Inmigrante rescatado en aguas españolas llegando al puerto de Málaga, en el sudeste de España, 3 de diciembre de 2016. 

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(Milán) – Los solicitantes de asilo y otros inmigrantes que llegan por vía marítima a las costas españolas son retenidos en condiciones precarias y enfrentan obstáculos al solicitar asilo, señaló hoy Human Rights Watch. Permanecen días en celdas oscuras y húmedas en dependencias policiales y casi siempre son luego asignados automáticamente a establecimientos de detención inmigratoria a más largo plazo, a la espera de una deportación que podría no ocurrir nunca.

“Las celdas policiales oscuras, parecidas a jaulas, no son un lugar adecuado para retener a solicitantes de asilo e inmigrantes que llegan a España”, expresó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “España está violando los derechos de los inmigrantes, y no hay evidencias de que esto sirva para disuadir a otros”.

La cantidad de solicitantes de asilo y otros inmigrantes que cruzan el Mediterráneo occidental hacia España está en aumento. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2017 llegaron 7.847 personas a las costas españolas, en comparación con las 2.476 que lo hicieron en ese mismo período de 2016.

Si bien las cifras parecen insignificantes comparadas con las 94.445 personas que desembarcaron en Italia en los primeros siete meses de 2017, el ministro de Interior español Juan Ignacio Zoido se refirió a “una presión importante” en los puertos españoles al rechazar el pedido reciente de Italia de que algunas de las personas que se rescatan en el Mediterráneo central sean llevadas a España.

Casi todos los adultos y niños acompañados de un familiar que llegan a España peninsular en embarcaciones son detenidos hasta 72 horas en instalaciones policiales para su identificación y procesamiento. La mayoría de los hombres y mujeres adultos luego son enviados a un centro de detención inmigratoria por un máximo de 60 días, mientras se encuentra pendiente su deportación. Si no pueden ser deportados, son puestos en libertad, pero no tienen ningún derecho legal a permanecer en el país y tienen la obligación de irse.

Establecimiento policial en el puerto de Motril, donde se desembarca a las personas luego del rescate en el mar, y pueden estar detenidas allí hasta 72 horas. 

© 2017 Human Rights Watch
Las condiciones en establecimientos policiales ubicados en Motril, Almería, y Málaga, que Human Rights Watch visitó en mayo, no cumplen con los estándares correspondientes, concluyó Human Rights Watch. En los establecimientos en Motril y Almería hay grandes celdas con poca iluminación y colchones en el piso, mientras que la dependencia policial de Málaga cuenta con una cárcel subterránea sin luz natural ni ventilación.

En Motril, las mujeres y los niños son puestos aparte en la única celda que tiene literas. En Málaga y Motril, en las celdas hay barrotes verticales gruesos, mientras que en Almería las celdas están separadas del pasillo por un enrejado con una trama muy estrecha. Las personas detenidas permanecen encerradas adentro en todo momento, y solo son sacadas para efectuarles controles de salud, tomarles las huellas dactilares, entrevistarlas y, en Almería y Málaga, para usar el retrete, pues no hay ninguno dentro de las celdas. Aunque hay espacios externos cercados en Almería y Motril, a las personas detenidas por motivos inmigratorios no se les permite usarlos. La Cruz Roja Española está presente en todos los desembarcos para realizar un control médico básico y entregar kits de higiene. A los hombres no se les proporcionan cepillos de dientes con el argumento de que podrían usarse como armas.

Inmigrantes rescatados de un bote en la costa de España esperan a ser atendidos por la Cruz Roja Española en el puerto de Motril, España, 23 de julio de 2017. 

