Resumen

“Mi esposo amaba la vida. Estaba lleno de vida. No merecía morir así. Le quitaron a mi hija el derecho de tener un padre”.

– Ruth Bárcena Loayza

A las 2:50 p.m. del 15 de diciembre de 2022, Ruth Bárcena Loayza vio en las redes sociales que su esposo había recibido un disparo. Leonardo David Hancco Chacca, operador de maquinaria pesada de 32 años, había salido de casa esa mañana para unirse a una ola de protestas en el empobrecido y mayoritariamente indígena sur del Perú. La pareja vivía en Ayacucho, una ciudad en los Andes peruanos donde, en la década de 1980, la población sufrió tanto la violencia extrema del grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso como la respuesta brutal e indiscriminada de las fuerzas del Estado.

La protesta de esa tarde tuvo lugar cerca del aeropuerto, a unos dos kilómetros del cuartel militar Los Cabitos, donde las fuerzas de seguridad torturaron y asesinaron a personas durante su campaña contra Sendero Luminoso en los años ochenta y noventa, y a unos tres kilómetros de la zona donde enterraron más de un centenar de cadáveres.

Bárcena Loayza, que entonces estaba embarazada, corrió al hospital y luego al aeropuerto en busca de su esposo. “Las balas volaban sobre mí, a mi lado”, recuerda. Los que disparaban eran militares, dijo. En un momento dado, vio a un militar que agarraba por el pelo a un joven que huía, cerca de una gasolinera Primax, 430 metros al sur de la entrada del aeropuerto. Dijo que vio al militar golpearlo con la culata de su arma y pisarle la espalda después de que cayera al suelo. “El militar le dijo: ‘Terrorista, vas a morir. ¿Qué vienes a hacer aquí?”. A continuación, el militar le disparó en la pierna, relató Bárcena Loayza.

Bárcena Loayza encontró a su marido en el Hospital Regional de Ayacucho con graves heridas de bala. Al día siguiente, una ambulancia lo llevó a él y a otros dos heridos al aeropuerto, donde el personal médico pidió a los militares que los trasladaran en una avioneta militar a un hospital de Lima. “Que se joda”, dice Bárcena Loayza que respondió un militar, “los terroristas merecen morir así”. La ambulancia llevó a los heridos de vuelta al hospital. Hancco Chacca murió en la madrugada del 17 de diciembre.

El 15 de diciembre de 2022, las fuerzas militares mataron a 10 personas e hirieron a decenas en Ayacucho. Estas 10 personas forman parte de los 49 manifestantes y transeúntes—entre ellos 8 menores de 18 años—que murieron tras resultar heridos durante las protestas ocurridas en el Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y febrero de 2023. Más de 1.000 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de policías.

Este informe documenta estos homicidios y lesiones en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y persistente marginación de la población rural e indígena peruana.

La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional. La gran mayoría de las víctimas mortales falleció por heridas de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas. El informe también concluye que, en algunos lugares, la policía disparó perdigones de plomo contra los manifestantes, prohibidos por las normas internas de la policía.

Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes que dispararon contra manifestantes pacíficos o que de alguna otra forma hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, así como a sus superiores y a las autoridades civiles.

El informe se basa en entrevistas a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, agentes de policía, fiscales, autoridades gubernamentales y otros. Las entrevistas fueron realizadas durante un viaje al Perú entre enero y febrero de 2023, y de forma remota desde febrero hasta abril de 2023. Human Rights Watch también verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las protestas y revisó autopsias, informes balísticos, registros médicos y otra documentación.

Inestabilidad política, corrupción y marginación

El Perú ha soportado años de inestabilidad política y creciente polarización. El país tuvo seis presidentes en seis años. La corrupción es un factor importante en el deterioro de las instituciones públicas. Salpicó a sucesivos gobiernos, independientemente de la ideología política, así como a muchos miembros del Congreso y de los gobiernos regionales.

La parálisis política y la negligencia han resultado en una falta de políticas eficaces para abordar las manifiestas e históricas desigualdades en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Los niveles de pobreza se dispararon con el inicio de la pandemia de Covid-19, afectando al 30 % de la población en 2020. Hasta la fecha, el Perú ha registrado la tasa más alta de muertes por Covid-19 en el mundo, en parte debido a la debilidad de su sistema público de salud.

Las poblaciones rurales del interior del país, muchas de las cuales se identifican como miembros de los pueblos indígenas quechua y aimara, carecen de un acceso adecuado a la atención sanitaria, a la educación y a otros servicios, lo que se traduce en tasas mucho más elevadas de pobreza, desnutrición infantil, analfabetismo y falta de acceso a Internet en comparación con el resto del Perú.

Para muchas personas en las comunidades marginadas, la elección en 2021 de Pedro Castillo, antiguo maestro de primaria de una comunidad rural, fue un momento de esperanza. Pero su gobierno no implementó medidas efectivas para abordar estos y otros problemas sociales y rápidamente se vio envuelto en escándalos de corrupción.

El Congreso tenía previsto votar, en la tarde del 7 de diciembre de 2022, la destitución de Castillo sobre la base de las acusaciones de corrupción. En la mañana de la votación, Castillo intentó disolver el Congreso, gobernar por decreto e intervenir el poder judicial. Estas acciones, que en la práctica constituyeron un golpe de Estado fallido, desencadenaron una crisis que, al momento de redactar este informe, continuaba.

Las instituciones democráticas, las Fuerzas Armadas y miembros del gabinete de Castillo rechazaron rápidamente las medidas del entonces presidente. El Congreso destituyó a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, de conformidad con la Constitución peruana. Ese mismo día, Boluarte anunció que gobernaría hasta el final del mandato de Castillo, en 2026, a pesar de que las encuestas de entonces mostraban que más del 80 % de los peruanos querían elecciones anticipadas.

Miles de manifestantes salieron a las calles pidiendo elecciones anticipadas, entre otras demandas, y, aunque la presidenta Boluarte finalmente cambió de postura y apoyó la celebración de elecciones anticipadas, el Congreso ha votado repetidamente en contra. Muchos peruanos creen que muchos congresistas se niegan a adelantar las elecciones porque quieren conservar sus puestos, ya que una enmienda constitucional prohíbe su reelección inmediata.

El rechazo al Congreso, una institución que genera una abrumadora desaprobación pública, se convirtió en un denominador común de las protestas, así como los pedidos para que Boluarte renunciara, lo que desencadenaría nuevas elecciones presidenciales. Algunos manifestantes dijeron a Human Rights Watch que también los impulsó a salir a las calles su indignación ante la respuesta represiva del gobierno a las protestas, incluidas las muertes de manifestantes a partir de diciembre. Asimismo, miembros de comunidades indígenas y rurales dijeron a Human Rights Watch que la frustración por no poder ofrecer una vida mejor a sus hijos, junto con la falta de acceso a una educación y a una atención sanitaria de calidad, los motivó a viajar a las ciudades para protestar. La clase trabajadora de algunas de esas ciudades se unió a ellos.

Muchos de los que salieron a las calles en las semanas y meses siguientes resultaron gravemente heridos o muertos.

Violencia de manifestantes

La Defensoría del Pueblo del Perú registró 1.327 protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 20 de febrero de 2023, en las que miles de personas participaron pacíficamente. Sin embargo, también informó de 153 incidentes de violencia en las protestas. Algunos manifestantes lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad y, en algunos lugares, artefactos caseros que, según la policía, combinaban explosivos con fuegos artificiales. Cientos de policías resultaron heridos, la mayoría con contusiones por piedras y unos pocos resultaron con lesiones graves, como daños en órganos. Un policía murió en la ciudad de Juliaca, aunque las motivaciones y circunstancias que rodearon su muerte continúan sin esclarecerse.

Manifestantes causaron daños a cientos de edificios públicos y privados, según la policía, derribaron vallas y entraron en las pistas de aeropuertos, interrumpiendo las operaciones aéreas en cinco ciudades.

Según la Defensoría del Pueblo, bloqueos de carreteras realizados por manifestantes provocaron, al 16 de marzo de 2023, 11 muertes de personas que no pudieron llegar a los hospitales o que sufrieron accidentes de tráfico. Los bloqueos provocaron escasez de combustible y alimentos en algunas zonas, y contribuyeron a la muerte por afecciones respiratorias de siete migrantes haitianos, entre ellos un niño, que se vieron obligados a permanecer en una ciudad fronteriza a gran altitud y con bajas temperaturas por la noche.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a la población de los actos violentos, incluso de aquellos llevados a cabo por manifestantes, y de esclarecer responsabilidades de acuerdo con los estándares internacionales sobre garantías del debido proceso. Pero el gobierno, incluidas las fuerzas de seguridad, también tiene la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de proteger la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las autoridades deben distinguir siempre entre los responsables de actos violentos y quienes se manifiestan pacíficamente, y atenerse a los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad. El incumplimiento de estos principios por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y la policía dio lugar a graves violaciones de derechos humanos.

Brutal respuesta estatal a las protestas

Testigos y la defensora del pueblo informaron a Human Rights Watch de casos en los que la policía utilizó armas menos letales, como gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios, para dispersar reuniones pacíficas, en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. En otros casos en los que algunos manifestantes se volvieron violentos, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue excesiva e indiscriminada, y existen pruebas fehacientes del uso prohibido de armas de fuego en respuesta a las protestas.

En al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados por Human Rights Watch. En otro caso, un registro médico indica que la persona murió “por probable arma de fuego”. Cinco personas murieron por perdigones disparados con escopetas y un manifestante aparentemente murió por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia, según los documentos y videos verificados por Human Rights Watch. Human Rights Watch no pudo determinar la causa de la muerte en los tres casos restantes que hacen a las 49 muertes.

Al menos otras 125 personas fueron heridas de bala, según una base de datos del Ministerio de Salud, aunque es probable que la cifra real sea mayor. Human Rights Watch revisó historiales médicos proporcionados por familiares de víctimas que hacían referencia a heridas de bala en varios casos que no estaban incluidos en la lista del ministerio.

El uso de fuerza letal con armas de fuego, incluidos fusiles de asalto y pistolas, por parte de militares y policías para disparar contra manifestantes y transeúntes, y el uso de escopetas para disparar perdigones potencialmente letales a corta distancia, en algunos casos perdigones de plomo, explican el elevadísimo número de víctimas mortales.

Las 34 autopsias que Human Rights Watch obtuvo de personas que murieron por heridas de bala muestran que 14 víctimas recibieron impactos de bala en el torso, 11 en la cabeza y 9 en la espalda. Un experto forense dijo a Human Rights Watch que las heridas de bala en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, son consistentes con ataques direccionados.

El entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú afirmó que, hasta el 7 de febrero de 2023, la policía no había confiscado armas de fuego a manifestantes en ningún lugar del país. En las más de 37 horas de video y 663 fotografías de protestas que Human Rights Watch revisó no se identificó a ningún manifestante portando armas de fuego.

Seis registros militares revisados por Human Rights Watch mostraron que personal militar en Ayacucho estaba equipado con fusiles de asalto Galil el 15 de diciembre de 2022. Un informe de balística elaborado por expertos forenses de la policía indicó que en el cuerpo de una de las víctimas fatales se encontró un proyectil de 5,56 mm “para fusil Galil”. En los casos de otras ocho víctimas, los informes de balística establecieron que las heridas de entrada fueron causadas por proyectiles de calibre similar (una medida de tamaño que se refiere al diámetro de la bala).

En el caso de la ciudad de Juliaca, los informes de balística realizados por expertos forenses de la fiscalía muestran que las balas y los fragmentos de bala recuperados de tres víctimas tienen el mismo calibre que las balas disparadas por los fusiles de asalto que se vio que portaban los policías y militares ese día. Dos fotografías del día de los disparos en Juliaca verificadas por Human Rights Watch muestran un casquillo usado de este calibre de bala rotulado PNP, por Policía Nacional del Perú.

En varios casos, las fuerzas de seguridad parecen haber matado a personas a distancia, a veces a más de 100 metros, lo que cuestiona la explicación de que dispararon en defensa propia.

De los cuerpos de otras tres víctimas de Juliaca se recuperaron balas de 9 mm o fragmentos de bala de ese calibre. El mismo tipo de munición se utiliza en las pistolas estándar de la policía peruana.

Al menos 15 de los muertos eran transeúntes, otros tres estaban observando las protestas y tres intentaban ayudar a los heridos, según entrevistas y videos recogidos por Human Rights Watch. Sus muertes son indicios del carácter indiscriminado de la respuesta de la policía y de las Fuerzas Armadas.

El uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad para responder a las protestas hizo que fuera muy probable y previsible la pérdida de vidas o las lesiones graves. Esto fue manifiestamente desproporcionado en relación con la amenaza a la que se enfrentaban.

El uso inapropiado de armas menos letales también causó lesiones graves y muertes. Ocho videos y cinco fotografías que Human Rights Watch verificó muestran a miembros de las fuerzas de seguridad disparando cartuchos de gas lacrimógeno de forma horizontal hacia los manifestantes, contraviniendo las normas internas de la policía peruana y las mejores prácticas internacionales sobre el uso de este tipo de proyectiles para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte. En Juliaca, los agentes dispararon gases lacrimógenos en una zona donde el personal médico estaba atendiendo a los heridos y desde un helicóptero del ejército. En Lima, tres videos de cámaras de seguridad parecen mostrar a un policía disparando un cartucho de gas lacrimógeno con un arma antidisturbios, directamente y a corta distancia, contra manifestantes, uno de los cuales murió.

Los informes de balística y otras pruebas apuntan a que la policía utilizó perdigones de plomo en algunos lugares, lo que está prohibido por las normas internas de la policía del Perú. Human Rights Watch documentó que la policía ya los había utilizado en Lima en noviembre de 2020.

En enero de 2023, la policía disparó perdigones que causaron heridas que resultaron en la muerte de al menos cinco personas en Juliaca, Arequipa y Cusco. Las víctimas fueron impactadas por múltiples perdigones, lo cual indica que fueron disparados a corta distancia, ya que este tipo de proyectiles se dispersa con la distancia. En un caso, las imágenes de cámaras de seguridad verificadas por Human Rights Watch muestran a un agente de policía disparando a aproximadamente siete metros de distancia contra un joven que huía. Una radiografía mostró unos 30 perdigones en su cuerpo. Murió en marzo de 2023. Al menos 71 personas resultaron heridas por perdigones, según datos del Ministerio de Salud.

En total, unas 1.300 personas—entre ellas al menos 39 niños menores de 18 años—fueron atendidas en centros de salud públicos y privados por lesiones recibidas durante las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023, según datos del Ministerio de Salud. De ellas, unas 380 eran policías.

Alrededor del 70 % de los heridos eran hombres de entre 18 y 40 años. Al 2 de marzo de 2023, 22 personas seguían hospitalizadas; entre ellas, 2 por heridas graves que recibieron en diciembre.

Algunos periodistas sufrieron agresiones tanto por parte de manifestantes como de las fuerzas de seguridad. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) documentó 155 casos de hostigamiento, amenazas, golpes y detenciones arbitrarias desde el 7 de diciembre de 2022 hasta enero de 2023. De acuerdo con la ANP, en diciembre la mayoría de los agresores fueron manifestantes, mientras que, en enero, las fuerzas de seguridad fueron los principales agresores.

Abusos contra detenidos

Human Rights Watch también documentó violaciones del debido proceso y abusos contra detenidos. La policía parece haber hecho un uso indebido de una disposición legal demasiado amplia que le permite detener a personas para verificar su identidad, en un intento de intimidar a manifestantes y mantenerlos temporalmente bajo custodia. 

El 21 de enero de 2023, la policía incurrió en numerosos abusos al llevar a cabo una detención masiva de estudiantes y de personas de regiones que habían viajado hasta Lima para manifestarse y que pernoctaban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Al 5 de abril, la Fiscalía continuaba una investigación preliminar de 192 detenidos en la universidad por usurpación, un tipo penal que castiga el tomar posesión de un inmueble, que conlleva una pena de hasta cinco años de prisión.

La Defensoría del Pueblo también documentó casos de golpes y otros malos tratos, tanto físicos como psicológicos, a manifestantes bajo custodia policial en todo el país. En Lima, la policía separó por género a algunos grupos de detenidos y luego los obligó a desnudarse para registrarlos, según dijo una testigo.

La policía no proporciona alimentos, productos para la menstruación ni medicinas a las personas que detiene en las comisarías, a pesar de que la ley le permite retener a los sospechosos hasta por 48 horas antes de que un fiscal decida si la persona debe ser puesta en libertad o llevada ante un juez. Hay una expectativa de que los familiares lleven esos artículos de primera necesidad a los detenidos.

Investigación de abusos y actos de violencia

El sistema disciplinario de la policía carece de transparencia e independencia. No responsabilizó a quienes cometieron abusos contra manifestantes en 2020. El director de investigaciones de la Inspectoría General de la policía—la oficina de asuntos internos de la policía—dijo a Human Rights Watch que habían abierto investigaciones en relación con las muertes en el contexto de las actuales protestas, pero se negó a proporcionar más detalles. Afirmó que ningún agente de la policía había sido sancionado ni apartado del servicio.

La fiscal de la Nación Patricia Benavides informó a Human Rights Watch que, al 8 de febrero de 2023, su oficina había abierto 189 investigaciones sobre muertes y lesiones de manifestantes y transeúntes, y sobre actos de violencia por parte de manifestantes.

Fiscales especializados en derechos humanos dirigían algunas de esas investigaciones en ese momento, pero tienen muy poca presencia en el sur del país, donde se produjeron la mayoría de los abusos. Human Rights Watch detectó graves deficiencias en algunas de las investigaciones sobre abusos, incluyendo la omisión de recoger pruebas iniciales clave, que pueden comprometer la investigación. Por ejemplo, en algunos casos, las autoridades no preservaron el lugar de los hechos ni recogieron casquillos de bala y otras evidencias. Los fiscales no ordenaron que se hicieran a militares y policías pruebas de absorción atómica, que detectan si una persona usó un arma de fuego y deben realizarse en las horas siguientes a disparar.

En dos casos de Andahuaylas, los fiscales no organizaron autopsias antes de que los cuerpos fueran enterrados, por lo que estas sólo se hicieron meses después. Más de seis semanas tras las muertes de manifestantes y transeúntes en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca, la Fiscalía aún no había decomisado ningún arma para realizar análisis balísticos, según abogados de las víctimas y una fiscal. En Cusco y Arequipa, los fiscales no solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares en los que hubo personas heridas o muertas, según abogados que representan a las víctimas.

Los fiscales especializados en derechos humanos en el Perú no tienen peritos forenses asignados a sus casos, sino que solicitan los peritajes a cualquier experto que trabaje para el Ministerio Público en todo tipo de casos. Ello impide que se puedan especializar en investigaciones sobre abusos por las fuerzas de seguridad. En lugar de tratar de mejorar el análisis forense a nivel nacional, el 27 de febrero de 2023 el gerente de la oficina de peritajes de la fiscalía ordenó la suspensión inmediata de los servicios periciales realizados en la capital. Afirmó que la suspensión se debía a “un proceso de reorganización” determinado por sus superiores. La jefa de una fiscalía provincial dijo a Human Rights Watch que, “en la práctica”, la orden suspende los peritajes en las provincias porque no cuentan con un presupuesto suficiente para pagarlos.

El 31 de marzo de 2023, la fiscal de la Nación creó un equipo especial con once fiscales y una coordinadora para investigar las violaciones de derechos humanos y los actos de violencia durante las protestas desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2023.

Las asociaciones de víctimas criticaron esta medida, afirmando que no se les había consultado sobre la creación del grupo y que sus miembros tenían poca o ninguna experiencia en la investigación de abusos de derechos humanos. Además, a las organizaciones no gubernamentales locales les preocupa que, al nombrar fiscales solo hasta junio de 2023, la fiscal de la Nación pueda influir en el curso de la investigación, ya que podría decidir no renovar el nombramiento de algunos fiscales.

El equipo de fiscales debe aprovechar la centralización de todos los casos para rastrear la cadena de mando e investigar la responsabilidad de los mandos policiales y militares y de las autoridades civiles en los abusos cometidos en todo el país.

Responsabilidad de altos funcionarios en los abusos

En enero de 2023, la fiscal de la Nación abrió una investigación preliminar contra la presidenta Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro de Defensa, Jorge Chávez; los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes; y el exjefe del Estado Mayor Pedro Angulo, por homicidio y lesiones graves cometidos durante las protestas, entre otros delitos.

