Pedro Sánchez ha sido nuevamente investido como presidente del Gobierno español y ha nombrado un nuevo Consejo de ministros. Si bien el país enfrenta muchos desafíos en materia de derechos humanos, hay una cuestión que destaca por encima del resto: la necesidad de abordar el problema de España con su profunda pobreza y desigualdad y sus repercusiones en los derechos humanos de las personas.
Los datos oficiales muestran que el 26 % de la población española está “en riesgo de pobreza o exclusión social”. La investigación de Human Rights Watch en 2022 puso en evidencia lo que esto significa para las personas y las familias: no poder poner comida en la mesa, padres que se saltan comidas y personas que empeñan sus objetos de valor para pagar las facturas de electricidad.
El gobierno debería dar prioridad a tratar de mejorar los problemas con el programa de Ingreso Mínimo Vital (IMV), que proporciona una prestación fundamental en efectivo a las personas que viven en la pobreza. Introducido en 2020 durante la pandemia de Covid-19, el IMV es una valiosa incorporación al sistema de protección social de España. Pero nuestra investigación concluyó que el apoyo es muy escaso, el proceso de solicitud a menudo es excesivamente difícil y demasiadas personas quedan excluidas por requisitos de elegibilidad arbitrarios. Con mucha frecuencia, la gente tiene que hacer cola en los bancos de alimentos porque sus solicitudes no han sido aceptadas.
Las pensiones relacionadas con la edad son otro problema: las personas mayores que reciben la pensión mínima no contributiva reciben 484 euros al mes, una cantidad insuficiente para llegar a fin de mes (el umbral de pobreza es de unos 841 euros al mes). Una mujer de 71 años nos dijo desde la cola de un banco de alimentos: “Lo único que pido es un poco más, para no tener que esperar aquí y pedir comida. Ni siquiera pido una existencia digna, solo lo suficiente para no tener que pedir limosnas”. El nuevo gobierno debería reevaluar cuidadosamente los niveles mínimos de pagos de pensiones básicas para garantizar que cumple con sus obligaciones de garantizar los derechos de las personas mayores, incluido el derecho a un nivel de vida adecuado.
También existen graves retrasos en los sistemas electrónicos para obtener citas presenciales en las oficinas de la seguridad social, lo que impide a las personas acceder al proceso de solicitud de prestaciones. Actualmente existe un mercado clandestino donde se venden citas a precios prohibitivos que están fuera del alcance de la mayoría. Superar este colapso es imprescindible para que las personas puedan acceder a la seguridad social a la que tienen derecho y que es vital para disfrutar de otros derechos.
La pobreza y la desigualdad tienen un efecto corrosivo en la vida y los derechos humanos de las personas. El nuevo gobierno de España tiene la responsabilidad de fortalecer los esfuerzos para abordar estos problemas mediante sistemas operativos de seguridad social y servicios públicos que protejan los derechos de todo el mundo.
