Resumen

En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictó un pronunciamiento emblemático a favor de los derechos de la discriminada comunidad transgénero del país. La Corte determinó que el artículo constitucional que prohíbe la discriminación por razones de sexo incluye también la discriminación basada en la identidad de género, y que la ley de El Salvador que regula los cambios en los nombres legales debe permitir que las personas trans modifiquen su nombre legal en función de su identidad de género. La corte dio un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para que implemente las reformas necesarias.

Esta jurisprudencia, fundada en el derecho internacional de los derechos humanos, representa un avance fundamental para las personas transgénero en un país donde, durante años, los y las activistas trans han denunciado los altos niveles de discriminación que enfrentan sus comunidades y han abogado por el reconocimiento legal de la identidad de género. Para que la decisión judicial surta pleno efecto y para abordar los perjuicios que sufren de manera constante las personas trans, la Asamblea Legislativa debería no solo implementar la garantía constitucional a través de una ley, sino además reconocer el derecho de las personas trans a cambiar su anotación de género que figura en sus documentos, un paso crucial que todavía no ha tratado la Sala de lo Constitucional.

En mayo de 2021, un comité legislativo archivó un “anteproyecto de ley de identidad de género” que proponía crear un procedimiento para el reconocimiento legal del género, sin que lo trataran los nuevos legisladores oficialistas. El proyecto se desarrolló en consulta con organizaciones de personas trans. Una legisladora se refirió al proyecto archivado como “obsoleto y no acorde a la realidad”. Sin embargo, este informe documenta un panorama distinto.

El presente informe, elaborado en conjunto por Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS, expone la discriminación generalizada que experimentan las personas trans debido a la discrepancia entre su género y sus documentos de identidad. El informe se centra en la discriminación en cuatro áreas principales: salud, empleo, votación y gestiones bancarias. Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS concluyeron que la falta de documentos adecuados, lo cual a menudo se combina con prejuicios hacia las personas trans, obstaculiza de manera grave la posibilidad de las personas trans de efectivizar estos derechos.

La mayoría de las personas trans que entrevistamos dijeron a los investigadores que sufrían discriminación al visitar establecimientos públicos de salud, debido a que sus documentos no coinciden con su identidad de género. Algunas señalaron que, a causa de experiencias anteriores de discriminación, directamente evitaban acudir a centros de salud pública, por lo cual a veces se automedicaban, o esperaban a estar extremadamente enfermas antes de intentar obtener atención. Documentamos relatos sobre personal médico que exponía a las personas como transgénero al llamarlas por sus nombres legales en las salas de espera, exponiéndolas así a denigrantes cuestionamientos sobre su identidad, y que las sometía a humillaciones y burlas. Muchas de las personas trans que entrevistamos refirieron experiencias discriminatorias y humillantes similares al intentar vacunarse contra el Covid-19.

Algunas personas trans entrevistadas relataron situaciones de discriminación en el empleo —sobre todo por empleadores potenciales— relacionadas directamente con que sus documentos no reflejaban su identidad de género. En algunos casos, el trato discriminatorio solo empezó cuando los empleadores se dieron cuenta que las personas entrevistadas eran trans al revisar sus documentos, mientras que otros empleadores dijeron expresamente a las personas trans que no las contratarían por ser transgénero. Muchas de las personas trans que entrevistamos manifestaron que tuvieron dificultades para acceder o mantener un trabajo porque sus documentos no coincidían con su expresión de género o porque sus empleadores potenciales las identificaron como transgénero. Algunos entrevistados indicaron que se dedicaban a trabajos informales, o los habían ejercido en algún momento, como vendedores ambulantes, trabajadores sexuales o asistentes agrícolas, a pesar de estar capacitados para asumir al menos algunas oportunidades laborales en la economía formal. Casi todas las personas trans que entrevistamos expresaron el deseo de tener un empleo formal estable.

La mayoría de las personas trans entrevistadas para este informe dijeron a Human Rights Watch y a COMCAVIS TRANS que encontraron obstáculos para acceder a su propio dinero y remesas de familiares en el extranjero, y citaron ejemplos en los que representantes de distintas instituciones financieras en el país no creyeron que los documentos de identidad que mostraban fueran suyos. Algunas intentaron obtener préstamos de bancos para iniciar pequeños negocios, pero no pudieron explorar esta opción porque sus documentos de identidad no concordaban con su expresión de género. Una persona entrevistada resumió en los siguientes términos la frustración de muchos entrevistados que sufrieron discriminación: “No puedo conseguir un trabajo o un préstamo, ¿entonces cómo puedo salir adelante?”.

En los últimos años, se ha facilitado el ejercicio del voto para las personas transgénero. El Tribunal Supremo Electoral dictó directivas para los representantes en centros de votación de todo El Salvador, que incluyen la instrucción de que no se discrimine en función de la identidad de género. Muchas de las personas trans que entrevistamos dijeron que no enfrentaron impedimentos a su derecho a votar durante las elecciones de febrero de 2021. Dos mujeres trans dijeron a los investigadores que no se les permitió votar porque su documento de identidad no coincidía con su identidad y expresión de género, mientras que varias otras personas trans contaron que pudieron votar, pero que hubo cuestionamientos con respecto a sus documentos de identidad y que esto hizo que se sintieran humilladas. Si bien nuestras entrevistas permiten deducir que algunos problemas persisten, también sugieren que las directivas de la autoridad electoral tuvieron un efecto positivo en el aseguramiento del derecho a voto para las personas transgénero. El Salvador debe seguir reforzando estos avances para asegurarse de que no se excluya de la posibilidad de votar a ninguna persona que cumpla con los requisitos para hacerlo.

La decisión de la Corte Suprema de febrero de 2022 se enfocó en la legislación de El Salvador que regula el cambio de nombre, al disponer que las personas transgénero deberían poder cambiar sus nombres en función de sus identidades. Otro paso evidente —y absolutamente necesario— es permitirles que cambien las anotaciones de género que figuran en sus documentos de identidad. La Asamblea Legislativa debería asegurar esta posibilidad debatiendo y aprobando el proyecto sobre identidad de género que se encuentra en trámite. En caso de aprobarse, este proyecto garantizaría pleno reconocimiento legal a la identidad género de las personas trans, incluso con respecto a las anotaciones de género en sus documentos.

El poder legislativo también debería acatar la interpretación de la Corte Suprema en cuanto a que la disposición sobre discriminación por sexo que contiene el artículo contra la discriminación de la Constitución de El Salvador protege frente a la discriminación por identidad de género aprobando también un proyecto legislativo amplio contra la discriminación que incluya en forma explícita la identidad y la expresión de género. Contar con documentos de identidad precisos y garantías sólidas contra la discriminación contribuirá sustancialmente a abordar las causas fundamentales de la discriminación que sufren las personas trans en la sociedad, en consonancia con lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos.

 

Metodología

Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS llevaron a cabo la investigación para este informe entre febrero de 2021 y marzo de 2022. Algunas entrevistas se realizaron de manera remota debido a las restricciones a la posibilidad de viajar que se impusieron por la pandemia de Covid-19 entre febrero y abril de 2021; otras se realizaron durante un viaje de investigación a San Salvador, San Luis Talpa, Santa Ana, Santa Tecla, La Unión y Zacatecoluca en noviembre de 2021. En febrero y marzo de 2022 se llevaron a cabo investigaciones complementarias, incluidas entrevistas adicionales.

Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS realizaron en forma conjunta un total de 50 entrevistas para este informe. De estas, 43 se realizaron a personas transgénero que vivían en 7 de los 14 departamentos de El Salvador: La Libertad, La Paz, La Unión, San Salvador, San Vicente, Santa Ana y Sonsonate. Para más antecedentes, Human Rights Watch efectuó entrevistas adicionales a otras tres organizaciones de la sociedad civil, dos legisladores en funciones de la Asamblea Legislativa y representantes de dos misiones diplomáticas en El Salvador.

