contraído enfermedades y afecciones de salud que, con gran probabilidad, han sido causadas o agravadas por la falta de acceso a agua potable suficiente. Entre estas enfermedades se incluyen diarrea, hepatitis A, enfermedades cutáneas e infecciones respiratorias superiores. La privación de agua afecta especialmente a lactantes, mujeres embarazadas y en período de lactancia, así como a personas con discapacidad.
El crimen de genocidio requiere la comisión de actos genocidas acompañados de intención genocida. Según la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para inferir esta intención a partir de un patrón de conducta del Estado, debe ser “la única inferencia razonable que pueda extraerse” de los actos en cuestión. Las conclusiones de Human Rights Watch, junto con declaraciones de funcionarios israelíes que sugieren la intención de destruir a la población palestina en Gaza, podrían apuntar a esta intención.
Human Rights Watch también documentó declaraciones de altos funcionarios israelíes que pidieron el corte de agua, combustible y ayuda y que junto con las acciones emprendidas, equivalen a una incitación directa y pública al genocidio.
El bloqueo continuo de Gaza por parte del gobierno israelí, así como el cierre de la Franja durante más de 17 años, constituye un castigo colectivo contra la población civil, lo cual es un crimen de guerra. Este cierre también forma parte del crimen de lesa humanidad continuo de apartheid y persecución que las autoridades israelíes han venido cometiendo contra los palestinos.
Varios gobiernos han obstaculizado los esfuerzos de rendición de cuentas y continúan suministrando armas al gobierno israelí, a pesar del claro riesgo de complicidad en graves violaciones del derecho internacional humanitario.
“Los gobiernos no deberían contribuir a los crímenes graves que los funcionarios israelíes están cometiendo en Gaza, incluidos los crímenes de lesa humanidad y los actos genocidas, y deben tomar todas las medidas posibles para evitar más daños”, declaró Hassan. “Los gobiernos que arman a Israel deben poner fin al riesgo de complicidad en crímenes atroces en Gaza y actuar de inmediato para proteger a la población civil mediante un embargo de armas, sanciones específicas y apoyo a la justicia”.
Nota del editor: Para lograr aún mayor claridad con nuestro comunicado, se realizó una modificación al titular en español y se agregó el término "actos" a fin de ser más específicos con relación a los temas que aborda nuestra investigación.
