(Washington, D. C.) – El Salvador ha sometido a desaparición forzada y detenido arbitrariamente a salvadoreños deportados de Estados Unidos, señaló hoy Human Rights Watch, un año después de que algunos de estos hombres fueran enviados a El Salvador.
Las personas detenidas se encuentran entre los más de 9.000 salvadoreños deportados por Estados Unidos desde principios de 2025. Algunos de ellos fueron deportados el 15 de marzo de 2025, junto con los venezolanos que fueron torturados y, en algunos casos, abusados sexualmente en la prisión de máxima seguridad conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
“Independientemente de los antecedentes penales de estos salvadoreños, tienen derecho a un juicio justo y a comparecer ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde se encuentran recluidos y por qué”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La deportación no puede significar una desaparición forzada”.
Human Rights Watch entrevistó a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños que fueron deportados de Estados Unidos entre mediados de marzo y mediados de octubre de 2025 y luego detenidos inmediatamente en El Salvador. Al igual que la mayoría de los detenidos en El Salvador, a estos hombres no se les ha permitido comunicarse con sus familiares ni con sus abogados.
Ninguno de los familiares o abogados ha recibido indicación alguna de las autoridades de que los hombres hayan sido llevados ante un juez desde su llegada al país. A algunos no se les ha informado dónde se encuentran sus seres queridos ni por qué fueron detenidos. En cinco casos, los familiares solo pudieron conocer el paradero de los deportados a través de litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La administración Trump ha alegado que varios de los salvadoreños son miembros de la pandilla MS-13. Estados Unidos reveló que uno de ellos es César Humberto López Larios (“El Greñas”), un conocido líder de la pandilla MS-13. Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han proporcionado evidencias o información que respalden la afirmación de que los demás deportados sean miembros de pandillas.
El análisis de Human Rights Watch de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indica que de los al menos 9.000 salvadoreños deportados a El Salvador desde enero de 2025, solo el 10,5 % había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento. Los familiares de diez de los detenidos dijeron que habían cumplido condenas en Estados Unidos: algunos por posesión de drogas, uno por homicidio y uno por agresión sexual.
Algunas de las personas entrevistadas dijeron que sus familiares habían huido del país de niños por casos de violencia doméstica o criminal, incluidas amenazas de reclutamiento y extorsión por parte de pandillas en El Salvador. Al parecer, llevaban varios años viviendo en Estados Unidos.
El 15 de marzo de 2025, las autoridades estadounidenses deportaron a 23 salvadoreños a El Salvador, entre ellos Kilmar Ábrego García, quien, según la administración Trump, fue deportado debido a un “error administrativo”. El 6 de junio, fue devuelto a Estados Unidos, tras una orden por parte de un juez federal. Los abogados de Ábrego alegaron ante los tribunales estadounidenses que había sufrido abusos físicos en las cárceles salvadoreñas. El 11 de diciembre, un tribunal del distrito de Maryland ordenó su liberación de la custodia de ICE.
El 14 de abril de 2025, la Casa Blanca publicó los nombres de otros 12 salvadoreños deportados, sin especificar cuándo fueron expulsados. El 17 de julio, 404 Media publicó una lista filtrada de ciudadanos venezolanos y salvadoreños deportados a El Salvador. Sin embargo, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han confirmado la autenticidad de la lista.
La mayoría de los familiares entrevistados dijeron que intentaron localizar a sus familiares a través del Sistema Localización de Detenidos en Línea de ICE, pero no obtuvieron resultados. Afirmaron que los funcionarios estadounidenses les dijeron que sus familiares habían sido deportados a El Salvador.
Todos los familiares entrevistados por Human Rights Watch dijeron que habían preguntado a las autoridades salvadoreñas por el paradero de sus seres queridos. Las autoridades se negaron a proporcionar información, alegando que “carecían de mandato legal” o que no tenían registro de ellos.
Los familiares de cinco deportados presentaron una solicitud ante la CIDH. En octubre y diciembre de 2025, El Salvador informó a la comisión que cuatro de ellos se encontraban detenidos en la prisión de Santa Ana y otro en el CECOT. La comisión señaló que El Salvador debía revelar la situación jurídica de los detenidos, poner fin a su detención en régimen de incomunicación y tomar medidas para protegerlos.
En otros dos casos, los familiares creen que sus seres queridos se encuentran detenidos en el CECOT. En otro caso, los familiares creen que su pariente está detenido en la prisión de Santa Ana porque lo identificaron en fotografías y videos publicados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En los tres casos restantes documentados por Human Rights Watch, los familiares no tienen ninguna indicación del paradero de sus familiares.
Los tribunales salvadoreños también se han negado a proporcionar información. Los familiares y abogados de cinco de los deportados dijeron que presentaron recursos de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en mayo, agosto y octubre de 2025. La Corte rechazó uno de los recursos, alegando la “falta de precisión de los argumentos fácticos”. No ha respondido a los demás.
Según el derecho internacional, una desaparición forzada ocurre cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su paradero o suerte, sustrayéndola a la protección de la ley.
Las autoridades salvadoreñas no han aclarado la base legal de la detención de los deportados ni si serán presentados ante un juez. En algunos casos, el gobierno salvadoreño informó a la CIDH que había solicitado información a Estados Unidos y que los hombres permanecían en el sistema penitenciario salvadoreño “a la espera de lo que dicho Estado remitente disponga respecto a su situación migratoria y legal”.
La hermana de uno de los deportados dijo que su hermano de 32 años emigró a Estados Unidos en 2022 debido al abuso policial. Las autoridades estadounidenses lo deportaron el 15 de marzo de 2025. “Yo estuve llamando a la casa del migrante en El Salvador pero nunca me daban información y por eso denuncié a la Procuraduría”, dijo. “Una funcionaria me dijo que mi hermano fue deportado el 15 de marzo [pero] que por el régimen de excepción no me iban a dar información”.
La madre de otro deportado, que había vivido en Estados Unidos durante 11 años, empezando desde sus 17 años, dijo que la última vez que habló con su hijo fue el 13 de marzo de 2025, cuando él le dijo que pronto sería deportado a El Salvador. El 15 de marzo, cuando intentó localizarlo utilizando el sistema de localización en línea de ICE, no apareció ningún resultado.
“Ese mismo día empecé a buscar abogados en El Salvador, pero varios me dijeron que no podían aceptar esos casos por temor a represalias del gobierno”, dijo. “Llamé a varias entidades, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la casa del migrante y a ministerios de El Salvador, pero no me dieron información. En la Procuraduría me dijeron que, debido al régimen de excepción, no estaban obligados a darme información. Me siento desamparada”.
El régimen de excepción en El Salvador está vigente desde marzo de 2022. Suspende, entre otros, los derechos a ser informado sin demora de los motivos de la detención, a no ser obligado a declarar, a la representación legal y la obligación de presentar a cualquier detenido ante un juez en un plazo de 72 horas desde su arresto. Human Rights Watch ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción.
“La desesperación de las familias por encontrar a sus seres queridos desaparecidos evoca los días más oscuros de las dictaduras en América Latina”, dijo Goebertus. “Estados Unidos debería dejar de arrojar a deportados al agujero negro del sistema penitenciario de El Salvador”.
