En mayo pasado, un incendio masivo consumió la mina de oro La Esperanza en el sur del Perú y dejó a trabajadores atrapados bajo tierra. El fuego—cuyo origen todavía no fue probado de manera concluyente—causó la trágica muerte de 27 trabajadores. La mina había recibido la certificación del Responsible Jewellery Council (Consejo de Joyería Responsable, CJR), una organización del sector que exige a las empresas demostrar que han establecido garantías de protección para cumplir con sus estándares de certificación.
Un estudio reciente elaborado por una alianza de ONG suizas muestra que las muertes no solo fueron trágicas, sino que posiblemente podrían haberse evitado. Las indagaciones de esta alianza descubrieron una investigación previa de las autoridades peruanas, a la que no se había dado publicidad, que determinó que en la mina no había normas básicas de seguridad ni procedimientos para la prevención de incendios. Esta situación se daba a pesar de que, antes del desastre, los trabajadores se habían quejado por la precariedad de las normas de seguridad.
Frente a la existencia de este informe, resulta incluso más desconcertante que la mina haya sido certificada como “responsable” por el Consejo de Joyería Responsable. Para cumplir con la norma de certificación del consejo, las empresas deben observar su Código de Prácticas, que les exige adoptar precauciones de seguridad rigurosas, incluidas alarmas y equipos de seguridad contra incendios, e impartir capacitación sobre seguridad y procedimientos de emergencia ante incendios. Ante la pregunta de cómo respondió al incendio, el CJR señaló a Human Rights Watch que la mina La Esperanza fue suspendida en enero de 2024, mientras se encuentra en curso una investigación interna.
Investigaciones anteriores de Human Rights Watch concluyeron que el Código de Prácticas no exige que las empresas realicen evaluaciones rigurosas sobre derechos humanos en el terreno y que el proceso de certificación presenta opacidad. Por ejemplo, los informes de auditoría que se utilizan para determinar si una empresa cumple con los requisitos del código no se publican, ni tampoco se difunden datos sobre incumplimientos. Lo único que publica el CJR es un resumen.
En las últimas décadas, los esquemas de certificación han proliferado en todos los sectores y muchos presentan falencias graves. Las auditorías suelen tener carácter superficial, no están diseñadas para detectar problemas y, a menudo, se realizan a distancia. En el caso de la mina La Esperanza, la última auditoría previa al incendio fue una revisión únicamente de papeles que se realizó en marzo de 2023, dos meses antes del trágico evento.
Pero no debería ser así. Los gobiernos, incluido el de Suiza, que importó el oro, deberían sancionar leyes robustas que exijan a las empresas llevar a cabo controles de diligencia debida en materia ambiental y de derechos humanos en sus cadenas de suministro, incluidos aspectos de seguridad contra incendios. La aplicación y el monitoreo de estas leyes deberían estar a cargo de entidades gubernamentales idóneas y con recursos suficientes.
Los gobiernos deben actuar. Es momento de que depuremos nuestras cadenas de suministro globales y pongamos fin a desastres evitables como el de La Esperanza.