Human Rights Watch solicitó reuniones con representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y el Ministerio de Cultura, así como del Registro Nacional de las Personas Naturales y el Tribunal Supremo Electoral, para presentar los hallazgos del informe y obtener cualquier información adicional que deseaban compartir. Únicamente el Registro Nacional de las Personas Naturales respondió y concedió una reunión. La información que proporcionó se incluye en la sección correspondiente del informe.

COMCAVIS TRANS, que brinda servicios sociales a personas transgénero en todo el país, identificó a algunas de estas personas de su red que podrían ser entrevistadas. La organización Hombre Trans El Salvador brindó a otros entrevistados de su red. Las personas entrevistadas no recibieron ninguna compensación. Human Rights Watch reembolsó los gastos de pasajes de transporte a las personas entrevistadas que debieron desplazarse para reunirse con los investigadores y les ofreció un refrigerio o una comida cuando las entrevistas se desarrollaron durante el horario de comidas.

El investigador obtuvo el consentimiento informado verbal de todas las personas entrevistadas y les explicó cómo usaría sus historias, que no era necesario que respondieran todas las preguntas y que podían interrumpir la entrevista en cualquier momento. A todos los entrevistados se les asignaron seudónimos en los materiales publicados para el proyecto.

 

I. Contexto

Las violaciones de derechos humanos contra personas transgénero en El Salvador que se documentaron en este informe se producen en un contexto de violencia, impunidad y pobreza generalizadas en el país.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informó que, entre 2015 y 2020, la policía cometió 179 ejecuciones extrajudiciales y que se impusieron condenas en 25 de estos casos[1]. Históricamente, miembros de las fuerzas de seguridad también han sido responsables de agresiones sexuales, desapariciones forzadas y hechos de tortura. Las pandillas ejercen el control territorial de algunos vecindarios, sobre todo los de bajos recursos[2], extorsionan a los residentes en todo el país y son responsables de la muerte, desaparición, violación sexual o desplazamiento de quienes les ofrecen resistencia. Según artículos publicados por El Faro, agentes de seguridad y funcionarios electos han colaborado con pandillas en operaciones delictivas, y se han producido negociaciones de partidos políticos con estos grupos, incluso a cambio de obtener el apoyo de pandillas durante elecciones[3]. Entre 2011 y octubre de 2020, más de 70.000 personas se convirtieron en desplazados internos, en general debido a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y las pandillas[4]. Cerca del 31 % de los salvadoreños vive en la pobreza, y aproximadamente el 8 % en condiciones de pobreza extrema[5].

Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) enfrentan desafíos únicos en El Salvador. En enero de 2021, Human Rights Watch publicó un informe basado en 60 entrevistas, en el cual documentó un entramado complejo de violencia y discriminación contra las personas LGBT que amenaza su seguridad física, limita sus decisiones de vida e incluso hace que se vayan del país[6]. Los agresores pueden ser agentes de las fuerzas de seguridad, miembros de pandillas, familiares de las víctimas y comunidades, y los daños se producen en espacios públicos, hogares, escuelas y lugares de culto. COMCAVIS TRANS ha determinado que esta inseguridad propicia el desplazamiento interno de las personas LGBT[7]. En la actualidad, la organización brinda servicios sociales directos a personas transgénero en El Salvador que han huido de sus hogares. En 2021, apoyaron a aproximadamente 150 personas.

Si bien no hay estadísticas disponibles sobre la situación económica de las personas LGBT en El Salvador, muchos entrevistados señalaron que el rechazo familiar y la discriminación provocan mayores probabilidades de marginación económica, sobre todo para las mujeres trans. En este contexto de violencia y precariedad económica, según lo concluido por Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS, el gobierno de El Salvador no está protegiendo de manera adecuada a las personas LGBT.

Pocas protecciones legales para las personas transgénero

Discriminación

En un pronunciamiento histórico de febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que la categoría “sexo” que contiene el artículo constitucional contra la discriminación incluye el “género” y, por extensión, la “identidad de género”, y citó orientaciones del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas[8]. En 2009, esa misma sala interpretó que esa misma disposición incluye la “orientación sexual”[9].

Esto implica que, conforme a la constitución, las personas en El Salvador están protegidas por motivos de orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, El Salvador no ha adoptado una legislación civil amplia contra la discriminación que prohíba en forma expresa la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. En mayo de 2021, la Comisión de La Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa archivó la Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación, un proyecto contra la discriminación que habría hecho referencia expresa a la identidad de género y la orientación sexual[10].

Entre las disposiciones contra la discriminación también se incluye el Decreto Ejecutivo 56 de 2010, que prohíbe toda política, actividad, acción u omisión del Poder Ejecutivo que tenga como resultado la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, y establece que deben revisarse todas las políticas para asegurar que cumplan con este decreto[11]. Si bien constituye una medida importante, el decreto, que solamente se aplica al Poder Ejecutivo y no a otros actores públicos o privados, tiene una aplicación limitada. No existe una ley civil amplia que prohíba la discriminación por parte de actores públicos y privados.

Delitos de odio

En 2015, El Salvador aprobó una reforma a su código penal que elevó las penas para homicidios y amenazas motivados por la identidad o expresión de género de la víctima, así como su orientación sexual y otras categorías[12]. La legislación no contemplaba otros actos violentos como agresiones y violaciones sexuales. Sin embargo, en los siete años transcurridos, no se ha producido ni una sola condena aplicando esta circunstancia agravante, ni siquiera en los numerosos homicidios violentos de personas LGBT que ocurrieron en el país[13]. Un motivo puede ser que, si bien el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública realiza un seguimiento de los delitos perpetrados contra personas LGBT[14], a través de medidas que incluyen la incorporación de una casilla “LGBT” que puede marcarse en los formularios de denuncia, en general los fiscales no preguntan sobre la orientación sexual o la identidad de género de la persona denunciante, lo cual probablemente hace que no queden debidamente denunciados los casos de delitos de odio[15].

Ausencia de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador

A fin de abordar la ausencia de una vía para el reconocimiento legal del género en El Salvador, Lorena Peña, que entonces era diputada en la Asamblea Legislativa, presentó en 2018 la Ley sobre Identidad de Género ante la Asamblea, redactada en colaboración con organizaciones trans, que habría creado un proceso para el reconocimiento legal de la identidad de género[16]. La Comisión de La Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa trató el proyecto en mayo de 2019 y en marzo de 2021, pero nunca lo llevó a un debate parlamentario en pleno[17].

En mayo de 2021, la misma comisión de la legislatura recientemente electa (2021-2024) archivó el anteproyecto de identidad de género, en una decisión que recibió duras críticas por parte de activistas trans[18]. La diputada Marcela Pineda, que integra actualmente la comisión, describió el proyecto de identidad de género, una iniciativa no discriminatoria que aborda la identidad de género y la orientación sexual, y otros 28 proyectos que se habían presentado anteriormente ante la comisión, como iniciativas “obsoletas y no apegadas a la realidad”[19], para justificar su archivo.

En agosto de 2021, las diputadas Anabel Belloso y Linda Fuentes, en colaboración con organizaciones LGBT, presentaron una versión actualizada del proyecto para que fuera tratado en la Asamblea Legislativa[20]. La Comisión de La Mujer y la Igualdad de Género, donde el proyecto se encuentra en trámite una vez más, no había analizado el proyecto hasta que se preparó este documento.

Fotografías de los documentos nacionales de identidad

Ante la falta de reconocimiento legal del género o de formación relevante, organizaciones de la sociedad civil, incluso COMCAVIS TRANS, han llevado a cabo talleres entre el año 2017 y el 2022 con más de 200 trabajadores del Registro Nacional de las Personas Naturales, el organismo que emite los documentos únicos de identidad (DUI), incluso a través de sucursales que se denominan “DUICentros”[21]. El objetivo de los talleres es generar conciencia sobre las personas transgénero, incluida la necesidad de fotografías en sus documentos de identidad que reflejen acertadamente su identidad de género.

Representantes del Registro Nacional de las Personas Naturales dijeron a Human Rights Watch que están comprometidos a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para eliminar la discriminación en los DUICentros[22], citando el Decreto Ejecutivo 56 de 2010 como base de este enfoque[23]. Si bien dijeron que los DUICentros permiten que las personas transgénero se tomen sus fotos de acuerdo a su identidad de género, reconocieron que todavía puede haber casos de discriminación en los DUICentros y se requieren más talleres y concientización para el personal[24].

