La inestabilidad política que desde hace años afecta al Perú empeoró en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, intervenir el poder judicial y gobernar por decreto, lo que constituyó un golpe de Estado fallido. El Congreso destituyó a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Miles de manifestantes salieron a las calles en todo el país pidiendo elecciones anticipadas, entre otras reivindicaciones. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza desproporcionada. De diciembre de 2022 a marzo de 2023, cincuenta manifestantes y transeúntes murieron y más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de policías.
Human Rights Watch identificó graves deficiencias en las investigaciones penales iniciales. El gobierno de la presidenta Boluarte no ha adoptado reformas de las fuerzas de seguridad para evitar que estos abusos se repitan.
Algunos sectores del Congreso han socavado los controles a su poder, debilitando así las instituciones independientes y la protección de derechos. El Congreso inhabilitó de manera arbitraria a una fiscal suprema e inició una investigación “sumaria” para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso también nombró a un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos e intentó debilitar la independencia del Jurado Nacional de Elecciones.
Grupos implicados en minería y tala ilegal, tráfico de tierras y narcotráfico continúan destruyendo la Amazonía peruana y amenazando y atacando a quienes la defienden.
Violencia y abusos relacionados con las protestas
Tras el fallido golpe de Estado de Castillo, miles de personas salieron a protestar, en su mayoría trabajadores rurales e indígenas del sur del país. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, hubo graves hechos de violencia. Los bloqueos de carreteras realizados por manifestantes contribuyeron a la muerte de 11 personas, incluyendo dos menores de 18 años, que no pudieron llegar a hospitales o que sufrieron accidentes de tráfico, según la Defensoría del Pueblo.
La respuesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú fue indiscriminada, desproporcionada y brutal. Las fuerzas de seguridad dispararon con fusiles de asalto y armas cortas contra manifestantes y transeúntes desarmados. Cincuenta personas, entre ellas ocho menores de 18 años, murieron, la gran mayoría por heridas de bala. Un agente de policía murió en circunstancias poco claras.
Autoridades gubernamentales insinuaron que los manifestantes eran “terroristas”, a la vez que menospreciaban o negaban los abusos, sin tomar medidas para prevenirlos.
En algunos casos, los fiscales no recogieron evidencias iniciales clave de las violaciones de derechos humanos. En marzo, la fiscal de la Nación creó un grupo especial de fiscales para investigar los casos, con sede en Lima.
En junio, el ministro de defensa dijo que 32 militares habían sido sancionados por los hechos ocurridos en Ayacucho, donde 10 personas murieron en las protestas de diciembre, pero no dio precisiones sobre las medidas adoptadas. En julio, el Ministerio del Interior dijo a Human Rights Watch que se había sancionado disciplinariamente a miembros de la policía en un solo caso, por violencia contra mujeres indígenas en Lima.
La investigación sobre la muerte de dos manifestantes durante las protestas de 2020 en Lima, en las que la policía también hizo un uso excesivo de la fuerza, se encontraba estancada a octubre.
Amenazas contra las instituciones democráticas
El Congreso ha tomado una serie de acciones destinadas a debilitar otras instituciones democráticas y a limitar la rendición de cuentas del poder legislativo.
En 2022, el Congreso nombró a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional en un proceso que careció de transparencia y criterios claros. En febrero de 2023, ese tribunal emitió un fallo que parece otorgar al Congreso una amplia autoridad con una supervisión mínima por parte de la judicatura.
El Tribunal Constitucional permitió que el proceso de selección de un nuevo defensor del pueblo avanzara a pesar de existir preocupaciones sobre el proceso. En mayo, el Congreso eligió a Josué Gutiérrez Cóndor, un excongresista sin experiencia en derechos humanos que había hecho declaraciones homófobas durante el proceso de selección.
El Tribunal Constitucional también abrió la puerta a que el Congreso se apodere del Jurado Nacional de Elecciones, al pedir a los congresistas—muchos de los cuales falsamente denunciaron fraude electoral en 2021—aprobar una enmienda constitucional que les permita destituir a los miembros del jurado. A septiembre, en el Congreso había cuatro procesos en curso para intentar destituir a Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales en favor de Salas Arenas en septiembre, alegando riesgos para su vida e integridad personal, y ordenó al gobierno reforzar las medidas adoptadas para protegerlo e investigar los actos de hostigamiento y amenazas en su contra.
En lo que constituyó un duro golpe a la independencia judicial, en junio el Congreso inhabilitó, por un periodo de cinco años, a Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, de su cargo como fiscal por no haber acusado por corrupción al expresidente Castillo. Ávalos abrió las primeras investigaciones por corrupción en la historia del país contra presidentes en ejercicio—Martín Vizcarra y Castillo—, pero no los acusó porque concluyó que la Constitución se lo impedía. La Junta Nacional de Justicia, la institución encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales, dijo que la decisión de Ávalos se basó en su análisis jurídico del caso como parte de su autonomía como fiscal.
