El número de migrantes y solicitantes de asilo que perdió la vida en el mar intentando llegar a España aumentó de forma alarmante y la coordinación gubernamental para recibir, reubicar e integrar a las personas que llegaban resultó insuficiente. La pobreza aumentó ligeramente y los programas clave de seguridad social continuaron excluyendo a una parte importante de la población, esto, a pesar de algunas medidas de mejora. Asimismo, las promesas de crear centros de crisis para víctimas de violencia sexual en todo el país, mejorar el acceso al aborto y establecer un organismo independiente contra la discriminación se materializaron con lentitud.
Migración y asilo
Según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), hasta mediados de noviembre, aproximadamente 54.200 personas migrantes y solicitantes de asilo llegaron de manera irregular a España, principalmente por mar. De estas, casi 53.800 desembarcaron en las Islas Canarias, mientras que unas 400 lo hicieron por tierra. Una organización defensora de los derechos de las personas migrantes estimó que 5.054 personas, incluidas 50 niños y niñas, murieron en el mar entre África y España durante los primeros cinco meses del año, un incremento cinco veces mayor respecto al mismo periodo en 2023.
El incremento en las llegadas por mar provocó tensiones entre las autoridades regionales de las Islas Canarias y el Gobierno central. En julio, las negociaciones para reformar la Ley de Extranjería, que buscaban exigir a las comunidades autónomas aceptar la reubicación de niñas, niños y jóvenes migrantes provenientes de Canarias, se estancaron. En septiembre, un tribunal suspendió provisionalmente un nuevo protocolo impulsado por las autoridades regionales, después de que la Fiscalía alertara sobre posibles riesgos para los derechos de los menores.
El Defensor del Pueblo expresó preocupación por la falta de plazas escolares para niñas y niños migrantes en las Islas Canarias, mientras que las autoridades locales afirmaron estar desbordadas por la demanda. En junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU concluyó que los procedimientos administrativos que dificultan la matrícula escolar en Melilla constituían una discriminación de facto. Además, periodistas de investigación revelaron que varios municipios catalanes obstaculizaban el registro de personas migrantes en los padrones municipales, dificultando su acceso a servicios esenciales como la atención sanitaria y la educación.
En septiembre, los partidos de la coalición de Gobierno retomaron los esfuerzos para regularizar la situación legal de unas 500.000 personas migrantes indocumentadas.
Pobreza y desigualdad
Datos oficiales publicados en febrero revelaron que el 26,5 % de la población en 2023 estaba “en riesgo de pobreza o exclusión social”, mientras que un 9 % enfrentaba “privación material o social severa”. Ambos indicadores empeoraron respecto al año anterior. Un análisis detallado identificó que los hogares monoparentales, las personas nacionales de terceros países y las personas desempleadas tenían mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza. También se mantuvo una significativa desigualdad regional, con las regiones del sur y las Islas Canarias particularmente afectadas.
El Gobierno implementó mejoras en el programa del Ingreso Mínimo Vital (IMV), adoptando un enfoque más inclusivo en los procesos de solicitud, facilitando el acceso a una prestación complementaria por hijo y aumentando los niveles de apoyo. Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha un plan conjunto con organizaciones de la sociedad civil para asesorar a las personas elegibles para el IMV. Sin embargo, el programa seguía excluyendo a la mayoría de las personas de entre 18 y 22 años y a quienes no cumplían con un año de residencia legal continua. Investigaciones destacaron una baja participación entre las personas gitanas elegibles.
Tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como los sindicatos criticaron al Gobierno por no abordar de forma adecuada el problema del “no acceso efectivo”, es decir, la brecha entre quienes cumplen los requisitos para recibir prestaciones y quienes las solicitan y perciben efectivamente. Una ONG presentó una queja ante el Comité Europeo de Derechos Sociales alegando que el IMV incumple las obligaciones sociales de España.
Se estima que unas 4.500 personas, incluidas 1.800 niñas y niños, seguían sin suministro eléctrico en el asentamiento informal de la Cañada Real, cerca de Madrid. En septiembre, el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió una resolución sobre este asunto, aunque al cierre de este informe, no había sido publicada.
Derechos de las mujeres
La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del “Solo sí es sí”, de 2022, siguió generando resultados mixtos. En junio, el Tribunal Supremo dictaminó en un caso clave que retirar el preservativo sin consentimiento durante una relación sexual constituye un delito de agresión sexual.
No obstante, algunos tribunales redujeron las penas de personas condenadas por delitos sexuales debido a un controvertido vacío legal en la norma de 2022. Según informes, hasta marzo, unas 1.400 personas habían visto reducidas sus penas, incluido un hombre condenado por una violación grupal en 2016, caso que generó una gran indignación nacional y motivó la reforma de la legislación.