Si bien algunas de las personas transgénero entrevistadas por Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS señalaron que no tuvieron dificultades cuando acudieron a un DUICentro para tomar una nueva fotografía que reflejara su identidad de género para el documento, otras relataron abusos. Por ejemplo, una mujer trans de Santa Ana explicó lo que le ocurrió en un DUICentro en Santa Ana en enero de 2021:

La muchacha que trabajaba allí dijo que me tenía que desmaquillar. Le pregunté por qué y contestó “Usted es un niño, y en el DUI no permitimos cosas así. Es como si intentara usurpar a otra persona”. Me dio una toallita húmeda e hizo que me quitara el maquillaje. Fue humillante. Y ahora tengo muchos problemas con el DUI[25].

Otras mujeres trans describieron experiencias similares de un trato diferente al dado a las mujeres cisgénero, a quienes sí se les permitió usar maquillaje para las fotos. Un hombre trans contó que funcionarios del Registro Nacional le dijeron que se dejara crecer el cabello para parecer más femenino. No le permitieron hacer el trámite y entonces acudió a otro DUICentro, donde consiguió que le tomaran la foto.

Representantes del Registro Nacional de las Personas Naturales dijeron a Human Rights Watch que “un solo caso de discriminación es demasiado”. Citaron varios mecanismos a través de los cuales las personas trans pueden presentar denuncias de discriminación, incluidos los canales de redes sociales, aunque dijeron que recientemente no habían recibido ninguna denuncia de personas trans alegando discriminación en un DUICentro[26].

Pocos avances legales

En al menos dos casos, los jueces permitieron que personas transgénero cambiaran legalmente su nombre y sexo, pero solamente después de extensos procedimientos judiciales y en razón de que se habían sometido a cirugía de reasignación de sexo, un requisito jurídico invasivo que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos[27].

La Organización de los Estados Americanos indicó que, en 2017, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador trató el caso de una persona que había obtenido el reconocimiento legal de su nombre elegido en un tribunal de Estados Unidos. El caso se relacionaba con el reconocimiento de esta decisión jurídica en El Salvador. La corte determinó que la parte solicitante podía cambiar su nombre legal en función de su identidad de género, pero no su género legal, ya que la sentencia del tribunal estadounidense no se refería a esta cuestión[28].

Entre 2019 y 2022, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en colaboración con organizaciones de personas trans, inició cinco procesos legales en representación de cuatro mujeres trans y un hombre trans, en los cuales solicitaba a distintos tribunales de familia que rectificaran los nombres y el género legal de las personas solicitantes en función de su identidad de género[29]. En 2021, la Cámara de Familia de San Salvador, un tribunal de apelación, resolvió dos de los casos a favor de las partes solicitantes, y ordenó que se emitieran nuevos certificados de nacimiento con el nombre elegido por ellas que reflejaban su identidad de género[30]. La Cámara no dispuso que se cambiara su género legal, lo que incluiría un cambio de la anotación de género. Con estos pronunciamientos, las partes solicitantes pudieron rectificar sus nombres legales en sus documentos oficiales[31].

Retrocesos para las personas transgénero durante la presidencia de Nayib Bukele

Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, se han frenado iniciativas establecidas durante el gobierno anterior orientadas a promover la inclusión de las personas transgénero, lesbianas, gais y bisexuales, o estas no se han implementado.

En 2010, el gobierno había establecido una Dirección de Diversidad Sexual en la Secretaría de Inclusión Social, que se ocupaba de capacitar a empleados públicos (incluidos policías) sobre identidad de género y orientación sexual, y de realizar investigaciones sobre cuestiones LGBT a nivel nacional[32]. En 2017, la dirección lanzó un índice de inclusión con el objeto de establecer normas y evaluar a todos los ministerios y organismos gubernamentales respecto de la inclusión de personas LGBT. Esto pareció motivar a instituciones gubernamentales: a través de declaraciones públicas, varias mencionaron expresamente las puntuaciones que recibieron en la primera evaluación[33]. No obstante, en junio de 2019, el presidente Bukele disolvió la secretaría y la Dirección de Diversidad Sexual fue absorbida por una Unidad de Género que ya existía en el Ministerio de Cultura, renombrada Unidad de Género y Diversidad[34].

La medida fue criticada por activistas LGBT, quienes señalaron que muy pocas de las graves cuestiones de seguridad y discriminación que les inquietaban podrían abordarse adecuadamente dentro del ámbito de la cultura[35]. También mencionaron la falta de implementación completa de una serie de capacitaciones sobre concienciación, incluida una campaña que llevó a cabo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en 2018 denominada “Hago lo justo”[36].

Avances recientes en el reconocimiento legal de la identidad de género

Como se señaló antes, una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema determinó, en febrero de 2022, que la disposición sobre “sexo” del artículo contra la discriminación protege de la discriminación por razón de la identidad de género. El caso se inició como un recurso ante el hecho de que la Ley del Nombre de la Persona Natural no otorga en forma expresa a las personas transgénero la posibilidad de cambiar sus nombres legales según su identidad de género. La corte concluyó que esto era inconstitucional y dispuso que “constituye un trato discriminatorio no justificado”.

Esencialmente, la corte estableció que el nombre propio está estrechamente ligado al derecho a la identidad, y que la construcción de la identidad “se prolonga durante la vida del ser humano, en un proceso continuo que abarca una multiplicidad de elementos y aspectos que exceden del concepto estrictamente biológico y que corresponde a la ‘verdad personal’ y biográfica del ser humano”[37]. La corte dio plazo a la Asamblea Legislativa hasta febrero de 2023 para que implemente los cambios legales necesarios para que todas las personas puedan cambiar su nombre por uno que refleje su identidad de género.

Si bien este pronunciamiento se enfoca estrictamente en la ley de El Salvador que regula el cambio de nombre, el razonamiento de la corte tiene consecuencias más generales. Para reforzar su fundamento, la corte citó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, los gobiernos tienen la obligación de crear trámites administrativos sencillos, gratuitos y no patologizantes para las personas que deseen cambiar su nombre en función de la identidad de género autodeterminada[38]. Conforme lo señaló la corte salvadoreña, la opinión consultiva no se aplica únicamente al cambio de nombre, sino a las imágenes y a las anotaciones de género que figuran en los documentos de identidad de una persona[39].

La Asamblea Legislativa de El Salvador debería cumplir con estas reformas que exige la corte. Simultáneamente, debería implementar todos los cambios necesarios para el pleno reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero, incluso con respecto a fotografías y anotaciones de género en los documentos de identidad. Tal reconocimiento legal pleno es congruente con las obligaciones asumidas por El Salvador en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y será una manera valiosa de combatir todas las formas de discriminación contra las personas trans, incluso en las cuatro áreas que siguen siendo motivo de preocupación y que se explican a continuación.

 

II. Derecho a la salud

Atención de la salud pública

El Salvador ofrece cobertura de salud universal. El Ministerio de Salud es el mayor proveedor de servicios de salud del país, que están disponibles para todas las personas, mientras que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) es el segundo proveedor principal y da cobertura a los trabajadores que aportan al sistema[40]. El sistema de salud pública de El Salvador enfrenta dificultades estructurales como fondos insuficientes, condiciones laborales precarias para el personal sanitario y servicios de calidad deficiente[41]. También se caracteriza por un acceso limitado a la atención y elevados gastos que no están cubiertos y que afectan de manera desproporcionada a los salvadoreños de sectores pobres y rurales[42].