© 2017 Reuters
Mientras que los menores no acompañados en general son trasladados a centros preparados para acogerlos, los niños y niñas que viajan con familiares son detenidos en Motril y Almería, según lo informaron las autoridades. Un observador dijo a Human Rights Watch que vio a niños jugando en aguas contaminadas que brotaban de retretes inundados en las celdas del establecimiento de detención en el puerto de Motril en abril, cuando nueve niños estuvieron detenidos allí con sus madres por tres días. La policía en Málaga indicó a Human Rights Watch que los niños son puestos a disposición de los servicios sociales, mientras que sus familiares quedan detenidos en el sótano de la estación central de policía de esa ciudad.

Varios inmigrantes detenidos dijeron a Human Rights Watch que no tuvieron encuentros individuales con abogados mientras estuvieron bajo custodia policial y que recibieron poca o ninguna información sobre la posibilidad de solicitar asilo. En los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, Human Rights Watch ha documentado lo que parece ser una política para disuadir la presentación de solicitudes de asilo. A pesar de que hubo un aumento significativo de las solicitudes de asilo en España en los últimos años, en 2016 el país recibió apenas el 1,3 % de todas las nuevas solicitudes planteadas en los 28 Estados Miembros de la UE y tiene una tasa per cápita baja.

Dentro del plazo permitido de 72 horas desde la detención, la policía debe tomar las huellas dactilares y entrevistar a todos los inmigrantes, emitir una orden de devolución y llevar a los inmigrantes ante un juez para que confirme o desestime la orden y dicte una decisión sobre la privación de libertad. En estas audiencias en Motril y Almería, es habitual que los jueces realicen entrevistas grupales, incluso mediante teleconferencia, formulando a los inmigrantes detenidos preguntas pro forma, y que luego envíen a prácticamente todos los adultos a centros de detención inmigratoria hasta la deportación.

En Málaga, la incidencia impulsada en forma concertada por el colegio de abogados local ha mejorado los procedimientos y ha conseguido que los jueces realicen entrevistas individuales y dicten órdenes de detención individualizadas. Sin embargo, Álvaro García España, miembro del colegio de abogados de Málaga, dijo que allí, al igual que en los demás sitios, las órdenes de detención eran “sistemáticas”.

La detención con fines de deportación solamente debería disponerse cuando exista una probabilidad de que la deportación pueda ser y sea efectivamente llevada a cabo con una celeridad razonable, y respetando las obligaciones de debida diligencia. Sin embargo, según el Defensor del Pueblo de España, solamente el 29 % de quienes estuvieron detenidos en estos establecimientos en 2016 fueron efectivamente deportados ese año.

Hay alternativas a la detención, y estas deberían ser usadas de manera más efectiva, expresó Human Rights Watch. El derecho español permite a las autoridades aplicar medidas que no requieran la privación de la libertad, incluida la retención de documentos, la obligación de comparecencia y la obligación de vivir en un lugar determinado para garantizar que una persona pueda ser localizada con el fin de ejecutar una orden de devolución o deportación. España cuenta además con un sistema de “centros de acogida humanitaria” financiado por el gobierno y gestionado por organizaciones no gubernamentales, donde los inmigrantes indocumentados pueden permanecer hasta tres meses.

Aunque el trayecto es relativamente corto, el cruce marítimo del Mediterráneo occidental es una ruta letal. La OIM estima que 119 personas han muerto en el mar desde comienzos de año, y 49 personas fallecieron a principios de julio en un único incidente.

Las autoridades españolas deberían adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones en los establecimientos policiales en los puertos para las personas que llegan por la vía marítima, y asegurar que tengan un acceso genuino a la información y a servicios legales, apuntó Human Rights Watch. En vista de las condiciones particularmente precarias en la estación central de policía de Málaga, las personas que lleguen allí no deberían ser detenidas, ni siquiera por un período breve. Las autoridades deberían encontrar sitios alternativos donde retener a estas personas durante el procesamiento preliminar. Mientras se usen las instalaciones portuarias en Motril y Almería, se deberían adoptar nuevas medidas para permitir una mayor libertad de circulación dentro del predio, incluido el uso de espacios exteriores y el libre acceso a los retretes. A todos los detenidos se les deberían proporcionar artículos básicos de higiene, incluidos cepillos de dientes. Deberían recibir información clara y coherente sobre sus derechos —incluso el derecho a solicitar asilo— en entrevistas individuales con abogados. Los jueces deberían evaluar las circunstancias individuales, como la probabilidad de que las órdenes de deportación se ejecuten en forma expeditiva, antes de enviar a cualquier persona a establecimientos de detención inmigratoria y disponer alternativas a la detención siempre que sea posible.

