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Perú: Graves abusos policiales contra manifestantes

Se debe garantizar justicia y prevenir futuros abusos

(Lima) – La Policía Nacional del Perú cometió numerosos abusos contra manifestantes mayormente pacíficos que protestaban contra la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020, señaló hoy Human Rights Watch. El presidente Francisco Sagasti, el Congreso y la Comandancia General de Policía deben promover reformas para garantizar que los agentes respeten el derecho a la reunión pacífica.

Dos manifestantes murieron y más de 200 resultaron heridos, algunos de gravedad, durante protestas que tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de noviembre. Las declaraciones de testigos y otras pruebas a las que tuvo acceso Human Rights Watch indican que la policía empleó, de manera reiterada, una fuerza excesiva contra los manifestantes. Sobre la base de lesiones presuntamente causadas por el impacto de cartuchos de gas lacrimógeno y lo observado en videos donde se ve a policías disparando directamente a la multitud, se puede concluir que los agentes emplearon armas antidisturbios de forma irresponsable y peligrosa. A su vez, las evidencias indican de manera sólida y creíble que la policía usó escopetas calibre 12 para disparar perdigones de plomo y canicas de vidrio directamente contra manifestantes, en violación de sus propios protocolos, que prohíben el uso de esas municiones.

“Hemos obtenido evidencias que indican que la policía empleó la fuerza de forma excesiva y negligente contra manifestantes que protestaban contra la altamente cuestionable destitución del presidente Vizcarra”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El presidente Francisco Sagasti ha dado un paso importante al convocar una comisión para mejorar el desempeño policial. Ahora su gobierno debería liderar esfuerzos para impedir que vuelvan a cometerse abusos contra manifestantes pacíficos por parte de los propios policías que deberían protegerlos”.

En su discurso durante la ceremonia de investidura, el 17 de noviembre, el presidente Sagasti manifestó que su gobierno trabajaría para prevenir futuros abusos policiales y prometió justicia a las víctimas. El 24 de noviembre creó la “Comisión de Bases”, una comisión integrada por funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil que debe recomendar medidas orientadas a “modernizar y fortalecer” a la policía en un plazo de 60 días.

El 9 de noviembre, el Congreso destituyó al Presidente Vizcarra a través de un proceso de dudosa legalidad, con el argumento de que carecía de “capacidad moral” debido a acusaciones de corrupción contra él que todavía están siendo investigadas. No ha sido imputado hasta el momento. Muchos de los miembros del Congreso que votaron a favor de su remoción están siendo investigados penalmente, incluyendo por corrupción. Vizcarra había impulsado varias iniciativas contra la corrupción que afectaban a esos legisladores.

Miles de peruanos salieron a las calles entre el 9 y el 15 de noviembre en protesta por la remoción de Vizcarra. Aunque en muchos lugares del país las manifestaciones transcurrieron sin incidentes, hay pruebas sustanciales de que la policía usó fuerza excesiva y peligrosa contra los manifestantes en Lima. Las protestas provocaron la renuncia de Manuel Merino, el presidente del Congreso que había asumido la presidencia del país tras la destitución de Vizcarra. El 16 de noviembre, el Congreso eligió como presidente de ese órgano legislativo a Sagasti, quien había votado contra la remoción de Vizcarra y, conforme a lo dispuesto en la constitución peruana, se convirtió en presidente del país.

Human Rights Watch entrevistó a 76 personas durante una visita realizada a Lima a fines de noviembre y por teléfono, incluyendo a víctimas, sus familiares y abogados, testigos y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también se reunió con el ministro de Justicia, el entonces ministro de Interior, la Fiscal de la Nación, el actual comandantegeneral de la Policía Nacional, el inspector general de la Policía y un alto funcionario de la Defensoría del Pueblo, y revisó más de 200 videos de las protestas publicados en redes sociales, así como informes periodísticos y publicaciones de organizaciones locales de derechos humanos.

Muchas de las lesiones y las dos muertes ocurrieron en un radio de dos manzanas en el centro de Lima, durante la noche del 14 de noviembre.

“Estábamos gritando. Nadie tiraba piedras”, señaló a Human Rights Watch uno de los manifestantes, Arturo Vilca, de 24 años. “Sentí un silbido. Pensé que era una bomba [lacrimógena]. Miré a la derecha y vi al policía que me había disparado todo el cartucho de perdigones. Me quiso matar”.

