- Las fuerzas de seguridad de Mauritania cometieron graves violaciones de derechos humanos entre 2020 y principios de 2025 contra personas migrantes y solicitantes de asilo.
- La Unión Europea y España, de manera bilateral, han continuado externalizando y subcontratando la gestión migratoria a Mauritania, pese a sus vulneraciones de derechos.
- Los recientes avances del gobierno mauritano podrían mejorar la protección de las personas migrantes y sus derechos. Estas medidas deben mantenerse, y la UE y España deberían asegurarse de que su cooperación con Mauritania priorice los derechos y la protección de vidas.
(Nairobi) – Las fuerzas de seguridad mauritanas cometieron graves violaciones de derechos humanos entre 2020 y principios de 2025 contra personas migrantes y solicitantes de asilo —principalmente de África Occidental y Central—, muchas veces cuando intentaban salir del país o cruzarlo en tránsito, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Sin embargo, medidas y compromisos recientes por parte del gobierno mauritano podrían mejorar la protección de las personas migrantes y el respeto a sus derechos.
El informe de 142 páginas, titulado “‘Me acusaron de intentar ir a Europa’: abusos en el control migratorio y la externalización de la UE en Mauritania”, documenta abusos cometidos por la policía, guardia costera, marina, gendarmería y ejército de Mauritania en operativos fronterizos y de control migratorio. Estos incluyen tortura, violación y otras formas de violencia; acoso sexual; detenciones y arrestos arbitrarios; condiciones inhumanas de detención; tratos racistas; extorsión y robos; y expulsiones sumarias y colectivas. Las represiones y violaciones se vieron agravadas por el respaldo continuo de la Unión Europea y España —de manera bilateral— a la externalización del control migratorio en Mauritania, mediante años de apoyo a las autoridades fronterizas y de migración del país.
“Durante años, las autoridades mauritanas aplicaron un modelo represivo de control migratorio —lamentablemente común en el norte de África— violando los derechos de personas migrantes africanas de otras regiones”, señaló Lauren Seibert, investigadora sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes de Human Rights Watch. “Pero las reformas recientes en Mauritania muestran que es posible adoptar un enfoque diferente. El gobierno debería profundizar en estos esfuerzos, fortalecer la supervisión de las fuerzas de seguridad y poner fin a las expulsiones colectivas”.
Entre 2020 y mediados de 2025, Human Rights Watch entrevistó a 223 personas por teléfono y en persona durante visitas a Mauritania, Malí y Senegal, así como a instituciones de la UE en Bruselas. Además de 102 personas migrantes y solicitantes de asilo de Senegal, Guinea, Malí, Camerún, Sierra Leona y Liberia, Human Rights Watch entrevistó a funcionarios gubernamentales, de Naciones Unidas y de la UE; miembros de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; familiares de víctimas; testigos; personas expertas; abogadas; integrantes de comunidades, entre otras fuentes.
Human Rights Watch examinó lesiones resultantes de presuntos abusos; recopiló fotografías, vídeos y documentos para corroborar testimonios; y, en 2022 y 2023, visitó centros de detención de personas migrantes en Mauritania y la prisión de Dar Naïm, donde había personas detenidas por cargos de tráfico de personas migrantes.
Human Rights Watch documentó violaciones por parte de las fuerzas de seguridad mauritanas entre 2020 y 2025 contra 77 personas migrantes y solicitantes de asilo —hombres, mujeres y menores—, así como contra un ciudadano mauritano que afirmó haber sido torturado por la policía durante interrogatorios relacionados con el tráfico de personas en 2022.
Entre 2020 y 2024, un número creciente de personas migrantes y solicitantes de asilo probaron suerte con la llamada “Ruta Atlántica”, viajando en barco desde el noroeste de África hacia las islas Canarias, en España, muchas veces partiendo desde Mauritania. Algunas huían de conflictos o persecuciones en sus países —incluidas muchas personas de Malí, donde el conflicto armado se ha intensificado junto con la represión estatal—, mientras que otras buscaban escapar de la pobreza y encontrar empleo. En 2024, un récord de 46.843 personas llegaron en barco a las islas Canarias. En la primera mitad de 2025, ya se habían registrado unas 11.500.
Mauritania también ha sido históricamente un destino para personas de África Occidental y Central en busca de empleo, y acoge a unas 176.000 personas solicitantes de asilo y refugiadas registradas, en su mayoría procedentes de Malí. Algunas personas migrantes intentan atravesar Mauritania para continuar hacia el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, Marruecos o Argelia.