Los fiscales tienen la obligación de investigar no sólo a los militares y policías que cometieron delitos, sino también a sus superiores y a las autoridades civiles que pueden haber ordenado los abusos, no haberlos detenido pese a tener la responsabilidad de hacerlo o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas.

A mediados de diciembre de 2022 ya habían surgido pruebas de que la policía y las Fuerzas Armadas estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza. Entre el 11 y el 14 de diciembre de 2022, ocho personas murieron durante las protestas, al menos seis de ellas tras sufrir heridas de bala, según las autopsias y los registros médicos revisados por Human Rights Watch. Testigos afirmaron que la policía utilizó armas letales contra manifestantes. El 15 de diciembre, personal militar disparó fusiles de asalto contra manifestantes y transeúntes en Ayacucho, causando 10 muertos y decenas de heridos.

El 17 de diciembre, Otárola, que entonces era ministro de Defensa, dijo en una rueda de prensa conjunta con la presidenta Boluarte que los hechos de Ayacucho eran “una lamentable secuela de actos fallidos” por gente violenta, que las Fuerzas Armadas habían “escrupulosamente respetado” las normas para el uso de la fuerza y prometió “la protección legal” del Estado a los agentes. Cuatro días después, la presidenta Boluarte nombró a Otárola presidente del Consejo de Ministros.

Las protestas cesaron durante las fiestas de Navidad, pero se reanudaron en enero, al igual que las muertes.

El primer ministro Otárola, según versiones periodísticas, ha declarado ante la Fiscalía que la presidenta Boluarte afirmó en un mensaje de WhatsApp que el uso de la fuerza debía ajustarse a la ley y que la vida de los ciudadanos era la prioridad. Las notas de prensa no informan de la fecha del mensaje. Otárola dijo que él transmitió el mensaje a la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Los fiscales deberían verificar esta afirmación del primer ministro Otárola. Sin embargo, incluso tomándola por cierta, Human Rights Watch no ha visto ninguna prueba de acciones por parte de la presidenta Boluarte o de sus ministros para garantizar el cumplimiento de esa directiva, a pesar de los repetidos casos en los que estaba claro que las fuerzas de seguridad estaban violando la ley y poniendo en peligro la vida de la población.

Tampoco hemos visto pruebas de que el gobierno tomara medidas para que los responsables rindieran cuentas. Al contrario, las autoridades desestimaron los abusos. A menudo negaron que se hubieran producido, al tiempo que expresaban repetidamente opiniones ofensivas sobre los manifestantes y los menospreciaban insinuando que eran “terroristas”. La retórica del gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tenían la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad ante las sólidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre la posible negligencia o incluso complicidad en los abusos.

A principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación sobre la conducta policial y ningún agente de policía había sido sancionado ni apartado del servicio.

Intensificación de las amenazas a las instituciones democráticas

Desde Lima, las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno no han abordado, ni siquiera debatido, las raíces de las protestas, incluida la marginación de las poblaciones rurales e indígenas, así como el rechazo de la población a altas autoridades del país, quienes muchos peruanos creen que gobiernan en beneficio propio y que aprovechan el cambio en la presidencia para atrincherarse aún más en el poder.

En los meses transcurridos desde que Boluarte asumió la presidencia y comenzaron las protestas, se produjeron nuevos escándalos de corrupción que salpican a miembros del Congreso y a la propia presidenta.

Sectores del Congreso parecen moverse rápidamente para debilitar las instituciones democráticas que podrían servir de control a su poder. En 2022, el Congreso sustituyó a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional en un proceso que fue ampliamente criticado por su falta de transparencia y por no garantizar que los candidatos fueran seleccionados con base en el mérito. En febrero de 2023, ese tribunal emitió una resolución de gran alcance que parece otorgar al Congreso una amplia autoridad con supervisión mínima por parte de los tribunales. Basándose en ese fallo, el Congreso ahora está en condiciones de seguir adelante con el proceso de selección de un nuevo defensor del pueblo—una figura crucial para que el gobierno rinda cuentas en materia de derechos humanos—a pesar de las preocupaciones de que los intentos legislativos anteriores para designarlo amenazaban la independencia de esa oficina. Además, el fallo abre la puerta para que el Congreso investigue y destituya a las autoridades electorales del Perú. Algunos sectores del Congreso que denunciaron falsamente fraude electoral tras la elección de Castillo están particularmente interesados en adoptar esa medida.

La respuesta internacional a la crisis

En general, los gobiernos extranjeros no se han pronunciado de forma enérgica y coherente ni han tomado medidas para defender los derechos humanos durante la actual crisis en el Perú. Durante meses, Estados Unidos y Canadá no denunciaron las muertes y otros abusos graves cometidos por las fuerzas del Estado.

Mientras tanto, Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras y México han defendido a Castillo y hecho caso omiso de su intento de disolver el Congreso y hacerse con el poder judicial.

Pocos gobiernos parecen haber prestado atención a las nuevas amenazas a las instituciones democráticas, incluidas las autoridades electorales, que se originan en el Congreso.

Principales recomendaciones al gobierno peruano

Garantizar investigaciones y rendición de cuentas adecuadas

El gobierno peruano debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas de todos los abusos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas, así como de los actos de violencia, enjuiciando a los responsables según corresponda. Los fiscales deben investigar y presentar cargos, según proceda, no sólo contra los militares y policías que cometieron los abusos, sino también contra sus superiores y las autoridades gubernamentales que pueden haberlos ordenado, no haber tomado medidas efectivas para impedirlos o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas.

Promover el diálogo nacional

El gobierno peruano debe tomar medidas concretas para recuperar la confianza de la población y allanar el camino para el diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas:

• Poner fin a la estigmatización de los manifestantes a través de un lenguaje que los vincula falsamente con el terrorismo o que los denigra de cualquier otra forma.
• Condenar inequívocamente las muertes y otros abusos.
• Tomar medidas claras para promover la rendición de cuentas por los abusos.
• Ordenar que las fuerzas de seguridad protejan el derecho a la protesta pacífica.
• Adoptar medidas, incluyendo mediante acciones con el Congreso, para abordar las profundas desigualdades que afectan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y la marginación de las poblaciones indígenas y rurales, en particular a través de la protección social universal y el acceso a servicios públicos de calidad.

Dada la desconfianza existente entre las diferentes partes, un eventual diálogo que aborde las preocupaciones legítimas de la población sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales debería ser facilitado por mediadores independientes y creíbles con el apoyo de las agencias regionales o de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional.

Invitar a una comisión de expertos internacionales

El gobierno peruano debería invitar a una comisión independiente de expertos internacionales y concederle acceso a la información gubernamental y a los expedientes de los casos para apoyar las investigaciones en curso y elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos, de forma complementaria a las investigaciones penales existentes. La comisión debería investigar los factores que condujeron a la crisis, las causas de las protestas, los actos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y los abusos de las fuerzas de seguridad. La comisión podría respaldar las investigaciones penales en curso mediante investigaciones sobre los hechos, la coordinación de peritajes y el asesoramiento sobre estrategias de investigación o la apertura de nuevas investigaciones. También debería formular recomendaciones para reforzar la rendición de cuentas, el Estado de derecho, los procesos democráticos y la protección de los derechos humanos.

Los ejemplos más recientes de este tipo de comisiones en la región son los grupos interdisciplinarios de expertos independientes creados mediante acuerdos entre la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los gobiernos de México, Nicaragua y Bolivia. Estos grupos llevaron a cabo una importante labor de investigación de graves abusos contra los derechos humanos en esos países.

Reformar la policía

El gobierno peruano debe trabajar con el Congreso para garantizar una reforma policial que implique la mejora de los equipos y la formación para el control de multitudes y el uso de la fuerza. También debería incluir la revisión de los protocolos y de la facultad de realizar controles de identidad y la reforma del sistema disciplinario para garantizar su independencia y transparencia, entre otras medidas.

 

Metodología

Durante la investigación de este informe, Human Rights Watch entrevistó a más de 140 personas, incluyendo testigos de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y de violencia por parte de manifestantes, heridos, familiares de personas fallecidas, miembros de la policía, fiscales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y de las Naciones Unidas, periodistas y expertos. También nos reunimos con los ministros de Defensa e Interior, el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú y su inspector general, la fiscal de la Nación y la defensora del pueblo.

Además, verificamos más de 37 horas de grabación en 269 videos y 663 fotografías de protestas pacíficas, actos de violencia por parte de manifestantes y uso ilegal o indebido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo homicidios.

Un equipo de Human Rights Watch viajó al Perú del 29 de enero al 9 de febrero de 2023. Realizamos entrevistas en español en las ciudades de Lima, Ayacucho, Cusco y Arequipa. Realizamos entrevistas a distancia, principalmente con personas en Andahuaylas y Juliaca, algunas en quechua con la ayuda de intérpretes, desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2023.

Human Rights Watch contactó a personas para entrevistar a través de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos, abogados y testigos, quienes nos remitieron a otras personas con las que podíamos hablar.

Revisamos autopsias e informes de balística, registros médicos y otros documentos, y consultamos con expertos forenses. Visitamos el Hospital Antonio Lorena en Cusco y el Hospital de la Policía Nacional del Perú en Lima.

Human Rights Watch mantiene bajo reserva las identidades de familiares de víctimas y de testigos que lo solicitaron por temor a represalias.

Human Rights Watch informó a todas las personas entrevistadas sobre la finalidad de la entrevista, su naturaleza voluntaria y la forma en que sería utilizada la información. Los entrevistadores aseguraron a los participantes que podían poner fin a la entrevista en cualquier momento o negarse a responder a cualquier pregunta, sin ninguna consecuencia negativa. Todos los participantes dieron verbalmente su consentimiento informado. Ningún entrevistado recibió compensación alguna por proveer la información.

Las entrevistas fueron semiestructuradas y trataron temas relacionados con las protestas, los actos de violencia durante las manifestaciones, los abusos por parte de las fuerzas de seguridad y el contexto político y social del Perú. La mayoría de las entrevistas duraron entre 30 y 60 minutos. Se tomaron recaudos para reducir al mínimo el riesgo de que, al volver a relatar lo vivido, las víctimas de experiencias traumáticas se vieran incluso más afectadas.

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I. Una crisis política y social arraigada

El Perú ha experimentado una erosión del Estado de derecho y de sus instituciones democráticas en los últimos años, en parte, debido a la corrupción generalizada y a un Congreso dominado por agendas personales. En diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo desencadenó la actual crisis al anunciar medidas que constituían un golpe de Estado fallido. Las protestas posteriores al anuncio no sólo estaban motivadas por el deseo de elecciones anticipadas, sino también por la frustración ante la continua desigualdad y la marginación de las comunidades rurales e indígenas que se catalizaron en gran parte de los disturbios. El gobierno de Boluarte respondió estigmatizando a los manifestantes y, al igual que el gobierno de Castillo, desplegando las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la ley.

Inestabilidad política y corrupción

El Perú ha vivido años de inestabilidad política, en un contexto de creciente polarización y fragmentación de los partidos políticos. Aunque la Constitución de 1993 establece mandatos presidenciales de cinco años, el país ha tenido seis presidentes entre julio de 2016 y marzo de 2023.[1]

En general, los partidos políticos son débiles y muchos miembros del Congreso parecen más interesados en impulsar sus agendas personales que en abordar los problemas del país.[2] Desde que Keiko Fujimori, la hija del autócrata y ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori, perdió las elecciones presidenciales de 2016, su partido y sus partidarios en el Congreso han intentado repetidamente socavar a quienquiera que ocupe la presidencia. En 2020, destituyeron al presidente Martín Vizcarra a través de un proceso de dudosa legalidad.[3]

La corrupción es uno de los principales factores del deterioro de las instituciones públicas. Cinco expresidentes han sido acusados de corrupción; uno de ellos ha sido condenado.[4] Un sexto expresidente se suicidó cuando estaba a punto de ser detenido por cargos de corrupción.[5] A marzo de 2023, al menos 37 de los 130 miembros del Congreso, incluyendo Keiko Fujimori, estaban siendo investigados penalmente por diversos delitos.[6] De igual forma, los gobiernos regionales se han visto envueltos en escándalos de corrupción. A septiembre de 2022, los medios de comunicación habían informado que el 84 % de los gobernadores electos en 2018 estaban siendo investigados o habían sido condenados, en su mayoría, por delitos relacionados con la corrupción.[7]

Esto se ha traducido en altos niveles de insatisfacción ciudadana y desconfianza en las instituciones públicas. Varias encuestas hechas en 2022 y 2023 mostraron que hasta el 85 % de la población desaprobaba al Congreso, cifra que subió al 91 % en marzo de 2023.[8] Una encuesta de 2022 realizada por Ipsos en 25 países reveló que el 69 % de los peruanos estaba de acuerdo en que los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común, el nivel más alto entre varios países latinoamericanos encuestados.[9] Otra encuesta de 2021 mostró que sólo el 21 % de los peruanos estaban satisfechos con la democracia, el porcentaje más bajo de América Latina y el Caribe después de Haití.[10] Además, el 88 % de los peruanos dijo en la misma encuesta que más de la mitad o todos los políticos eran corruptos, el porcentaje más alto de la región.[11]

La presidencia de Castillo

En 2021, Pedro Castillo, un desconocido maestro de escuela y dirigente sindical de la región rural de Cajamarca sin experiencia política, ganó las elecciones presidenciales gracias al fuerte apoyo de las zonas rurales, donde resonó su promesa de mayor inclusión. En la segunda vuelta obtuvo el apoyo de quienes rechazaban a Keiko Fujimori, su rival. Ella recurrió a la justicia y a presiones políticas para intentar, sin éxito, que se anularan los resultados de las elecciones.[12] Hasta el día de hoy, sus aliados en el Congreso repiten denuncias infundadas de fraude electoral.[13]

La presidencia de Castillo se caracterizó por frecuentes cambios de postura en las políticas públicas y en su gabinete: 78 ministros ocuparon los 19 puestos durante 16 meses.[14]

Mientras era presidente, la fiscalía abrió seis investigaciones por corrupción y otros delitos contra Castillo, sus familiares y miembros de su gobierno.[15] Castillo respondió diciendo que las investigaciones tenían motivaciones políticas.[16]

En julio de 2022, un exministro del Interior, que llevaba dos semanas en el cargo, declaró que Castillo lo removió tras haber creado una unidad policial destinada a trabajar con los fiscales que investigaban casos de corrupción en el gobierno.[17] En agosto, la fiscal de la Nación acusó al gobierno de Castillo de “constante obstrucción” de las investigaciones contra el entonces presidente.[18]

En septiembre, el jefe de la División de Búsqueda de la policía, que había llevado adelante un allanamiento en el palacio presidencial como parte de una investigación por corrupción, fue destituido, decisión que la coordinadora del equipo de fiscales anticorrupción calificó de represalia. En respuesta a las críticas, el gobierno de Castillo lo repuso en el cargo.[19]

En octubre de 2022, la fiscal de la Nación acusó al entonces presidente Castillo y a dos antiguos miembros de su gabinete de colusión, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal.[20]

En la tarde del 7 de diciembre, el Congreso tenía previsto votar la destitución del presidente Castillo, sobre la base de las acusaciones de corrupción. Castillo había sobrevivido a dos intentos anteriores de destitución, uno a finales de 2021 y otro en marzo de 2022.

En la mañana de la votación, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la “reorganización” del poder judicial, entre otras medidas. En 1992, el expresidente Fujimori había tomado estas mismas medidas cuando tomó control total del gobierno en lo que ahora se describe ampliamente como un “autogolpe”.[21] En el caso de Castillo, constituyó efectivamente un golpe fallido. El entonces comandante general de la policía peruana declaró, de manera posterior, que Castillo le había ordenado desalojar los edificios del Congreso y detener a la fiscal de la Nación, órdenes que no cumplió.[22]

Las instituciones democráticas y la sociedad civil rápidamente rechazaron el accionar de Castillo, la mayoría de los miembros de su gabinete renunció y las Fuerzas Armadas emitieron una declaración en la que pedían respeto a la Constitución.[23] El Congreso aprobó la destitución de Castillo en las horas siguientes y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia ese mismo día. La policía detuvo a Castillo y la fiscalía lo acusó de rebelión, conspiración y abuso de poder.[24] Al 21 de abril de 2023, Castillo permanece en prisión preventiva.

En un mensaje televisado a la Nación la noche del 7 de diciembre de 2022, la presidenta Boluarte dijo que gobernaría hasta el final del mandato de Castillo, en 2026.[25] Sin embargo, las encuestas de diciembre mostraban que más del 80 % de los peruanos querían elecciones anticipadas.[26]

Miles de manifestantes salieron a las calles pidiendo, entre otras reivindicaciones, elecciones anticipadas. La presidenta Boluarte cambió de postura y pidió al Congreso que aprobara elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Esto dejaría a los actuales legisladores fuera, ya que una enmienda constitucional aprobada en 2018 prohíbe su reelección inmediata.[27]

A pesar de las protestas y del creciente número de muertos, el Congreso, al 21 de abril de 2023, había votado cinco veces en contra de proyectos de ley que establecían elecciones anticipadas.[28]

Exigencias de los manifestantes y raíces del descontento

Exigencias

Las protestas que comenzaron después del 7 de diciembre de 2022 se organizaron a través de las redes sociales y carecieron de líderes visibles. Continuaron a lo largo de enero y febrero de 2023, y seguían siendo esporádicas al momento de redactar este informe, en abril de 2023.

Las exigencias de los manifestantes evolucionaron y se ampliaron gradualmente. En diciembre de 2022, algunos exigieron la liberación de Castillo, una demanda que se debilitó con el tiempo y prácticamente desapareció. Además de pedir elecciones anticipadas, los manifestantes pidieron la dimisión de Boluarte, sobre todo a medida que aumentaba el número de muertos; su dimisión desencadenaría elecciones presidenciales.[29] Algunos manifestantes también pidieron que se cerrara el Congreso, y algunos han insistido en que se establezca una asamblea constituyente para revisar la Constitución de 1993, aunque ha habido poco debate público sobre lo que debería incluir una nueva constitución.

Estas demandas reflejan el desencanto popular con los poderes ejecutivo y legislativo, vistos como corruptos y dirigidos por individuos que buscan y protegen sus propios intereses.

Además, manifestantes entrevistados por Human Rights Watch en Ayacucho, Cusco y Arequipa mencionaron las muertes por parte de las fuerzas de seguridad como uno de los principales motivos para continuar con las protestas. “La sensación de impunidad frente a las muertes [de manifestantes y transeúntes] ha significado una mayor escalada en las manifestaciones”, dijo la defensora del pueblo Eliana Revollar.[30]

Marginación de la población rural e indígena y desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales

Habitantes de las regiones rurales del sur del Perú, entre ellos muchos pueblos indígenas que durante décadas han sufrido marginación, movilizaron gran parte del descontento. Aunque algunos se identificaban con Castillo, por ser un hombre de origen humilde de las regiones, las esperanzas de que su gobierno llegara a tomar medidas significativas para abordar la desigualdad del país nunca se materializaron.

Manifestantes mencionaron a Human Rights Watch que los principales motivos para salir a las calles fueron las frustraciones derivadas de no poder garantizar una vida mejor a sus hijos, la falta de acceso a educación y atención sanitaria de calidad, y la sensación de ser olvidados por la élite política que gobierna el país desde Lima.

