(Ginebra) – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dado un paso clave para promover la justicia por graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, señaló hoy Human Rights Watch.
El 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución sobre Nicaragua para establecer un Grupo de Expertos que deberá “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos” cometidas en el país desde abril de 2018, incluyendo sus causas estructurales. El Grupo de Expertos deberá formular recomendaciones para asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia. La resolución fue presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay. Fue aprobada con 20 votos a favor y 7 en contra.
“La crisis de derechos humanos en Nicaragua exige un riguroso escrutinio internacional”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Con esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha transmitido un mensaje claro al presidente Ortega de que la comunidad internacional no tolerará los abusos de su gobierno”.
El gobierno de Daniel Ortega ha llevado a cabo una represión feroz contra críticos y opositores, incluyendo detenciones y procesos penales arbitrarios en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. A comienzos de marzo de 2022, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un lapidario informe al Consejo sobre la situación en Nicaragua. El informe identifica un “patrón de graves violaciones graves de derechos civiles y políticos”, que suprimió y excluyó arbitrariamente las opiniones disidentes de las elecciones y “creó un clima poco propicio para que celebración de elecciones genuinas, libres y creíbles”.
Estas violaciones de derechos incluyeron la detención abusiva de más de 40 críticos durante el proceso electoral, incluyendo siete candidatos presidenciales y otras figuras políticas, líderes estudiantiles y campesinos, activistas, abogados defensores y periodistas. Muchos detenidos han estado incomunicados, y algunas mujeres detenidas han sufrido un confinamiento solitario prolongado por un período mayor a 15 días, lo cual constituye tortura. El informe señala que incluso cuando se permitían visitas familiares, estas fueron sumamente restringidas, y que los detenidos no recibían suficiente comida ni tenían dietas balanceadas, lo cual les causó pérdidas visibles y graves de peso. Además, a algunos presos no se les permitía recibir alimentos de sus familiares, y los guardias penitenciarios mantenían las luces de sus celdas encendidas toda la noche.
A algunos detenidos con enfermedades crónicas se les negó la atención especializada que requerían. La falta de atención médica adecuada u oportuna así como las graves condiciones de detención agravaron los problemas de salud preexistentes de varios detenidos.
La mayoría de los detenidos han sido juzgados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” sin que se respeten las garantías básicas de debido proceso y otros derechos fundamentales. En la mayoría de los casos, las pruebas presentadas por el Ministerio Público corresponden únicamente a pronunciamientos protegidos por la libertad de expresión. Los fiscales han justificado cargos graves contra los detenidos basándose exclusivamente en señalamientos de que los acusados habían dado entrevistas a medios de comunicación, compartido mensajes de WhatsApp, participado en reuniones o firmado cartas en las cuales pedían elecciones libres, exigían la condena internacional de los abusos del gobierno o expresaban su apoyo a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
La mayoría de los detenidos de forma arbitraria en 2021, incluyendo varias personas que pretendían ser candidatos presidenciales, han sido condenados recientemente por “menoscabo a la integridad nacional” en juicios realizados a puertas cerradas. También se condenó a cinco personas por presunto “lavado de dinero”, incluida Cristiana Chamorro, excandidata presidencial y directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que promovía la libertad de prensa.
Al menos otras 130 personas percibidas como críticas del gobierno permanecen detenidas de manera arbitraria, según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos.
Las autoridades también han cancelado la personería jurídica de cerca de 135 organizaciones no gubernamentales y universidades privadas, incluyendo organizaciones humanitarias que tenían décadas de trayectoria en el país y promovían medidas para reducir la pobreza o mejorar el acceso a la educación.
No existe un poder judicial independiente en Nicaragua, y la impunidad ante los abusos es la norma. Hasta la fecha, no se sabe de siquiera un policía que esté siendo investigado por los abusos cometidos durante la brutal represión del gobierno contra manifestantes en 2018, que resultó en más de 300 muertos y 2.000 heridos, además de cientos de detenciones arbitrarias.
El gobierno de Ortega no ha permitido que organizaciones internacionales de derechos humanos ingresen al país desde que expulsó a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fines de 2018.
El 24 de marzo de 2022, el gobierno también expulsó al representante en el país del Comité de la Cruz Roja Internacional. La organización había podido visitar a personas detenidas arbitrariamente en ciertas cárceles, pero no le habían permitido ingresar a El Chipote, donde están muchas de las personas que fueron detenidas arbitrariamente en 2021.
“Ahora que la resolución fue aprobada es fundamental que el nuevo Grupo de Expertos empiece a operar de manera inmediata”, destacó Pappier. “En un contexto en el cual el gobierno cierra organizaciones independientes y expulsa a los pocos observadores internacionales que quedan en el país, la tarea del Grupo de Expertos es cada vez más urgente e importante”.
