En junio, la Unión Europea, por primera vez, expresó su preocupación por el deterioro de la situación en El Salvador ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Posteriormente, el Parlamento Europeo celebró un debate sobre la escalada de represión del presidente Nayib Bukele contra los grupos de la sociedad civil.
Estas medidas positivas ponen de manifiesto la creciente atención internacional que se presta a los abusos cometidos en El Salvador, pero se necesita hacer más para abordarlos de manera significativa.
En mayo, las autoridades salvadoreñas detuvieron a Ruth López, abogada de derechos humanos que trabaja para Cristosal, una importante organización salvadoreña de derechos humanos, y a Enrique Anaya, abogado y crítico del Gobierno. La Asamblea Legislativa también aprobó una abusiva "ley de agentes extranjeros", que otorga al Gobierno amplios poderes para controlar y sancionar a los grupos de derechos humanos y a los medios de comunicación independientes que reciben apoyo internacional.
La "guerra contra las pandillas" de Bukele ha dado lugar a graves abusos contra los derechos humanos, incluso contra niños, y al debilitamiento del Estado de derecho. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y torturas y malos tratos a los detenidos.
El Gobierno salvadoreño también colaboró con la Administración Trump para encarcelar a más de 250 migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos, lo que equivale a desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
La UE debe apoyar a quienes se resisten a los abusos de Bukele y utilizar sus instrumentos de derechos humanos para fomentar un cambio positivo y garantizar la rendición de cuentas.
En primer lugar, los funcionarios de la UE deben seguir expresando su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador, instar a las autoridades a garantizar un entorno libre para los periodistas y la sociedad civil, y presionar al Gobierno para que restablezca la independencia judicial. Podrían hacerlo en su próxima reunión sobre el Memorando de Entendimiento que sienta las bases de su diálogo político.
Además, la UE debería considerar la posibilidad de aumentar el apoyo financiero a los medios de comunicación independientes y a los grupos de la sociedad civil salvadoreños, cuyos miembros, en diversas ocasiones, se han visto obligados a exiliarse. Los diplomáticos de la UE también deberían visitar a los activistas salvadoreños detenidos y presionar al Gobierno para que garantice juicios rápidos, públicos y justos. El Parlamento Europeo también debería considerar la posibilidad de aprobar una resolución para expresar su preocupación por estos casos.
Por último, la UE debería considerar la posibilidad de imponer nuevas sanciones selectivas contra los altos funcionarios del Gobierno responsables de graves abusos contra los derechos humanos.
Basándose en su positiva experiencia con Guatemala, la UE debería aplicar su conjunto de instrumentos de derechos humanos de manera inteligente, decidida y estratégica. Y debería actuar con rapidez, ya que los abusos del presidente Bukele corren el riesgo de convertirse en un peligroso modelo a seguir para los líderes autoritarios de la región y de otros lugares.