Durante más de una década, que comenzó a principios de los años 2000, el Perú logró importantes avances económicos, incluyendo una reducción en el número de personas que viven en condición de pobreza. La tasa pasó de más de la mitad de la población en 2003 a alrededor del 20 % en 2016[31] y los índices de pobreza se mantuvieron en torno al 20 % hasta 2019. La desigualdad de ingresos también se redujo entre 2003 y 2019, aunque a un ritmo más lento, y se mantuvo alta.[32] A pesar de estas mejoras, en 2021 el   80 % de los peruanos trabajaba en el sector informal.[33]

La pandemia de Covid-19 tuvo un saldo especialmente devastador en el Perú. En marzo de 2023, el país tenía la tasa de muertes más alta del mundo, en parte debido a la debilidad de su sistema de salud pública.[34] La pobreza aumentó 10 puntos porcentuales en 2020, con un 30 % de la población por debajo del umbral de pobreza.[35] La inseguridad alimentaria ha ido en aumento, con niveles récord; más de la mitad de los peruanos ha enfrentado inseguridad alimentaria moderada o severa entre 2019 y 2021. Esto es el doble de las cifras registradas en el período 2014-2016, el último período en que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) recopiló datos.[36] Entre 2020 y 2021, unos 370.000 estudiantes interrumpieron sus estudios de primaria y secundaria.[37]

Existen profundas disparidades en la posibilidad que tienen las personas para ejercer sus derechos económicos y sociales y que no se aprecian en las cifras estatales. Históricamente, las comunidades urbanas y costeras del Perú se han beneficiado mucho más del crecimiento económico en comparación con las poblaciones rurales e indígenas del interior del país, donde el Estado sigue sin proporcionar un acceso adecuado a atención sanitaria, educación y otros servicios públicos.[38]

En Ayacucho, un departamento mayoritariamente rural de la región sur de los Andes, el 10% de la población tiene un nivel de alfabetización bajo o nulo, el doble de la media nacional; y hasta el 8% vive en la pobreza extrema, también el doble de la media nacional.[39] En Apurímac, casi el 20 % de los niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica, el doble de la media nacional; y sólo el 31 % de los hogares tiene acceso a Internet, frente al 49 % a nivel país.[40] En Puno, el 70 % de los niños de 6 a 35 meses son anémicos, frente al 39 % en todo el país; y el 40 % de la población vive en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, frente al 26 % en todo el país.[41]

Estas son algunas de las zonas donde las protestas fueron mayores y más persistentes. También son zonas donde la respuesta de las fuerzas de seguridad fue más abusiva, como se detalla en este informe.

Los datos del censo indican que casi 6 millones de los 32 millones de peruanos (alrededor del 19 % de la población) se identificaron como indígenas en 2017.[42] La mayoría son quechuas o aimaras, y representan más del 44 % de la población de las zonas rurales.[43] En algunas de las regiones del sur y andinas, donde las protestas y la represión del gobierno han sido más intensas, las personas que se identifican como indígenas constituyen una mayoría sustancial de la población.[44]

Los pueblos indígenas del Perú carecen, en forma desproporcionada, de acceso a los servicios necesarios para poder ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, sólo el 52 % de los indígenas tenía acceso a un sistema de alcantarillado público en 2017, cuando se realizó el último censo nacional, en comparación con el 75 % de la población general.[45] Del mismo modo, la prestación de asistencia sanitaria a las comunidades indígenas es inadecuada. Por ejemplo, en 2017 sólo un tercio de los habitantes de la Amazonía disponía de un centro de salud en la comunidad.[46]

En el Perú también existen importantes disparidades de género, que a menudo se entrecruzan con el origen étnico. Por ejemplo, las mujeres ganan en promedio un 30 % menos que los hombres con el mismo nivel educativo.[47] El Perú ocupa el puesto 90 entre 170 países en el Índice de Desigualdad de Género (IDG) de 2021 del PNUD. Un puesto alto en el IDG indica un alto nivel de desigualdad.[48] Las disparidades de género son mayores para las mujeres indígenas. De acuerdo con los últimos datos disponibles, las mujeres autoidentificadas como indígenas tenían una tasa de analfabetismo del 16,3 % en 2017, en comparación con el 5,5 % entre las mujeres no indígenas, el 4,9 % entre los hombres indígenas y el 2,3 % entre los hombres no indígenas.[49]

Estas persistentes fallas para garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y las marcadas disparidades en su protección, han alimentado el descontento popular, expresado en parte en la elección de Castillo y posteriormente en las protestas.

Estas disparidades constituyen en muchos casos discriminación estructural, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial establece que la discriminación racial incluye políticas que tienen por propósito “o por resultado” menoscabar la igualdad en el ejercicio o disfrute de los derechos.[50] También prescribe que los gobiernos no pueden ignorar la necesidad de garantizar la igualdad de trato de todos los grupos raciales y étnicos, sino que deben actuar afirmativamente para prevenir o poner fin a las políticas con impactos discriminatorios injustificados.[51] En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que supervisa la aplicación de la convención, dijo que los indígenas y afroperuanos en el Perú se enfrentaban a una “persistente discriminación racial estructural”, que afecta el disfrute de sus derechos al trabajo, la educación y la salud, y pidió al Estado adoptar medidas “en todos los niveles de la administración” para poner fin a la discriminación.[52]

En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Perú también está obligado a garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos a un nivel de vida adecuado, al disfrute del más alto nivel posible de salud, agua potable y saneamiento, alimentación y educación.[53] En sus observaciones finales sobre el Perú en 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, encargado de supervisar la aplicación del pacto, expresó su preocupación por “la alta incidencia de la pobreza y la extrema pobreza en las regiones de la sierra y la selva, donde se concentran las comunidades indígenas”.[54] También señaló la importancia de mejorar el acceso a la atención sanitaria, al agua potable, la educación, la vivienda y otros derechos, especialmente en las zonas rurales e indígenas.[55]

Del mismo modo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, expresó su preocupación en 2016 por “[l]a falta de información sobre los recursos presupuestarios destinados a los niños en situaciones vulnerables y marginales, incluidos los niños indígenas” en el Perú y “[e]l elevado índice de corrupción en el Estado parte y sus repercusiones negativas en los recursos públicos, incluidos los recursos asignados a la infancia”. El comité pidió al Perú que asignara recursos a “los niños en situaciones desfavorecidas o vulnerables que puedan requerir medidas sociales afirmativas, incluidos los niños indígenas”, y que “[reforzara] sus medidas de lucha contra la corrupción, particularmente en relación con su capacidad institucional para detectar e investigar casos de corrupción y entablar acciones judiciales al respecto de manera efectiva”, a fin de una mayor protección a los derechos de los niños.[56]

Respuesta del gobierno de Boluarte a las protestas

Discurso estigmatizante

La presidenta Boluarte dijo a menudo que estaba dispuesta a hablar con los manifestantes, pero no ha llevado a cabo acciones que denoten una intención seria de entablar un diálogo genuino que aborde las demandas legítimas. En cambio, funcionarios del gobierno expresaron repetidamente opiniones ofensivas sobre los manifestantes y los menospreciaron, insinuando que eran “terroristas”.[57]

En declaraciones públicas, la presidenta Boluarte ha insistido en que las manifestaciones son impulsadas por un pequeño grupo de personas que manipulan a los manifestantes para cometer actos de violencia, crear “caos” y perseguir una agenda política.[58] En enero de 2023, dijo que “Puno no es el Perú”, en referencia al departamento—como se denomina a las divisiones administrativas de gobiernos regionales del Perú—con el mayor número de muertes de manifestantes.[59] Tras las críticas, su oficina escribió por Twitter que, “de haberse malinterpretado, nos disculpamos”.[60] En marzo de 2023, la presidenta Boluarte describió las protestas como una “asonada golpista” con presupuesto del “narcotráfico y desde el lado ilegal”.[61]

Aunque la presidenta Boluarte acertadamente condenó los actos de vandalismo durante las protestas, no ha hecho un llamado inequívoco a las fuerzas de seguridad para que respeten los derechos de los manifestantes, ni siquiera en medio de las denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones masivas. A pesar de las pruebas indiscutibles de que las fuerzas militares abrieron fuego con fusiles de asalto en contra de manifestantes en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, donde murieron 10 personas, la presidenta Boluarte se limitó a decir que se “suscitaron los fallecimientos de algunos compatriotas”.[62]

Aunque todas las pruebas disponibles indican que la policía mató a 18 manifestantes en Juliaca el 9 de enero de 2023, la presidenta Boluarte afirmó que la “mayoría” de los que murieron lo hicieron por armas de fabricación casera. En otra afirmación que no respaldó con pruebas, sugirió que armas de fuego y municiones que ingresan al Perú desde Bolivia pueden estar causando las muertes de los manifestantes.[63] Del mismo modo, el primer ministro Otárola trató de desviar la responsabilidad de los agentes de policía, diciendo que las muertes “expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país”.[64]

Durante una conferencia de prensa televisada el 10 de febrero, la presidenta Boluarte sólo reconoció la posibilidad de un mal comportamiento policial diciendo: “si ha habido excesos de parte de la policía en las detenciones y demás, lamentamos esas acciones”.[65] A continuación, destacó la violencia de los manifestantes e insinuó que sus actos equivalían a terrorismo. “Nosotros, como ciudadanos que hemos salido de los veinte años de terror que ha generado Sendero Luminoso, no queremos retroceder a esa historia negra del país”, dijo en referencia al grupo maoísta que mató a miles de personas en los años ochenta y noventa. En el Perú, la etiqueta de “terrorismo” se utiliza a menudo para estigmatizar a manifestantes, activistas, indígenas o políticos u organizaciones de izquierda.[66]

El uso de este lenguaje por parte de funcionarios para referirse a los manifestantes es especialmente perverso, dado que Ayacucho y la provincia de Andahuaylas en Apurímac—dos de los lugares donde la represión a las protestas ha sido más dura—fueron también, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, “el principal escenario del conflicto”.[67] La Comisión concluyó que más de 60.000 personas murieron o “desaparecieron” durante las décadas de 1980 y 1990, más de 25.000 de ellas en Ayacucho.[68] Sendero Luminoso mató a cerca de la mitad de las víctimas, las fuerzas de seguridad del Estado a aproximadamente un tercio y el resto murió a manos de un grupo armado más pequeño, de milicias locales o permaneció sin identificar.

A pesar de las acusaciones e insinuaciones del gobierno, en febrero de 2023 la ministra de Relaciones Exteriores reconoció en una entrevista con el New York Times que el gobierno no tenía pruebas de que grupos criminales estuvieran detrás de las protestas.[69]

Impacto del discurso estigmatizante

Las entrevistas de Human Rights Watch con familiares de víctimas muestran que el discurso estigmatizante utilizado por el gobierno es reproducido a nivel local. Por ejemplo, Guillermina Mendoza Vargas, madre de un manifestante que resultó gravemente herido, afirmó que los trabajadores sanitarios de un hospital público de Lima le dijeron que “los ayacuchanos son todos terroristas”.[70] Karina Hancco Arapa, cuyo marido fue hospitalizado en Arequipa, dijo que los trabajadores sanitarios de otra institución pública los acusaron de ser “revoltosos”.[71]

Ruth Bárcena Loayza relató la respuesta de un militar cuando los trabajadores sanitarios llevaron a tres heridos, entre ellos su marido, al aeropuerto de Ayacucho y pidieron a los militares que los trasladaran en una avioneta militar a un hospital de Lima. “Que se joda”, dijo Bárcena Loayza que respondió un militar, “los terroristas merecen morir así”.[72] La ambulancia llevó a los heridos de vuelta al hospital de Ayachucho, donde su marido murió.

El temor a sufrir estigmatización y criminalización disuade a algunas personas de solicitar atención médica en hospitales, dar testimonio a las autoridades y denunciar abusos.[73]

Premiar a la policía y atacar a los manifestantes

A principios de febrero de 2023, el Ministerio del Interior no había iniciado ninguna investigación sobre la conducta policial durante la última ola de protestas, según informó el ministerio a Human Rights Watch.[74] Esto contrasta con la respuesta del ministerio a las protestas de 2020 durante el gobierno del presidente interino Francisco Sagasti, cuando la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos del ministerio llevó a cabo una investigación sobre la conducta policial en su conjunto, y una segunda sobre la responsabilidad de los mandos policiales en los abusos.[75]

Al 7 de febrero de 2023 no se había sancionado a ningún agente en relación con las protestas actuales.[76] En cambio, el gobierno anunció en enero de 2023 que pediría al Congreso la aprobación de un préstamo para pagar a los agentes de policía un bono por su respuesta a las protestas.[77] “Evidentemente no podemos ser indiferentes frente a estos héroes de la patria que están entregando su salud y su vida para controlar el orden interno”, dijo el primer ministro Otárola.[78]

En febrero de 2023, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para aumentar sustancialmente las penas de al menos 15 delitos cometidos durante los estados de emergencia, vigentes en varias zonas del país durante las protestas. De aprobarse, quien “impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones”—algo común durante las protestas—sería castigado con hasta 10 años de prisión.[79] El gobierno dijo que el proyecto de ley está dirigido a los manifestantes.[80]

Asistencia a las víctimas

El 21 de febrero de 2023, el gobierno estableció un pago de 50.000 soles (US$13.150) a las familias de las personas fallecidas en las protestas entre el 8 de diciembre de 2022 y el 10 de febrero de 2023, y de 25.000 soles (US$6.575) a quienes sufrieron heridas graves. Estos pagos se aplican tanto a civiles como a policías.[81]

Sin embargo, los civiles heridos durante las protestas se enfrentan a la estigmatización en los hospitales y a retrasos en el acceso a la atención sanitaria y a los servicios de rehabilitación, dada la debilidad del sistema de salud público peruano.[82]

Militarización y falta de apoyo a la policía

En 2022, el entonces presidente Castillo declaró varios estados de emergencia sin una justificación clara. Los estados de emergencia permitían detenciones y allanamientos de domicilios arbitrarios y suspendían la libertad de tránsito, de reunión pacífica y otros derechos en determinadas zonas.[83] También permitían el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en el mantenimiento del “orden interno”.

El uso de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la ley ha continuado durante el gobierno de Boluarte, a pesar de que los estándares internacionales aclaran que los militares no deben desempeñar esa función.[84] La presidenta Boluarte ha declarado al menos 12 estados de emergencia similares en distintos momentos y en diversas regiones.[85] Además, las Fuerzas Armadas se han desplegado de formas que exceden lo legalmente permitido en virtud de los estados de emergencia. Por ejemplo:

• En Ayacucho, si bien un decreto de emergencia establecía, en efecto, que las Fuerzas Armadas actuarían para apoyar a la policía, el personal militar estableció controles alrededor de la plaza principal de la ciudad por su cuenta, dijo el jefe de policía de Ayacucho a Human Rights Watch.[86] Comentó que la policía no participó en los tiroteos de las fuerzas militares contra manifestantes y transeúntes que dejaron 10 muertos y decenas de heridos cerca del aeropuerto el 15 de diciembre. Quince videos, entre ellos transmisiones en directo a través de Facebook, todos ellos verificados por Human Rights Watch, respaldaron la afirmación del jefe de policía. En ellos se ve una pequeña presencia policial cerca del aeropuerto, que se disipó cuando el personal militar comenzó a disparar rifles de asalto contra manifestantes y transeúntes.
• En La Joya, provincia de Arequipa, dos testigos declararon que el 22 de enero de 2023 se desplegó personal de la fuerza aérea de una base cercana a una comisaría de policía que estaba rodeada por manifestantes.[87] Un testigo declaró que el personal de la fuerza aérea disparó fusiles de asalto contra los manifestantes, mientras que la policía abrió fuego con armas cortas. Seis manifestantes y transeúntes resultaron heridos por disparos.[88] Human Rights Watch verificó un video que mostraba en ese lugar a cinco hombres vestidos con camuflaje militar—uno de ellos con una insignia de la Fuerza Aérea del Perú—con fusiles de asalto Galil SAR. Otros cuatro videos muestran a agentes que vestían camuflaje militar participando en la represión de manifestantes cerca de la comisaría durante todo el día y hasta la noche. En el momento de los hechos, no estaba en vigor en Arequipa ningún decreto de emergencia que permitiera el despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía.

El gobierno parece haber priorizado el financiamiento de las Fuerzas Armadas por sobre el financiamiento de la capacidad de la policía para responder a posibles actos de violencia en protestas de manera acorde con los derechos humanos. En febrero de 2023, el ministro de Defensa del Perú dijo a Human Rights Watch que el gobierno había asignado 81 millones de soles en nuevos fondos (US$21 millones) para equipar y entrenar a las fuerzas militares para responder a las protestas.[89] Mientras tanto, el general Víctor Zanabria, jefe de la policía de Lima, dijo que los agentes de policía tenían que ser desplegados en las protestas sin el equipo de protección adecuado porque el Estado no había comprado suficiente.[90]

 

II. Violencia de manifestantes

Las protestas en todo el Perú fueron, según la mayoría de los testimonios independientes y los numerosos videos revisados por Human Rights Watch, generalmente pacíficas. Algunos manifestantes lanzaron piedras o fuegos artificiales contra las fuerzas de seguridad y, en al menos cinco casos, la violencia de los manifestantes causó heridas graves a policías. Un agente resultó muerto en circunstancias poco claras. Algunos grupos de manifestantes atacaron edificios y aeropuertos y los bloqueos de carreteras causaron la muerte de 11 personas y provocaron escasez de combustible y alimentos.

Si bien es posible que algunas personas involucradas en la criminalidad estén aprovechando la crisis para perseguir sus propios intereses en determinados lugares, Human Rights Watch no encontró pruebas de que organizaciones criminales hayan orquestado las protestas. Autoridades de la policía, del gobierno y expertos mencionaron la posible participación de personas involucradas en la minería ilegal en los bloqueos de carreteras en el departamento de Madre de Dios, y en otras zonas, para presionar al gobierno de Boluarte a no tomar medidas que perjudicaran sus intereses.[91] También mencionaron la práctica ilegal de cobrar una “cuota” o “peaje” a los autos para permitirles pasar un bloqueo en la carretera Panamericana en Ica.

La Defensoría del Pueblo registró 1.327 protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 20 de febrero de 2023, en las que participaron pacíficamente miles de personas.[92] Sin embargo, también registró 153 incidentes de violencia. Algunos manifestantes lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad, utilizando sus manos o las tradicionales hondas (huaracas). También lanzaron artefactos caseros que, según la policía, combinan explosivos con fuegos artificiales (avellanas). Human Rights Watch verificó videos y fotografías que mostraban a manifestantes utilizando fuegos artificiales contra agentes de seguridad en Juliaca y, en menor extensión, en Ayacucho, Andahuaylas y Lima.

