El gobierno del presidente Nayib Bukele concentró poder en el ejecutivo y profundizó la represión contra defensores de derechos humanos y críticos. En julio, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de gobierno, aprobó reformas constitucionales para derogar los límites a la reelección presidencial. Bukele obtuvo un segundo mandato en 2024 pese a que la Constitución prohibía la reelección presidencial inmediata.
El régimen de excepción, que suspende ciertos derechos básicos, está vigente desde marzo de 2022. Las autoridades han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos en detención, y violaciones al debido proceso. La violencia relacionada con las pandillas ha disminuido drásticamente.
Concentración de poder
En julio, diputados del partido Nuevas Ideas aprobaron una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida, entre otros aspectos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que las reformas constituían “un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho en el país”.
En enero, la Asamblea ratificó una reforma del artículo 248 de la Constitución, que permite a la Asamblea reformar la Constitución en una sola legislatura. Anteriormente, las reformas constitucionales debían ser aprobadas por dos legislaturas sucesivas.
En diciembre de 2024, los legisladores reeligieron a Rodolfo Delgado como fiscal general. Delgado había sido designado en el cargo en mayo de 2021, cuando diputados del partido de gobierno destituyeron y reemplazaron sumariamente al fiscal general y a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. En 2021, el fiscal general Delgado desmanteló el Grupo Especial Antimafia (GEA), una unidad de la Fiscalía General que investigaba presuntos casos de corrupción de altos funcionarios de Bukele y las negociaciones del gobierno con pandillas.
En septiembre de 2021, los legisladores aprobaron leyes que permiten a la Corte Suprema y al fiscal general destituir a jueces y fiscales mayores de 60 años y trasladarlos a otros puestos. Estas leyes contradicen los estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial y se han utilizado para destituir o transferir a jueces o fiscales independientes.
Ataques a la sociedad civil
El gobierno ha intensificado los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y líderes sindicales.
En mayo, las autoridades detuvieron a José Ángel Pérez, líder comunitario, y a Alejandro Henríquez, abogado, bajo cargos infundados de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos”, tras participar en una protesta pacífica contra el desalojo de una comunidad. Al momento de redacción de este informe, ambos permanecían incomunicados en prisión preventiva.
Ese mismo mes, las autoridades detuvieron a Ruth López, destacada defensora de derechos humanos y directora del área de anticorrupción y justicia de Cristosal, una organización centroamericana de derechos humanos, y la acusaron de “enriquecimiento ilícito”. En junio, las autoridades detuvieron a Enrique Anaya, abogado y crítico del gobierno, y le imputaron el delito de “lavado de dinero”. Ambos permanecen en régimen de incomunicación, en prisión preventiva; además, sus casos han sido declarados bajo reserva. En septiembre, la CIDH dictó medidas cautelares a favor de López y Anaya, e instó al gobierno a poner fin a la situación de incomunicación prolongada, garantizar el acceso a familiares y a abogados, y revisar la legalidad de su prisión preventiva.
En mayo, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Agentes Extranjeros. La ley exige a cualquier persona u organización en El Salvador que reciben directa o indirectamente fondos, bienes o servicios del exterior se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Las autoridades tienen amplia discrecionalidad para conceder exenciones bajo criterios vagos y sancionar las actividades que consideren contrarias al “orden público” o que amenacen “la estabilidad social y política del país”.
Las organizaciones o personas que no se registren se enfrentan a sanciones, incluyendo multas y la “suspensión o cancelación” de su personería jurídica. La ley también impone un impuesto del 30 % sobre toda financiación extranjera, incluyendo donaciones, pagos u otros conceptos. La Ley de Agentes Extranjeros viola las obligaciones de El Salvador conforme al derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad de expresión y asociación. La ley entró en vigor en septiembre.
En julio, Cristosal anunció el cierre de sus oficinas en El Salvador, alegando una “escalada represiva”. Entre mayo y septiembre, al menos 140 defensores de derechos humanos y periodistas, entre ellos periodistas de El Faro, un destacado medio de comunicación digital, huyeron del país por temor a represalias por su trabajo. El Faro ya había trasladado sus operaciones financieras a Costa Rica en 2023.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció 789 agresiones a la libertad de prensa durante 2024, lo que representa un aumento del 154 % con respecto a 2023. Entre ellas se incluyen acoso digital, declaraciones estigmatizantes dirigidas a periodistas y restricciones su trabajo, y al acceso a información pública.
