(París) – La policía francesa en Calais abusa de manera rutinaria de los solicitantes de asilo y otros migrantes, dijo hoy Human Rights Watch. Las autoridades francesas hacen oídos sordos frente a las denuncias generalizadas de brutalidad policial.
El informe de 40 páginas titulado “‘Like Living in Hell’: Police Abuses Against Child and Adult Migrants in Calais” (“‘Como vivir en el infierno’: abusos policiales contra niños y adultos migrantes en Calais”), revela que las fuerzas policiales de Calais, en particular los escuadrones antidisturbios franceses (Compagnies républicaines de sécurité, CRS) utilizan rutinariamente los aerosoles de pimienta contra niños y adultos migrantes mientras están durmiendo o en otras circunstancias en las que no representan ninguna amenaza. La policía también usa con regularidad aerosoles o confisca sacos de dormir, mantas y ropa, y algunas veces ha usado aerosol de pimienta en la comida y el agua de los migrantes, aparentemente para presionarlos a dejar el área. Estos actos violan la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes, así como las normas internacionales sobre la conducta policial, que establecen que la policía utilice la fuerza sólo cuando sea inevitable, y sólo con moderación, en proporción a las circunstancias, y con un propósito legítimo de cumplimiento de la ley.
“Es reprobable que la policía utilice aerosol de pimienta contra niños y adultos que están durmiendo o haciendo su rutina en paz”, dijo Bénédicte Jeannerod, directora de Human Rights Watch en Francia. “Cuando los agentes de policía destruyen o confiscan mantas, zapatos o comida de los migrantes, no sólo degradan su profesión sino que también dañan a las personas cuyos derechos han jurado defender”.
El informe está basado en entrevistas a más de 60 solicitantes de asilo y otros migrantes en Calais, Dunkerque y los alrededores, entre ellos 31 menores no acompañados, en junio y julio de 2017. Human Rights Watch también se reunió con el subprefecto de Calais y funcionarios del Ministerio del Interior en París, así como con numerosos abogados, trabajadores sociales y otros funcionarios y voluntarios de organizaciones no gubernamentales que operan en Calais.
Más de 400 solicitantes de asilo y otros migrantes, la mayoría de Eritrea, Etiopía y Afganistán, viven en las calles y las zonas boscosas de Calais y sus alrededores. Unos 200 son menores no acompañados. Al menos otros 300 adultos y niños, iraquíes kurdos, así como afganos y de otras nacionalidades, viven en campamentos de migrantes en o cerca de Dunkerque y Grande-Synthe, al este de Calais.
El subprefecto de Calais negó vehementemente los cargos de abuso policial, calificándolos de difamación, pero los hallazgos de Human Rights Watch se basan en testimonios coherentes y detallados de casi todos los solicitantes de asilo y migrantes entrevistados.
Human Rights Watch también descubrió que las autoridades locales han respondido al regreso en masa de los inmigrantes a Calais impidiendo su acceso a alimentos, agua y otras necesidades básicas. Un tribunal dictaminó en marzo que los esfuerzos de las autoridades locales para bloquear las entregas de ayuda por grupos de asistencia equivalían a tratos inhumanos y degradantes. El Defensor del Pueblo francés (Défenseur des droits) también ha criticado estas y otras medidas por parte de las autoridades locales, concluyendo que contribuyen a crear “condiciones de vida inhumanas” para los solicitantes de asilo y los migrantes en Calais.
Un segundo fallo judicial, emitido el 26 de junio, instruyó a las autoridades a proporcionarles a los migrantes, en un plazo máximo de 10 días, acceso a agua potable, aseos e instalaciones para ducharse y lavar la ropa. Las autoridades apelaron la decisión el 6 de julio. La apelación está programada para ser vista el 28 de julio.
Biniam T., de diecisiete años, dijo a Human Rights Watch: “Si nos atrapan cuando estamos durmiendo, nos rocían (con aerosoles de pimienta) y nos quitan todas nuestras cosas. Hacen eso cada dos o tres días. Vienen y nos quitan nuestras mantas”.
Los trabajadores humanitarios describieron una ocasión en que gendarmes que llevaban fusiles los rodearon, y múltiples ocasiones en que la policía antidisturbios impidió por la fuerza que los migrantes tuvieran acceso a los trabajadores humanitarios y otras en que los agentes les arrebataban los alimentos de las manos a los trabajadores.
Cuando los trabajadores humanitarios han tratado de fotografiar o filmar estos actos, la policía a veces ha confiscado sus teléfonos durante breves períodos, borrando o examinando el contenido sin permiso y sin una base jurídica.
Hasta finales de octubre de 2016, en un inmenso poblado de tiendas y chabolas en las afueras de la ciudad, malvivían hasta 10.000 solicitantes de asilo y migrantes, entre ellos muchos menores no acompañados, y las autoridades municipales de Calais hablan frecuentemente de su determinación de no permitir que se reestablezca un campamento de migrantes en las franjas de la ciudad.
Las autoridades locales se han opuesto en particular a los llamamientos para establecer un refugio para inmigrantes o una oficina de asilo en Calais, alegando que alentaría a más migrantes a viajar al norte de Francia. Durante una visita a Calais el 23 de junio de 2017, el ministro del Interior, Gérard Collomb, hizo eco de estos sentimientos.
Al mismo tiempo, el presidente Emmanuel Macron ha prometido un enfoque humano a los refugiados, incluyendo una reforma del sistema de asilo. En una cumbre de la Unión Europea en Trieste, Italia, a principios de julio, dijo: “A las mujeres y los hombres que primero llegaron de Siria y que hoy vienen de Eritrea o de muchos otros países y están luchando por la libertad, debemos darles la bienvenida en Europa, y especialmente en Francia. Por lo tanto, obviamente cumpliremos con nuestra parte en esta lucha”.
Las autoridades locales y nacionales deberían instar de inmediato e inequívocamente a la policía a cumplir con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y abstenerse de conductas que interfieran en la entrega de ayuda, y que quede sujeta a medidas disciplinarias apropiadas por abuso de autoridad u otras formas de mala conducta, señaló Human Rights Watch. En particular, se debe instruir a la policía para que no use rociador de pimienta contra los migrantes en ninguna circunstancia en la que los medios no violentos sean efectivos para lograr un propósito legítimo.
El Ministerio del Interior también debería eliminar urgentemente los obstáculos a la protección de los refugiados, ya sea estableciendo una oficina de asilo en Calais o agilizando las solicitudes en las oficinas existentes. El ministerio debería trabajar con las agencias y los grupos humanitarios apropiados para proporcionar alojamiento lo antes posible a todos los solicitantes de asilo y proveer alojamiento de emergencia para cualquier inmigrante indocumentado sin refugio en Calais.
Las autoridades locales y nacionales deberían velar por que los niños migrantes no acompañados tengan acceso a servicios de protección infantil, incluyendo albergues con capacidad suficiente y personal adecuado.
“Las autoridades deberían enviar un claro mensaje de que el hostigamiento policial u otros abusos de poder no serán tolerados”, dijo Jeannerod. “El gobierno debe asegurarse de que los migrantes estén protegidos y puedan solicitar asilo”.