Al 17 de abril de 2023, un agente de policía había muerto. Los agentes José Luis Soncco Quispe, de 29 años, y Ronald Villasante Toque, de 23 años, patrullaban en un vehículo el 9 de enero de 2023 en Juliaca cuando un grupo de personas los interceptó y los obligó a bajar del vehículo, según informó el jefe de la policía peruana.[93] Human Rights Watch verificó un video compartido en Facebook que muestra a un grupo de aproximadamente 15 personas vestidas de civil golpeando a uno de los policías junto a un edificio, a 185 metros al noreste del Colegio San Martín de Juliaca, así como un video que muestra a civiles atacando al vehículo una cuadra al suroeste. Soncco Quispe murió de un golpe en la cabeza con “un objeto contundente”, según el informe de la autopsia.[94] Sus restos carbonizados se encontraron junto a la patrulla, también incinerada, en el mismo lugar que aparece en el video. Villasante Toque escapó con una herida en la cabeza. El 25 de marzo de 2023, la policía detuvo a un exagente y a otro hombre a los que acusó de cometer el asesinato. La prensa local dijo que los dos hombres eran miembros de un grupo criminal.[95]

Los datos del Ministerio de Salud muestran que 383 policías y 4 militares fueron atendidos en centros de salud públicos y privados por lesiones recibidas durante las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023. Los datos de la policía, que incluyen los casos de lesiones que no requirieron tratamiento en centros de salud, mostraban que 889 policías habían resultado heridos, al 6 de febrero de 2023.[96] La gran mayoría sufrió contusiones por piedras que les fueron lanzadas, dijo el director del Hospital de la Policía en Lima.[97]

Al menos cinco policías resultaron gravemente heridos, explicó el director. Uno sufrió daños en varios órganos a causa de un disparo, y tres sufrieron lesiones oculares que les causaron pérdida de la visión.[98] El quinto fue el agente David Chávez Cabezas, de 40 años y miembro de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES), que fue impactado por un explosivo. Él estaba desplegado cerca de la pista del aeropuerto de Juliaca, el 7 de enero de 2023, mientras los manifestantes empujaban contra la valla para intentar entrar, dijo al ser entrevistado en el Hospital de la Policía de Lima.[99] Alrededor de la 1:oo p.m. vio a alguien disparando un artefacto casero, que describió como un “tubo”. Una avellana le golpeó en el hombro derecho y perdió el conocimiento, dijo. Cuando despertó, pensó que iba a morir. “Pensé en los nombres de mis hijos”, mencionó. El impacto de la avellana le rompió dos vértebras, le rompió los dos tímpanos y le provocó una hemorragia intracraneal y una contusión pulmonar.[100]

El entonces jefe de la policía del Perú informó a Human Rights Watch que únicamente hubo agentes de policía heridos de bala en un incidente en Pichanaki, en el departamento de Junín, el 16 de diciembre de 2022.[101] Dos agentes fueron trasladados a Lima para recibir tratamiento por lesiones graves y otros tres sufrieron heridas leves.[102] En el mismo incidente, tres civiles murieron por disparos.[103]

La policía informó a Human Rights Watch que manifestantes retuvieron a 24 agentes de policía en distintos momentos, en varios lugares.[104] En uno de estos casos, el 22 de enero de 2023, manifestantes retuvieron a un agente de policía que vestía de civil y se había infiltrado en la protesta cerca de la comisaría de La Joya, un distrito de la provincia de Arequipa, según relataron un testigo y el comandante de la policía peruana.[105] El testigo dijo que el agente había estado tomando fotografías de los manifestantes y que un segundo agente escapó. Los manifestantes exigieron que la policía liberara a cinco detenidos—entre ellos un menor de 17 años—a cambio del agente.[106] “Acaban de rociarme con combustible”, dijo por teléfono el agente detenido a un funcionario de la Oficina del Defensor del Pueblo que actuó como mediador.[107] El agente también fue golpeado, según un fiscal.[108] La policía accedió al intercambio, que se produjo en la calle frente a la comisaría y quedó documentado en dos videos compartidos en Facebook.[109]

Al 16 de marzo de 2023, los bloqueos de carreteras provocaron 11 muertes de personas que no pudieron llegar a hospitales o que sufrieron accidentes automovilísticos, según la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo:

• En Cusco, en diciembre de 2022, dos pacientes murieron después de que una ambulancia no pudiera continuar hasta un hospital debido a los bloqueos de la carretera y tuviera que dar la vuelta. Otra persona que había sufrido un accidente de tráfico y fue trasladada en una patrulla de la policía murió debido al retraso en llegar a un hospital.[110] En enero de 2023, a causa de los bloqueos, un bebé murió de camino a un hospital para ser atendido de urgencia.[111]
• La fiscal Marizel Leonize Chamana y su hijo de 4 años murieron el 12 de diciembre de 2022 en un accidente automovilístico cuando ella intentó esquivar piedras puestas en la carretera por manifestantes en Caylloma, departamento de Arequipa.[112]

Los bloqueos de carreteras provocaron escasez de combustible y alimentos en algunas zonas. Seis adultos haitianos y un niño, cuyos nombres no han sido revelados, murieron en Desaguadero, departamento de Puno, por afecciones respiratorias en enero de 2023, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).[113] La OIM dijo que los bloqueos de carreteras contribuyeron a sus muertes porque obligaron a los migrantes haitianos a permanecer en Desaguadero, una ciudad fronteriza a gran altitud y con bajas temperaturas por la noche donde había escasez de alimentos. Esas condiciones agravaron su vulnerabilidad, en particular en el caso de personas con hipertensión, diabetes y otras afecciones, dijo la OIM.

Además, el 6 de marzo de 2023, seis soldados se ahogaron al intentar cruzar el río Ilave, en Puno. El Ministerio de Defensa dijo que “violentistas” habían bloqueado el camino y que los soldados cruzaron el río “con el fin de evitar un enfrentamiento”.[114] Sin embargo, un superviviente de la patrulla declaró que los manifestantes no les atacaron ni les empujaron al río, y que fue su superior quien les ordenó cruzar. Un reportero que presenció el evento corroboró esa versión.[115]

La policía informó de daños en 43 edificios policiales, 102 edificios públicos, 106 edificios privados y 215 coches públicos y privados, al 6 de febrero de 2023.[116] Manifestantes saltaron o derribaron vallas y entraron en las pistas de aeropuertos, interrumpiendo sus operaciones en cinco ciudades.[117] En Arequipa, rompieron las luces de la pista, obligando al aeropuerto a operar sólo durante el día. En 15 comisarías, arrojaron piedras y causaron daños, llegando a quemar las comisarías en Zepita y Macusani, en el departamento de Puno, y atacaron 19 oficinas de fiscales y otros funcionarios de justicia.[118] En Cusco, también ocuparon una planta de gas natural durante 12 días en diciembre.[119]

Algunos ataques fueron llevados a cabo por pequeños grupos de personas no relacionadas con las protestas principales. En Ayacucho, un pequeño grupo incendió varias oficinas públicas, incluida la de la fiscalía, un día después de que militares dispararan contra manifestantes con fusiles de asalto.[120] Alrededor de las 4:00 p.m., entre 10 y 15 personas prendieron fuego la oficina de registros públicos, dijo un testigo.[121] Los vecinos salieron a apagar el fuego. La policía no se encontraba protegiendo los edificios. El jefe de la policía de Ayacucho dijo que su prioridad era proteger la comisaría, que también había sido atacada.[122]

Algunas personas aprovecharon las protestas—en Arequipa, Cusco y Puno—para realizar saqueos.[123]

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de “garantizar el derecho a la vida y ejercer la diligencia debida para proteger la vida de las personas frente a privaciones causadas por personas o entidades cuya conducta no sea imputable al Estado”.[124] Sin embargo, también tiene la obligación de proteger el derecho de reunión pacífica, y las medidas que adopte en respuesta a la violencia en el contexto de las protestas—especialmente el uso de la fuerza—deben cumplir estándares mínimos de necesidad y proporcionalidad.[125]

 

III. Uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad

Uso ilegal de fuerza letal por las fuerzas de seguridad

El entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú dijo a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad sólo están autorizadas a utilizar armas de fuego “cuando existe un riesgo inminente para la vida”.[126] Los agentes de policía no pueden utilizar armas de fuego “para disuadir”, dijo, ni para defender aeropuertos, comisarías u otros edificios, en ausencia de una amenaza inminente para la vida. Del mismo modo, el jefe de la región policial de Lima dijo que un equipo de policías armados con armas letales está en estado de alerta durante las protestas y se despliega sólo para responder a un ataque con armas de fuego.[127]

Estas declaraciones son consistentes con la legislación peruana y los estándares internacionales. Sin embargo, las fuerzas militares y policiales han utilizado armas de fuego más allá de lo legalmente permitido. El relato de testigos, corroborado por horas de videos revisados por Human Rights Watch, muestra que las fuerzas de seguridad estaban equipadas con armas de fuego y las utilizaron contra manifestantes en algunas ciudades fuera de Lima. Todos los tipos de balas identificados como causa de muerte en los informes de balística y autopsias pueden dispararse con los fusiles de asalto y las pistolas con las que se vio a las fuerzas de seguridad. La policía no incautó ningún arma de fuego, casera o no, en manos de manifestantes, ni Human Rights Watch encontró ninguna imagen de un manifestante con un arma de fuego en la mano.

Human Rights Watch obtuvo los resultados de las autopsias de 41 de los 49 civiles que murieron durante las protestas desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2023. En 34 de las 41 autopsias a las que Human Rights Watch tuvo acceso, la causa de muerte fue heridas de bala. Documentos médicos y una lista de una fiscalía que tiene los resultados de las autopsias, revisados por Human Rights Watch, citan heridas de bala como la causa de muerte de otras cinco víctimas.[128] En total, al menos 39 civiles de las 49 víctimas mortales murieron por heridas de bala. En otro caso, un registro médico dice que la persona murió “por probable arma de fuego”.[129]

Al menos otras 125 personas resultaron heridas por disparos, según una base de datos del Ministerio de Salud, aunque es probable que la cifra real sea mayor. Human Rights Watch revisó registros médicos que indicaban heridas de bala en varios casos no incluidos en la lista.

El entonces comandante general de la policía del Perú afirmó que, hasta el 7 de febrero de 2023, la policía no había confiscado armas de fuego a manifestantes en ningún lugar del país.[130] En las más de 37 horas de video y las 663 fotografías de protestas que Human Rights Watch revisó no identificó a manifestante alguno portando armas de fuego.

Testigos en Ayacucho y Arequipa dijeron a Human Rights Watch que vieron a fuerzas militares usando rifles de asalto para disparar contra manifestantes, y otros testigos dijeron que vieron a policías disparando armas de fuego en Arequipa, Andahuaylas, Pichanaki y Juliaca.[131] Videos verificados por Human Rights Watch muestran a las fuerzas de seguridad armadas con armas de fuego en esos lugares y, en algunos casos, apuntando y disparando contra los manifestantes. En contraste, no hay informes ni videos que muestren el uso de armas letales por parte de la policía contra manifestantes en Lima, lo que sugiere una respuesta diferente a las protestas en la capital.[132]

Las 34 autopsias que Human Rights Watch obtuvo de personas que murieron por heridas de bala muestran que 14 víctimas recibieron balas en el torso, 11 en la cabeza y 9 en la espalda. Las heridas de bala en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, son consistentes con ataques direccionados.[133] En Ayacucho, dos testigos afirmaron haber visto rayos rojos de las miras láser de los fusiles de asalto utilizados por los militares, buscando objetivos.[134] Un video transmitido en directo a través de Facebook verificado por Human Rights Watch también muestra las miras láser en uso cerca de una zona de Ayacucho donde al menos tres personas fueron baleadas y murieron.

Seis registros militares revisados por Human Rights Watch mostraron que el personal militar estaba equipado con fusiles de asalto de la serie Galil el 15 de diciembre de 2022.[135] Un informe de balística elaborado por expertos forenses de la policía señaló que en el cuerpo de una de las víctimas mortales se encontró un proyectil de 5,56 mm “para fusil Galil”.[136] En los casos de otras dos víctimas, los informes de balística afirman que las heridas de entrada fueron causadas por un proyectil de 5,56 mm, y en otros cinco que las heridas de entrada fueron causadas por proyectiles de “aproximadamente 5 mm” de diámetro.[137] Human Rights Watch no tuvo acceso al informe de balística de la décima víctima mortal en Ayacucho.

Las autopsias de dos víctimas en Juliaca muestran que se recuperaron balas de 7,62 mm de los cuerpos.[138] Un informe de balística determinó que un fragmento de bala recuperado de una tercera víctima era de una bala de 7,62 mm “disparada por un fusil”.[139]

Los fusiles Kalashnikov vistos que portaban agentes de policía y militares en videos y fotografías tomados ese día en Juliaca y verificados por Human Rights Watch utilizan munición de 7,62 mm. Dos fotografías tomadas en Juliaca cerca de donde se encontraban los agentes y verificadas por Human Rights Watch muestran casquillos de 7,62x39 mm fabricados para fusiles Kalashnikov y marcados con un sello de la PNP, es decir, Policía Nacional del Perú.

Informes de balística de tres víctimas en Juliaca identificaron en sus cuerpos un fragmento de bala 9 mm y dos balas completas de 9 mm, disparadas por pistolas.[140] Además, la autopsia de una víctima en Arequipa señaló que las heridas de entrada y salida eran “consistentes con una bala de 38 [calibre] o 9 mm”.[141] La policía peruana usa pistolas semiautomáticas de 9 mm o revólveres calibre 38.[142]

En varios casos, las fuerzas de seguridad parecen haber matado a personas a distancia, lo que socava aún más la posibilidad de que dispararan en defensa propia. En Ayacucho, el personal militar mató a manifestantes y transeúntes con balas disparadas desde fusiles de asalto de la serie Galil, que tienen un alcance efectivo de hasta 400 o 500 metros. Por ejemplo, Leonardo David Hancco Chacca murió por el impacto de un disparo efectuado a unos 90 metros de distancia en Ayacucho, según las imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por IDL-Reporteros y verificadas por Human Rights Watch. En Juliaca, Crhistian Mamani Hancco y Heliot Cristhian Arizaca murieron por heridas de bala de “larga distancia”, según las autopsias. En Andahuaylas, Jhon Erick Enciso Arias se encontraba parado en una colina a unos 30 metros de altura y a 110 metros de distancia de la zona donde se encontraba la policía cuando recibió un disparo que le causó la muerte, según un video y una transmisión en vivo en Facebook del momento de su muerte que Human Rights Watch verificó.

Al menos 15 de los muertos eran, como Enciso Arias, transeúntes,[143] otros tres estaban observando las protestas,[144] y tres intentaban ayudar a los heridos,[145] según testimonios y videos recopilados por Human Rights Watch. Sus muertes muestran la naturaleza indiscriminada de la respuesta de la policía y las Fuerzas Armadas.

El uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad para responder a las protestas hacía muy probable y previsible la pérdida de vidas o lesiones graves. Fue manifiestamente desproporcionado en relación con la amenaza a la que se enfrentaban. Como tales, estas muertes pueden ser consideradas ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias.

Juliaca, Puno (9 de enero de 2023)

En los primeros días de 2023, cientos de personas de zonas rurales, muchas de ellas indígenas, viajaron a Juliaca, en el rural y profundamente empobrecido departamento sureño de Puno, para manifestarse. Tras varios días de protestas, el 9 de enero de 2023 la policía hizo uso indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes, lo que provocó la muerte de 18 manifestantes y transeúntes, entre ellos tres menores de 18 años y siete jóvenes de entre 18 y 22 años, según testimonios recogidos por Human Rights Watch, registros médicos, autopsias, videos y fotografías. Las autopsias muestran que al menos 15 murieron por disparos y tres por perdigones. Más de 100 personas resultaron heridas [146]

El agente de policía José Luis Soncco Quispe, mencionado anteriormente en este informe, murió esa noche después de que unos asaltantes interceptaran su coche patrulla a una manzana y media al noreste del Colegio San Martín, a más de tres kilómetros del aeropuerto y del lugar de las protestas desarrolladas en la noche.

Aunque cientos de manifestantes permanecieron pacíficos, algunos grupos entraron en la pista del aeropuerto de Juliaca después del mediodía del 9 de enero. Manifestantes también lanzaron piedras con huaracas y avellanas en dirección a la policía, que estaba desplegada principalmente en el extremo este del aeropuerto. Un grupo más reducido de militares se desplegó más hacia el interior del aeropuerto. Tres transmisiones en directo de Facebook verificadas por Human Rights Watch grabadas en el extremo noreste del aeropuerto muestran un rápido aumento del nivel de fuerza, desde infrecuentes disparos de advertencia hasta el uso generalizado de gases lacrimógenos y frecuentes disparos. Alrededor de la 1:40 p.m., un agente comenzó a disparar lo que parece ser gas lacrimógeno desde un helicóptero del ejército a los manifestantes que se encontraban debajo. [147]

Human Rights Watch documentó los casos de ocho personas que fueron impactadas por disparos y murieron en las cuatro horas y media siguientes en la avenida Independencia, en el lado este del aeropuerto Inca Manco Cápac, en un radio de tres manzanas al norte y tres manzanas al sur del aeropuerto. En esa zona había cientos de manifestantes, en su mayoría pacíficos, mientras que muchos de los que estaban más cerca de las vallas del aeropuerto lanzaban piedras a las fuerzas de seguridad. También había muchos transeúntes, ya que se trata de una vía de paso muy transitada.

La primera víctima mortal fue Reynaldo Illaquita Cruz, de 19 años, que trabajaba en un aserradero para ahorrar dinero para ir a la universidad.[148] Alrededor de la 1:30 p.m. salió del trabajo en la avenida Independencia para ir a almorzar y recibió un disparo en el tórax con una bala de 7,62 mm.[149]

Edgar Jorge Huarancca Choquehuanca, estudiante de gastronomía de 22 años que participaba en la manifestación, recibió disparos en la cabeza y el tórax cuando caminaba por la avenida Independencia poco antes de las 2:56 p.m. Fue trasladado a un puesto médico improvisado instalado en el Grifo Ollanta, donde un médico voluntario le practicó reanimación cardiopulmonar, sin resultados.[150]

Alrededor de las 3:30 p.m., Crhistian Mamani Hancco, de 22 años, recibió un disparo en el tórax cuando se dirigía a su casa con un amigo por la avenida Independencia tras un ensayo musical. Según la autopsia, la herida fue causada por un “arma de fuego a larga distancia”.[151]

Hacia las 4:00 p.m., Samillán recibió un disparo en la espalda mientras prestaba primeros auxilios a un joven herido en las inmediaciones del aeropuerto.[152] Samillán falleció posteriormente en el hospital. Hacia las 4:00 p.m., el manifestante Nelson Huber Pilco, de 22 años, murió por un disparo a 12 metros de la valla oriental del aeropuerto.[153]

A las 4:30 p.m., la policía estuvo disparando cartuchos de gas lacrimógeno y armas de fuego contra civiles en la avenida Independencia, según un testigo.[154] Tres personas fueron impactadas por las balas alrededor de esa hora y murieron: Jhamileth Nataly Aroquipa, de 17 años, estudiante de psicología que había salido a hacer compras con su familia;[155] Marcos Quispe Quispe, de 54 años, albañil y abuelo que observaba las protestas;[156] y Heder Jesús Mamani Luque, de 37 años, padre de tres hijos que caminaba por la avenida.[157]

Una hora más tarde, Heliot Cristhian Arizaca, de 18 años, que tenía previsto alistarse en el ejército, se dirigía a su casa tras hacer compras con su familia cuando fue impactado por un disparo en la avenida Independencia.[158] La causa de su muerte fue una herida de bala disparada a larga distancia en el tórax, según la autopsia.

Esa tarde, cientos de manifestantes protestaron cerca de la comisaría de policía situada entre las calles Moquegua y Ramón Castilla, a poco menos de dos kilómetros al sureste del aeropuerto. Un video compartido en TikTok y verificado por Human Rights Watch muestra a policías corriendo por la calle 8 de Noviembre después de las 7:00 p.m. y disparando escopetas contra los manifestantes. A las 7:35 p.m., a unos 300 metros al oeste de ese lugar, un hombre identificado por IDL-Reporteros como Héctor Quilla Mamani, de 38 años, recibió un disparo mortal.[159] Veinte minutos después, Brayan Apaza Jumpiri, de 15 años, estudiante de secundaria, y Paul Franklin Mamani Apaza, de 20 años, trabajador en construcción, recibieron disparos mortales en el mismo lugar. [160]

Seis videos y tres fotografías verificadas por Human Rights Watch y grabadas alrededor de las 7:50 p.m. del 9 de enero muestran que al menos otros dos hombres recibieron disparos a menos de 550 metros de la estación de policía. Uno de los videos, grabado en la esquina de Jirón San Román y Bolívar, muestra a un grupo de manifestantes mirando hacia el este, en dirección a la comisaría de policía. A los seis segundos del video se oye un disparo y un hombre, al que el New York Times identificó como Eberth Mamani Arqui, de 40 años, cae al suelo y muere. La causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza, según la autopsia.[161] Un video grabado en el mismo lugar momentos después muestra a otro hombre sangrando profusamente por el pie. Otro video, compartido por primera vez en TikTok a las 8:34 p.m., muestra a la policía en la esquina en la que murió Mamani Arqui disparando hacia el norte con armas antidisturbios de 37 mm.

Ayacucho (15 de diciembre de 2022)

Siete hombres y un niño de 15 años murieron el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, y otros dos hombres murieron a causa de las heridas en los días siguientes, todos ellos por heridas de bala causadas por armas de fuego, según las autopsias.[162] Al menos 72 civiles resultaron heridos.[163] Diez policías y militares resultaron con heridas leves.[164]

El ministro de Defensa dijo a Human Rights Watch que el informe militar que recibió sobre el incidente indicaba que una patrulla militar fue “emboscada” por manifestantes y que los soldados abrieron fuego en defensa propia.[165] El jefe de la policía de Ayacucho dijo a Human Rights Watch que una patrulla militar de unos 50 soldados se dirigía desde el centro de la ciudad hacia el aeropuerto, cuando “fue atacada con objetos contundentes y huaracas, y tuvieron que defenderse”.[166]

Sin embargo, los videos y testimonios de testigos recogidos por Human Rights Watch contradicen esta versión. Las muertes se produjeron durante varias horas en distintos lugares. Las fuerzas de seguridad no incautaron ningún arma de fuego a los manifestantes.[167] Las Fuerzas Armadas se desplegaron con sus fusiles de asalto Galil.[168]

Algunos manifestantes lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad. Los militares respondieron con fuerza desproporcionada e indiscriminada, causando heridas y matando a manifestantes que no suponían ninguna amenaza para ellos, así como a transeúntes.