En 2024, Mauritania firmó un nuevo acuerdo de cooperación migratoria con la UE a cambio de €210 millones para reducir la migración irregular, similar a otros acuerdos de la UE con Túnez y Egipto. España incrementó su apoyo bilateral con el mismo objetivo, al tiempo que mantiene desplegados agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mauritania para asistir a las autoridades en el control migratorio.
Decenas de personas que estuvieron detenidas en centros de reclusión para migrantes gestionados por la policía de Mauritania describieron condiciones y tratos inhumanos, como falta de alimentos, saneamiento deficiente, adolescentes detenidos con personas adultas sin vínculo familiar, y algunas agresiones por parte del personal de seguridad.
Entre 2020 y mediados de 2025, la policía mauritana expulsó a decenas de miles de personas africanas de distintas nacionalidades —en general, sin procedimiento legal ni oportunidad de impugnar la expulsión— hacia zonas remotas de las fronteras con Malí y Senegal, donde la escasa ayuda y el deterioro de la seguridad, especialmente en la región de Kayes (Malí), expusieron a las personas a graves riesgos. En la primera mitad de 2025, según el gobierno, Mauritania expulsó a más de 28.000 personas.
Marco Gibson, ciudadano liberiano, relató que el ejército mauritano lo detuvo junto a un grupo de más de 40 personas migrantes cerca de la frontera norte del país en diciembre de 2024, cuando intentaban dirigirse hacia el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos: “El ejército mauritano… nos golpeó con palos… [y] un látigo de goma… Nunca había visto una actitud tan brutal”. Tras la detención, la policía lo expulsó a él y a unas 20 personas más —incluidos menores— hacia la localidad fronteriza de Gogui, en la región de Nioro du Sahel, en Kayes. Días después, un grupo armado islamista atacó Nioro.
Human Rights Watch ha documentado el uso de sujeciones prolongadas y dolorosas, acceso limitado a alimentos y agua, y otros malos tratos durante las expulsiones, así como casos de niñas y niños, personas solicitantes de asilo y personas con estatus legal válido en Mauritania entre quienes fueron expulsadas.
El informe también destaca los efectos negativos de las intercepciones y devoluciones forzadas de embarcaciones migrantes por parte de Mauritania, con apoyo de la UE y España, mientras que las labores de búsqueda y rescate en el Atlántico siguen siendo insuficientes, lo que contribuye a la persistencia de muertes.
Al financiar, equipar y colaborar durante años con las fuerzas mauritanas para reforzar los controles fronterizos y migratorios sin garantizar salvaguardias adecuadas de derechos humanos, la Unión Europea y España incentivaron la represión de la migración y comparten la responsabilidad por los abusos cometidos en Mauritania, señaló Human Rights Watch. En algunos casos, fuerzas españolas estuvieron presentes durante detenciones y arrestos abusivos de personas migrantes por parte de las autoridades mauritanas. La UE también financió la renovación de dos antiguos centros de detención de personas migrantes, cuya reapertura está prevista para este año con el fin de albergar a personas interceptadas o rescatadas en el mar.
En respuesta a preguntas formuladas por Human Rights Watch, el gobierno mauritano afirmó que “rechaza las acusaciones de tortura, discriminación racial o violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes”. Señaló medidas recientes destinadas a mejorar el respeto a los derechos, como la “prohibición de las expulsiones colectivas” y la adopción, en mayo de 2025, de nuevos procedimientos operativos estándar para regular los desembarcos y la “gestión” de personas migrantes, con sólidas garantías de derechos y protección.
Por su parte, la Comisión Europea indicó en su respuesta a Human Rights Watch que su asociación con Mauritania está “sólidamente anclada” en el respeto de los derechos, y destacó el respaldo de la UE a los procedimientos operativos y otras iniciativas centradas en los derechos.
“Las medidas del gobierno mauritano para mejorar el respeto de los derechos de las personas migrantes son muy necesarias”, afirmó Seibert. “Si avanza con más determinación para poner fin a los abusos, Mauritania podría liderar el camino hacia una gestión migratoria respetuosa de los derechos en el norte de África. A su vez, la UE y España deberían garantizar que su cooperación migratoria con Mauritania dé prioridad a los derechos y a la protección de vidas humanas, en lugar de apoyar medidas de seguridad que derivan en abusos”.