“Ya sea por negligencia o deliberadamente, España no trata de manera humana y digna a solicitantes de asilo e inmigrantes que llegan por vía marítima”, opinó Sunderland. “Las autoridades españolas deberían mejorar en forma urgente las instalaciones policiales y asegurar información completa, acceso al asilo y supervisión judicial adecuada a todos los inmigrantes y solicitantes de asilo que lleguen a sus costas”.

Establecimiento de detención policial en el puerto de Almería, donde las personas son retenidas hasta 72 horas después de ser rescatadas en el mar. 

© 2017 Human Rights Watch
Entre el 16 y el 25 de mayo, Human Rights Watch visitó los centros de detención inmigratoria de Algeciras y Tarifa, las instalaciones portuarias de la policía en Motril y Almería, y la estación central de policía en Málaga donde se retiene a personas rescatadas en el mar a su llegada. Todos estos establecimientos se encuentran en Andalucía. La Policía Nacional autorizó a Human Rights Watch a visitar únicamente las áreas administrativas y externas de los dos centros de detención y a hablar con el personal, pero no le permitió visitar celdas ni hablar con los detenidos. Se autorizó que Human Rights Watch inspeccionara las instalaciones portuarias de Motril y Almería, y las autoridades permitieron que se mantuvieran entrevistas privadas con personas allí retenidas que deseaban ser entrevistadas.

En el momento de las visitas, no había niños en los establecimientos policiales. En Málaga, Human Rights Watch pudo visitar brevemente las celdas, pero en ese momento no había allí detenidos inmigrantes ni solicitantes de asilo que hubieran llegado en embarcaciones. Human Rights Watch también entrevistó a hombres que habían llegado recientemente por vía marítima en dos centros de acogida gestionados por organizaciones no gubernamentales para inmigrantes indocumentados en El Ejido y Granada.

Human Rights Watch dialogó con 19 hombres y dos mujeres; siete de estas personas eran de Guinea, cinco de Camerún y cinco de Costa de Marfil, dos de Liberia, una de Senegal y una de Mali. Todos los nombres han sido modificados para preservar la identidad de las personas.

Migración en embarcaciones en el Mediterráneo occidental

La migración en embarcaciones desde África septentrional hacia España peninsular por el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán está en aumento. La organización Internacional para las Migraciones registró un incremento del 217% en los primeros siete meses de 2017, en comparación con el mismo período en 2016, cuando llegaron más de 8.000 personas a lo largo del año. La mayoría de las embarcaciones parten de la costa de Marruecos por la noche, y pueden pasar 24 horas o más en el agua antes de ser rescatadas por Salvamento Marítimo, el servicio de rescate marítimo español, y desembarcadas en diversos puertos andaluces. Estas personas utilizan botes de goma inflables con motores fuera de borda, pero también los denominados botes de juguete, es decir, pequeñas balsas inflables sin motor donde caben siete u ocho personas. Algunas personas llevan chalecos salvavidas. Quienes no pueden pagarlos, como Emmanuel, un joven de 18 años procedente de Costa de Marfil, usan neumáticos de bicicletas.