Miembros de las Fuerzas Armadas se desplegaron con una presencia policial mínima para bloquear el acceso a la plaza central de Ayacucho, la Plaza de Armas, donde tradicionalmente tienen lugar las protestas, en la mañana del 15 de diciembre.[169] A las 10:25 a.m., una transmisión en vivo de Facebook mostró a al menos 27 miembros de las Fuerzas Armadas acompañados por dos agentes de policía lanzando humo rojo—que se utiliza para marcar y señalar más que para controlar multitudes—a unos 90 metros al norte de la plaza frente a un grupo de manifestantes. Los policías parecen indicar a las Fuerzas Armadas que permitan a los manifestantes entrar en la Plaza de Armas y, a las 10:29 a.m., los manifestantes entran en la plaza, donde protestan pacíficamente. 

Las imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por IDL-Reporteros muestran cómo los manifestantes llegaron a la entrada principal del aeropuerto, custodiada por personal policial y militar, sobre las 12:38 p.m. Alrededor de la misma hora, un grupo de manifestantes en el extremo sur del aeropuerto derribó una valla y se ubicó en la pista.

Dos videos muestran a manifestantes en un lugar situado a unos 300 metros al sur de la entrada del aeropuerto lanzando piedras hacia la pista y siendo disparados con gases lacrimógenos por la policía en algún momento entre las 12:45 p.m. y las 2:00 p.m.[170]

Pocos minutos después, los militares apuntaron y dispararon contra los manifestantes con sus fusiles de asalto Galil. Las balas impactaron a Leonardo David Hancco Chacca, de 32 años, en el pecho. El sonido de estos disparos fue captado a las 2:05 p.m. en una transmisión en vivo de Facebook grabada 950 metros al sur, en la pista.

Aproximadamente a las 2:21 p.m., esta transmisión en directo muestra a un manifestante que se acerca a los militares apostados más al norte en la pista para pedir permiso para manifestarse en el aeropuerto. Los militares acceden a conceder a los manifestantes 30 minutos para protestar, pero los manifestantes reaccionan airadamente ante este límite de tiempo. Una posterior transmisión en directo en Facebook, iniciada a las 2:38 p.m., muestra a los manifestantes huyendo de los gases lacrimógenos mientras una fila de militares camina hacia ellos disparando con sus fusiles al aire.

La esposa de Hancco, Ruth Bárcena Loayza, se enteró a las 2:50 p.m. por las redes sociales de que su esposo había sido disparado, dijo.[171] Corrió al aeropuerto y vio a militares disparando a la gente. Una hora después, vio a un militar que agarraba por el pelo a un joven que huía cerca de una gasolinera Primax, 430 metros al sur de la entrada del aeropuerto. El agente lo golpeó con la culata de su fusil y le pisó la espalda cuando cayó al suelo. “Le dijo: ‘Terrorista, vas a morir. ¿Por qué estás aquí?’”, contó Bárcena Loayza a Human Rights Watch. Entonces el agente le disparó en la pierna, dijo Bárcena Loayza. Encontró a su esposo en el Hospital Regional de Ayacucho con graves heridas internas. Hancco Chacca murió en la madrugada del 17 de diciembre.

Human Rights Watch verificó 17 videos compartidos en las redes sociales y grabados entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m. cerca de esta gasolinera que demostró un esfuerzo coordinado de los militares para acorralar y disparar a los manifestantes. En lugar de alejar a los manifestantes del aeropuerto, dos videos grabados hacia las 3:00 p.m. muestran que los soldados se acercaron a los manifestantes en la gasolinera de Vía Evitamiento, bloquearon las carreteras hacia el suroeste y dispararon a los manifestantes mientras otros agentes permanecían apostados en el aeropuerto, al noreste.[172] Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a Clemer Rojas, de 22 años, y Josué Sañudo Quispe, de 31, recibiendo disparos de los militares a las 3:15 p.m. y las 3:28 p.m., respectivamente.[173] Ambos murieron. Un video grabado poco después de las 3:23 p.m. muestra a personal militar empujando a un manifestante al suelo por la cabeza y sujetándolo por el cuello cerca de la entrada de la gasolinera Primax.[174] Otros dos videos grabados aproximadamente a la misma hora muestran a manifestantes que llevan a una persona no identificada con una herida grave en la cara hacia el sur, lejos de la gasolinera, mientras suenan disparos. Un video similar muestra a una mujer no identificada con la cara ensangrentada mientras la llevan hacia el sur, lejos de la gasolinera.[175] Un testigo que se ubicaba en un techo dijo a Human Rights Watch que vio cómo disparaban a esta mujer en la cara.[176]

A las 3:30 p.m., un estudiante universitario de 25 años pasaba, de camino a casa de un amigo, por el parque situado frente al cementerio de Ayacucho, aproximadamente a un kilómetro al sur de la gasolinera Primax.[177] Escuchó disparos y se escondió detrás de un árbol, dijo. Vio a gente huir mientras los militares avanzaban. Vio la luz roja de una mira láser en la sombra del árbol. Los militares estaban a unos 20 metros de él cuando intentó huir, dijo. Le dispararon en la nalga derecha. La bala salió por su estómago. Sostuvo su intestino con sus manos. Estuvo 11 días en el hospital. Cuando Human Rights Watch lo visitó el 1 de febrero de 2023 en su casa, permanecía postrado en cama en un dormitorio oscuro con suelo de tierra y paredes de adobe con estanterías llenas de libros.[178]    

En las horas siguientes, miembros de las Fuerzas Armadas mataron a otras seis personas; otra persona moriría en el hospital a causa de las heridas el 21 de diciembre. De las 10 víctimas mortales, cuatro eran personas que vivían en la zona del aeropuerto, entre ellas Edgar Prado Arango, de 51 años, que murió a las 5:45 p.m. de un disparo cuando intentaba ayudar a una persona herida a 75 metros al oeste de la esquina suroeste del aeropuerto, como muestran las imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por Reuters.[179]

Human Rights Watch verificó tres videos que muestran a personal militar disparando fusiles de asalto cerca de la esquina suroeste del aeropuerto y la puerta principal del cementerio entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. Otros nueve videos grabados en la misma zona y en el mismo intervalo de tiempo muestran a al menos cinco personas gravemente heridas o muertas. Un video grabado antes de las 5:45 p.m. muestra a manifestantes que se llevan a un hombre no identificado vestido de negro de la esquina suroeste del aeropuerto mientras suenan disparos. Más tarde se lo ve inmóvil y sangrando profusamente por el pecho. Poco después, otro video grabado aproximadamente en el mismo lugar muestra a varios militares apuntando con fusiles de asalto Galil y disparando hacia el oeste, donde estaban los manifestantes. Un video y una transmisión en directo de Facebook, grabados entre las 6:30 p.m. y las 8:00 p.m., muestran que el personal militar avanzó alejándose del aeropuerto hacia los manifestantes en el oeste mientras continuaban disparando a los manifestantes con luces rojas de puntería y rifles de asalto. A las 6:58 p.m., la persona que grababa la transmisión en directo de Facebook se dirigió al lugar donde disparaban los militares y mostró múltiples casquillos de bala de 5,56 mm tirados en el suelo junto a charcos de sangre, consistentes con uno de los tipos de munición utilizados en los fusiles Galil.

Christopher Michael Ramos Aimé, de 15 años, que trabajaba en el cementerio, recibió un disparo a las 6:35 p.m., a sólo 60 metros al oeste de la esquina del cementerio donde estaban apostados los soldados. Una bala entró por su espalda y salió por su brazo izquierdo, según muestran las imágenes de una cámara de seguridad y los documentos médicos verificados por Human Rights Watch.[180] Murió una hora después. “Cuando paso por lugares por los que hemos caminado, en los que hemos estado juntos, se me caen las lágrimas. Siento que mi hijo va a aparecer, pero sé que él ya no va a volver”, dijo su madre a Human Rights Watch.[181]

José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, regresaba a su casa del trabajo, donde operaba una máquina enjuagadora de envases de refrescos.[182] Justo después de las 6:30 p.m., a 70 metros al sur de la esquina del cementerio desde donde disparaban los militares, recibió un disparo en la cabeza y murió, según muestra un video verificado por Human Rights Watch.[183]

Aproximadamente a la misma hora, una bala impactó en la nuca a Miguel Ángel Yucra Mendoza, estudiante de 22 años. Al parecer, fue disparada desde la zona próxima a la entrada del cementerio, donde estaban desplegadas las fuerzas militares. Un video lo muestra en el suelo, boca abajo, en el parque situado frente al cementerio. La bala le destrozó el cráneo y le provocó una hemorragia cerebral.[184] Estuvo casi un mes en coma, pero sobrevivió.[185]

Un manifestante de 28 años que pidió no ser identificado vio los rayos rojos de la mira láser de los fusiles de asalto utilizados por los militares en el parque.[186] “Disparaban a todo el que corría. La gente estaba desesperada”, dijo. Hacia las 7:00 p.m. corrió hacia una casa que resguardaba a los manifestantes que huían cuando recibió un disparo en la parte posterior del muslo. El joven dijo que todavía tenía la bala alojada en el muslo cuando Human Rights Watch lo entrevistó el 1 de febrero de 2023.

Otro hombre parece haber sido herido cerca del cementerio en la noche del 15 de febrero, según los videos verificados por Human Rights Watch.

Otras personas resultaron heridas en lugares cercanos. Leandro Rojas, mecánico de 24 años, acudió a la protesta tras enterarse de que habían matado a un amigo. Alrededor de las 5:30 p.m., los militares abrieron fuego desde el interior del aeropuerto contra los manifestantes que se encontraban fuera, según Rojas.[187] Fue impactado en la parte baja de la espalda cuando intentaba tirarse al suelo. Según documentos del hospital, sufrió un traumatismo abdominal causado por un arma de fuego.[188]

Andahuaylas (10-12 de diciembre de 2022)

Tres jóvenes, de 18 y 19 años, y dos varones, de 15 y 16 años, murieron a causa de las heridas que sufrieron entre el 10 y el 12 de diciembre de 2022, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Las autopsias indicaron que tres murieron por heridas de bala y un reporte médico indica que un cuarto murió "por probable arma de fuego". Al momento de redacción de este informe, la autopsia del quinto se encontraba pendiente. Más de 55 personas resultaron heridas, algunas de ellas de bala.[189]

El 10 de diciembre, Cristian Alex Rojas Vásquez, estudiante de farmacia de 19 años, se dirigía al mercado cuando caminaba cerca del Parque José María Arguedas, donde la policía estaba utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, según un testigo y un video verificado por Human Rights Watch.[190] Sobre la 1:50 p.m., una bala le impactó en la cabeza. Murió a consecuencia de las heridas cuatro días después. Fue enterrado sin que se le realizara la autopsia.[191]

El 11 de diciembre, los manifestantes se congregaron en la pista del aeropuerto de Andahuaylas, donde fue desplegada la policía. Un familiar de David Ezequiel Atequipa, de 15 años, que se manifestaba con él en la pista, señaló que la policía abrió fuego contra los manifestantes.[192] Una bala impactó a Atequipa en el pecho. Beckham Romario Quispe Garfias, jugador y entrenador de fútbol de 18 años, fue impactado en la cabeza. Una testigo dijo más tarde a su familia que un policía le disparó con un "arma larga".[193] Ambos murieron.

En la tarde del 12 de diciembre, los manifestantes protestaron cerca de una comisaría. En el cerro Huayhuaca se ubicaron grupos de personas que observaban, entre ellos Jhon Erick Enciso Arias, de 18 años, quien se encontraba a unos 30 metros de altura y a 110 metros de distancia de la protesta principal, según un video y una transmisión en directo de Facebook.[194] A las 4:25 p.m., un hombre que se encontraba en la colina a unos 20 metros más arriba de donde estaba Enciso Arias utilizó una honda para lanzar piedras hacia la calle. A las 4:27 p.m., sonó una seguidilla de disparos y Enciso Arias cayó al suelo, sangrando por la cabeza y quedando inmóvil entre los arbustos. Tres minutos después, se oye otra ráfaga de disparos seguida de gritos cercanos. La cámara mostró a Wilfredo Lizarme Barbosa, de 18 años, tendido en el suelo a unos 25 metros más arriba de donde murió Enciso Arias. Lizarme Barbosa pasaba por el cerro de camino a prestar ayuda económica a la familia de su amigo Rojas Vásquez, quien había muerto el día anterior.[195] Las autopsias concluyeron que Enciso Arias murió de traumatismo medular y Lizarme Barbosa de traumatismo pulmonar causado por una herida de bala.[196]

Maritza Tomaylla Maucaylle, de 31 años, declaró que agentes de la policía abrieron fuego desde la azotea de una casa particular hacia el cerro, donde se encontraba con su esposo. Ella fue impactada por una bala en la espalda, según muestran los documentos médicos.[197] Al menos una persona más resultó herida en esa misma zona del cerro, como muestra un video verificado por Human Rights Watch. Los fiscales encontraron posteriormente casquillos de bala y cartuchos de gas lacrimógeno en la azotea de la vivienda particular, según dijo un abogado del caso.[198]

 

Uso indebido y peligroso de armas menos letales

Testigos y la defensora del pueblo informaron a Human Rights Watch de casos en los que la policía utilizó armas menos letales para dispersar reuniones pacíficas, en violación de l0s estándares internacionales.[199] En otros casos en los que se produjeron algunos actos de violencia por parte de manifestantes, la respuesta de las fuerzas policiales y militares fue excesiva e indiscriminada. El uso indebido e imprudente de armas menos letales causó heridos graves
y muertos.

Gas lacrimógeno

El reglamento interno de la policía peruana prohíbe disparar cartuchos de gas lacrimógeno “al cuerpo de las personas”. El reglamento advierte del “riesgo de un efecto letal o de graves lesiones” de su uso.[200] El jefe de la región policial de Lima dijo que los agentes deben disparar cartuchos de gas lacrimógeno al cielo o al suelo, nunca horizontalmente contra las personas.[201] Sin embargo, ocho videos y seis fotografías verificados por Human Rights Watch muestran a agentes disparando proyectiles de gas lacrimógeno horizontalmente en una trayectoria recta, en Juliaca, Lima, Chala, Cusco y Arequipa. Videos de Juliaca muestran a agentes disparando gas lacrimógeno desde un helicóptero del ejército y humo de gas lacrimógeno rodeando al personal médico que estaba atendiendo a los heridos.

Tres videos de cámaras de seguridad grabados sobre las 7:30 p.m. del 28 de enero de 2023 en la avenida Abancay de Lima muestran a un agente de policía disparando un arma antidisturbios de 37 mm directamente a un grupo de manifestantes que se encontraban a sólo unos 10 metros de distancia.[202] Uno de ellos, Víctor Santisteban Yacsavilca, de 55 años, se desplomó inmediatamente después del disparo, y una persona apartó con sus piernas lo que parece ser el cartucho de gas lacrimógeno disparado por el agente.[203] Un video grabado momentos después muestra a Santisteban sangrando por una herida en la cabeza. El proyectil disparado por el agente parece ser la causa de su muerte. La autopsia indica como causa de la muerte el impacto de un “elemento contundente duro”.[204]

Perdigones

La policía peruana también utilizó escopetas calibre 12 contra los manifestantes. El manual de normas internas de la policía sobre armas menos letales menciona las escopetas que disparan perdigones, pero no ofrece directrices sobre cómo utilizarlas ni especifica qué tipo de munición o tamaño de los perdigones están permitidos.[205] El jefe de la región policial de Lima dijo que se debe apuntar a la parte inferior del cuerpo. Dijo que la policía no ha establecido una distancia mínima permitida para disparar escopetas.

Los perdigones causaron al menos cinco muertes. Las víctimas fueron impactadas por varios perdigones, lo que indica que se les disparó a una distancia relativamente corta, ya que los perdigones se dispersan con la distancia.

Al menos 71 personas fueron atendidas en centros sanitarios privados y públicos por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas, según datos del Ministerio de Salud.

El jefe de la región policial de Lima dijo que la policía utilizó cartuchos que contienen 12 o 16 postas de goma endurecida.[206]

Sin embargo, los informes de balística de los perdigones recuperados de dos víctimas en Juliaca, realizados por expertos forenses del Ministerio Público, indicaron que eran de plomo. Según un informe, los perdigones de plomo recuperados pesaban 3,1 gramos, tenían un diámetro de 8,56 mm y podían ser disparados por una escopeta de calibre 12 o 16, o por un arma de fabricación casera.[207] La munición de escopeta con ese tipo de perdigones contiene nueve perdigones, añadió el informe. El otro informe señaló que los cinco perdigones recuperados pesaban 0,8 gramos cada uno, tenían 3,22 mm de diámetro y podían ser disparados por una escopeta del calibre 12 o un arma casera.[208] Los cartuchos con perdigones de este tamaño contienen unos 200 perdigones, añadió el informe.

Además, las radiografías de los perdigones hallados en el cuerpo de una persona fallecida y otra herida en Cusco muestran que son metálicos, señaló un experto forense que revisó las radiografías a pedido de Human Rights Watch.[209] “Los objetos de alta densidad aparecen blancos (en las radiografías). Si tiene alta densidad, es metálico”, dijo.

La policía peruana utiliza escopetas calibre 12 y pistolas antidisturbios de 37 mm. La policía no incautó ninguna escopeta de fabricación casera. Human Rights Watch no identificó ningún arma de fuego en manos de los manifestantes en las más de 37 horas de grabación de video y las más de 600 fotografías que revisó.

Los indicios apuntan a que en algunos lugares la policía utilizó perdigones de plomo, prohibidos por el reglamento policial.[210] No sería la primera vez que la policía utiliza munición prohibida contra manifestantes. Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de que la policía disparó canicas de vidrio y perdigones de plomo desde escopetas contra manifestantes en Lima en noviembre de 2020, matando a dos personas.[211]

A continuación, se muestran ejemplos del uso de perdigones en Juliaca, Cusco y Arequipa:

• En Juliaca, Puno, el 9 de enero de 2023 la policía utilizó escopetas cerca del aeropuerto a corta distancia, según un testigo, lo que parece haber causado dos muertes.[212] Gabriel Omar López Amanqui, de 35 años, se dirigía a su casa pasando el aeropuerto cuando recibió un disparo mortal.[213] La autopsia identificó 72 orificios en su cuerpo y señaló que “se extraen esferas metálicas blanquecinas pequeñas”.[214] Roger Rolando Cayo Sacaca, de 25 años, había estado observando las protestas en la Plaza de Armas de Juliaca y se dirigía a su casa cerca del aeropuerto cuando fue impactado en un ojo.[215] Según la autopsia, la causa de la muerte fue un perdigón “por densidad metálica”.[216] Un tercer hombre no identificado fue atendido por al menos 25 pequeñas heridas similares en el brazo derecho cerca de la misma hora, según diez fotografías y un video verificados por Human Rights Watch.

  

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• En Cusco, el Hospital Antonio Lorena atendió a seis civiles heridos por perdigones durante las protestas de enero de 2023.[217] Uno de ellos era Edgar Quispe Palomino, un hombre de 25 años de una comunidad rural.[218] Alrededor de las 4 p.m. del 11 de enero de 2023, Quispe observaba una protesta en la avenida 28 de Julio en Cusco, dijo. Al cruzar la calle para ver mejor, aparecieron tres policías y uno de ellos disparó con una escopeta. Cinco perdigones le impactaron a menos de 10 metros de distancia, según sus cálculos. “Le destrozaron la mayor parte del intestino”, dijo el cirujano que le atendió.[219] Continuaba hospitalizado al 3 de febrero de 2023.

  

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• En la misma protesta, a las 4:39 p.m., Rosalino Florez, estudiante de gastronomía de 21 años de una comunidad rural, resultó herido mortalmente. A medida que la policía avanzaba, los manifestantes retrocedían, dijo su hermano, Juan José, que presenció el incidente. Florez se quedó detrás de un árbol, según muestran las imágenes de cámaras de seguridad verificadas por Human Rights Watch.[220] Cuando un agente de policía se acercó apuntándole con una escopeta, Florez echó a correr. El agente abrió fuego contra Florez aproximadamente desde unos siete metros de distancia, impactándole en el lado izquierdo del cuerpo. Florez cayó, retorciéndose en el suelo. El agente no hizo nada por ayudarle. Una radiografía mostró alrededor de 30 perdigones en su cuerpo, que le causaron heridas en el estómago, el intestino, los pulmones y los riñones, según un informe médico.[221] Florez murió a consecuencia de sus heridas el 21 de marzo de 2023.