En septiembre, la APES también anunció el cierre de sus oficinas en El Salvador, al señalar que los requisitos impuestos por la Ley de Agentes Extranjeros eran “asfixiantes”. Desde la entrada en vigor de la ley, al menos otras tres organizaciones han cerrado sus operaciones.
Políticas de seguridad
El régimen de excepción adoptado en marzo de 2022, que suspende ciertos derechos procesales, se ha prorrogado 45 veces y seguía en vigor al momento de redacción de este informe.
Bajo el régimen de excepción, la policía y el ejército han realizado cientos de redadas indiscriminadas, especialmente en comunidades de bajos ingresos, deteniendo a más de 90.000 personas, incluidos más de 3.000 niños. La mayoría permanece en régimen de incomunicación en prisión preventiva.
Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han documentado desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias masivas, torturas y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas detenidas. Las autoridades no han informado de la imputación, procesamiento ni condena de ningún policía o militar en relación con estos abusos. En un informe de septiembre de 2024, la CIDH identificó “denuncias” de “violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos” e instó a las autoridades a poner fin al régimen de excepción.
Muchos de los detenidos no tienen vínculos aparentes con la violencia de las pandillas. Las detenciones suelen basarse en pruebas no corroboradas o falsas, incluyendo la apariencia física, tatuajes de cualquier tipo, llamadas anónimas, y la presión para cumplir con cuotas de arrestos.
El encarcelamiento masivo elevó la población carcelaria de El Salvador a aproximadamente 118.000 personas privadas de libertad, más del doble de la capacidad instalada del sistema penitenciario, lo que ha agravado significativamente las condiciones de detención que ya eran precarias. Al momento de redacción de este informe, alrededor del 1,9 % de la población del país se encontraba detenida, una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
En febrero, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley Penal Juvenil para permitir el traslado de menores acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de centros penitenciarios para adultos. La medida los expone a mayores riesgos de abuso y contradice estándares internacionales de justicia juvenil.
En agosto, la Asamblea reformó la Ley contra el Crimen Organizado para ampliar el plazo de la prisión preventiva aplicable a personas detenidas durante el régimen de excepción acusadas de pertenecer a estructuras de crimen organizado. En la práctica, esta reforma permitiría mantener a las personas detenidas hasta por cinco años antes de que se celebre el juicio.
Al menos 458 personas han muerto bajo custodia durante el régimen de excepción, según Socorro Jurídico Humanitario, una organización de derechos humanos. Hasta la fecha, no se ha informado de rendición de cuentas por estas muertes.
Violencia de pandillas
La violencia de las pandillas disminuyó en 2025. Durante décadas, las pandillas ejercieron control territorial en todo el país, cometiendo homicidios, reclutamiento forzado de niños, violaciones y agresiones sexuales, secuestros, extorsión y desplazamiento.
La tasa históricamente alta de homicidios del país, que alcanzó un máximo de 105 por cada 100.000 habitantes en 2015, ha disminuido drásticamente desde 2019, alcanzando un mínimo histórico en 2024, según cifras oficiales. Al momento de redacción de este informe, el gobierno no había informado la tasa de homicidios de 2025. Los casos de extorsión también han disminuido, informaron las autoridades.
Las restricciones impuestas por el gobierno al acceso público a los datos sobre homicidios y otros delitos, así como cambios en los criterios de clasificación de los asesinatos que se contabilizan como homicidios en las estadísticas oficiales, dificultan evaluar la exactitud de las afirmaciones oficiales sobre la reducción y la prevalencia de la criminalidad.
Deportaciones desde Estados Unidos
Entre marzo y abril, la administración Trump trasladó a 252 venezolanos a El Salvador, donde fueron privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel conocida por sus condiciones abusivas. El gobierno de Estados Unidos pagó a las autoridades de El Salvador para que mantuviera a las personas deportadas en prisión. En julio, fueron enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.