Las personas transgénero salvadoreñas, al igual que cualquier persona que usa el sistema de salud pública, deben lidiar con estas limitaciones estructurales a la posibilidad de obtener una atención de la salud óptima. Además, enfrentan discriminación, que se ve exacerbada por no contar con documentos que reflejen de manera precisa su identidad de género. La mayoría de las personas trans que fueron entrevistadas dijeron haber sufrido discriminación vinculada con sus documentos de identidad al visitar establecimientos públicos de salud, incluidos los gestionados por el ISSS. Algunas personas trans señalaron que, a causa de experiencias anteriores de discriminación, evitaban acudir a centros de salud pública, por lo cual a veces se automedicaban, o esperaban a estar extremadamente enfermas antes de intentar obtener atención. Cecilia D., una mujer trans de 27 años de edad procedente de San Salvador, resumió esta experiencia en los siguientes términos:

¿Por qué pasar a una clínica pública? ¿Para que te discriminen? Solo voy a una farmacia, aunque prácticamente me estoy automedicando y puede ser algo más serio. Las personas tienen derecho a la salud, pero nosotras las personas trans no tenemos acceso por nuestra identidad de género[43].

Exposición de la identidad de género

Cuando personas transgénero en El Salvador intentan obtener atención médica, tienen que presentar un documento que no refleja el nombre que han elegido o su identidad de género. Muchas de las personas que entrevistamos señalaron que su identidad de género fue expuesta de manera pública cuando el personal de enfermería y otros trabajadores de clínicas las llamaron por su nombre en la sala de espera frente a otros miembros del personal y pacientes. Esto viola su derecho a la privacidad, las expone a más abusos y las disuade de intentar obtener tratamiento.  

Nicolás B., un hombre trans de 28 años de San Salvador, dijo que “no se atreve” a ir al ISSS porque presentar sus documentos lo “expone a abusos porque no sabe si el personal será transfóbico”. Relató su última visita al ISSS en San Salvador en 2019:

Me pidieron el documento. La persona que me llamó se puso a gritar mi nombre. Fue vergonzoso. La gente me miraba y susurraba. Desde entonces, prefiero tomar una pastilla y quedarme en casa para no tener que lidiar con problemas si mis documentos no coinciden con mi aspecto. Durante la pandemia, incluso tuve síntomas de Covid-19, pero preferí quedarme en casa [en vez de que me testearan][44].

Carlos H., un hombre trans de 28 años de San Vicente, acudió al servicio de guardia del Hospital Nacional Rosales en San Salvador en aproximadamente 2018 debido a que tenía neumonía. Contó a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS lo que ocurrió una vez allí:

Al llegar tenía el rostro morado. Cuando empezaron a tomarme mis datos y se dieron cuenta de que soy trans, empezaron los problemas. El personal se reía de mí. Para darme los resultados de las pruebas, dijeron todito mi nombre completo frente a todos los demás pacientes. Por eso no voy al hospital público[45].

Carlos dijo que padece enfermedades crónicas como asma e hipertensión. Su padre, de profesión médico, le brinda tratamiento “para evitar hacer una escena” en establecimientos públicos[46].

Pero quienes tienen condiciones crónicas no siempre pueden recurrir a contactos personales. Camila M., una mujer trans de 38 años procedente de Santa Ana, describió su condición:

Si no me tratan, mi condición me provoca parálisis facial. Tengo esto desde joven y necesito inyecciones al menos dos veces por mes. Pero a veces no voy. Es humillante. Me llaman delante de todos por mi nombre masculino, a veces frente a 50 personas. Aunque en la clínica pública el medicamento lo dan gratis, si tengo dinero compro el medicamento en la farmacia para evitar problemas[47].

Cuestionamientos incómodos

Además de exponer su identidad de género, la mayoría de las personas que entrevistamos dijeron que no tener documentos hizo que las sometieran a interrogatorios incómodos y agravó la humillación por parte de personal de centros de salud públicos.

Karla S., una mujer trans procedente de La Paz, dijo a los investigadores que personal de clínicas y hospitales ha hecho comentarios humillantes y, a menudo, insultantes al ver la foto y la designación de género en su documento de identidad. Dijo al respecto:

Trabajadores de salud me han dicho “Vas a ver al médico como hombre [no como mujer]” o “Van a verte por lo que dice tu documento de identidad”. Hacen preguntas groseras como: “¿por qué sos así?” o “¿por qué querés ser mujer si naciste hombre?”. Incluso los guardias de seguridad se han burlado de mí diciéndome: “¿Qué estás haciendo vos aquí?”. Es humillante y frustrante[48].

Sandra L., una mujer trans de 34 años de Santa Ana, dijo a los investigadores que, en 2019, le hicieron preguntas cuando acudió al hospital San Rafael con un parásito estomacal que le había provocado pérdida de peso y vómitos:

Les di mi documento a los trabajadores y dijeron que yo no era la persona del documento. Dijeron: “¿Dónde está el paciente al que pertenece este documento? Tiene que venir”. Les expliqué que era yo. Después de un rato, buscaron el nombre de mis papas en sus registros para confirmar que era yo. Fue humillante que hicieran esto frente a otros 40 pacientes que no sabían que yo era trans. Esto me ocurrió unas 10 veces en distintas clínicas. Por eso no voy a clínicas. Estuve enferma como cinco veces, pero preferí automedicarme[49].

Karina S., una mujer trans de 30 años del departamento de San Salvador, contó a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS que la última vez que fue a una clínica pública fue en 2018 cuando contrajo chikunguña, que le provocó fiebre, vómitos y jaqueca. Ella y su madre, que la acompañó, fueron interrogadas:

El médico le dijo a mi madre: “Es un hombre. ¿Por qué no le corta el pelo?”. Le pregunté si no veía que yo era una mujer. El médico respondió: “¿Dónde dice eso? Estoy mirando tu carnet médico y dice [nombre masculino]”. Fue humillante. Mi madre empezó a llorar. Por eso, no intento obtener atención de salud pública en mi comunidad[50].

Uso de apellidos y omisión de adecuaciones

Algunas personas entrevistadas dijeron a los investigadores que han pedido al personal que las llamen por su apellido para evitar usar sus nombres indicativos de género, pero que estos trabajadores se negaron en forma expresa a hacerlo o ignoraron su pedido.

Javier N., un hombre trans de 24 años de San Salvador, afirmó que ha sufrido discriminación cada vez que acudió al ISSS, aproximadamente siete veces entre 2019 y 2021. Debido a esto, dijo que siempre evita ir al médico y prefiere tomar medicamentos que compra en las farmacias. Contó lo que ocurrió en junio de 2021 en una clínica de San Jacinto cuando pidió que lo llamaran por sus apellidos:

Mostré mi documento y les pedí que me llamaran por mis apellidos. Les expliqué que soy un hombre trans. Pero cuando me llamaron gritaron mi [primer] nombre frente a todos. Luego pasé a otra sala de espera para mi cita. Había tres trabajadoras que llamaban a los pacientes para que ingresaran a la consulta. Me acerqué a las tres y les expliqué que era trans, para pedirles que por favor me llamaran por mis apellidos. Dijeron que sí, pero luego me llamaron por mi nombre legal. Es humillante y cansado lidiar con esto[51].

Celso G., un hombre trans de 38 años, tuvo una experiencia similar en un establecimiento del ISSS de San Salvador en febrero de 2021:

Pedí a las enfermeras que me llamaran por mis apellidos, pero se negaron porque dijeron que deben llamarme por mi nombre por un reglamento interno de la clínica. Es humillante y me avergüenza porque todos se quedan mirándome. Este tipo de situaciones me ocurrió como 15 veces.[52]

Verónica R., una mujer trans de 40 años de La Paz, dijo a los investigadores que logró que una clínica la llamara por el nombre que eligió después de que COMCAVIS TRANS habló con la administración del hospital en representación suya en septiembre de 2021. Durante 11 años, su identidad de género fue expuesta en esa clínica cada vez que acudía a realizarse controles de diabetes.[53] Solo otra persona trans, Eliseo H., dijo a los investigadores que el personal de la clínica de su localidad, San Luis Talpa, lo llamaba por su apellido, pero no todas las veces.[54]

Otras cuatro personas trans refirieron al menos una experiencia positiva con un médico que respetó su identidad de género y se dirigía a ellas por su género y nombre preferido durante la consulta.

