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Durante el último año, Ecuador ha sido objeto de numerosos titulares debido a la creciente presencia del crimen organizado en ese país. Sin una mayor atención de la comunidad internacional, el próximo país en hacerlo podría ser el Perú—gracias al propio Estado peruano.

Un mosaico de intereses privados ha ido doblegando cada vez más al Estado peruano, rompiendo los sistemas que podrían hacerles rendir cuentas a ellos y a sus aliados y desmantelando las protecciones de derechos humanos y del medio ambiente. En el proceso están creando un entorno ideal para que prospere el crimen organizado, se profundice la corrupción y se socave aún más la democracia.

Washington ha parecido reacio a decir o hacer mucho sobre el asalto al Estado de derecho, quizás preocupado por no alimentar la inestabilidad política o la creciente influencia china. Pero si el Perú continúa por la senda de la destrucción institucional, los funcionarios estadounidenses pronto podrían estar tratando con interlocutores aún más peligrosos e inestables.

Gran parte del problema proviene del Congreso peruano. Desde que removieron apropiadamente al entonces presidente Pedro Castillo tras su fallido golpe de Estado en diciembre de 2022, políticos de distintas partes del espectro ideológico han aunado fuerzas no para unir al país, sino para impulsar una agenda que termina por hacer realidad los sueños de cualquier actor corrupto y criminal.

El año pasado, el Congreso vació de contenido la Ley de Colaboración Eficaz, que había sido una herramienta esencial en las investigaciones contra el crimen organizado, incluyendo los casos contra la red criminal del expresidente Alberto Fujimori. La modificación podría beneficiar a muchos de los propios congresistas, más de la mitad de los cuales, se ha informado, estarían bajo investigación penal.

El Congreso también acortó el plazo de suspensión de la prescripción en las causas penales. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, invocó inmediatamente la nueva ley para solicitar el sobreseimiento de una causa penal pendiente contra él.

El Congreso estudia ahora un proyecto de ley que restringe significativamente la definición penal de “crimen organizado”, lo que dificulta la investigación de muchos delitos relacionados, como la extorsión, que se ha disparado drásticamente en los últimos años.

Otras acciones del Congreso benefician directamente al crimen organizado y a intereses privados que se benefician de las actividades ilegales. La minería ilegal del oro, actualmente la principal economía ilícita del país según el exministro del Interior y experto en seguridad Carlos Basombrío, tenía un valor estimado de 4.000 millones de dólares en 2023. La minería ilegal del oro se asocia cada vez más con el tráfico de personas y los homicidios, sobre todo en zonas remotas donde hay poca presencia del Estado.

La repetida ampliación por parte del Congreso del plazo para que mineros informales se registren ante el gobierno ha permitido que continúen las prácticas de extracción dañinas, envenenando ríos y tierras con impunidad. Mientras tanto, las recientes modificaciones a la Ley Forestal, que regularizaron la deforestación ilegal a gran escala ya ocurrida, cerrarán con toda probabilidad muchas investigaciones sobre delitos medio ambientales.

Lejos de luchar contra estas medidas, la presidenta Dina Boluarte—ahora también investigada penalmente en relación con la entrega por parte del gobernador del empobrecido departamento de Ayacucho de tres relojes Rolex y una pulsera de 50.000 dólares—se ha aliado repetidamente con el Congreso, que recientemente ha rechazado varias mociones para removerla.

Mientras tanto, el Congreso no ha dejado de capturar instituciones que deberían controlarlo, incluso a través de cuestionables procesos de nombramiento para el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Ambos organismos se alinean ahora rutinariamente con los intereses del Congreso de forma que socavan el Estado de derecho y los derechos humanos; expertos jurídicos, incluido el Colegio de Abogados de Lima, han criticado algunas de las resoluciones del tribunal por ser flagrantemente inconstitucionales.

En marzo, el Congreso removió por motivos cuestionables a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que nombra a jueces, fiscales y a los jefes de organismos electorales clave. El 5 de junio, una comisión del Congreso aprobó una reforma constitucional que eliminaría por completo la junta y daría a los legisladores el poder de nombrar a las autoridades electorales.

Muchos peruanos observan a sus autoridades con disgusto; los índices de aprobación del Congreso y de la presidenta Boluarte son de un dígito. Pero el público ha permanecido en gran medida en silencio desde que las autoridades reprimieron brutalmente las protestas en 2022 y 2023, dejando 50 manifestantes y transeúntes muertos. Los peruanos—muchos de los cuales no ven futuro en su país—se están marchando en números récord.

El Perú tiene fuertes lazos comerciales con China, pero Estados Unidos sigue teniendo una enorme influencia y debería pronunciarse más sobre la crisis que se está gestando a fuego lento. Muchos en el Perú atribuyen a una declaración de los senadores estadounidenses Ben Cardin y Tim Kaine el haber disuadido al Congreso del Perú de destituir a toda la Junta Nacional de Justicia en marzo.

A los funcionarios peruanos aún les gusta viajar a Estados Unidos. Retirar los visados a personas vinculadas, sobre bases sólidas, con abusos y corrupción enviaría un mensaje firme de que la administración Biden se preocupa por el Estado de derecho en el Perú.

Estados Unidos también debería colaborar con los gobiernos democráticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para mostrar su preocupación por el debilitamiento de la democracia peruana. La Carta Democrática Interamericana de la OEA permite a cualquier Estado miembro—o al secretario general del grupo—convocar a los embajadores de la región cuando una Estado parte sufra “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

En toda América Latina, desde Venezuela hasta Guatemala, México y más allá, hemos visto cómo el crimen organizado y los actores corruptos se infiltran y controlan las instituciones del Estado, con consecuencias devastadoras para la democracia y los derechos humanos. Aún no es demasiado tarde para detenerlos en el Perú.

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