Durante los cuatro meses en los que estuvieron detenidos en el CECOT, las personas venezolanas sufrieron violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, régimen de incomunicación prolongado, falta de acceso a atención médica y alimentación adecuadas, y condiciones de detención insalubres. El gobierno estadounidense violó el principio de no devolución (non-refoulement) al trasladar a migrantes venezolanos a El Salvador a pesar de los riesgos previsibles de abuso.
Correspondencia interna citada en medios de comunicación indica que los funcionarios salvadoreños discutieron un “descuento del 50 %” en los pagos por detener a los migrantes venezolanos en el CECOT a cambio de la transferencia a El Salvador de nueve líderes de la pandilla MS-13 que se encontraban detenidos en Estados Unidos. Posteriormente, las autoridades estadounidenses trasladaron a 23 salvadoreños al CECOT, entre ellos César Humberto López Larios (“El Greñas”), un líder de la MS-13 que enfrentaba cargos por terrorismo y conspiración ante un tribunal federal de Estados Unidos.
La deportación de López Larios parece formar parte de un esfuerzo por impedir que él y otras personas testifiquen ante los tribunales estadounidenses sobre sus presuntas negociaciones con la administración Bukele. Según una acusación de fiscales de Estados Unidos, los funcionarios de Bukele negociaron con los líderes de la MS-13 desde 2019 regímenes penitenciarios más laxos, penas más cortas, liberaciones anticipadas y garantías de no extradición a Estados Unidos. A cambio, la pandilla se habría comprometido a reducir los homicidios y a proporcionar apoyo político durante las elecciones.
Transparencia y lucha contra la corrupción
Las autoridades han clasificado como reservada información de interés público y han debilitado la institución encargada de hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública. Ello obstaculiza la transparencia y ha contribuido a un aumento en la percepción de corrupción en el sector público.
La puntuación de El Salvador en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que mide la corrupción percibida en el sector público a nivel mundial, ha caído de 36 en 2020 a 30 en 2024, su nivel más bajo en 13 años.
La Corte Suprema ha clasificado como reservada la declaración de bienes del presidente Bukele, apartándose de la práctica anterior.
Acceso al aborto
El Salvador penaliza el aborto en todas las circunstancias. Durante años, los tribunales han condenado a mujeres que han sufrido emergencias obstétricas por homicidio agravado, con penas de hasta 50 años de prisión.
En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a El Salvador responsable por violencia obstétrica en el caso de Beatriz, una mujer a la que se le negó un aborto en 2013 a pesar de enfrentarse a un embarazo de alto riesgo. La sentencia sentó un precedente histórico para los derechos reproductivos en la región.
Orientación sexual e identidad de género
El Salvador no permite el matrimonio igualitario ni el reconocimiento legal de género para las personas transgénero y carece de una legislación integral contra la discriminación de personas LGBT. La legislatura sigue ignorando una orden de la Corte Suprema de 2022 para crear un procedimiento de reconocimiento legal de género que permitiría a las personas trans cambiar su nombre en los documentos de identidad.
Actores internacionales claves
En abril, Bukele se reunió con el presidente Trump en la Oficina Oval para discutir cooperación en materia de migración y seguridad. Bukele afirmó que no devolvería a Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado ilegalmente de Estados Unidos a El Salvador en marzo. Abrego García fue trasladado nuevamente a Estados Unidos en junio, donde ha enfrentado cargos por supuesto tráfico de migrantes.
El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de 2024 sobre El Salvador sostuvo que “no existía información creíble de abusos significativos de derechos humanos”, aunque al mismo tiempo citó “denuncias” e “informes” de malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. En contraste, el informe de 2023 había documentado ejecuciones extrajudiciales, torturas y “condiciones carcelarias duras y que ponen en peligro la vida”.
En febrero, el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de US$1.400 millones. El FMI ha identificado la preocupación por la independencia judicial como un factor que influye en la calificación crediticia especulativa del país y como un obstáculo para la inversión extranjera, y ha formulado recomendaciones relativas a los traslados y la estabilidad en el cargo de los jueces. Una revisión del FMI publicada en julio concluyó que estas recomendaciones no se habían implementado. La revisión también señaló retrasos en la aplicación de algunas recomendaciones sobre transparencia y lucha contra la corrupción.
En junio, la Unión Europea expresó por primera vez su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en El Salvador ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.