En septiembre, el Congreso abrió una investigación “sumaria” para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, alegando que la declaración de la junta en defensa de la independencia judicial en el caso de Ávalos interfería con las facultades del Congreso, entre otras acusaciones. De lograr apoderarse de la junta, el Congreso, a principios de 2024, tendrá la facultad de nombrar a los jefes de las entidades que organizan las elecciones y tienen a su cargo el registro electoral.
La junta también sufrió ataques por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien obtuvo medidas cautelares para impedir que la junta la investigue por supuestas acciones para proteger a su hermana, una jueza investigada por corrupción, así como por irregularidades en traslados de fiscales y por no haber presentado sus tesis de maestría y doctorado.
Corrupción
La corrupción es un factor importante en el deterioro de las instituciones públicas, la deficiente provisión de servicios públicos y la destrucción del medioambiente en el Perú. Cinco expresidentes han sido acusados por corrupción. La presidenta Boluarte está siendo investigada por supuestos aportes ilegales para su campaña política. A marzo de 2023, al menos 37 de los 130 miembros del Congreso estaban siendo investigados penalmente por corrupción y otros delitos.
En octubre, la Autoridad Nacional de Control, encargada de los asuntos disciplinarios de los fiscales, suspendió por ocho meses y quince días a un fiscal jefe anticorrupción por declaraciones que hizo a la prensa.
Derechos sociales y económicos
Según datos oficiales, en 2022 el 27 % de la población del Perú vivía en condición de pobreza, un fuerte aumento respecto al 20 % de 2019, antes de la pandemia. Las personas que vivían en pobreza extrema—es decir, aquellas incapaces de cubrir sus necesidades alimentarias más básicas—representaban el 5 % de la población en 2022, frente al 3 % en 2019. Los niños y las niñas, las personas que habitan en zonas rurales y quienes se autoperciben negros o indígenas se encontraban particularmente afectados.
Según datos oficiales, uno de cada cinco niños de entre 12 y 16 años en zonas rurales no asistía a la escuela en 2022. En zonas urbanas la proporción bajaba a uno de cada siete.
En marzo, los datos oficiales mostraban que el 68 % de los trabajadores en zonas urbanas y el 95 % en zonas rurales tenía empleo informal, careciendo así de garantías laborales y sociales como protecciones a cargo del empleador por desempleo, discapacidad o jubilación.
Derechos de mujeres y niñas
La violencia de género es un problema extendido en el Perú. Entre enero y agosto de 2023, la Defensoría del Pueblo documentó 112 casos de feminicidio, definido como el asesinato de una mujer en determinados contextos, incluidos los de violencia doméstica. En 2022 registró 137 feminicidios y, en 2021, 146.
Las mujeres, niñas y otras personas embarazadas solamente pueden acceder a abortos legales en casos de riesgo para su salud o su vida, pero aún en esos casos muchas se enfrentan a obstáculos. En junio, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas declaró al Perú responsable de violar los derechos de una niña indígena que quedó embarazada a los 13 años tras ser violada por su padre por años. Las autoridades rechazaron su solicitud de aborto y, después de un aborto espontáneo, la procesaron judicialmente por abortar.
En marzo, el Tribunal Constitucional ordenó la distribución gratuita de pastillas anticonceptivas de emergencia, una reivindicación histórica de agrupaciones de derechos de la mujer.
Derechos ambientales y de los pueblos indígenas
Según los últimos datos disponibles, recopilados por Global Forest Watch, el Perú perdió 161.000 hectáreas de bosque primario en 2022. La tala y la minería ilegales, el tráfico de tierras y el cultivo de coca para el narcotráfico son factores de destrucción de la Amazonía. El uso ilegal del mercurio para la extracción de oro, usualmente introducido al Perú de contrabando desde Bolivia, está contaminando los ríos y teniendo un posible impacto en la salud de las personas al, por ejemplo, dificultar el aprendizaje de los niños en la escuela, según informaron autoridades a Human Rights Watch.
Grupos implicados en esas actividades ilegales habitualmente amenazan y atacan a los defensores ambientales. En abril, el líder indígena Santiago Contoricón Antúnez fue asesinado en el departamento de Junín por oponerse, según su comunidad, a los cárteles de droga que traficaban cocaína en su territorio. En mayo, Percy García Serpa fue asesinado de un disparo en la espalda en una comunidad rural cercana a Lima. García Serpa se oponía al tráfico de tierras y había recibido amenazas de muerte, según dijeron sus familiares y colegas.