Vilca recibió impactos en la espalda, el brazo izquierdo y la cabeza de seis perdigones disparados desde poca distancia.Un séptimo perdigón le atravesó el cuello y le rompió un vaso sanguíneo. Si el perdigón hubiera impactado a pocos milímetros de distancia, le habría afectado las arterias carótidas y habría fallecido, dijeron más tarde los médicos a su familia. También señalaron que los perdigones eran de plomo, y no de goma. “No quiero que quede impune”, afirmó Vilca.

El Ministerio de Salud indicó que más de 200 personas recibieron atención médica en Lima en relación con las manifestaciones. De esas personas, 17 fueron hospitalizadas por al menos una semana debido a la gravedad de las lesiones, como trauma encefálico, lesiones en varios órganos causadas por perdigones y un caso de un proyectil alojado en la médula de un manifestante. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú documentó al menos 10 casos de lesiones a periodistas que daban cobertura a la protesta, presuntamente causadas por proyectiles que disparó la policía, y 13 casos de policías que golpearon a periodistas o intentaron confiscar sus equipos.

Aunque las manifestaciones se desarrollaron de manera mayormente pacífica, algunos participantes arrojaron piedras a la policía. El ministro de Interior indicó al Congreso que 24 policías sufrieron lesiones, todas leves.

Además de policías de uniforme, la policía desplegó a la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana durante las protestas. Conocida como el “Grupo Terna”, esta unidad de policías vestidos de civil se ocupa de combatir delitos comunes y no ha recibido entrenamiento para el control de multitudes, según dijo a Human Rights Watch el 26 de noviembre el general César Cervantes, comandante general de la Policía Nacional nombrado por el gobierno del presidente Sagasti. Sus integrantes no usan identificación, lo que hace más difícil investigar posibles violaciones de derechos humanos. El general Cervantes manifestó que dictaría una orden prohibiendo el despliegue de policías vestidos de civil durante protestas.

La policía retuvo al menos a 57 personas bajo custodia en relación con las manifestaciones en Lima, según datos que proporcionó la Policía Nacional a la Defensoría del Pueblo. De esas personas, por lo menos 39 quedaron bajo custodia policial por aplicación de una norma que permite a los agentes retener a alguien no más de cuatro horas para comprobar su identidad si no lleva documentos. Esa disposición es excesivamente amplia y puede propiciar que se cometan abusos, apuntó Human Rights Watch. Algunas personas fueron detenidas por agentes del Grupo Terna.

Actualmente están en curso varias investigaciones sobre lo ocurrido. La Fiscal de la Nación ha abierto una investigación sobre el rol de Merino en los presuntos abusos, así como el de las personas que designó como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Interior, y una segunda investigación contra los policías que habrían perpetrado los abusos.

El Ministerio del Interior ha iniciado un proceso disciplinario contra un teniente general, un general y un coronel que ocupaban puestos clave durante las protestas. Sin embargo, cualquier decisión sobre sanciones disciplinarias será tomada en última instancia por el Inspector General de la Policía Nacional, un teniente general en ejercicio. El sistema disciplinario de la Policía Nacional del Perú no garantiza ni independencia ni transparencia, dijo Human Rights Watch.

El general Cervantes manifestó a Human Rights Watch el 26 de noviembre que había transferido al jefe de la región policial de Lima, pero dijo que no había adoptado medidas contra otros agentes, ni siquiera contra aquellos que actuaron en áreas donde fueron heridos o murieron manifestantes. Esos policías continuaban desempeñando sus funciones habituales, explicó.

Human Rights Watch recomienda a las autoridades peruanas:

Ver abajo recomendaciones detalladas y más información sobre los hallazgos de Human Rights Watch.

Dispersión arbitraria de protestas y uso excesivo de la fuerza

Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no deben dispersarlas incluso si creen que son ilegales. Asimismo, deben evitar usar la fuerza a menos que resulte necesario y proporcionado para responder a incidentes concretos de violencia.

Las manifestaciones ocurridas en Lima entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020 fueron en su gran mayoría pacíficas y, aun así, la policía intentó dispersarlas en reiteradas ocasiones, a menudo mediante el uso de la fuerza. Aunque algunos manifestantes arrojaron piedras a la policía, la respuesta policial fue excesiva e indiscriminada, y provocó cientos de heridos y dos muertes.

Uso de municiones prohibidas y peligrosas

Los protocolos de la policía peruana permiten el uso de armas menos letales, como gases lacrimógenos y escopetas con perdigones de goma, “cuando los manifestantes demuestren violencia, agresividad, utilizando armas contundentes, que pongan en peligro la integridad física de las personas o del personal policial”. Human Rights Watch no ha podido identificar ningún análisis técnico de la composición de los perdigones de “goma” que usó la policía. El análisis de laboratorio de los perdigones de “goma” usados en Chile en 2019 demostró que, en realidad, estaban hechos de minerales y metal de alta dureza.