  

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• Jhan Carlos Condori Arcana, un manifestante de 30 años, murió en una protesta en Cerro Colorado, Arequipa, donde la policía estaba usando escopetas de perdigones el 19 de enero de 2023.[222] Los médicos encontraron tres perdigones completos y cuatro fragmentos de perdigones en su cuerpo, uno de los cuales le atravesó el corazón.[223] Una fotografía tomada momentos antes de que le dispararan muestra a Arcana refugiándose ante una línea de policías a 45 metros de distancia.

Uso de la fuerza según el derecho internacional y peruano

Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos, el Perú tiene la obligación de respetar los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y de prensa, a la integridad corporal y a no sufrir tortura ni tratos inhumanos o degradantes, y a la libertad.

Según el derecho internacional, las autoridades están obligadas a proteger las reuniones pacíficas, y sólo pueden restringirlas en la medida en que sea necesario y proporcionado para cumplir un objetivo legítimo, como proteger los derechos de los demás. Las fuerzas de seguridad deben evitar el uso de la fuerza para dispersar protestas pacíficas, aunque las consideren ilegales, y deben priorizar y planificar medios no violentos y de desescalada en la medida de lo posible.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en repetidas oportunidades que los militares sólo deberían intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos, y bajo una estricta fiscalización para asegurar que haya rendición de cuentas.[224]

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden hacer un uso letal de las armas de fuego cuando sea estrictamente inevitable para proteger vidas humanas. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley instan a las autoridades a informar sin demora de todo uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y a realizar investigaciones independientes de todos los homicidios o lesiones.[225]

Dos leyes peruanas no cumplen con estos estándares internacionales y deben ser derogadas. La primera es una ley de 2014 que otorga inmunidad legal a los policías y militares que maten o hieran a personas “en el cumplimiento de su deber”, un lenguaje tan amplio que podría abarcar acciones que pueden constituir violaciones de los derechos humanos.[226] La segunda es una ley de 2020 que revocó una disposición legal que establecía que todo uso de la fuerza por parte de la policía debía ser proporcional a la amenaza que se pretendía contrarrestar.[227]

A pesar de estos problemas en su marco legal interno, el Perú está obligado por el derecho internacional a que las fuerzas de seguridad observen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Estos principios están incorporados en el manual de operaciones de la policía y en la ley que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.[228] Además, la ley establece que la policía debe comportarse “con pleno respeto de los derechos fundamentales”.[229]

No existe ninguna ley o reglamento que establezca normas específicas para las operaciones de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en el mantenimiento del “orden interno” durante los estados de emergencia, lo que supone otra laguna legal problemática.[230]

La legislación peruana permite a la policía utilizar la fuerza letal sólo en caso de “peligro real e inminente de muerte o lesiones graves” para sí misma o para otras personas.[231] Del mismo modo, establece que los militares sólo pueden utilizar la fuerza letal cuando exista “peligro inminente de muerte o lesiones graves” y tienen prohibido “disparar indiscriminadamente”.[232]

 

IV. Violaciones al debido proceso y abusos contra detenidos

Abuso de los controles de identidad

La policía ha hecho un aparente uso indebido de una disposición legal excesivamente amplia que le permite detener a personas para verificar su identidad, con el objetivo de intimidar a manifestantes y mantenerlos detenidos temporalmente.

El Código Procesal Penal del Perú otorga a la policía la autoridad para pedir la identidad cuando sea “necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible”. Según el Código, los agentes de policía pueden llevar a las personas a una comisaría si no llevan un documento de identidad “para exclusivos fines de investigación”, aunque la policía debe tener en cuenta “la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada”.[233] El protocolo policial específico sobre control de identidad, emitido por una comisión conformada por representantes del gobierno, la fiscalía y el poder judicial, interpreta la ley de forma amplia, estableciendo que la policía puede llevar a las personas a la comisaría si existen dudas sobre la autenticidad de sus documentos de identidad.^[234] La ley establece que el proceso no debe durar más de cuatro horas desde el momento en que la policía solicita el documento de identidad y que las personas intervenidas durante los controles no deben ser conducidas a celdas ni puestas en contacto con personas detenidas.[235]

Mientras que la policía registra a las personas detenidas en una base digital de datos a la que los fiscales tienen acceso, las personas llevadas a comisarías para controles de identidad se registran en “un cuaderno físico”, según la policía.[236] La policía dijo a Human Rights Watch que no podía precisar cuántas personas fueron llevadas a comisarías para controles de identidad, pero afirmó que fueron “miles”.[237]

A continuación, se exponen algunos ejemplos de uso abusivo de los controles de identidad:

• El 6 de enero de 2023, la policía detuvo a unas 270 personas que protestaban frente a la Corte Suprema de Justicia, en el centro de Lima.[238] El general Víctor Zanabria, que ordenó la operación, dijo que llevaban varios días reunidos allí para protestar y que “algunos de ellos” habían estado lanzando piedras. La policía los condujo a una comisaría para realizar controles de identidad, “a pesar de que casi todos tenían identificación”, dijo el general Zanabria. Todos fueron puestos en libertad a las pocas horas. La Oficina del Defensor del Pueblo dijo que la policía no permitió a los detenidos comunicarse con sus familias.[239]
• Alrededor de las 4:00 p.m. del 19 de enero de 2023, la policía detuvo a ocho adultos, cuatro adolescentes de 17 años y uno de 14 años en donde se desarrollaba una protesta en Cusco.[240] La mayoría eran transeúntes, dijo un abogado defensor. La policía los llevó a una comisaría cercana, donde el abogado los vio a las 10:30 p.m. La policía no los había registrado como detenidos en su base de datos cuando llegó un fiscal de crimen organizado. El fiscal determinó que debían ser registrados como personas llevadas a control de identidad y ser puestos en libertad. Ello a pesar de que todos los adultos tenían su identificación, dijo el abogado. La policía dejó marchar a los adultos sobre las 11.30 p.m., pero mantuvo a los menores de 18 años bajo custodia hasta que llegaron sus padres. El último menor se marchó a las 2:00 a.m., aproximadamente 10 horas después de la detención.

Detenciones masivas

Los decretos de estado de emergencia emitidos tanto por el entonces presidente Castillo como por la presidenta Boluarte otorgaban a la policía la facultad de realizar detenciones y allanamientos de domicilios sin orden judicial, pero no suspendían otros derechos procesales.[241]

El 21 de enero de 2023, la policía llevó a cabo una operación desproporcionada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, aparentemente con base en las facultades otorgadas por los decretos de emergencia. Desde el 18 de enero de 2023, personas que habían viajado a Lima desde distintas regiones para manifestarse permanecían en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública más importante del país, por invitación de estudiantes que vivían allí.[242] En las primeras horas del 21 de enero, el apoderado judicial de la universidad envió una carta a la policía denunciando que un grupo de estudiantes y personas no identificadas habían tomado el control de las puertas de acceso “usando la violencia” contra los guardias de seguridad.[243] Esa misma mañana, cientos de agentes policiales[244] utilizaron un vehículo blindado para derribar un portón, dispararon gases lacrimógenos, entraron a dormitorios universitarios, obligaron a decenas de personas a echarse boca abajo en el suelo durante horas y detuvieron a 193 personas—entre ellas una mujer embarazada y su hija de 7 años.[245] La policía no avisó con anticipación a la Fiscalía y tampoco permitió que abogados y un equipo de la Oficina de la Defensoría del Pueblo entraran al campus universitario para asistir a los detenidos.[246] Tras el operativo, la universidad dijo que sólo había pedido a la policía que retomara el control de las puertas y que la operación había sido un “abuso de autoridad”, la cual había causado daños físicos y psicológicos a los estudiantes.[247] La policía mantuvo detenidas a las personas hasta el día siguiente.[248] Inicialmente, la policía interrogó a las personas sin la presencia de intérpretes de quechua o aimara, a pesar de que algunos de los manifestantes tenían dificultades para hablar español.[249] Una detenida dijo a Human Rights Watch que la policía la interrogó a ella y a su madre, sin la presencia de un abogado, sobre sus motivos para estar la universidad y “quién les pagaba”.[250] La policía liberó a algunos detenidos sin muchas de sus pertenencias, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.[251]

El Ministerio Público abrió investigaciones preliminares por el delito de usurpación contra 192 personas detenidas. Según la legislación peruana, la usurpación es el delito de apropiación de un inmueble, penado con hasta cinco años de prisión. La fiscalía también abrió una investigación preliminar contra un estudiante por su presunta afiliación a una organización “terrorista”, delito que conlleva una pena de prisión de hasta 10 años. Un documento de la policía afirma que la investigación se justifica porque las fuerzas de seguridad encontraron “documentación presuntamente de carácter terrorista” durante el registro de la habitación del estudiante.[252] El abogado que representa al estudiante dijo a Human Rights Watch que los documentos eran poemas escritos a mano, apuntes de clases y libros de Friedrich Hegel y Karl Marx.[253]

Tratos abusivos

La Defensoría del Pueblo documentó casos de golpizas y otros malos tratos físicos y psicológicos en detenciones y en las comisarías de Apurímac, Cusco, Puno y Lima.[254]

Por ejemplo, varias personas detenidas en el operativo de la Universidad de San Marcos denunciaron que la policía las golpeó e hizo comentarios discriminatorios contra los indígenas y los habitantes de zonas rurales que fueron detenidos.[255] Esteban Godofredo, un estudiante de 20 años que vive en la residencia universitaria, dijo que se encontraba en el edificio de la facultad de Ciencias Sociales cuando escuchó que disparaban escopetas de gas lacrimógeno. Al intentaba salir del campus, un agente policial lo interceptó en la puerta número nueve, lo golpeó con su vara, lo tiró al suelo y le dio patadas. Tres videos del accionar policial contra Godofredo y de las lesiones que sufrió, verificados por Human Rights Watch, están en línea con su relato. La policía lo dejó en libertad sin cargos. Un documento médico muestra que sufrió un desgarro muscular en la pantorrilla derecha y hematomas en todo el cuerpo.[256] Cruz Silva, abogada de 42 años del Instituto de Defensa Legal, dijo que la policía empujó y acosó a un periodista que estaba grabando una detención en una de las puertas del campus.[257] Silva había dado la espalda a un agente policial para acercarse al periodista cuando el agente la golpeó en la pantorrilla derecha con su vara, dijo. Un documento médico muestra que Silva sufrió un desgarro muscular.[258]

La Defensoría del Pueblo denunció que en Cusco dos mujeres fueron recluidas en la misma celda que los hombres, lo que las puso en riesgo de sufrir violencia.[259]

Las 193 personas detenidas en la Universidad de San Marcos fueron llevadas a tres dependencias policiales que no contaban con espacio suficiente para alojarlas, generando hacinamiento, dijo la Defensoría del Pueblo.[260] En una de esas dependencias, la policía separó a los detenidos por género en grupos de ocho personas, dijo Nancy Crispín Enríquez, una manifestante de 35 años de la región de Huancavelica. Dos mujeres policías ordenaron a quienes conformaban el grupo de Crispín, incluida su madre de 62 años, que se desnudaran en el baño. Luego las registraron.[261] Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Lima, la policía también obligó a grupos de hombres detenidos a desnudarse para ser registrados.[262]

La policía no proporciona alimentos ni otros artículos de primera necesidad a las personas que detiene en comisarías porque no dispone de fondos del Ministerio del Interior para ello, según la Defensoría del Pueblo.[263] La ley permite a la policía retener a los detenidos hasta 48 horas antes de que un fiscal decida si deben ser puestos en libertad o llevados ante un juez.[264] Los familiares deben llevarles comida, agua, productos menstruales y medicinas, por lo que las personas detenidas que no tienen familiares cerca suelen carecer de estos artículos.

Cipriano Quispe Laura, de 36 años, quien fue detenido por presuntamente arrojar piedras a una comisaría, dijo que estuvo detenido durante 48 horas en una comisaría en Cusco sin comida ni agua el 14 de diciembre de 2022.[265] También dijo que la policía no le permitió hacer una llamada. En otro caso, también en Cusco, el 11 de enero de 2023, la defensora del pueblo dijo que soldados y policías comieron la comida que los familiares habían acercado a las personas detenidas en protestas.[266]

Estándares internacionales sobre garantías del debido proceso y condiciones de detención

El Perú tiene obligaciones vinculantes como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben el arresto y la detención arbitrarios, así como la tortura y otros malos tratos a los detenidos.[267] Los estándares internacionales también exigen que los abusos se investiguen de forma efectiva y, dado el caso, se procesen. También exigen que las víctimas tengan acceso a un recurso.

Además, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos—Reglas Nelson Mandela—establecen que las personas bajo custodia del Estado deben disponer de espacio adecuado, ventilación apropiada, iluminación, calefacción, saneamiento, agua limpia, alimentación adecuada y nutritiva y un entorno limpio.[268]

 

V. Acoso y violencia contra periodistas

Durante su gobierno, el expresidente Castillo arremetió contra el periodismo.[269] La retórica de Castillo llevó a sus partidarios a atacar de forma violenta a periodistas, según asociaciones de prensa.[270]

El acoso y los ataques contra periodistas se intensificaron durante la actual ola de protestas. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) documentó 155 casos, entre hostigamientos, amenazas, golpes y detenciones arbitrarias, desde el 7 de diciembre de 2022 hasta enero de 2023.[271]

En la mayoría de los 59 casos de agresiones registradas en diciembre, los agresores fueron manifestantes, según la ANP. En más del 70 % de los 96 casos registrados en enero, los agresores fueron las fuerzas de seguridad. Ejemplos de ambos incluyen:

• El 15 de diciembre de 2022, manifestantes en la pista del aeropuerto de Ayacucho acosaron a la periodista Natali Loayza, de 31 años, que transmitía en directo las protestas. “Atenete a las consecuencias”, la amenazó un manifestante. Le rompieron las gafas, recuerda Loayza. Dejó de grabar en el momento, pero reanudó otra grabación más tarde.[272]
• El 7 de enero de 2023, la policía amenazó con matar al fotoperiodista Aldair Mejía, de 24 años, mientras tomaba fotografías de una detención en Juliaca, según dijo. Los agentes le golpearon con un escudo e intentaron quitarle su credencial de prensa. El periodista huyó y, horas después, mientras seguía cubriendo las protestas, un proyectil no identificado le rompió la tibia derecha.[273]
• El 4 de febrero, un agente de policía golpeó en el pecho a la periodista Paola Ugaz, de 49 años. Ugaz había estado cubriendo las protestas en Lima cuando grupos de policías aparecieron en las esquinas de las calles, rodeando a los manifestantes y acorralándolos, dijo Ugaz a Human Rights Watch. Ugaz mostró la credencial de prensa que llevaba colgada de su cuello cuando un agente se le acercó, pero eso no le disuadió de propinarle el puñetazo.[274] Un documento médico revisado por Human Rights Watch muestra que Ugaz sufrió una contusión torácica.[275]
• El 28 de febrero, en las puertas del Hospital Grau de Lima, adonde trasladaban a los manifestantes heridos, la periodista Valia Aguirre, de 27 años, transmitía en directo mientras agentes de policía la atacaban con sus escudos y le terminaron arrebatando su teléfono móvil. En repetidas ocasiones se identificó ante ellos como prensa. “Fue una humillación, simplemente estaba haciendo mi trabajo”, dijo Aguirre a Human Rights Watch.[276]

Políticos identificados con la derecha y sus partidarios han atacado a periodistas antes y durante las actuales protestas.[277] Un grupo de derecha denominado “La Resistencia” ha publicado las direcciones y se ha reunido frente a los domicilios de periodistas y las oficinas de defensores de derechos humanos. Los miembros del grupo han insultado, acosado y agredido físicamente a periodistas, según las asociaciones de prensa.[278]

El 1 de marzo de 2023, el gobierno publicó un protocolo “de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público” que violaba los estándares internacionales sobre libertad de prensa.[279] Decía que la policía antidisturbios “sugeriría” a los reporteros dónde situarse durante las protestas. De no seguir la “sugerencia”, cualquier daño que sufrieran sería “su responsabilidad”.

El protocolo no detalla qué deben hacer los agentes de policía para proteger a los periodistas que cubren las protestas. Sin embargo, decía que cuando los agentes de policía detectaran un acto de violencia contra los reporteros, debían denunciarlo a los fiscales, pero no decía qué debía ocurrir cuando era la policía la que amenazaba y agredía a los reporteros, o intentaba impedir su trabajo o destruir su material audiovisual. El protocolo no establece medidas para facilitar que los periodistas denuncien a las autoridades los abusos policiales, ni para garantizar que esas denuncias den lugar a investigaciones penales o de asuntos internos.

 

VI. Investigación de abusos y actos de violencia

La impunidad por abusos del pasado lleva a nuevos abusos

En noviembre de 2020, miles de manifestantes, en su mayoría pacíficos, salieron a las calles de Lima para protestar por la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra a través de un proceso de dudosa legalidad y su sustitución por el presidente del Congreso, Manuel Merino.[280] Tras seis días de protestas, el entonces presidente Merino renunció.

Dos manifestantes murieron y más de 200 resultaron heridos, algunos de gravedad, entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020. En un informe publicado en diciembre de 2020, Human Rights Watch concluyó, sobre la base de declaraciones de testigos y otras pruebas, que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza en repetidas ocasiones contra los manifestantes, incluyendo disparar gases lacrimógenos directamente contra la multitud. Además, la evidencia sugería claramente que los agentes dispararon perdigones de plomo y canicas de vidrio contra la multitud.[281]

En noviembre de 2021, un informe de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, que citaba documentos internos de la policía y pruebas recopiladas por Human Rights Watch, entre otras fuentes, identificó graves irregularidades cometidas por la policía en respuesta a las protestas de 2020.[282] Asimismo, determinó que los agentes de policía no intentaron comunicarse o negociar con los manifestantes y, en su lugar, hicieron un “uso innecesario de la fuerza”, provocando una reacción de los manifestantes que empeoró la situación. También concluyó que la policía hizo un uso de las armas menos letales “intensivo e indiscriminado... que no est[uvo] dirigido a dispersar a la multitud sino a atacar a los manifestantes, e incluso a personas que no representaban ningún peligro”, lo que causó numerosos heridos. Dicho uso, que violaba las leyes y reglamentos del Perú sobre el uso de la fuerza, fue ordenado o, cuando menos, permitido por los mandos, concluyó el informe.

Sin embargo, al día de hoy, nadie ha rendido cuentas por los abusos de 2020.[283]

La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, dependiente de la Oficina de Integridad, recomendó la adopción de medidas disciplinarias contra 11 mandos policiales por “infracciones graves y/o muy graves”.[284] Sin embargo, las recomendaciones de la oficina no son vinculantes. El inspector general de la policía, que es un funcionario policial, es quien toma la decisión final sobre si adoptar o no las medidas disciplinarias. En julio de 2021, el entonces inspector general los absolvió de toda responsabilidad. En febrero de 2023, el actual inspector general reafirmó esa decisión, concluyendo que no había pruebas de “uso ilegal o excesivo de la fuerza por parte de la policía” durante las protestas de 2020.

Tampoco se han exigido responsabilidades penales. En el Perú, el Congreso tiene que aprobar la apertura de procesos penales contra expresidentes y otros altos cargos por acciones llevadas a cabo durante su mandato.[285] En junio de 2022, una subcomisión del Congreso aprobó un informe profundamente defectuoso, redactado por un congresista, que ignoraba las pruebas de los abusos cometidos contra los manifestantes y rechazaba la petición de la fiscal de la Nación de enjuiciar al expresidente Merino, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior al momento de los hechos.[286] En febrero de 2023, seguía abierta una investigación contra agentes de policía de rango inferior por su responsabilidad en los abusos.[287]

Human Rights Watch incluyó una serie de recomendaciones en el informe de 2020 para evitar futuros abusos por parte de la policía, incluida una revisión del sistema disciplinario, que carece de transparencia e independencia.[288] El informe de 2021 del Ministerio del Interior también pedía mejoras en los protocolos y en la formación de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Durante los nueve meses posteriores a la renuncia de Merino, el gobierno, encabezado por el presidente interino Francisco Sagasti, creó un grupo de trabajo que presentó un informe en 2021, en el que también se citaba el trabajo de Human Rights Watch, con unas 90 medidas para “fortalecer y modernizar” la policía.[289] Sin embargo, esas medidas nunca se aplicaron y el presidente Castillo, que sucedió a Sagasti, no hizo ningún esfuerzo por reformar la policía.