Atención de la salud privada

Algunas personas trans dijeron a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS que, si pueden afrontar el costo, prefieren buscar atención médica privada, en gran parte porque en esos contextos enfrentan menos discriminación. Todas las personas entrevistadas que acudían a una clínica privada señalaron que se respetaba su identidad de género, pero que eso implicaba un costo que puede ser difícil de pagar. Una mujer trans de San Salvador dijo a los investigadores: “¿Y qué ocurre si no tenemos el dinero? O si estamos graves [y tenemos que ir a un hospital]?”[55].

Victoria G., una mujer trans de 30 años de La Unión que tenía colesterol alto dijo que, en 2021, fue a una clínica privada al menos dos veces para evitar la discriminación en los hospitales públicos. Esto tuvo un costo de entre USD 20 y USD 25 por visita, además del costo de medicamentos. Dijo a los investigadores que le resulta difícil pagar estos honorarios porque, como estilista, no percibe un ingreso constante. “Incluso llegué a pedir dinero a mi madre, aunque ella no me acepta [como persona trans]. Pero al menos no hay discriminación con el médico privado y me llama ‘Victoria’”[56], contó.

Una persona dijo a los investigadores que, al igual que en las clínicas públicas, a veces hay desconocimiento sobre temas trans en las clínicas privadas. Fernando C., un hombre trans de 47 años de San Salvador, dijo a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS que, durante una consulta en una clínica privada en marzo de 2021, el médico le dijo que debería ir a la iglesia y no mantener relaciones sexuales con penetración.[57]

Vacunas contra el Covid-19

El Salvador ha asumido obligaciones jurídicas internacionales de asegurar que las vacunas estén disponibles y sean accesibles para todas las personas. Si bien el gobierno de El Salvador ha conseguido en buena medida obtener vacunas suficientes para cubrir a la población, disponibilidad y accesibilidad no son lo mismo, sobre todo para las poblaciones marginadas, como las personas trans, que habitualmente ya sufren discriminación y obstáculos en la atención de la salud.

El Salvador había vacunado completamente al 66 % de su población cuando se preparó este documento, en julio de 2022, un porcentaje muy superior al de sus vecinos directos[58]. Aun así, muchas de las personas trans que entrevistamos dijeron a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS que habían enfrentado discriminación o humillación en centro de vacunación en todo El Salvador porque sus documentos de identidad no reflejaban su identidad de género. Algunas señalaron que no consiguieron vacunas como resultado del trato recibido.

María H., una mujer trans de 23 años de La Paz, contó a los investigadores sobre una situación que considera que fue discriminatoria cuando intentó obtener una segunda vacuna en octubre de 2021 en El Rosario:

Un integrante del personal me miraba insistentemente mientras yo hacía la fila. Cuando me llegó el turno, pidió ver mi documento y ahí vio mi nombre legal. Entonces dijo: “no hay más cupos de vacunación, puede volver mañana, por hoy se acabó, no hay más vacunas”. Acepté lo que me dijo y salí de la fila. Pero luego vi que estaba entregando cupos de vacunación a las personas detrás mío. No he vuelto [para la segunda vacuna], porque puedo volver a sufrir discriminación ya que estoy obligada a volver al centro de vacunación[59].

En los centros de vacunación, el personal también cuestionó a personas trans porque sus documentos de identidad no coinciden con su género, sometiéndolas a un trato humillante y, en ocasiones, exponiendo ante otros su identidad de género.

Patricia M., una mujer trans de 38 años del Departamento de La Paz, contó lo que ocurrió cuando recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en agosto de 2021:

La empleada miró mi documento de identidad y me dijo: “¿Por qué estás vestido como señorita? Los hombres deben hacer fila allí”. Y señaló la otra fila. Luego me llamó por mi nombre legal. Sentí humillación y enojo. Las filas estaban separadas por género[60].

Juan A., un hombre trans de 32 años del Departamento de La Paz, dijo que cuando acudió para recibir la primera dosis en agosto de 2021, el personal del centro de vacunación se rehusaba a aplicarle la vacuna porque su documento no coincidía con su expresión de género:

Le mostré mi documento de identidad al empleado, pero me dijo que yo no era la persona del documento. Me preguntó si tenía una gemela. Le dije que era yo, pero me respondió que tendrían que verificarlo en el sistema. Después de un rato me permitieron recibir la vacuna, pero me llamaron por mi nombre femenino. Fue humillante[61].

Gabriela M., una mujer trans de 34 años del Departamento de La Libertad, se refirió a las preguntas y a las acciones de un trabajador de un centro de vacunación en septiembre de 2021, en el Hospital El Salvador de San Salvador:

Tras mirar mi identificación, empezó a referirse a mí como hombre. Después de que yo le explicara que soy una mujer trans y que debía referirse a mí como mujer, me dijo: “No importa el aspecto que tengás, eso no cambia que sos un hombre”. Más tarde, la enfermera me llamó por mi nombre masculino y dijo que el empleado no le había permitido llamarme por mis apellidos. Me sentí indignada[62].

Otras dos personas trans, Cecilia D. y Ana A., dijeron que trabajadores de centros de vacunación en San Salvador y La Paz, respectivamente, las llamaron por su nombre preferido, pero que el personal igualmente se burló de ellas. Cecilia dijo que estaba evaluando no darse el refuerzo debido a esto:

Para la primera vacuna en julio [de 2021] me llamaron [por mi nombre legal]. La segunda vacuna fue en octubre [de 2021] y le dije al personal que soy una mujer trans y que deseaba que me llamaran por mis apellidos [y] dijeron que estaba bien. Luego vi que llegaba otro integrante del personal y él y el médico se llevaron mi formulario y empezaron a reírse. Me llamaron por mis apellidos, pero primero me humillaron[63].

Algunas personas trans dijeron que, durante al menos una de sus citas para vacunación, el personal les preguntó cómo deseaban que las llamaran o respetaron su pedido de que las llamaran por sus apellidos.

Clínicas para infecciones de transmisión sexual

En 2011, El Salvador empezó a crear clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual, conocidas como VICITS[64]. Las clínicas apuntan a ofrecer intervenciones oportunas para la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITI) y el VIH entre grupos de alto riesgo, incluidas personas gais, bisexuales y transgénero y trabajadores sexuales.

Algunas mujeres trans dijeron a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS que en general habían obtenido una atención médica respetuosa y adecuada en las clínicas VICITS y, de hecho, algunas dijeron que estos eran los únicos proveedores de atención de la salud que se sentían cómodas de visitar. Sin embargo, otros manifestaron que el personal en las clínicas VICITS ha expuesto su identidad de género ante otros pacientes al menos en una oportunidad.

Cecilia D. contó que en la clínica VICITS en el vecindario San Miguelito de San Salvador, las enfermeras siempre dicen gritando su nombre legal pese a que escribió con lápiz sobre su carnet de salud el nombre que ha elegido. Vive esto como una experiencia humillante y, por ese motivo, dejó de frecuentar esas clínicas.[65]

III. Derecho a trabajar

Conforme se documentó en un informe de Human Rights Watch sobre El Salvador de 2021, las experiencias reiteradas de discriminación y violencia suelen obligar a las personas LGBT de El Salvador a tener una vida en los márgenes de la sociedad, lo que incluye el tipo de trabajo que logran conseguir[66]. Esa era la situación de muchas de las personas que entrevistaron Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS para este informe, algunas de las cuales señalaron que tenían trabajos informales, o que los habían tenido en algún momento, como vendedores ambulantes, trabajadores sexuales o asistentes agrícolas, el único tipo de empleo que podían encontrar. Casi todas manifestaron el deseo de conseguir empleo formal.

Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS recibieron testimonios de personas trans que indicaron haber sido discriminadas por empleadores al intentar obtener o conservar puestos de trabajo expresamente porque sus documentos de identidad no coincidían con su identidad de género. Muchas otras personas trans dijeron a los investigadores que tenían dificultades para conseguir o mantener un empleo debido a la discriminación contra las personas trans, y algunos de esos casos también parecen haber sido propiciados por incongruencias entre sus documentos de identificación y su identidad de género, aunque los empleadores no hicieron referencia expresa a sus documentos.