Adolfo Serrano, jefe de Salvamento Marítimo en Algeciras, señaló que la zona declarada como de búsqueda y rescate de España se extiende hasta la costa de Marruecos. Sin embargo, las autoridades españolas dependen de que Marruecos patrulle su propia costa e intercepte o rescate embarcaciones dentro de las aguas territoriales marroquíes. La política de Salvamento Marítimo es compartir información de inteligencia con sus pares marroquíes y solo intervenir en aguas marroquíes en caso de pérdida inminente de vidas. El coronel Antonio Sierras, jefe de la Guardia Civil en Melilla, dijo que España interpreta que las embarcaciones solo han ingresado en territorio español una vez que están dentro de las dársenas de Ceuta y Melilla.

Diversos inmigrantes contaron a Human Rights Watch que muchos se aventuran al mar después de reiterados intentos fallidos de trepar los vallados que rodean Ceuta y Melilla. Marcel, de 34 años, procedente de Camerún, intentó seis veces cruzar a Ceuta: “Nunca lo logré, solo conseguí que me golpearan [las fuerzas de seguridad marroquíes], algunos huesos rotos… una vez, cuando ya estaba trepado en el vallado, me golpearon en el pie para hacerme caer. Otra vez me pegaron con un bastón, y se sintió como si fuera un cuchillo”.

Las entrevistas mantenidas con personas del África subsahariana que estaban en Ceuta y Melilla en marzo y en Andalucía en mayo indican que persisten los actos de violencia por parte de guardias fronterizos marroquíes y otros abusos previamente documentados por Human Rights Watch.

Condiciones en establecimientos policiales

Inmigrantes y solicitantes de asilo desembarcados en Málaga, Motril y Almería son detenidos en instalaciones precarias e inadecuadas. En Motril y Almería también se detiene a mujeres y niños que viajan con familiares.

La estación central de policía de Málaga tiene celdas subterráneas, cuyo estado de mantenimiento es particularmente deficiente, comprobó Human Rights Watch. No hay luz natural ni ventilación, y durante la visita el hedor en ese espacio cerrado y húmedo era insoportable. Incluso si, como señalaron algunos policías, las personas que llegan por mar nunca son colocadas en celdas con otros detenidos, estas celdas son totalmente inadecuadas incluso para períodos breves, señaló Human Rights Watch.

En Almería, donde los retretes están ubicados fuera de las celdas cerradas, Human Rights Watch entrevistó a una mujer que contó que una de sus tres compañeras de celda se había sentido enferma toda la noche y no pudo ir al baño. Las otras mujeres detenidas en ese momento no aceptaron ser entrevistadas. Un hombre de 18 años, procedente de Costa de Marfil, que en marzo estaba en el centro de detención del puerto de Almería, dijo que él y sus compañeros de celda orinaban en una botella de plástico cuando la policía no estaba disponible para permitirles ir al retrete.

El Defensor del Pueblo de España ha expresado preocupación por el establecimiento portuario de Motril al menos desde 2009, y ha señalado que las celdas deberían tener camas adecuadas, aire acondicionado y mejores condiciones sanitarias. Varios sindicatos de policía también se han quejado por las condiciones, y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) declaró a principios de julio que el establecimiento debería cerrarse momentáneamente. Un policía asignado a Motril pidió a Human Rights Watch que ejerciera presión en reclamo de mejoras en ese establecimiento, y se refirió a los constantes problemas de plomería, las gélidas temperaturas en invierno, los mosquitos en el verano y el terrible hedor por la ventilación insuficiente cuando las celdas están llenas.

Acceso al asilo en España

Se registró un aumento considerable de las nuevas solicitudes de asilo presentadas en España en los últimos años. En 2015, el último año sobre el cual hay estadísticas gubernamentales oficiales, hubo 14.887 nuevas solicitudes de asilo, es decir, un 150 % más que en el año anterior. En 2016, Eurostat, el servicio de estadísticas de la UE, informó 15.570 nuevas solicitudes. En el primer trimestre de 2017, España recibió 6.715 nuevas solicitudes.

