Human Rights Watch destaca que El Salvador haya aceptado 152 recomendaciones recibidas durante su Examen Periódico Universal (EPU). Sin embargo, lamenta la decisión del gobierno de rechazar recomendaciones clave para abordar el deterioro de la situación de derechos humanos en el país. Esto incluye recomendaciones para garantizar al debido proceso, poner fin al régimen de excepción y derogar leyes abusivas, así como proteger el espacio cívico, la libertad de expresión, los derechos reproductivos y los derechos de las personas LGBT.
El Salvador rechazó las recomendaciones orientadas a garantizar el respeto al debido proceso durante el actual régimen de excepción, bajo el cual más de 86.000 personas han sido detenidas desde marzo de 2022. Miles permanecen en detención provisional sin acceso a abogados ni contacto con sus familias. Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado abusos generalizados, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia que no han sido adecuadamente investigadas y violaciones graves al debido proceso.
El Salvador también rechazó recomendaciones para proteger el espacio cívico y garantizar la libertad de expresión. En mayo de 2025, el gobierno sancionó una Ley de Agentes Extranjeros, que otorga a las autoridades poderes discrecionales para vigilar, sancionar y disolver organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que reciban financiamiento extranjero. Ese mismo mes, las autoridades arrestaron a Ruth López, una destacada abogada anticorrupción de la organización de derechos humanos Cristosal, y ordenaron su detención provisional en un caso declarado bajo reserva. Su detención se da en el contexto de una ola de represión contra la sociedad civil y la prensa, que ha forzado al exilio a al menos 40 periodistas en las últimas semanas.
El Salvador también rechazó todas las recomendaciones que instaban a despenalizar el aborto, incluso en casos de violación o cuando la vida de una mujer o niña estuviera en peligro. El país mantiene una prohibición total del aborto, que ha llevado al enjuiciamiento y encarcelamiento abusivo de mujeres, incluidas aquellas que enfrentaron emergencias obstétricas.
Human Rights Watch urge a El Salvador a adoptar medidas concretas para restablecer la independencia judicial y el respeto al debido proceso. Asimismo, insta al Estado a proteger los derechos reproductivos y garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas puedan desempeñar su labor sin temor a represalias, incluyendo mediante la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros.