Solo cinco de las personas entrevistadas dijeron a los investigadores que algún empleador actual o anterior las había aceptado sin ningún tipo de discriminación.

Discriminación en el empleo expresamente vinculada con los documentos de identidad

Blanca F., una mujer trans de 21 años de San Salvador, contó que, en 2019, intentó obtener un trabajo en una empresa de limpieza. Blanca le informó a su empleadora que no había completado sus estudios, pero esta le dijo que no importaba y que intentaría ayudarla. Cuando la empleadora vio sus documentos, su actitud cambió y Blanca no consiguió el trabajo:

Al ver mis documentos, se dio cuenta de que soy trans. Me preguntó por qué me veía como una mujer, pero en mi identificación había un nombre de hombre. Luego dijo que no se podía contratar a personas “así”. También me dijo que, como yo no había terminado la escuela secundaria, no podían darme el trabajo. Entendí. Le agradecí y me fui. Ahora vendo verduras en la calle. Nunca más intenté tener un trabajo formal[67].

Sergio M., un hombre trans de 38 años de La Paz, contó que, en 2019, intentó obtener un trabajo en una conocida empresa de distribución de gas en El Salvador. El responsable de contrataciones, luego de mirar sus documentos, le dijo que la empresa “no contrata a personas así”. Mejía dijo que, durante la pandemia, tuvo al menos 10 entrevistas telefónicas para obtener puestos de trabajo en el área de ventas:

También me discriminaron por mi voz, que ahora es más profunda [a causa de los tratamientos hormonales]. Cuando ven mis documentos, en los que tengo un nombre de mujer, esperan encontrar a una mujer al teléfono. Y cuando me escuchan, preguntan por qué se oye un hombre por teléfono. Explico [que soy trans], pero no obtuve ninguno de esos trabajos[68].

Karla S., una mujer trans de La Paz, relató su experiencia al intentar obtener un trabajo en diciembre de 2020 en un negocio de comidas que emplea a cerca de 25 personas, y dijo que todavía no ha superado emocionalmente lo vivido:

Completé la solicitud. Nos pidieron [a los postulantes] nuestros documentos de identidad y nos llamaron por el nombre cuando llegó el momento para la entrevista. Cuando me llamaron, los guardias de seguridad empezaron a humillarme. Uno dijo: “mejor dime cuál es tu ‘nombre de hombre’ porque sos un hombre”, y los otros empleados se reían. El personal de seguridad no me dejó pasar. A continuación, el dueño del negocio envió a un trabajador a decirme que no podían contratarme por causa de mi género. Me fui de allí, me metí en un baño y lloré por haberme sentido humillada por tantas personas[69].

Un hombre trans dijo que, entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, obtuvo tres trabajos informales vendiendo café o pan en la calle. No obstante, los propietarios de cada actividad le pidieron su documento de identidad aproximadamente después de una semana de estar trabajando. Contó que, en todos los casos, la actitud de los empleadores hacia él cambió cuando se dieron cuenta de que era un hombre trans. Empezaron a usar pronombres femeninos para referirse a hablar mal acerca de él. Se fue de los tres trabajos debido al ambiente hostil en cada uno de ellos[70].

Otro tipo de discriminación laboral

Según lo mencionado previamente, muchos otros entrevistados dijeron haber experimentado discriminación laboral por su condición de trans, aunque lo ocurrido pudo haber tenido relación con sus documentos, porque se los percibió como transgénero, o ambas razones. Por ejemplo, Alejandra M., una mujer trans de 28 años de La Paz dijo que, en enero de 2021, se postuló a un empleo en una fábrica textil en San Pedro Masahuat:

Le di mi identificación a la persona a cargo de las evaluaciones requeridas para el puesto [para que anotara la información]. Fue amable. Hice las pruebas. No me parecieron difíciles. En algún momento mientras yo estaba allí, creo que se dio cuenta de que soy trans. Comenzó a mirarme distinto, con una expresión facial desagradable. Luego me dijo que solo iban a contratar a una cierta cantidad de personas y que cualquier cosa me avisarían. Nunca me llamaron[71].

Pablo A., un hombre trans de 49 años de San Salvador, dijo que intentó arduamente conseguir un trabajo de limpieza, pero que llevar el cabello corto fue un obstáculo. Conseguía entrevistas para puestos de limpieza en casas de familia, pero los posibles empleadores le decían que solo lo contratarían si llevaba el cabello más largo. Recién cuando se dejó crecer el cabello y se presentó como mujer comenzó a conseguir trabajos, y ya ha trabajado en cerca de 10 casas. Dijo al respecto: “uno tiene que ocultar quién es para conseguir un empleo”[72]. Pablo no estaba seguro de si la discriminación se dio antes o después de que compartiera sus documentos y su nombre legal con los empleadores.

Gloria E., una mujer trans de 21 años de Sonsonate, obtuvo un empleo en una fábrica textil en 2018. La persona que la entrevistó le preguntó cómo le gustaría que la llamaran, lo cual sugería que comprendía su condición de trans. La persona a cargo de la entrevista hizo una anotación en sus archivos. Sin embargo, una vez que empezó a trabajar, su supervisora y sus colegas solo la llamaban por su nombre legal, que es masculino. Sufrió hostigamiento en el trabajo. Gloria relató:

Desde un primer momento, sentí que la supervisora quería despedirme. Me llamaba por mi nombre legal, aunque le pedí que no lo hiciera. Me dijo: “ese es su nombre, mire su hoja [laboral]”. También me hostigó por mi pelo largo. Después de siete meses, me despidió por no “demostrar una entrega del 100 % y no cumplir con los estándares de la empresa”. Sin embargo, nunca me brindó suficiente capacitación ni trabajo para ayudarme a progresar en el puesto[73].

Gloria no supo decir si su nombre legal y sus documentos fueron los que motivaron el prejuicio por parte de su supervisora, o si hubiese sucedido lo mismo independientemente de sus documentos. Dijo que si hubiera tenido documentos que reflejaran su identidad de género probablemente no habría sufrido ese tipo de discriminación.

IV. Derechos económicos

La mayoría de las personas trans entrevistadas por Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS dijeron que enfrentaron obstáculos para tener acceso a su propio dinero o a remesas enviadas por familiares que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Estos obstáculos se materializaron en diferentes instituciones financieras de todo el país debido a la incongruencia entre sus documentos de identidad y su identidad de género. Algunas personas dijeron que trataron de obtener préstamos financieros en bancos para iniciar un emprendimiento, pero no pudieron hacerlo por causa de sus documentos de identidad. Una persona entrevistada logró resumir la frustración que sintieron muchos entrevistados ante esta discriminación: “No puedo conseguir trabajo ni un préstamo. ¿Entonces cómo puedo salir adelante?”[74]

Gabriela M., una mujer trans de 34 años de La Libertad, contó a los investigadores que tuvo problemas para realizar operaciones en instituciones financieras unas 10 veces a lo largo de su vida debido a su documento de identidad. Relató lo que sucedió en 2019 en un banco cuando intentó retirar una remesa:

El empleado no quería darme el dinero porque decía que yo no era la persona en el documento. Dijo: “No puedo dárselo, no es el titular de este documento”. Les expliqué que sí era yo. Llamaron al gerente y la cuestión se pudo resolver, pero es un problema que mi documento de identidad no tenga mi nombre. Siempre sucede lo mismo[75].

Brenda H., una mujer trans de 21 años del Departamento de San Salvador, contó a los investigadores acerca de experiencias similares. En diciembre de 2020, cuando trató de abrir una cuenta bancaria y depositar un cheque, le negaron el servicio:

El empleado del banco dijo que no sabía cómo asegurarse de yo no había falsificado la identificación. Dijo que no podía hacer ninguna operación si el nombre y la foto no coincidían con mi apariencia. Tuve que enviar a mi hermana con un cheque endosado para que lo depositara en su cuenta[76].

Brenda le explicó a los investigadores que ha tenido que enviar a otras personas a realizar operaciones en su nombre por lo menos tres veces en dos bancos, como mínimo. También comentó que se le negaron varias remesas en una institución financiera y tuvo que ir a otro establecimiento.

