El 17 de julio es el Día de la Justicia Penal Internacional. Este año también se cumplen 25 años de la adopción del Estatuto de Roma, el tratado institucional de la Corte Penal Internacional (CPI). Los países miembros de la CPI se reunirán hoy en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para debatir el fortalecimiento del apoyo político y práctico a la justicia. Esto significa apoyar no solo a la CPI, sino también a los tribunales nacionales y otros mecanismos de rendición de cuentas en todo el sistema de justicia internacional.
Hace un año, Human Rights Watch desafió, junto con otros grupos de derechos humanos, a los gobiernos de todo el mundo a eliminar el doble discurso que limita a las víctimas el acceso a la justicia por delitos internacionales graves.
Expusimos cinco pasos que los gobiernos pueden dar para fortalecer el sistema de justicia internacional y ampliar el alcance de la justicia, independientemente de dónde y quién cometa estos delitos. A menudo, el acceso de las víctimas a la justicia depende de cálculos políticos, incluida la voluntad política de apoyar las iniciativas de justicia con recursos suficientes y apoyo práctico, lo que da lugar a un doble discurso por parte de los principales actores en el trato a los distintos países y grupos. Borrar estos dobles raseros es un reto primordial ya que implica cumplir los derechos de las víctimas y también apelar directamente a la legitimidad y calidad de un sistema de justicia internacional que mantenga la promesa de que no hay “nadie por encima de la ley”.
Entonces, ¿cómo les ha ido a los gobiernos? Como era de esperar, ha habido avances y retos persistentes. Este año se ha ampliado el alcance de la CPI, al reanudarse las investigaciones en Afganistán, Filipinas y Venezuela. Ha habido una evolución sustancial desde los días en que la lista de casos de la CPI se ocupaba únicamente de África. Pero impartir justicia en condiciones de igualdad requiere algo más que una cartera geográfica diversa. También requiere un apoyo político coherente, un compromiso con una justicia imparcial de calidad y recursos financieros para todas estas iniciativas de rendición de cuentas. Este año pone de relieve lo difícil que sigue siendo esta tarea.
Un caso histórico sobre Darfur progresó en la CPI. Sin embargo, la reanudación del conflicto armado en Sudán tras años de inacción por parte de la comunidad internacional para lograr la cooperación en las órdenes de detención pendientes muestra cómo la impunidad alimenta nuevos abusos. Pero no todo es Darfur: las órdenes de detención de la CPI siguen pendientes en todos sus ámbitos porque la corte depende de los países para detener a los sospechosos.
La atención mundial a la rendición de cuentas en Ucrania ha sido importante. Ha dado lugar a innovaciones en las formas de apoyo a los procedimientos nacionales en Ucrania y a través de otros tribunales nacionales, y ha dado lugar a dos importantes órdenes de detención de la CPI hasta la fecha, incluida una contra el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, el apoyo expreso a la investigación de la CPI en Ucrania –incluida la resistencia a los intentos de obstrucción del gobierno ruso— contrasta claramente con el escaso apoyo a la labor de la CPI en otras situaciones, como Palestina. Los países miembros de la CPI tampoco han financiado los aumentos presupuestarios necesarios para el tribunal, lo que puede forzar enfoques demasiado selectivos de los casos y las situaciones. Liderados por el grupo africano, los países de la CPI reconocieron el riesgo de selectividad y adoptaron una resolución en su reunión anual en la que expresaban su “apoyo a la aplicación coherente del mandato de la Corte” en todas las situaciones y casos de su competencia.
Borrar el doble discurso significa conseguir que más países se unan a los 123 miembros actuales de la Corte Penal Internacional. A pesar de toda la atención que se ha prestado a la rendición de cuentas en Ucrania, apenas ha habido indicios de un verdadero impulso por parte de los países miembros de la CPI para presionar a Ucrania para que se adhiera a la Corte. Esta ha sido una recomendación clave durante años por parte de las organizaciones de la sociedad civil ucraniana.
Un acceso más igualitario a la justicia también depende de que los tribunales nacionales hagan su trabajo. Y aquí hemos visto grandes avances desde el año pasado, en Guinea, donde avanza un juicio largamente esperado sobre crímenes cometidos durante una matanza en 2009, en la República Centroafricana, con el primer veredicto ante un tribunal especializado en crímenes de guerra, y con la primera acusación de crímenes de guerra en Australia por abusos cometidos en Afganistán. Pero estos esfuerzos de las autoridades nacionales siguen siendo la excepción y no la regla en caso de delitos graves.
Los tribunales nacionales también pueden tomar medidas cuando los delitos se cometen en otro lugar, utilizando la “jurisdicción universal”. El número de casos de este tipo va en aumento, y los gobiernos adoptaron un nuevo tratado para fomentar la cooperación. Los avances en Estados Unidos, con una nueva legislación, y en Francia, con una sentencia judicial clave, podrían conducir a un aumento del uso de la jurisdicción universal en estos países. EE.UU., por supuesto, aún no ha exigido responsabilidades significativas por los abusos cometidos por su propio personal en su “guerra global contra el terror”, mientras que el fiscal de la CPI ha restado prioridad a los presuntos crímenes cometidos por las fuerzas estadounidenses y las fuerzas del gobierno afgano en la investigación de su oficina sobre Afganistán.
Dadas las dificultades para acceder a la justicia, los gobiernos también deberían adoptar una perspectiva a largo plazo. Es importante apoyar y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a quienes hacen campaña en primera línea por la justicia, así como garantizar que se recogen y conservan las pruebas de los crímenes internacionales hasta que sea posible exigir responsabilidades penales.
También puede significar la necesidad de buscar vías alternativas. Se ha producido un repunte en el estudio del papel que puede desempeñar la Corte Internacional de Justicia, centrándose en la responsabilidad de los Estados; Canadá y Países Bajos han presentado una solicitud para iniciar un procedimiento sobre la tortura en Siria, y la Asamblea General de la ONU ha solicitado una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la prolongada ocupación israelí de Cisjordania y Gaza. Aunque estas iniciativas no desembocarán en juicios penales, pueden ser procesos importantes para los esfuerzos paralelos de rendición de cuentas.
También hay que abordar los efectos de la historia, como los legados de la esclavitud y el colonialismo. Estos legados alimentan los desequilibrios de poder subyacentes que tan a menudo son fuente de desigualdad en el acceso a la justicia. Este año, Human Rights Watch informó sobre crímenes coloniales contra la humanidad cometidos por el Reino Unido en las islas Chagos. Las autoridades británicas deberían enjuiciar estos crímenes y velar por el derecho de los chagosianos a regresar a su patria. También deberían pagar una indemnización completa y presentar una disculpa significativa por las pérdidas sufridas como consecuencia de los crímenes coloniales. Para que haya un verdadero proceso de reparación, deberían celebrarse consultas auténticas y significativas que garanticen que las comunidades afectadas puedan formar parte de este proceso de curación y ajuste de cuentas. Los movimientos comunitarios de reparación están dando nuevas esperanzas a los esfuerzos por corregir los errores históricos que siguen afectando a la realización de los derechos humanos.
Borrar el doble discurso en el acceso a la justicia no ocurrirá de la noche a la mañana, ni siquiera en un año o una década. Pero el progreso es posible, siempre que la comunidad internacional lo busque. Junto con colegas de todo el movimiento, seguiremos pidiendo a los gobiernos que adopten medidas concretas para garantizar el acceso igualitario de las víctimas a la justicia en todas partes, hoy y todos los días.
