(Washington, DC) – La audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Beatriz, a quien El Salvador le negó un aborto a pesar de su embarazo de alto riesgo, pondrá en evidencia las nefastas consecuencias de una ley que prohíbe completamente el aborto y presenta una oportunidad para dar un paso adelante en la protección de los derechos reproductivos en la región, señaló hoy Human Rights Watch.
“Esta es la primera vez que la Corte Interamericana se pronunciará sobre las consecuencias de la criminalización total del aborto”, dijo Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de la mujer en Human Rights Watch. “Su fallo sobre El Salvador, cuyas leyes antiaborto se encuentran entre las más estrictas del mundo, sentaría un precedente en América Latina y el Caribe respecto al aborto en aquellos casos en los que la vida de una mujer está en peligro o en los que el feto no tiene posibilidades de sobrevivir fuera del útero”.
En febrero de 2013, la vida de Beatriz fue puesta en peligro como consecuencia de su embarazo. A Beatriz se le diagnosticó un embarazo de alto riesgo a las 11 semanas, cuando una ecografía mostró que el feto era anencefálico, una malformación congénita sin pronóstico de supervivencia fuera del útero. Si una mujer con un embarazo anencefálico se ve obligada a llevar el feto a término, puede sufrir múltiples complicaciones, incluida una hemorragia obstétrica.
El Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador recomendó interrumpir el embarazo. Sin embargo, en El Salvador, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, incluso cuando la vida, la salud y la integridad personal de la persona embarazada están en peligro, o el feto presenta complicaciones graves incompatibles con la vida extrauterina.
A través de un largo proceso, Beatriz solicitó la interrupción de su embarazo y llevó su caso ante el Tribunal Supremo, que finalmente dictaminó que no podía abortar. El 29 de abril de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que Beatriz tenía un embarazo de alto riesgo e instó a El Salvador a tomar las “medidas necesarias para implementar el tratamiento” recomendado por la Comisión Médica.
A pesar de ello, El Salvador no cumplió con las medidas cautelares, lo que llevó a la Corte Interamericana a adoptar medidas provisionales y, el 3 de junio, Beatriz fue sometida a una cesárea de urgencia. El feto anencefálico murió cinco horas después.
En enero de 2022, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que El Salvador violó los derechos de Beatriz a la vida y a la salud, a no sufrir tratos inhumanos y a la intimidad, a la igualdad ante la ley y a las garantías y protección judiciales, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana también reiteró que la criminalización absoluta del aborto expone a las mujeres a prácticas peligrosas e incluso letales que ponen en riesgo su salud y su vida. Señaló que las mujeres pobres y más vulnerables se ven afectadas de manera desproporcionada.
A pesar de las recomendaciones de la CIDH, El Salvador continúa criminalizando el aborto en todas las circunstancias. Se ha condenado a mujeres por homicidio por abortar, a veces con penas de hasta 40 años de prisión. En algunos casos, tener un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica fueron utilizadas como pruebas para condenarlas. La Corte Interamericana ya dictaminó que El Salvador era responsable de la muerte de Manuela, condenada en 2008 a 30 años de prisión por homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica que le hizo perder el embarazo.
El acceso al aborto legal y seguro protege la autonomía y reduce la mortalidad y morbilidad maternas. Las interpretaciones fidedignas del derecho internacional de los derechos humanos establecen que negar a mujeres, niñas y otras personas embarazadas el acceso al aborto es una forma de discriminación y pone en peligro una serie de derechos humanos. Entre ellos se encuentran el derecho a la vida y a no sufrir tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la libertad; a la salud y la información; a la intimidad y la autonomía e integridad corporales; a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; a disfrutar de los beneficios del progreso científico; y a la libertad de conciencia y religión.
Los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas han pedido periódicamente a los gobiernos que despenalicen el aborto en todos los casos y que, como mínimo, garanticen el acceso al aborto legal y seguro en determinadas circunstancias.
Países latinoamericanos como Uruguay, Argentina y Colombia, y algunos estados de México, reconocen actualmente el acceso a los servicios de aborto como un derecho humano, y algunos han legalizado el procedimiento en los últimos tres años. Mientras tanto, otros países, como Chile y Ecuador, han dado pasos adelante en la despenalización del aborto en casos como violación, inviabilidad fetal y cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo.
“El Salvador debe cumplir con su obligación de respetar y proteger los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos”, afirmó Quijano Carrasco. “El Salvador debe despenalizar el aborto y garantizar el acceso de las mujeres y las personas embarazadas a un aborto seguro y legal”.