Blanca F. le dijo a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS que cuando se dirigió a un banco, en noviembre de 2021, para cobrar una remesa, un cajero se negó a atenderla:

Me dijo: “¿Qué hacés vos aquí?”, de un modo grosero e informal. Cuando me pidió mi identificación, me dijo “pero vos sos hombre, ¿por qué estás vestido como una mujer?”. Le dije: “¿Y eso qué tiene que ver?”. Pero cerró la ventanilla, se fue y no me atendió. Tuvo que hacerlo otra persona. Todos me miraban. Había unas 35 personas cerca de mí y todos se reían. Me dio vergüenza[77].

Algunas personas trans contaron a los investigadores que les negaron préstamos bancarios para pequeños negocios a causa de sus documentos de identidad. Por ejemplo, Karen A., una mujer trans de 28 años de San Salvador, le dijo a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS que, en 2019, intentó pedir un préstamo en un banco para iniciar un emprendimiento de ropa:

Al principio, me trataron bien. Los problemas comenzaron cuando el personal vio mis documentos. La persona con la que hablé no podía creer que el documento fuese mío. Dijeron que el nombre no se correspondía [con mi expresión de género]. Directamente dijeron que no nos daban [a las personas trans] crédito[78].

Karina S., una mujer trans de 30 años del Departamento de San Salvador, le dijo a los investigadores que también le negaron un crédito en 2016 cuando se presentó en un banco para pedir un préstamo para abrir su propio salón de belleza:

Le dijeron: “usted es una persona gay, pero sus rasgos son femeninos”. Yo respondí: “¿Es un problema?”. Y me dijeron: “Sí, porque usted se ve diferente a su DUI. Por su apariencia usted puede hacer fraude, o el banco podría considerarlo así”[79].

Sergio M., un hombre trans de 38 años de La Paz, comentó que su banco le negó en dos oportunidades un préstamo para un emprendimiento de impresión textil, una vez en 2015 y otra en 2020, por los mismos motivos:

En 2015, me presenté con toda la documentación y un comprobante de respaldo. Cuando el gerente vio mis documentos, me dijo: “Usted es Sergio, pero aquí dice otro nombre. ¿Cómo se supone que debo decirle si llamo por un atraso de pago?” Le dije que podía llamarme por mi nombre legal, pero al final no me dieron el préstamo. Me dijeron que la política del banco era usar mi nombre legal. Les dije que no había problema, así que no entiendo qué pasó. En 2020, intenté una vez más, pero me dieron excusas similares, así que desistí[80].

En otros casos, una mujer trans nos dijo que pudo obtener un préstamo después de que le hicieran muchas preguntas sobre su documento de identidad, y otra mujer trans informó que se fue de una cita para obtener un préstamo porque los empleados del banco empezaron a burlarse cuando vieron su documento de identidad.

V. Derecho de voto

Las personas transgénero salvadoreñas a menudo experimentaron discriminación al presentarse a votar, en parte debido a que sus documentos no concuerdan con su identidad de género[81]. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió directivas sobre cómo respetar los derechos de las personas salvadoreñas trans para sus representantes en los centros de votación de El Salvador, que tienen el deber de garantizar el derecho de voto[82]. La directiva más reciente del 2020 dice:

A la persona trans no se le denegará el derecho al voto cuando la fotografía [del DUI] no coincida con su apariencia física (expresión de género); bastará que [...] verifique sus rasgos físicos y que haya coincidencia entre nombre, número y firma consignados en el [DUI] con los datos del padrón de búsqueda[83].

En febrero de 2021, El Salvador llamó a elecciones para cubrir bancas en la Asamblea Legislativa, los concejos municipales y el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Algunas personas trans les informaron a los investigadores que no encontraron inconvenientes al votar en las elecciones de febrero de 2021, e incluso dos de ellas comentaron que los trabajadores de los centros de votación usaron sus apellidos cuando las llamaron para que retiraran su documento de identidad luego de votar. Una mujer trans dijo que “no tuvo problemas” cuando ella y otras dos mujeres trans fueron a votar[84], y otra contó que los trabajadores del centro de votación fueron “muy amables”[85]. Estas descripciones sugieren que es posible que las directivas antes mencionadas hayan mejorado el acceso de las personas trans al momento de votar en comparación con años anteriores.

Estas experiencias, sin embargo, no son las únicas. Dos mujeres trans dijeron a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS que no se les permitió votar debido a que su documento de identidad no coincidía con su identidad de género, y otras personas trans comentaron que se les permitió votar, pero que debieron enfrentar cuestionamientos y humillaciones debido a la imprecisión de sus documentos de identidad.

Denegación del derecho de voto

María H., una mujer trans de 23 años de La Paz, relató su experiencia cuando se le negó el derecho a votar en San Luis Talpa:

La policía estaba en la entrada al centro de votación y uno de los agentes me dijo que no podía ingresar a las instalaciones porque no era la persona del DUI. Busqué a [un delegado] de un partido [político], pero incluso después de que debatieran entre ellos, no me permitieron votar. Quería hacer una denuncia, pero tengo miedo de represalias[86].

Yolanda V., una mujer trans de 25 años, contó que vivió una experiencia similar al querer votar en La Unión:

Hice la fila, pero cuando llegué hasta la persona a cargo, me dijo que yo no me parecía a la persona que estaba en mi documento de identidad. Dijo que tendría que cambiar mi foto para poder votar. Me fui porque no quise hacer un escándalo[87].

Preguntas y humillaciones

Incluso para algunas personas trans que sí lograron votar, ejercer sus derechos democráticos puede tener un costo. La confusión que surge cuando los documentos no coinciden con la expresión de género puede llevar a que se hagan preguntas humillantes y capciosas en público en los centros de votación.

Karina S., una mujer trans de 30 años del Departamento de San Salvador, le informó a Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS que, debido a su apariencia sumamente femenina, que no se parece a la de la foto que figura en su documento de identidad, algunos empleados del centro de votación no querían dejarla votar. “Los representantes de los distintos partidos políticos discutieron durante 15 minutos mientras todos me miraban”, dijo Salinas.[88]

Sandra L., una mujer trans de 34 años de Santa Ana, le contó a los investigadores que la persona que custodiaba la entrada, un delegado de un partido político, no quiso dejarla entrar en las instalaciones porque “no era la persona del documento de identidad”[89]. Recién cuando vino alguien del partido opositor, y después de discutir el tema unos 30 minutos, la dejaron ingresar al edificio y votar.

Alicia R., una mujer trans de 25 años de La Libertad, comentó que se sintió humillada e intimidada por un trabajador del centro de votación, que le dijo “no te ves como en tu DUI. Tiene un nombre de hombre y usted usa maquillaje”[90]. Después de explicarle que era una mujer trans, la dejaron entrar, pero los guardias de seguridad la acompañaron todo el tiempo que permaneció en las instalaciones, incluso mientras votaba, lo que le resultó sumamente intimidatorio.

Fabiana R., una mujer trans de 30 años de San Salvador, comentó que antes de que le permitieran votar, le hicieron sujetarse el cabello largo y quitarse el maquillaje, probablemente para que se viera parecida a la foto de su documento de identidad. Todo esto le causó humillación.[91]

Nicolás B., un hombre trans de 28 años de San Salvador, se presentó en el centro de votación con un representante de Hombres Trans, una organización civil que defiende los derechos de los hombres transgénero en San Salvador, para reducir las posibilidades de que hubiera inconvenientes a causa de su documento de identidad. A pesar de esto, en un primer momento encontró resistencia:

El trabajador me preguntó: “¿esta es su verdadera identificación? Voy a tener que verificar que no sea falsa”. Luego se dio cuenta de que yo iba acompañado de alguien de Hombres Trans y que también estaba conmigo una persona de la Defensoría del Pueblo, así que no me hizo más preguntas. Pienso que habría sido muy diferente si iba solo[92].