Estas cifras siguen siendo bajas en relación con otros países de la UE. Las cifras de 2016 representan apenas el 1,3 % del total de nuevas solicitudes planteadas en los 28 Estados Miembros de la UE, y tan solo 335 solicitantes de asilo por cada millón de habitantes. En comparación, Alemania recibió el 60 % de todas las nuevas solicitudes durante 2016, con 8.789 solicitantes de asilo cada un millón de habitantes.

Las nacionalidades que presentan más solicitudes en España son los sirios, los ucranianos y varias nacionalidades latinoamericanas, incluidos venezolanos. Las personas del África subsahariana constituyen menos de una décima parte de los solicitantes, pero son la mayoría de quienes intentan llegar a España por tierra y por vía marítima. Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el 51 % de las personas que ingresaron en Ceuta y Melilla y llegaron al territorio continental en embarcaciones entre enero de 2016 y mayo de 2017 eran de Guinea, Costa de Marfil o Gambia. La representante de ACNUR en España, Francesca Friz-Prguda, ha manifestado consternación por las restricciones al acceso al asilo en España, y reiteró que el 25 % de quienes sufren desplazamiento forzado en el mundo proceden del África subsahariana.

Si bien muchos inmigrantes tal vez no necesiten protección, las políticas españolas en materia de fronteras podrían contribuir al bajo número de personas subsaharianas que solicitan asilo, explicó Human Rights Watch. En Ceuta y Melilla, la negación de la libertad de circulación a los solicitantes de asilo que impide que prosigan hacia el territorio peninsular, y la lentitud de los traslados oficiales de solicitantes de asilo desde los enclaves hacia la península, parecieran desincentivar los pedidos de asilo. En los puertos andaluces visitados por Human Rights Watch, la escasa información sobre su derecho a pedir asilo y la falta de entrevistas individuales con abogados y jueces también podrían disuadir a las personas de pedir asilo.

Varias personas entrevistadas dijeron que la policía desincentiva activamente las solicitudes de asilo en los establecimientos portuarios andaluces. Muchos inmigrantes y solicitantes de asilo dijeron que la información básica que habían obtenido sobre el procedimiento y sus derechos había sido proporcionada por la Cruz Roja y ACNUR, que tiene dos funcionarios en el terreno en Andalucía que visitan los puertos, y no por la policía. Varios manifestaron que escucharon hablar por primera vez de la posibilidad de solicitar asilo después de haber sido enviados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), y no durante el período inicial de 72 horas de detención y registro.

“Oumar”, de 24 años, procedente de Mali, sostiene su credencial de solicitante de asilo. Oumar no tuvo oportunidad de pedir asilo al desembarcar en Algeciras, y solamente pudo hacerlo cuando fue derivado al centro de internamiento de extranjeros de Tarifa. Fue liberado diez días después. 

© 2017 Human Rights Watch
La experiencia de Oumar es común. Este joven de 24 años, procedente de Mali, fue rescatado por Salvamento Marítimo el 22 de marzo y desembarcado en Algeciras.

El abogado llegó cuando tuvimos que firmar un documento [bajo custodia policial], nos dio una copia y no nos explicó de qué se trataba. La jueza nos entrevistó en forma grupal. Nos preguntó por qué vinimos, si teníamos documentos de identidad y si teníamos familia en España. Yo tenía miedo. Todos dijeron que habían venido para trabajar, y entonces yo dije lo mismo. El abogado no dijo nada sobre la posibilidad de asilo. Fue la Cruz Roja en el CIE de Tarifa la que me habló sobre asilo. Les conté mi historia, y me dijeron que podía pedir asilo. Y así lo hice.

Aristide, de 26 años, procedente de Costa de Marfil, describió los tres días que pasó en el establecimiento policial del puerto de Motril a principios de abril:

Nos dieron alimentos, y nos lavamos solo una vez. Estuve todo el tiempo en la celda. Venían a darnos alimentos y luego cerraban la puerta. Vino el abogado, y vino el juez. Explicaron todo, pero nadie habló de asilo. Dijeron que querían enviarnos de regreso, y que el abogado podía defendernos.