Aunque el Gobierno destinó financiación para abrir centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, en junio solo 10 de los 52 centros planificados estaban operativos. El Ministerio de Igualdad estableció un plazo hasta finales de año para que todas las comunidades autónomas los pusieran en funcionamiento.
A pesar de una ley aprobada en 2023 que eliminó obstáculos para acceder al aborto, investigaciones señalaron que varias comunidades autónomas seguían sin ofrecer este servicio en sus centros de salud pública o lo hacían con restricciones significativas.
Estado de derecho
Los principales partidos del Gobierno y de la oposición alcanzaron un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y nombrar nuevos miembros, poniendo fin a un bloqueo de cinco años que había sido criticado por la Comisión Europea.
En mayo, el Parlamento aprobó una ley de amnistía para actos cometidos entre 2012 y 2023 relacionados con delitos penales, administrativos y contables en el contexto del proceso independista catalán. Aunque la ley puso fin a investigaciones por actos protegidos por la libertad de expresión y de reunión, también benefició a políticos acusados de irregularidades financieras y a la mayoría de agentes de las fuerzas de seguridad acusados de uso excesivo de la fuerza. Persisten dudas sobre su aplicación consistente por parte del poder judicial.
El Gobierno planeó modificaciones limitadas a la criticada Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (conocida como “Ley Mordaza”), que restringe las libertades de expresión y reunión, penaliza de manera injustificada a ciertos colectivos vulnerables y permite devoluciones en caliente en las fronteras. Sin embargo, las reformas propuestas se centraron en aspectos relacionados con delitos de expresión.
En septiembre, un juez archivó una denuncia por torturas de 1975 durante la dictadura franquista. Este caso constituía la primera prueba de cómo una reforma de 2022 podría invalidar la amnistía de 1977 para crímenes cometidos bajo el régimen.
Derecho a la vida
Más de 2.000 personas murieron por temperaturas extremas, y más del 95 % eran mayores de 65 años. Aunque el Gobierno actualizó su plan de acción frente a las olas de calor con medidas clave para los servicios sociales y sanitarios, no recopiló datos específicos sobre el impacto en personas con discapacidad. Sigue sin estar claro cuántas de las personas fallecidas tenían alguna discapacidad.
En octubre, inundaciones repentinas provocaron la muerte de más de 220 personas, generando preocupaciones sobre la preparación de las autoridades ante emergencias y los planes de protección o evacuación, especialmente para personas mayores y con discapacidad. Según datos oficiales de mediados de noviembre, el 63 % de víctimas tenían 60 años o más, aunque no se proporcionaron cifras sobre personas con discapacidad.
Criminalización del trabajo sexual
España sigue criminalizando muchas actividades relacionadas con el trabajo sexual, lo que ha llevado a diversas organizaciones de derechos humanos a reclamar la despenalización completa del trabajo sexual consensuado entre personas adultas.
Derechos de las personas con discapacidad
En enero, el Parlamento aprobó una reforma constitucional centrada en los derechos de las personas con discapacidad, una iniciativa promovida durante años por colectivos dedicados a esta causa. La reforma reemplazó un lenguaje arcaico y discriminatorio por un marco normativo que prioriza la autonomía personal y la inclusión plena en la sociedad. En mayo, el Gobierno lanzó una consulta pública con el objetivo de armonizar la legislación nacional con la reforma constitucional.
Racismo, discriminación e intolerancia
Organizaciones de la sociedad civil instaron al Gobierno a establecer con urgencia una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, compromiso adquirido en una ley de 2022. El gobierno comunicó a la Comisión Europea que está institución estaría operativa antes de finalizar el año.
Activistas contra el racismo y organizaciones de la sociedad civil exigieron medidas más contundentes para combatir el racismo en los partidos de fútbol. Además reclamaron la erradicación del uso de “caras pintadas de negro” (equivalente al término blackface) en las festividades navideñas y de la Epifanía, una práctica que persiste en varias regiones del país y es percibida como ofensiva y discriminatoria.
Investigaciones continuaron revelando la existencia de una discriminación estructural que afecta a la comunidad gitana en ámbitos como la educación, la vivienda y el acceso a servicios digitales del sector público.
Víctimas de discriminación y activistas también destacaron la persistencia de perfiles raciales realizados por parte de la policía española, señalando que esta práctica afecta desproporcionadamente a persona de origen migrante y a minorías étnicas. Una fuerza policial presentó los resultados de un proyecto piloto diseñado para abordar estas prácticas discriminatorias.