En 2021, el gobierno creó un mecanismo intersectorial, con la participación de diversos ministerios, para la protección de defensores de derechos humanos. Sin embargo, a agosto de 2023, este mecanismo solo contaba con seis empleados y carecía de financiación propia, haciendo que cada ministerio deba asumir los gastos de las medidas de protección que le correspondan. En agosto, el Ministerio del Interior, que tiene a su cargo a la policía, aún no había elaborado un protocolo de coordinación con el mecanismo. Defensores ambientales dijeron a Human Rights Watch que las medidas de protección eran insuficientes.
Congresistas han rechazado dos veces—en 2020 y en 2022—la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado de América Latina y el Caribe diseñado para garantizar el acceso a la información, a la justicia y a la participación pública en asuntos medioambientales y la protección de defensores ambientales.
Ataques a periodistas
El grupo de derecha La Resistencia publicó la dirección de los domicilios y se presentó ante las casas de periodistas y oficinas de defensores de derechos humanos. Miembros del grupo han insultado, acosado y agredido físicamente a periodistas.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas, las acusaciones por difamación en el Perú se han utilizado en reiteradas ocasiones para amedrentar a periodistas para que no informen sobre cuestiones de interés público. Desde fines de 2018, por ejemplo, los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas se han enfrentado a procesos judiciales por supuesta difamación y otros delitos en relación con la cobertura que han dado a escándalos de abusos sexuales en los que está implicada una organización católica laica.
Orientación sexual e identidad de género
En una sentencia publicada en abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Perú responsable de violar los derechos de un hombre gay tras sufrir discriminación por parte de un establecimiento comercial y de las autoridades peruanas. La corte ordenó al Perú crear una guía sobre los derechos de las personas LGBT en la provisión de servicios e incorporarla en los procesos de formación de las autoridades, así como monitorear el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación por parte de las empresas.
En el Perú no existe un procedimiento administrativo sencillo para el reconocimiento legal del género de las personas transgénero.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
En enero, el Congreso modificó la ley migratoria del Perú, haciendo más fácil para las autoridades rechazar la entrada y el tránsito de migrantes, agregando obligaciones ambiguas para los extranjeros—como la de “respetar (…) el legado histórico y cultural del Perú”—y poniendo obstáculos en el acceso de los migrantes a la vivienda. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones ya que “criminalizan la migración, validan la discriminación y afectan derechos fundamentales de las personas extranjeras”.
En enero, bloqueos de carreteras realizados por manifestantes contribuyeron a la muerte, por afecciones respiratorias, de seis adultos haitianos y un niño, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los bloqueos obligaron a los migrantes haitianos a permanecer en una ciudad fronteriza a gran altitud, con bajas temperaturas nocturnas donde había escasez de alimentos.
En abril, cientos de migrantes venezolanos y de otros países quedaron atascados en la frontera entre Chile y Perú, luego de que agentes migratorios peruanos les impidieran la entrada por presuntamente no contar con la documentación adecuada. Los problemas continuaron en agosto y septiembre.
En mayo, más de un millón y medio de venezolanos, entre refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, se encontraban en el Perú, de acuerdo con agencias de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre 2016 y julio de 2023, el Perú recibió 608.816 solicitudes de asilo de venezolanos y había concedido asilo a 4.903, menos del 1 %, según datos que el Ministerio de Relaciones Exteriores proporcionó a Human Rights Watch.
Juicios por abusos del pasado
El Ministerio Público abrió 53 casos por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado entre 1980 y el 2000 entre el Estado y grupos armados, incluyendo Sendero Luminoso. La apertura de los casos se dio después de la publicación en 2003 del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que estimó que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto. En agosto, la Defensoría del Pueblo dijo que 23 de los casos habían terminado con al menos una sentencia condenatoria, 8 con sentencias absolutorias y 22 se encontraban pendientes de pronunciamiento.
Derechos de las personas con discapacidad
En junio, el Congreso aprobó una ley, sin consultar a las organizaciones de personas con discapacidad, que reconoce la necesidad de regular los servicios de asistencia personal para personas con discapacidad. La ley no crea una obligación clara por parte del Estado de garantizar los servicios de asistencia personal y confunde los apoyos para una vida independiente con los cuidados.
Actores internacionales clave
La respuesta internacional al golpe de Estado fallido del expresidente Castillo fue inconsistente. Chile, Ecuador, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países se pronunciaron en favor del Estado de derecho. Argentina, Bolivia, Colombia y México emitieron una declaración conjunta defendiendo al expresidente y no hicieron ninguna referencia a su intento ilegal de disolver el Congreso e intervenir el poder judicial.
La Unión Europea y Chile condenaron públicamente los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas. Recién en el informe anual sobre el Perú publicado en marzo Estados Unidos incluyó una referencia a “ejecuciones arbitrarias o ilegales” por parte de las fuerzas de seguridad.