Investigaciones de asuntos internos

A diferencia de lo ocurrido tras los abusos de 2020, la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior no ha iniciado ninguna investigación sobre la conducta policial durante la actual oleada de protestas, según informó el ministerio a Human Rights Watch.[290]

El 7 de febrero de 2023, el director de investigaciones de la oficina de asuntos internos de la policía dijo a los investigadores de Human Rights Watch que, hasta esa fecha, había abierto 47 investigaciones preliminares, correspondientes a cada caso en el que había muerto un civil.[291] Cuando se le preguntó si había investigaciones sobre lesiones a manifestantes o transeúntes, respondió “supongo que sí”. Pero no pudo facilitar un número ni más detalles. Más tarde dijo que los heridos no presentaban denuncias contra la policía porque, en su opinión, todos estaban implicados en actos violentos.

Ningún agente de policía ha sido sancionado ni apartado del servicio, según la oficina de asuntos internos.[292]

Investigaciones penales

La fiscal de la Nación Patricia Benavides informó a Human Rights Watch que, al 8 de febrero de 2023, su oficina había abierto 189 investigaciones sobre muertes y lesiones de manifestantes y transeúntes y sobre actos de violencia por parte de manifestantes.[293]

Fiscales especializados en derechos humanos habían abierto 10 investigaciones sobre posibles abusos cometidos por policías y militares, relacionadas con 18 homicidios y 96 personas heridas, 1 caso de tortura y 5 casos de abuso de autoridad por hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023.[294] Esas investigaciones se realizaron en localidades donde hay fiscales especializados en derechos humanos. En otras localidades, los fiscales penales eran los encargados de las investigaciones.

En el Perú, hay 47 fiscales especializados en derechos humanos.[295] En el sur, donde se han producido la mayoría de los abusos, sólo había cuatro, todos en Ayacucho, al 3 de marzo de 2023, cuando la fiscal de la Nación abrió una plaza de fiscal de derechos humanos en Juliaca.[296] Un abogado que representa a las familias de muchas de las 18 personas que murieron en Juliaca dijo que el fiscal fue transferido de una fiscalía ordinaria de otro lugar y no tenía experiencia en derechos humanos.[297]

En diciembre de 2022, la fiscal de la Nación ordenó a los fiscales especializados en crimen organizado que respondieran ante cualquier posible delito durante las protestas—incluidos posibles abusos de las fuerzas de seguridad—en lugares donde hubiera fiscales especializados en derechos humanos. La orden ponía implícitamente el foco de las investigaciones en la violencia de los manifestantes y sugería que estaban vinculados al crimen organizado. En la práctica, cuando la policía detiene a alguien en las protestas, llama al fiscal especializado en crimen organizado, que revisa el caso y lo envía a un fiscal penal si no hay indicios de implicación del crimen organizado.[298]

A principios de febrero de 2023, fiscales habían iniciado dos investigaciones contra organizaciones criminales en relación con las protestas, una contra varias personas acusadas de pertenecer a una organización criminal en Cusco y otra contra personas acusadas de cobrar a los vehículos por pasar por un control de carretera en Lima.[299]

La falta de fiscales especializados en derechos humanos crea desafíos para las investigaciones relacionadas con las protestas, ya que en algunos lugares el mismo fiscal penal que está a cargo de investigar posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad también puede estar a cargo de investigar la violencia de los manifestantes. Por ejemplo, en Arequipa, donde no había fiscal especializado en derechos humanos, una fiscal penal abrió una investigación sobre las lesiones sufridas por manifestantes y transeúntes, como también sobre los disturbios “en agravio de” agentes de policía por parte de manifestantes en La Joya el 22 de enero de 2023.[300] En tales circunstancias, los testigos pueden tener miedo de presentarse para dar testimonio de los abusos y admitir que estuvieron en la protesta.

Human Rights Watch ha identificado graves deficiencias en algunas investigaciones penales, incluyendo la omisión de recoger pruebas iniciales clave, que pueden comprometer toda la investigación. Por ejemplo, en algunos casos, las autoridades no preservaron el lugar de los hechos ni recogieron casquillos de bala y otras evidencias, incluso cuando, como en el caso de Juliaca, una de las escenas de los hechos se encontraba a dos cuadras de una comisaría.[301] En varias investigaciones, fiscales no ordenaron que se hicieran a militares y policías pruebas de absorción atómica. Dichas pruebas, cuyo objetivo es determinar si una persona disparó un arma de fuego, deben realizarse en las horas siguientes a disparar.[302]

Por ejemplo, videos y testimonios muestran a policías usando armas de fuego contra manifestantes en La Joya, en la provincia de Arequipa, el 22 de enero de 2023, pero fiscales no les realizaron pruebas de absorción atómica. En cambio, un equipo forense enviado por la fiscalía intentó realizar pruebas de absorción atómica de al menos dos personas heridas de bala, mientras eran atendidas en el hospital, en febrero de 2023, dijeron esas dos personas.[303] Un video obtenido por Human Rights Watch muestra al equipo forense intentando realizar una prueba de absorción atómica en el hospital. Las autoridades no decomisaron armas de fuego a los manifestantes y ninguno de los videos revisados por Human Rights Watch muestra a manifestantes utilizando armas de fuego.

En dos casos en Andahuaylas, fiscales no realizaron autopsias antes de que los cuerpos fueran enterrados.[304] Casi tres meses después, se exhumaron los cuerpos y se realizaron las autopsias.[305]

En Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca, la Fiscalía aún no había decomisado ningún arma para su análisis balístico, más de seis semanas tras las muertes de manifestantes y transeúntes.[306] En Arequipa, la policía de homicidios que investiga el asesinato de Miguel Arcana, de 38 años, que murió de un disparo en Cerro Colorado el 12 de diciembre de 2022, ordenó a los agentes de la comisaría cercana al lugar donde fue asesinado que entregaran sus armas letales, pero sólo “gradualmente”.[307] La orden no aclara quién decide qué armas deben entregarse y en qué orden o plazo.

En Cusco y Arequipa, fiscales no solicitaron las imágenes de video de seguridad de los lugares en los que resultaron personas heridas o muertas, según abogados que representan a las víctimas.[308] Estas grabaciones de video suelen borrarse transcurridos entre 30 y 90 días, aunque ello depende del propietario.

En varios casos, fiscales no entrevistaron a militares y policías meses después de los hechos. Para marzo de 2023, en Juliaca, donde 18 personas murieron a causa de las heridas sufridas el 9 de enero de 2023, la Fiscalía no había tomado declaración a los miembros de las fuerzas de seguridad, según un abogado que representa a muchas de las víctimas.[309]

La fiscalía especializada en derechos humanos en el Perú no tiene peritos forenses asignados a sus casos, sino que solicita los peritajes a cualquier experto que trabaje para el Ministerio Público en todo tipo de casos. Eso impide que se puedan especializar en investigaciones sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía cuenta con un núcleo de peritos forenses ubicados en Lima que apoyan las investigaciones en todo el país. Las fiscalías de las regiones dependen de estos servicios porque no cuentan con un presupuesto suficiente para pagar todos los peritos forenses que necesitan.[310] En lugar de tratar de mejorar el análisis forense a nivel nacional, el 27 de febrero de 2023 el gerente de la oficina de peritajes de la fiscalía ordenó la suspensión inmediata de los servicios periciales realizados en la capital. Afirmó que la suspensión se debía a “un proceso de reorganización” determinado por sus superiores. El gerente señaló que, si los fiscales de provincias necesitan un análisis forense que sea “prioritario y urgente”, deben solicitarlo a los fiscales jefes de su región. La jefa de una fiscalía provincial dijo a Human Rights Watch que, “en la práctica”, la orden suspende los peritajes en las provincias debido a la falta de un presupuesto suficiente para pagarlos.[311]

El 31 de marzo de 2023, la fiscal de la Nación creó un equipo especial de fiscales para investigar violaciones de derechos humanos, delitos contra defensores de derechos humanos y ciertos delitos graves contra periodistas durante las protestas desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2023.[312] El grupo también investigará los actos de violencia durante las protestas y cualquier caso en donde se involucre el crimen organizado. La fiscal de la Nación designó a 11 fiscales para integrar el equipo, coordinado por una fiscal superior de derechos humanos, hasta junio de 2023, y ordenó que todos los casos se trasladen a Lima, incluidos los que investigan los fiscales especializados en derechos humanos de Ayacucho y Juliaca.[313] Las asociaciones de víctimas de esas dos ciudades criticaron la medida de la fiscal de la Nación, afirmando que no se les había consultado sobre la creación del grupo y que el traslado de los casos a Lima dificultaría el seguimiento de los avances y su participación en la investigación.[314] Las organizaciones no gubernamentales locales también expresaron su preocupación por el hecho de que los fiscales que forman parte del equipo tengan poca o ninguna experiencia en la investigación de abusos contra los derechos humanos.[315] Les preocupa, además, que al nombrarlos sólo hasta junio de 2023, la fiscal de la Nación pueda influir en el curso de la investigación, ya que podría decidir no renovar el nombramiento de algunos fiscales.

El equipo de fiscales debe aprovechar la centralización de todos los casos para rastrear la cadena de mando e investigar la responsabilidad de los mandos policiales y militares y de las autoridades civiles en los abusos cometidos en todo el país.

El 31 de marzo, la fiscal de la Nación también anunció en un comunicado de prensa que había solicitado fondos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas para abrir fiscalías de derechos humanos en los 34 distritos fiscales del Perú.[316]

Responsabilidad de altos funcionarios en los abusos

En enero de 2023, la fiscal de la Nación inició una investigación preliminar contra la presidenta Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Otárola, el ministro de Defensa Jorge Chávez, los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y el exjefe del Estado Mayor Pedro Angulo, por homicidio y lesiones graves cometidos durante las protestas, entre otros delitos.[317]

Los fiscales tienen la obligación de investigar y, en su caso, procesar, no sólo a los militares y policías que cometieron delitos, sino también a sus superiores y a las autoridades civiles que pueden haber ordenado los abusos, permitido o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos por parte de militares y policías y garantizar la rendición de cuentas.

La presidenta Boluarte ha insistido en que los fiscales deben investigar los hechos. Pero su gobierno no parece haber dado ningún paso concreto para poner en marcha investigaciones internas sobre lo ocurrido, ni para evitar que aumente el número de víctimas mortales.

Hay fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas.

Ya a mediados de diciembre de 2022 aparecieron pruebas de que la policía y miembros de las Fuerzas Armadas estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza. Entre el 11 y el 14 de diciembre de 2022, seis personas murieron durante las protestas en la provincia de Andahuaylas, al menos cuatro de ellas tras recibir disparos de armas letales, según las autopsias y los registros médicos revisados por Human Rights Watch. Testigos dijeron que la policía utilizó armas letales contra manifestantes en ese lugar. En el mismo período de tiempo, un hombre murió en Arequipa y otro en La Libertad, ambos por heridas de bala.

El 15 de diciembre, militares dispararon fusiles de asalto contra manifestantes y transeúntes en Ayacucho, causando 10 muertos y decenas de heridos. El 17 de diciembre, el entonces ministro de Defensa Alberto Otárola dijo en una conferencia de prensa con la presidenta Boluarte que los sucesos de Ayacucho “se circunscribieron a una lamentable secuela de actos fallidos por estos violentistas, cuando tanto la policía como las Fuerzas Armadas protegían un bien crítico… como lo es el aeropuerto de Ayacucho”.[318] Añadió que los miembros de las Fuerzas Armadas habían “escrupulosamente respetado” el “uso adecuado de la fuerza”, les expresó su apoyo y les prometió “la protección legal del Estado”. Cuatro días después, la presidenta Boluarte nombró a Otárola presidente del Consejo de Ministros.

El nuevo ministro de Defensa Jorge Chávez dijo a Human Rights Watch a principios de febrero de 2023 que el informe militar que recibió sobre los sucesos de Ayacucho afirmaba que una patrulla militar fue “emboscada” por manifestantes y que los soldados abrieron fuego en defensa propia.[319] Sin embargo, los videos y los testimonios de testigos recopilados por Human Rights Watch contradicen esta versión. Las muertes se produjeron durante un período de tiempo de más de cuatro horas en diferentes lugares. Las fuerzas de seguridad no decomisaron armas de fuego a los manifestantes.[320] Las autoridades desplegaron soldados para enfrentarse a los manifestantes por su cuenta y no en apoyo de la policía, sin armas menos letales ni escudos, sólo con sus fusiles de asalto Galil.[321]

En total, 22 manifestantes y transeúntes murieron en diciembre de 2022. Ese mes, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales advirtieron públicamente sobre los indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y pidieron a las autoridades del Perú que llevaran a cabo investigaciones exhaustivas.[322]

Las protestas cesaron durante las fiestas de Navidad, pero se reanudaron en enero, al igual que las muertes.

Mientras tanto, la retórica del gobierno a menudo parecía excusar o minimizar los abusos.

Durante una conferencia de prensa televisada el 10 de febrero, la presidenta Boluarte sólo reconoció la posibilidad de un mal comportamiento policial, diciendo: “si han habido excesos por parte de la policía en las detenciones y demás, lamentamos esas acciones”.[323] A continuación destacó la violencia de los manifestantes e insinuó que sus actos equivalían a terrorismo.

El gobierno también intentó desviar la atención de las fuerzas de seguridad y culpar a otros de las muertes sin aportar ninguna prueba. Aunque la evidencia disponible indica que la policía mató a 18 manifestantes en Juliaca el 9 de enero de 2023, la presidenta Boluarte afirmó que la “mayoría” de los que murieron lo hicieron con armas de fabricación casera. En otra afirmación que no respaldó con pruebas, sugirió que las armas de fuego y municiones que ingresan al Perú desde Bolivia podían estar causando las muertes de los manifestantes.[324]

Asimismo, el primer ministro Otárola afirmó que las muertes “son responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país”,[325] mientras calificaba a la policía de “héroes de la patria”.[326]

A principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación sobre la conducta policial. Ningún agente de la policía había sido sancionado ni apartado del servicio para ese momento.

Según los estándares internacionales de derechos humanos, los superiores pueden ser considerados responsables de abusos si conocían o debían haber conocido los delitos cometidos por quienes estaban bajo su autoridad, o si no tomaron todas las medidas necesarias y razonables para impedir que se produjeran, o para que se investigaran y enjuiciaran los hechos.[327]

 

VII. Deterioro del Estado de derecho y agravamiento de las amenazas a las instituciones democráticas

Desde Lima, las autoridades no han abordado ni debatido las raíces de las protestas.

Aunque el descontento social contra el Congreso y la presidencia era alto durante el gobierno de Castillo, el problema ha empeorado y puede haberse agravado no sólo por la represión de las protestas, sino también por la percepción de que muchos funcionarios gobiernan para su propio beneficio, independientemente de su afiliación política, y aprovechan el cambio en la presidencia para afianzarse aún más en el poder.

Para muchos peruanos, la reiterada negativa del Congreso de adelantar las elecciones, que ha sido la principal demanda de los manifestantes, refleja el interés personal de los congresistas de mantenerse en sus puestos, ya que no pueden ser reelectos. La analista política peruana Paula Muñoz señala que se ha producido un “deterioro democrático continuo” en el que actores políticos muy débiles, sin experiencia y desconectados de la población están ahora en puestos públicos “para ganar su sueldo... para explotar [su cargo] al máximo”.[328] Walter Albán, exdefensor del Pueblo, exministro del Interior y director de Proética, el capítulo peruano de la organización Transparencia Internacional, afirmó que, aunque los políticos y los medios de comunicación suelen enmarcar el debate público en términos de izquierda o derecha, en realidad suele existir una “alianza” entre políticos de distintas afiliaciones revestida de un discurso político de izquierda contra derecha que no se basa en ideologías o programas reales, sino que en realidad refleja claros intereses económicos y personales.[329]

Mientras tanto, distintos sectores del Estado han ido tomando medidas para debilitar los controles sobre su poder.

Nuevas acusaciones de intereses personales al servicio de la política

El Congreso y el poder ejecutivo llevan años salpicados por escándalos de corrupción e intereses personales en el manejo de las políticas públicas. Estos escándalos han ido en aumento desde diciembre de 2022, y algunos sectores del Congreso han adoptado repetidamente medidas que parecen destinadas a limitar la rendición de cuentas del poder legislativo.

Veintitrés miembros del Congreso, junto con tres exmiembros del gabinete y el expresidente Castillo están siendo investigados penalmente por tráfico de influencias durante el gobierno de este último en el caso “Los Niños”.[330] La propia presidenta Boluarte está siendo investigada, junto con el expresidente Castillo, por la presunta recepción de financiamiento ilícito a su campaña electoral por parte de un empresario.[331] Boluarte ha negado las acusaciones.

Sólo en el primer trimestre de 2023, ha habido nuevas denuncias o reportes sobre usos cuestionables de fondos estatales por parte de los congresistas. Según los medios de comunicación, en diciembre de 2022 el Congreso decidió cuadruplicar la cantidad de dinero destinada a los almuerzos diarios de los congresistas.[332] Además, han reportado que varios congresistas utilizaron fondos estatales para lo que habrían sido viajes personales durante las vacaciones de Año Nuevo.[333]

También a principios de 2023, una ley que socava la independencia del sistema de supervisión y acreditación de las instituciones de educación superior, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), entró en vigor. En 2014, la entonces composición del Congreso había dispuesto la creación de ese sistema tras numerosos escándalos por la proliferación de institutos y universidades privadas que otorgaban títulos, cobrando altas sumas a personas de bajos recursos, sin cumplir los estándares mínimos para una educación de calidad. En los años siguientes, actores de la política—incluidos varios que, según algunos reportes, eran propietarios o tenían vínculos estrechos con universidades que habían perdido su acreditación—intentaron repetidamente socavar ese sistema. Finalmente lo consiguieron en 2022 cuando el Congreso actual aprobó una ley que debilita drásticamente la independencia de la SUNEDU respecto a las universidades que supervisa. En febrero de 2023, basándose en esta ley y en una resolución del Tribunal Constitucional que permitía su entrada en vigor, una nueva junta directiva se hizo cargo de la SUNEDU en medio de críticas por los vínculos existentes entre sus miembros y las instituciones educativas que supervisan.[334] La baja calidad de la educación perpetúa las desigualdades en el Perú.

Debilitamiento de los sistemas de pesos y contrapesos

Tribunal Constitucional

Durante años han existido preocupaciones en el Perú respecto de algunos sectores del Congreso, particularmente aquellos vinculados a Keiko Fujimori, que buscan controlar el Tribunal Constitucional del país. En 2019, el Congreso inició un proceso expedito, opaco e irregular para tratar de seleccionar a seis de los siete magistrados que integrarían el tribunal, que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera una declaración expresando su preocupación por la falta de transparencia en el proceso. También provocó una confrontación entre la oposición y el entonces presidente Vizcarra que condujo a la disolución de esa legislatura.[335]

En 2021, de cara a un nuevo proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, grupos de la sociedad civil exitosamente presionaron para que se estableciera un grupo internacional independiente de expertos, presidido por el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Carlos Ayala, para supervisar el proceso. A lo largo de más de un año, el grupo de expertos hizo comentarios sobre las distintas medidas que estaba adoptando el Congreso en el proceso de selección y formuló repetidas recomendaciones para garantizar la independencia judicial y la selección de candidatos calificados. A pesar de las reiteradas peticiones del grupo de expertos, el Congreso nunca se reunió con ellos.[336]

En mayo de 2022, el Congreso eligió a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, en medio de críticas por la aparente escasa calificación de algunos candidatos y la falta de transparencia durante el proceso.[337] La comisión del Congreso que dirigía el proceso de selección había presentado al pleno del Congreso una lista de seis candidatos para seis vacantes, lo que impidió una verdadera selección.[338] El Congreso votó a favor de los seis, sin celebrar un debate sobre las candidaturas, en una sesión cerrada al público.