Las directivas del Tribunal Supremo Electoral para erradicar la discriminación contra las personas trans representan una medida efectiva y loable para garantizar el derecho a votar de muchas personas, pero se ven menoscabadas debido a la ausencia del reconocimiento legal del género. Como resultado de esto, a algunas personas todavía se les niega el derecho a votar por causa de su género y otras deben hacer frente a cuestionamientos humillantes para poder votar. Dado que los documentos únicos de identidad de las personas trans son, en general, el factor clave en este tipo de violaciones, el Estado debería reforzar el abordaje contra la discriminación permitiéndoles a las personas trans acceder a documentos que reflejen su identidad de género. Como lo expresó una de las personas entrevistadas: “Se avanzó en el tema del derecho a votar de las personas transgénero en el Tribunal Supremo Electoral, pero todavía falta. Con una ley de identidad de género, ya no tendríamos este problema”[93].

El reconocimiento legal de la identidad de género es un recurso simple y muy necesario.

VI. Obligaciones conforme al derecho internacional

En noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en respuesta a una consulta de Costa Rica acerca de sus obligaciones en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos[94]. La Corte estableció que, para defender los derechos a la privacidad, la no discriminación y la libertad de expresión, los Estados deben establecer mecanismos eficaces y simples que permitan a las personas modificar sus nombres y anotaciones de género en los documentos oficiales mediante un proceso de declaración espontánea, sin requisitos invasivos ni patologizantes como una evaluación psiquiátrica o médica y, en el caso de quienes estén casados, sin la exigencia de divorcio[95].

En marzo de 2021, la Corte Interamericana le ordenó a Honduras implementar un procedimiento mediante el cual las personas trans puedan lograr el reconocimiento de su identidad de género[96]. Esta decisión, que representó la primera aplicación del estándar expuesto en la opinión consultiva, destaca que el reconocimiento legal del género es una obligación conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que El Salvador ratificó en 1979[97], establece la igualdad de derechos civiles y políticos para todos (artículo 3), el derecho al reconocimiento de todas las personas ante la ley (artículo 16) y el derecho a la privacidad y a la familia (artículo 17). Los gobiernos están obligados, en virtud del PIDCP, a garantizar la igualdad ante la ley y la protección igualitaria de la ley para todas las personas, sin discriminación por ningún motivo, incluido el sexo (artículo 26).

El Comité de Derechos Humanos, el órgano creado en virtud de tratados que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha recomendado específicamente a los Estados que garanticen los derechos de las personas transgénero, incluido el derecho al reconocimiento legal del género, y que los Estados deroguen los requisitos abusivos y desproporcionados para el reconocimiento legal de la identidad de género[98].

En su informe a la Asamblea General de la ONU de 2018, el experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, señaló que “la falta de reconocimiento jurídico niega la identidad de las personas afectadas hasta el punto de que provoca lo que puede describirse como una ruptura fundamental de las obligaciones estatales... [C]uando los Estados deniegan el acceso legal a las identidades trans, lo que verdaderamente están haciendo es lanzar un mensaje de qué es un buen ciudadano...”[99]. Expresó que el reconocimiento legal de la identidad de género debe ser un procedimiento administrativo sencillo basado en la autodeterminación y sin requisitos abusivos como los de certificación médica, cirugía, tratamiento, esterilización o divorcio[100].

Los Principios de Yogyakarta también instan a los Estados a asegurar que existan procedimientos administrativos mediante los cuales la identidad de género autodefinida de una persona pueda indicarse en todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que incluyan anotaciones de género[101].

 

VII. Recomendaciones

Al gobierno del Presidente Nayib Bukele

• Apoyar en forma pública la aprobación de una ley integral de identidad de género que proporcione un proceso administrativo sencillo y gratuito por el cual las personas transgénero puedan cambiar su nombre y su anotación de género en documentos oficiales.

A la Asamblea Legislativa

• Aprobar una ley sobre identidad de género que permita a las personas cambiar las anotaciones de sexo que figuran en sus documentos oficiales a través de un procedimiento administrativo sencillo, como la presentación de una solicitud ante el Registro Nacional de las Personas Naturales. Para el reconocimiento legal del género no deben imponerse requisitos engorrosos que resulten violatorios de derechos, como la exigencia de someterse a divorcio, cirugías o evaluaciones psiquiátricas antes de que una persona pueda cambiar de género. La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género debería dar el primer paso en este proceso debatiendo y votando el proyecto de ley de identidad de género que tiene actualmente en trámite.
• Aprobar legislación civil contra la discriminación de contenido amplio, que incluya de manera explícita la identidad y la expresión de género y la orientación sexual como grupos protegidos. La ley debe abarcar ámbitos como los de salud, empleo, voto y servicios. Esta ley debe guardar coherencia con los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia en 2009 y 2022 contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Al Ministerio de Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

• Controlar que todos los centros médicos gestionados por el ministerio y el instituto cuenten con normas amplias de no discriminación que protejan contra la discriminación basada en la identidad y la expresión de género. Dichas normas deben incluir la consulta con las clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), que tienen experiencia en el trabajo con poblaciones trans y con organizaciones de la sociedad civil trans.  
• Asegurar que se capacite al personal de centros para respetar las identidades de género de las personas, lo que incluye atender a su pedido de ser llamadas por sus apellidos o por el nombre que hayan elegido durante las consultas médicas.
• Corroborar que los centros de vacunación contra el COVID-19 cuenten con protocolos que protejan contra la discriminación por motivos de identidad y expresión de género.

Al Ministerio de Trabajo

• Exigir que las prácticas de empleo y la prestación de servicios de las empresas que operan en El Salvador, incluidas las instituciones financieras, respeten las protecciones contra la discriminación previstas en el derecho salvadoreño y en el derecho internacional, incluida la protección contra la discriminación por motivos de identidad de género.
• Crear un mecanismo de denuncia que permita presentar quejas ante el ministerio sobre prácticas discriminatorias, incluida la discriminación por motivos de identidad de género, por parte de empresas privadas e instituciones públicas.

Al Ministerio de Cultura

• Involucrar a la Unidad de Género y Diversidad en la promoción y socialización del proyecto de ley de identidad de género, entre otras cosas, brindando capacitación a los legisladores sobre los estándares legales salvadoreños e internacionales relativos al reconocimiento legal de la identidad de género. La unidad también debe impulsar la adopción de legislación civil integral contra la discriminación que incluya en forma explícita la identidad y la expresión de género como clase protegida.

Al Registro Nacional de las Personas Naturales

• Continuar colaborando con las organizaciones de la sociedad civil en talleres que sensibilicen al personal sobre identidad de género para eliminar toda discriminación en DUICentros, incluyendo los casos de personas trans a las que no se les permite tomar sus fotografías de acuerdo a su identidad de género.

Al Tribunal Supremo Electoral

• Seguir ampliando los avances en materia de derecho de voto de las personas transgénero estableciendo un mecanismo de denuncia para recibir quejas por discriminación en centros de votación y otras vulneraciones del derecho de voto.

 

Agradecimientos

La investigación y la redacción de este informe estuvo a cargo de Cristian González Cabrera, investigador del programa de Derechos LGBT de Human Rights Watch, con el apoyo del personal de COMCAVIS TRANS. Fue revisado y editado por Graeme Reid, director del programa de derechos LGBT de Human Rights Watch; Joseph Saunders, subdirector de programas; Juan Pappier, investigador sénior de la división de las Américas; Ximena Casas, investigadora de la división de derechos de la mujer; Kyle Knight, investigador sénior sobre salud; y Michael Bochenek, asesor legal sénior. Bianka Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS también revisó el informe.

Yasemin Smallens, coordinadora del programa de derechos LGBT de Human Rights Watch, contribuyó a la producción del informe. Grace Choi, directora de publicaciones; Travis Carr, coordinador sénior de publicaciones; y Fitzroy Hepkins, gerente administrativo sénior, brindaron asistencia adicional en la producción. El informe fue traducido al español por Gabriela Haymes, traductora independiente.

Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS desean agradecer a las organizaciones y personas que contribuyeron a la investigación de este informe, especialmente Hombre Trans El Salvador y todas las personas trans que nos transmitieron su testimonio, a pesar de las circunstancias extremadamente difíciles que atraviesan muchas de estas personas.