Kits de alimentos envasados que se entregan a personas que han llegado por vía marítima al establecimiento de detención policial en el puerto de Almería. 

© 2017 Human Rights Watch
Para fin de mayo, cuando Human Rights Watch realizó la visita, una sola persona había solicitado asilo en Almería de un total de aproximadamente 1.200 personas que habían desembarcado allí desde principios de año. Ninguna de las casi 800 personas que habían desembarcado en Motril habían solicitado asilo. En cambio, en Málaga, 62 personas de cerca de 450 lo habían hecho. El colegio de abogados de Málaga capacita a abogados que pueden ser convocados para representar a personas que llegan en embarcaciones, y miembros del subcomité de inmigración de ese colegio asesoran por WhatsApp a los abogados sobre sus deberes y obligaciones cuando llega una embarcación.

Detención automática

Aunque en los últimos años España ha incrementado la inversión en su sistema de asilo, el sistema de recepción oficial tiene capacidad para apenas 5.125 solicitantes de asilo, según estadísticas oficiales de fines de mayo. De estos cupos, 4.709 lugares están en centros de acogida gestionados por organizaciones no gubernamentales, mientras que cuatro establecimientos gubernamentales de acogida pueden albergar a 416 solicitantes de asilo. En Andalucía hay 1.126 cupos de acogida, y este es el mayor número entre todas las regiones de España.

El derecho español permite la detención por motivos inmigratorios cuando la dispone un juez y se realiza con fines de deportación, por un máximo de 60 días. Hay actualmente en España siete CIE. En abril, el ministro de Interior anunció la intención de abrir otros tres centros, en Málaga, Madrid y Algeciras. En julio, el delegado del gobierno central en Andalucía dijo que el gobierno estaba evaluando la posibilidad de abrir un centro en Andalucía oriental, donde se encuentran los establecimientos de Almería y Motril, en respuesta al aumento en la migración mediante embarcaciones.

El edificio de una antigua prisión en Algeciras funciona como centro de internamiento de extranjeros. Cuando Human Rights Watch visitó el lugar en mayo, el pabellón de hombres estaba siendo renovado, pero había 13 mujeres detenidas en el centro.

© 2017 Human Rights Watch
La mayoría de los adultos que llegan en forma irregular por vía marítima serían enviados a los centros de detención prácticamente de manera automática, con independencia de la posibilidad efectiva de ejecutar una orden de devolución. Son varios los motivos por los cuales una persona no puede ser deportada, incluida la ausencia de un acuerdo bilateral con el país de origen para tales devoluciones. Según datos de España, los centros de deportación con los índices más bajos de expulsiones efectivamente realizadas son Algeciras, y Las Palmas y Tenerife, ambos en las Islas Canarias, y todos reciben inmigración llegada en embarcaciones. El centro de detención de Algeciras, que cuenta con un anexo en Tarifa, tenía la mayor cantidad de detenidos en 2016 —3.101 personas— y la tasa más baja de devoluciones efectivamente realizadas, del 15 %. Las personas que no pueden ser deportadas son puestas en libertad, pero conservan su carácter de inmigrantes indocumentados y están obligadas a irse del territorio. Pueden ser objeto de nuevas órdenes de expulsión y detención.

A judicial order remanding a group of 26 men to the Madrid immigration detention center, adopted on May 18, 2017, in Motril. 

© 2017 Human Rights Watch
Emmanuel, el joven de 18 años de Costa de Marfil, dijo que el juez en Almería realizó una audiencia grupal por videoconferencia. El abogado estaba en el establecimiento policial en el puerto con Emmanuel y las demás personas: “El juez nos preguntó cómo llegamos allí y si deseábamos quedarnos o volver a nuestros países. Todos dijeron que querían quedarse... Nos dieron un documento con nuestros nombres, y nos indicaron que seríamos llevados a Valencia. No entendí que era una cárcel”.