En su informe final sobre el proceso, el grupo internacional de expertos describió múltiples irregularidades y deficiencias en el proceso, incluyendo la falta de transparencia que otros habían señalado, entrevistas inadecuadas a los candidatos, así como amplias discrepancias en los criterios aplicados para evaluar a los candidatos. El grupo señaló que un proceso con una discrecionalidad tan amplia “deja de estar fundado en la meritocracia y, más bien, permite que se generen dudas sobre la imparcialidad de las y los evaluadores”.[339] Las deficiencias del proceso dejaron a muchos observadores en el Perú preocupados por la independencia del tribunal.

Estas preocupaciones se agudizaron en enero de 2023, cuando la nueva composición del Tribunal Constitucional falló en contra de una impugnación presentada por 33 congresistas contra la problemática ley que el Congreso había aprobado para debilitar a la SUNEDU.[340] Al impugnar la ley y obtener un fallo que la mantiene, los congresistas, que en realidad apoyaban la ley, se aseguraron que ella ya no enfrentaría otras impugnaciones en la justicia.[341] Un magistrado expresó su disenso argumentando, entre otros puntos, que si los congresistas que presentaron la impugnación hubieran expuesto sus “verdaderas intenciones”, el tribunal habría tenido que negarse a conocer el caso, calificando su comportamiento de “altamente cuestionable”.[342]

En febrero de 2023, el Tribunal Constitucional emitió otro fallo, sin publicar inicialmente la decisión, a favor de una impugnación del Congreso a una serie de fallos de tribunales inferiores que, según los legisladores, interferían indebidamente en sus funciones.[343] Dichas sentencias incluían la decisión de aplazar o suspender el proceso de selección del próximo Defensor del Pueblo por parte del Congreso mientras se resolvían varias impugnaciones, y la de poner fin a los esfuerzos del Congreso por investigar y destituir a las autoridades electorales que no figuraban en la Constitución como sujetos de investigación y destitución por parte del órgano legislativo.[344] Expertos señalaron que el fallo del Tribunal Constitucional significaba, en la práctica, que el Congreso podía operar sin supervisión judicial.[345] La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, llegó a afirmar en los medios de comunicación que, con este fallo, el Tribunal Constitucional estaba “destruyendo” las instituciones peruanas, señalando que el tribunal estaba estableciendo que “el Congreso ya no va a poder ser controlado por el Poder Judicial en el ejercicio de sus atribuciones. Además, se rompe el equilibrio de poderes y todo el poder se concentra en el Congreso. Se vuelve intocable”.[346]

Elección del próximo Defensor del Pueblo

El Congreso está avanzando activamente hacia la selección de una nueva autoridad para la Defensoría del Pueblo, que ha desempeñado un papel clave en la documentación de abusos en el contexto de las protestas y en otros casos. El Congreso había intentado nombrar a un nuevo Defensor del Pueblo en 2022 en otro proceso criticado por grupos de la sociedad civil y que el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo había impugnado ante los tribunales por falta de transparencia y participación pública, así como por preocupaciones respecto de los criterios de selección, entre otros motivos.[347] Un tribunal dictaminó que el proceso debía suspenderse mientras la impugnación del sindicato seguía su curso en los tribunales, pero la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2023 anuló esa impugnación, allanando el camino para que el Congreso continúe adelante. Ante el nuevo escenario, si se lleva a cabo un proceso de selección que no garantiza la independencia del Defensor del Pueblo, dicho proceso no contaría con control judicial.[348]

Ataques al sistema electoral nacional

Sectores del Congreso, incluyendo muchos que falsamente denunciaron fraude electoral tras la elección de Castillo, han estado tomando medidas para socavar la independencia del sistema electoral nacional.

El fallo del Tribunal Constitucional de febrero de 2023 les abrió la puerta para hacerlo, ya que el tribunal ordenó al Congreso modificar el artículo 99 de la Constitución para otorgarle la facultad de investigar y destituir a diversas autoridades electorales.[349]

Varios proyectos de ley ahora pendientes en el Congreso harían precisamente eso.[350] El jefe del Jurado Nacional Electoral ha advertido públicamente del “enorme riesgo que tiene por objetivo el doblegamiento de la independencia [del tribunal] con la finalidad de obtener resultados políticos a como dé lugar”.[351]

 

VIII. La respuesta internacional a la crisis

Aunque algunos gobiernos extranjeros han condenado los abusos de las fuerzas de seguridad, otros no han defendido los derechos humanos de forma consistente.

Chile, Ecuador, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países correctamente se pronunciaron en defensa del Estado de derecho tras el fallido golpe de Castillo.[352]

El 19 de diciembre de 2023, la Unión Europea dijo estar “muy preocupada” por las muertes de civiles, algunos por armas de fuego; condenó cualquier uso de la violencia y el uso excesivo de la fuerza; y defendió el derecho “a la protesta pacífica”.[353] Para entonces, ya habían muerto 21 manifestantes y transeúntes. Durante enero y febrero, la Unión Europea siguió condenando el uso “desproporcionado” y “excesivo” de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.[354]

Asimismo, Chile pidió a las autoridades peruanas que respetaran los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, y que garantizaran una investigación adecuada de los homicidios.[355]

Estados Unidos no hizo comentarios públicos sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad hasta el 19 de enero de 2023, 10 días después de las muertes en Juliaca, cuando la embajadora estadounidense en Lima publicó un tuit en el que instaba a las fuerzas de seguridad a respetar los derechos humanos y el derecho a la protesta.[356] Durante meses, Estados Unidos evitó referirse a posibles abusos y al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. El 27 de enero de 2023, Estados Unidos expresó su preocupación por las “manifestaciones violentas”, al tiempo que pedía que se investigaran las muertes.[357] En una reunión celebrada el 2 de febrero de 2023 entre la vicesecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, y la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi, la vicesecretaria Sherman instó al gobierno del Perú a hacer “que los responsables de actos de violencia rindan cuentas”.[358] En el resumen escrito de la reunión no se hizo mención alguna a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo una referencia directa y pública a los posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el Perú en el informe sobre prácticas de derechos humanos en el Perú en 2022, publicado el 20 de marzo de 2023, al afirmar que “hubo reportes de que el gobierno o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias o ilegales”.[359]

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá hizo un llamado al respeto de los derechos humanos durante una conversación con su homóloga peruana el 18 de diciembre de 2022, y expresó sus condolencias por los fallecidos “debido a los disturbios”, pero no hizo referencia a abusos concretos en su declaración.[360] En respuesta a las muertes en Juliaca, el embajador canadiense en Lima destacó “la necesidad de una respuesta proporcional de las fuerzas del orden”.[361]

El 23 de febrero de 2023, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá emitieron una importante declaración conjunta en la que expresaban su preocupación por las amenazas y la violencia contra periodistas, dos días después de que el grupo derechista “La Resistencia” acosara a dos periodistas en sus domicilios.[362]

Mientras tanto, Argentina, Bolivia, Colombia y México emitieron una declaración conjunta el 12 de diciembre de 2022 defendiendo a Castillo, sin mencionar su intento ilegal de disolver el Congreso e intervenir el poder judicial.[363] El Perú retiró a su embajador en Honduras en enero, en México en febrero y en Colombia en marzo, después de que esos gobiernos se negaran a reconocer que Boluarte asumió la presidencia de conformidad con la Constitución peruana.[364]

 

Recomendaciones

Al gobierno de Boluarte

Abordar las causas estructurales del descontento social

• Adoptar medidas concretas para recuperar la confianza de la opinión pública y allanar el camino para el diálogo con manifestantes y comunidades afectadas:
  • Poner fin a la estigmatización de los manifestantes a través de un lenguaje que los vincula falsamente con el terrorismo o que los denigra de cualquier otra forma.
  • Condenar inequívocamente las muertes y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
  • Tomar medidas claras para promover la rendición de cuentas por los abusos ocurridos.
  • Ordenar a las fuerzas de seguridad proteger el derecho a la protesta pacífica.
  • Adoptar medidas, incluso mediante acciones con el Congreso, para abordar las profundas desigualdades que afectan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y la marginación de las poblaciones indígenas y rurales, en particular a través de la protección social universal y el acceso a servicios públicos de calidad.
• Dada la desconfianza existente entre las diferentes partes, un eventual diálogo que aborde las preocupaciones legítimas de la población sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales debería ser facilitado por mediadores independientes y creíbles con el apoyo de las agencias regionales o de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional.

Investigar lo ocurrido

• Invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, como ya ha sido recomendado por otros grupos de sociedad civil, y concederle acceso a la información gubernamental y a los expedientes de los casos para apoyar las investigaciones en curso y elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos, de forma complementaria a las investigaciones penales existentes.[365] La comisión debería investigar los factores que condujeron a la crisis, las causas de las protestas, los actos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y los abusos de las fuerzas de seguridad. La comisión podría respaldar las investigaciones penales en curso mediante investigaciones sobre los hechos, la coordinación de peritajes y el asesoramiento sobre estrategias de investigación o la apertura de nuevas investigaciones. También debería formular recomendaciones para reforzar la rendición de cuentas, el Estado de derecho, los procesos democráticos y la protección de los derechos humanos.
  
  Los ejemplos más recientes de este tipo de comisiones en la región son los grupos interdisciplinarios de expertos independientes creados mediante acuerdos entre la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los gobiernos de México, Nicaragua y Bolivia. Estos grupos llevaron a cabo una importante labor de investigación de graves abusos contra los derechos humanos en esos países.
• Abrir investigaciones gubernamentales sobre los abusos cometidos por la policía y miembros de las Fuerzas Armadas durante la actual oleada de protestas, dirigidas por el Ministerio del Interior en el caso de la policía y por el Ministerio de Defensa en el caso de las Fuerzas Armadas.

Ayudar a las víctimas

• Proporcionar reparaciones y garantizar una atención de salud adecuada a quienes hayan resultado heridos, incluidos los agentes de la policía. La atención de salud debe incluir apoyo psicológico para las víctimas y sus familias.

Reformar las fuerzas de seguridad que desempeñas tareas de orden público

• Avanzar en una reforma policial que implique la mejora de los equipos y la formación para el control de multitudes y el uso de la fuerza, una revisión de los protocolos y de la facultad de la policía de realizar controles de identidad y una reforma del sistema disciplinario para garantizar su independencia y transparencia, entre otras medidas.
• Exigir que la policía entregue al Ministerio del Interior y al Ministerio Público informes de incidentes cada vez que los agentes utilicen armas letales y menos letales. El Ministerio del Interior debe iniciar investigaciones sobre esos incidentes si hay indicios de uso inadecuado.
• Abstenerse de utilizar las Fuerzas Armadas para tareas de orden público o para controlar multitudes. Si en circunstancias extraordinarias se recurre a ellas, se les debe prohibir que lleven a cabo operativos por su cuenta sin presencia policial y no deben enfrentarse a los manifestantes.
• Reasignar a la policía los fondos destinados a las Fuerzas Armadas para tareas de orden público o de control de multitudes.
• Asignar fondos a la policía para que pueda proporcionar alimentos, agua, artículos para la higiene femenina y medicinas a las personas detenidas en comisarías.
• Presentar proyectos de ley en el Congreso para derogar las leyes que protegen la actuación abusiva por parte de la policía, incluyendo la "Ley de Protección Policial" de 2020 y la ley de 2014 que concede inmunidad legal a los policías que matan o hieren a personas en “cumplimiento de su deber”.

Al Ministerio Público

Reforzar las investigaciones sobre hechos que atenten contra los derechos humanos

• Garantizar investigaciones oportunas, independientes y exhaustivas de todos los abusos cometidos por la policía y las fuerzas militares, así como de los hechos de violencia, juzgando a los responsables según corresponda. Los fiscales deben investigar y acusar, según proceda, no sólo a los militares y policías que cometieron abusos, sino también a sus superiores y a las autoridades gubernamentales que pueden haberlos ordenado, no haber tomado medidas efectivas para impedirlos o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas.
• Confeccionar un reglamento interno que establezca la adopción de medidas investigativas urgentes en cualquier indagación de posibles abusos de derechos humanos, tales como: asegurar la escena del crimen, recoger pruebas balísticas, realizar una autopsia o un examen médico de las víctimas supervivientes, realizar pruebas de absorción atómica, decomisar armas de las fuerzas de seguridad u otras personas, buscar grabaciones de las cámaras de seguridad y tomar declaraciones iniciales de las fuerzas de seguridad y de testigos clave. En los casos en que esas medidas investigativas no puedan llevarse a cabo de forma inmediata, por razones de seguridad o de otro tipo, los fiscales deberán dar una explicación por escrito a sus superiores y explicar detalladamente cómo piensan cumplir con dichas medidas sin ulteriores demoras.
• Nombrar más fiscales especializados en derechos humanos fuera de Lima, sobre todo en el sur del Perú, y proporcionarles los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones adecuadas.
• Reanudar los servicios periciales llevados a cabo por la oficina de peritajes y designar expertos forenses especializados en casos de derechos humanos.

Mejorar la transparencia

• Recopilar y publicar datos sobre el número de personas heridas y fallecidas durante las protestas, el número de detenciones y el número y tipo de investigaciones abiertas; y proporcionar información actualizada sobre las investigaciones sin hacer pública información que pueda perjudicar su curso.

Reforzar la supervisión sobre la policía

• Organizar pruebas de munición, especialmente de perdigones para escopetas, y de armas menos letales utilizadas por la policía para evaluar sus daños.
• Revisar los informes de incidentes policiales y abrir investigaciones en casos de indicios de indebida conducta policial.

Al Congreso

• Dejar de priorizar intereses personales y centrarse en atender las necesidades de la población, adoptando medidas concretas y rápidas para abordar la profunda marginación de quienes habitan en comunidades indígenas y rurales, por ejemplo a través de acciones que pongan fin a las disparidades y mejoren el acceso a derechos económicos y sociales fundamentales, incluyendo el acceso asequible a salud, educación, alimentación, agua, saneamiento y otros servicios públicos.
• Abandonar los esfuerzos por socavar la independencia de otras instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo y las autoridades electorales nacionales.
• Trabajar con el gobierno para aprobar una reforma policial que dé lugar a una institución más eficaz, transparente y que rinde cuentas.
• Modificar las leyes sobre uso de la fuerza para que se ajusten a los estándares internacionales.
• Modificar o rechazar el proyecto de ley presentado por el gobierno para endurecer las penas por delitos cometidos durante los estados de emergencia, dirigido a manifestantes, para garantizar que no vulnere el derecho de reunión, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
• Como institución, los legisladores deben trabajar para que aquellos legisladores que incurran en abusos o en corrupción, afectando el ejercicio de los derechos humanos de la población, rindan cuentas de manera real, incluso a lo interno de la Comisión de Ética.

A la Policía Nacional del Perú

Reforzar la transparencia y la formación

• Entregar al Ministerio Público y al Ministerio del Interior los planes de operaciones en respuesta a las protestas, así como informes de incidentes, incluyendo cada vez que la policía utilice armas letales y menos letales.
• Proporcionar al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior datos actualizados sobre los controles de identidad. Abstenerse de utilizar los controles de identidad para dispersar protestas o intimidar a manifestantes.
• Mejorar la formación sobre el uso de armas letales y menos letales, no sólo para las unidades especializadas, sino para todo el cuerpo policial.

Garantizar la rendición de cuentas

• Cooperar plenamente con los fiscales que investigan la conducta policial.
• Abrir investigaciones internas sobre el uso inadecuado de armas letales y menos letales, sobre las lesiones causadas a manifestantes y sobre el acoso y la violencia de la policía contra periodistas.
• Establecer claramente que las armas letales no deben utilizarse para defender edificios o propiedades, sólo en defensa de la vida.

A las Fuerzas Armadas

• Entregar al Ministerio Público, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior planes de operaciones e informes de incidentes, cuando las fuerzas militares son desplegadas para operativos de orden público.
• Brindar plena cooperación a los fiscales en relación con las investigaciones sobre la respuesta a las protestas, incluso poniendo a disposición de los fiscales al personal militar para que puedan ser entrevistados.
• Establecer claramente que las armas letales no deben utilizarse para defender edificios o propiedades, sólo en defensa de la vida.

A la comunidad internacional

• Demandar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre los abusos que lleguen a los más altos niveles de responsabilidad, incluyendo a la presidencia y los miembros del gabinete, así como los mandos de las fuerzas de seguridad, con el fin de que los responsables rindan cuentas.
• Condenar los abusos de las fuerzas de seguridad, así como la violencia de manifestantes.
• Abstenerse de apoyar a las unidades de las fuerzas de seguridad del Perú presuntamente responsables de homicidios en el contexto de las protestas, hasta tanto se lleven a cabo investigaciones efectivas y exhaustivas y los responsables rindan cuentas de sus actos.
• Pedir que periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas sean protegidos del acoso y de los ataques en represalia por sus actividades.
• Llamar al Congreso a respetar la separación de poderes, proteger las instituciones democráticas, incluido el sistema electoral, y garantizar que el proceso de selección del próximo Defensor del Pueblo sea transparente, se base en las calificaciones de los candidatos y garantice la permanente independencia de la oficina.
• Instar encarecidamente al gobierno de Boluarte y al Congreso peruano a que adopten medidas concretas para recuperar la confianza de la población, incluyendo a través de abordar la corrupción y las profundas desigualdades en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, garantizar la rendición de cuentas por los abusos relacionados con las protestas y proteger la independencia de las instituciones democráticas.
• Apoyar iniciativas para establecer un diálogo entre el gobierno y los manifestantes y las comunidades afectadas, y crear una comisión de investigación independiente.
• Dirigir la ayuda internacional a proyectos que aborden la discriminación estructural y las desigualdades en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, la corrupción y el deterioro de las instituciones democráticas en el Perú.
• Los gobiernos que participen en la cumbre UE-CELAC de julio de 2023 deben afirmar, en los debates bilaterales y multilaterales y en su declaración conjunta, su compromiso de prevenir el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, condenar los abusos de las fuerzas de seguridad cuando se produzcan y comprometerse a defender el Estado de derecho y a garantizar la rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos.

 

Agradecimientos

Este informe fue escrito por César Muñoz Acebes, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch, a partir de investigaciones realizadas por Nathalye Cotrino Villarreal, investigadora de la División de Crisis y Conflicto; Santiago Menna, asistente de investigación de la División de las Américas; Devon Lum, asistente de investigación del Laboratorio de Investigaciones Digitales; y Muñoz Acebes. Mia Ferrari-Mathis, pasante de la División de las Américas, y Sebastián Abad Jara, asistente de investigación de las Américas, prestaron apoyo en la investigación.

El informe fue revisado y editado por Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones de la División de las Américas; Margaret Knox, editora/investigadora sénior de la División de las Américas; Sam Dubberley, director gerente del Laboratorio de Investigaciones Digitales; Letta Tayler, directora asociada de la División de Crisis y Conflicto; Kyle Knight, investigador sénior sobre salud y derechos humanos; Cristina Quijano Carrasco, investigadora de la División de los Derechos de la Mujer; Margaret Wurth, investigadora sénior de la División de los Derechos del Niño; Sarah Saadoun, investigadora sénior de la División de Justicia Económica y Derechos Humanos; Brian Root, analista cuantitativo sénior de la División de Tecnología y Derechos Humanos; Mark Hiznay, director asociado de la División de Armas; Farida Deif, directora del programa de Canadá; Philippe Dam, director de incidencia para la Unión Europea; Kate Weine, coordinadora de incidencia en Washington; María McFarland Sánchez-Moreno, directora adjunta en funciones de Programas; y Michael García Bochenek, consejero sénior. El informe fue preparado para su publicación por Travis Carr, coordinador de publicaciones; Fitzroy Hepkins, gestor administrativo; y José Martínez, coordinador principal de administración. Los asociados de la División de las Américas Camilo Moraga y Johan Romero prestaron apoyo logístico y de edición.

Agradecemos a Walter Albán, Carmen Rosa Cardoza, Gino Costa, Eduardo González, Gustavo Gorriti, Alonso Gurmendi, Ursula Indacochea, Iván Lanegra, David Lovaton, Mar Pérez, Katya Salazar, Ricardo Uceda, José Ugaz, Adriana Urrutia, Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Asociación Pro Derechos Humanos, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Derechos Humanos Sin Fronteras, Due Process of Law Foundation, Estudio Arbizu & Gamarra, IDL-Reporteros, Instituto de Defensa Legal, la Misión en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Organización de Derechos Humanos Pachamama y la Red Muqui por su asesoramiento y asistencia.

Por encima de todo, estamos profundamente agradecidos a las víctimas y a sus familias, que generosamente compartieron sus historias con nosotros.