Hoy, el parlamento de España aprobó una ley integral que amplía las protecciones y consolida los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
El estatuto se conoce informalmente como la “ley trans” porque las disposiciones que permiten el reconocimiento de la identidad de género basado en la autoidentificación a través de un proceso administrativo simple han provocado un acalorado debate público.
La aprobación de la ley representa un hito importante para el movimiento LGBTI, y en particular para la larga lucha por el reconocimiento del género en España. Anteriormente, el proceso para que las personas trans cambiaran el sexo registral en los documentos de identificación requería un diagnóstico médico de disforia de género y un período de dos años de tratamiento médico para alinear las características físicas del solicitante con el género que buscaban registrar. La nueva ley elimina estos requisitos y se basa en la autoidentificación de una persona.
La ley eleva la protección de las personas LGBTI en España al ampliar el acceso a las técnicas de reproducción asistida; fortalecer la educación sexual; prohibir cirugías médicamente innecesarias para niños intersexuales antes de que puedan dar su consentimiento; permitir el reconocimiento de la filiación para parejas del mismo sexo no casadas; y la introducción de medidas para combatir la discriminación contra las personas LGBTI en varios ámbitos, incluidos en la salud, el empleo y la vivienda.
Todos estos avances a veces se perdieron de vista durante el acalorado debate público en España, que se centró principalmente en las reformas de reconocimiento del género, lo que llevó a varios conflictos políticos, incluso dentro de la coalición gobernante. Algunos diputados se opusieron a las disposiciones que permiten a los niños obtener el reconocimiento legal del género bajo ciertas condiciones a partir de los 12 años.
Si bien el debate público es importante, las normas y leyes europeas e internacionales son contundentes: las personas trans no deben estar sujetas a requisitos abusivos y desproporcionados para el reconocimiento legal de la identidad de género. La nueva ley española cumple con estos estándares de derechos humanos.
Human Rights Watch ha documentado en numerosos países, como Bangladesh, El Salvador, Japón, Líbano, México y Tailandia que la falta de reconocimiento del género puede acarrear una serie de violaciones de derechos humanos, como los derechos al empleo, la educación, la salud y la seguridad. La Asociación Profesional Mundial para la Salud de las Personas Trans (WPATH), una asociación profesional interdisciplinaria con más de 700 miembros en todo el mundo, ha afirmado que las barreras para el reconocimiento del género de las personas trans, incluidos los requisitos de diagnóstico, “pueden dañar la salud física y mental”.
Un número creciente de países de todo el mundo han eliminado los requisitos invasivos para el reconocimiento legal del género, incluida la evaluación médica o psicológica, la esterilización y el divorcio. España se une hoy a países como Argentina, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y Uruguay que también cuentan con procedimientos de reconocimiento del género que ponen en primer plano la autonomía individual.