Patrick, de 27 años, procedente de Camerún, al igual que los demás hombres entrevistados en Motril, dijo que recién vio a un abogado cuando llegó el momento de firmar el documento que disponía que fuera expulsado de España, y que el juez entrevistó a los inmigrantes en grupo. Antes de enviarlos a un centro de detención, el juez hizo tres preguntas, de las cuales Patrick recordaba solamente dos: “¿Tienen familia en España?” y “¿Desean permanecer en España?”.

Isla de las Palomas, conectada por una carretera elevada con España peninsular y ubicada frente a Tarifa, donde hay un centro de internamiento de extranjeros. La isla es el punto más al sur de la península ibérica y de Europa continental. 

© 2017 Human Rights Watch
El uso de las detenciones pareciera estar basado en una lógica errada de disuasión, explicó Human Rights Watch. El director del centro de detención de Tarifa dijo que la detención contribuye a “evitar que exista un flujo masivo desde Marruecos hacia Europa. Si saben que van directamente a una casa de acogida con gente que los ayudará a llegar adonde quieren ir, sería mucho más grande el flujo. Nosotros somos la frontera de Europa”. Un agente del CIE de Algeciras se refirió a la política de detenciones como un “remedio paliativo para evitar el efecto llamada”. Sin embargo, numerosas investigaciones, incluido un estudio comparativo realizado por ACNUR en 2011, han concluido que no hay evidencias empíricas de que la amenaza de la detención disuada los flujos inmigratorios o de refugiados.

El Defensor del Pueblo de España ha planteado en reiteradas oportunidades una profunda consternación por las condiciones de los centros de detención en todo el país, así como también lo han hecho distintos jueces de instrucción. En mayo, Belén Barranco Arévalo, jueza de instrucción para el centro de Algeciras y su anexo en Tarifa, dictó una orden judicial que enumeraba 31 medidas urgentes que consideraba “absolutamente indispensables” para cumplir con lo exigido por el derecho español e internacional. Esa misma jueza ya había criticado enérgicamente las condiciones en ambos establecimientos en enero, como la sobrepoblación, la falta de espacios de recreación y luminosidad adecuada, la falta de mudas suficientes de ropa, incluida ropa interior, y la práctica de encerrar a las personas en las habitaciones. La jueza indicó que los dos establecimientos son “más propios de régimen carcelario” y los calificó de “deplorables”.

Conforme al derecho internacional y al derecho europeo, las detenciones antes de una deportación deberían ser una medida de último recurso e implementarse por el período más breve posible, y solo se justifican si las autoridades actúan con debida diligencia en la tramitación de expulsiones efectivas y seguras. No está permitido el uso de la detención automática como medida disuasoria. De hecho, las mejores prácticas sobre la materia proponen usar alternativas a la detención, sobre todo cuando no se prevé que la deportación ocurra en un plazo razonable.

La detención de un niño o niña realizada exclusivamente en razón de la condición inmigratoria del menor o de uno de sus padres constituye detención arbitraria y contraviene el principio del interés superior del niño. Por estos motivos, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas insta a todos los estados a “poner fin a la detención de los niños por motivos relacionados con su estatus migratorio”. Dichos estándares se aplican a la detención de familias, así como a la detención de menores no acompañados.

En España hay alternativas a la detención. A menudo, las personas que llegan al país por vía marítima y que se considera que pertenecen a grupos vulnerables, incluidas familias con niños y mujeres embarazadas, son llevadas directamente a los llamados centros de acogida humanitaria. Muchas personas que son liberadas de centros de detención debido a que no pueden ser devueltas a su país de origen también son enviadas a estos centros, donde a veces permanecen hasta tres meses. Los directores de los centros de Algeciras señalaron que la estadía promedio era de 15 a 20 días. Las estadísticas nacionales indican que la estadía promedio es de cerca de 24 días, y esto incluye a las personas que son expulsadas y también a las que son liberadas debido a que no es posible expulsarlas.