Quiero dar mis agradecimientos al Parlamento de Reino Unido por permitir a Human Rights Watch la oportunidad de abordar la alarmante situación de derechos humanos en Nicaragua.
Human Rights Watch ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por el gobierno nicaragüense desde que, en 2018, la brutal represión contra manifestantes desatara la actual crisis de derechos humanos en el país.
El gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, ha desmantelado todos los controles institucionales sobre el poder ejecutivo y ha utilizado sistemáticamente la represión para acallar voces críticas y restringir severamente las libertades fundamentales de los nicaragüenses.
El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han sometido al poder judicial copando los tribunales con jueces afines a su partido, quienes han perseguido arbitrariamente a críticos y opositores. La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, ha promulgado amplias restricciones a derechos civiles y políticos, incluyendo a la libertad de expresión y de asociación. El gobierno también controla el Consejo Supremo Electoral (CSE), el organismo de supervisión electoral de Nicaragua, el cual, ha cancelado la personería jurídica de los principales partidos opositores.
En 2018, la policía, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimió brutalmente a manifestantes, lo cual dejó un saldo de más de 300 muertos y 2.000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Human Rights Watch documentó que muchas personas detenidas sufrieron graves abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, como descargas eléctricas, violentas golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación sexual. A algunas se les habría negado atención médica en los centros de salud pública, y muchos profesionales de la salud que les brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias.
Nadie ha sido llevado ante la justicia por estos graves abusos.
Por el contrario, el gobierno ha intensificado la represión. Las personas percibidas como críticas del gobierno, incluyendo defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, opositores políticos, empresarios, líderes estudiantiles y campesinos y miembros de la Iglesia católica, han sido blanco de hostigamiento, detención y procesos penales arbitrarios, confiscación de bienes, privación arbitraria de la nacionalidad; muchos han sido expulsados de su propio país.
Durante el periodo previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, documentamos que decenas de críticos, entre ellos siete precandidatos presidenciales, fueron detenidos arbitrariamente durante meses, la mayoría acusados de “traición a la patria”, e incomunicados. Muchos fueron sometidos a múltiples interrogatorios y a condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente. El gobierno acusó a muchos de delitos graves sin aportar pruebas para fundamentar los cargos.
El 9 de febrero de 2023, el gobierno liberó a 222 presos políticos y los expulsó a Estados Unidos, calificándolos de “traidores”. Además, estas personas fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad y se confiscaron sus bienes. Aunque estas liberaciones pusieron fin a años de sufrimiento para muchos detenidos y sus familias, la decisión de despojarlos de su nacionalidad viola el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Posteriormente, el gobierno también despojó de la nacionalidad a otros 95 críticos, periodistas, defensores de derechos humanos, escritores y líderes políticos.
Hasta diciembre de 2023, permanecían encarcelados más de 100 presos políticos, según una organización nicaragüense de derechos humanos. La mayoría estaban acusados de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”. Entre las víctimas de detenciones arbitrarias se encuentra un número cada vez mayor de miembros de la Iglesia católica, incluyendo 31 sacerdotes y otros religiosos, a quienes el gobierno liberó y envió al Vaticano en dos grupos en octubre de 2023 y enero de 2024.
El gobierno también ha restringido drásticamente el espacio cívico. Desde 2018, las autoridades han cancelado la personería jurídica de más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, incluyendo grupos de derechos de la mujer, asociaciones religiosas y asociaciones de médicos. Esta cifra representa aproximadamente el 50 % de las organizaciones sin ánimo de lucro que existían en Nicaragua antes de abril de 2018, cuando las autoridades informaron que un total de 6.500 organizaciones operaban en el país.
Entre las organizaciones despojadas de su personería jurídica se encuentran decenas de organizaciones humanitarias que desempeñaban un papel fundamental para garantizar el acceso a servicios sanitarios, agua potable y alimentación a comunidades de bajos ingresos, en su mayoría rurales. Las autoridades también han cancelado la personería jurídica de 28 universidades, entre las que destaca la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por jesuitas. Han confiscado sus bienes y han dejado a miles de estudiantes sin acceso a la educación. Muchos de estos cierres se basan en legislación abusiva, incluida una ley sobre “agentes extranjeros” sancionada en 2020 que permite cancelar la personería jurídica de las organizaciones que reciben fondos extranjeros y realicen actividades que “interfieran en los asuntos internos de Nicaragua”.
El gobierno también ha cerrado al menos 57 medios de comunicación, según informó la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, y al menos 208 trabajadores de medios de comunicación han huido del país. Las autoridades han impuesto restricciones para obstaculizar el funcionamiento de varios medios, incluyendo mediante la retención de insumos de impresión. La policía ha allanado y confiscado bienes de los medios Confidencial, 100% Noticias y La Prensa.
Muchas personas se han visto obligadas a abandonar el país debido a la persecución política, el miedo a ser detenidas arbitrariamente y la falta de oportunidades económicas. Entre 2018 y junio de 2022, más de 260.000 nicaragüenses, aproximadamente el 4 % de la población estimada del país, abandonaron Nicaragua, en su mayoría a Costa Rica y Estados Unidos.
El gobierno de Ortega se ha negado reiteradamente a cooperar con los organismos internacionales de derechos humanos. No se ha permitido a ningún observador internacional de derechos humanos acceder al país desde que el gobierno expulsó a miembros de la CIDH y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a finales de 2018. El gobierno no ha implementado las recomendaciones de la OACNUDH.
Afortunadamente, muchos gobiernos a nivel global han denunciado estos abusos y han impuesto sanciones individuales. Es importante destacar que algunos, incluyendo el del Reino Unido, ayudaron a crear, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua que, en marzo de 2023, concluyó que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzadas y persecución por motivos políticos.
Aunque estos esfuerzos internacionales son importantes y necesarios, hasta ahora, ni las sanciones individuales ni las condenas aisladas han conseguido ejercer suficiente presión sobre el gobierno de Ortega. Para abordar la crisis de Nicaragua se requiere de esfuerzos multilaterales, coordinados y secuenciados, que permitan presionar al gobierno para que restablezca las libertades democráticas y negocie las reformas que permitirían unas elecciones libres y justas.
El Reino Unido—que ya ha adoptado sanciones contra 14 individuos implicados en graves abusos—puede seguir realizando importantes contribuciones. Respetuosamente, instamos a los miembros de este Parlamento a:
- Apoyar la iniciativa, lanzada en julio de 2023 por 179 víctimas nicaragüenses y 29 organizaciones de derechos humanos, de crear un “Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense”, que debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales, una estrategia concertada para frenar los abusos, proporcionar vías para la rendición de cuentas y promover la realización de elecciones libres y justas.
- Promover esfuerzos para llevar a cabo investigaciones penales contra altos funcionarios del gobierno nicaragüense aplicando el principio de jurisdicción universal. Este principio permite a las autoridades enjuiciar a responsables de ciertos delitos graves, como la tortura, independientemente del lugar donde se produzcan y la nacionalidad de las víctimas y los sospechosos.
- Instar a los bancos multilaterales de desarrollo que financian a Nicaragua, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a asegurarse de que sus préstamos no contribuyen a las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno nicaragüense.
- Expandir las sanciones individuales, idealmente en coordinación con otros gobiernos. Éstas deberían implicar la prohibición de viajar y la congelación de activos de los altos funcionarios del gobierno responsables de violaciones de derechos humanos, incluyendo al presidente Daniel Ortega.
Lord Alton, miembros del grupo, gracias por su atención a este importante asunto.