Las pruebas revisadas por Human Rights Watch indican de manera convincente que, además de perdigones de goma y gases lacrimógenos, la policía disparó canicas de vidrio y perdigones de plomo. En grabaciones de video se ve a policías usando escopetas calibre 12 para disparar lo que, al parecer, serían proyectiles individuales, los cuales podrían ser canicas, puesto que reflejan la luz y no parecen dispersarse como lo harían los perdigones. Asimismo, los médicos recuperaron de los cuerpos de las víctimas canicas y fragmentos de metal que parecen ser plomo, según dijo a Human Rights Watch el fiscal superior coordinador del subsistema de derechos humanos y terrorismo de la Fiscalía de la Nación.

Los perdigones recuperados de los cuerpos de los dos manifestantes que murieron eran de plomo, según dos informes de balística de la Fiscalía. El experto en balística concluyó que, en el caso de Inti Sotelo, el perdigón no tenía los rozamientos o ranuras que habitualmente se producen con armas de fabricación artesanal. Por lo tanto, parece haber sido disparado con una escopeta estándar.

La Fiscalía dijo a Human Rights Watch que la policía no confiscó armas a los manifestantes. Asimismo, ninguno de los 39 manifestantes y testigos entrevistados por Human Rights Watch dijo haber visto armas en manos de manifestantes y en ninguno de los más de 200 videos que analizó Human Rights Watch se ve a manifestantes armados. El comandante general de la policía dijo a Human Rights Watch el 26 de noviembre que había solicitado un análisis de balística para determinar si se pueden disparar canicas de vidrio y perdigones de plomo con las escopetas calibre 12 de la policía. Los resultados del análisis no habían sido dados a conocer al 17 de diciembre.

  • El fotoperiodista Alonso Chero, de 36 años, estaba fotografiando a manifestantes en la Avenida Nicolás de Piérola el 12 de noviembre, de espaldas a un grupo de policías armados con escopetas, cuando recibió un impacto de una canica de vidrio, según contó. En una cirugía realizada el día siguiente y que fue grabada en video, un médico le extrajo la canica de la espalda.
Imagen de un video del procedimiento quirúrgico que se llevó a cabo para extraer una canica de la espalda a Alonso Chero. Video proporcionado por Alonso Chero. ​​​​​​​
  • Dos manifestantes encontraron a Luis Aguilar Rodríguez, de 26 años, con una herida sangrante en el pecho en la Avenida Abancay el 12 de noviembre y lo llevaron a un hospital, según relató su madre. Después de la cirugía, los médicos le dijeron que el objeto que se había alojado en su pecho y le había provocado daño en los pulmones era una canica de vidrio, que extrajeron durante el procedimiento. Aguilar Rodríguez estuvo hospitalizado hasta el 30 de noviembre.
Radiografía que muestra una canica alojada en el pulmón de Luis Aguilar Rodríguez. Fotografía proporcionada por la familia de Luis Aguilar Rodríguez.

Human Rights Watch documentó nueve casos de víctimas presuntamente impactadas por perdigones de plomo. En algunos casos, la multiplicidad de heridas apunta a que los perdigones fueron disparados a corta distancia. Si bien los perdigones están concentrados al momento del disparo, se van separando unos de otros y pueden alcanzar un radio de varios decímetros a pocos metros de haber sido disparados. Cuantas más lesiones de perdigones presenta una víctima, es más corta la distancia a la que probablemente estuvieron los policías al disparar.

Seis de los nueve casos documentados se produjeron en una zona de unas dos manzanas entre el Jirón Lampa, la Avenida Nicolás de Piérola y la Avenida Abancay en la noche del 14 de noviembre. Esto es un indicio importante de que el mismo contingente policial estaría implicado en todos esos casos.

Human Rights Watch documentó nueve casos de manifestantes heridos y dos fallecidos en una zona de dos manzanas en el centro de Lima la noche del 14 de noviembre de 2020. En los 11 casos las heridas fueron causadas por perdigones, presuntamente de plomo, o por cartuchos de gases lacrimógenos.
  • Jack Bryan Pintado Sánchez, un manifestante de 22 años, murió a aproximadamente las 8 p.m. Una autopsia reveló que tenía 10 perdigones de plomo en el cuerpo, según consta en un documento firmado por una fiscal que pidió la pericia balística de los proyectiles. Los dos perdigones que le perforaron el pecho tuvieron consecuencias fatales, afirmó un abogado que representa a la familia.
Jack Bryan Pintado Sánchez en la manifestación el 14 de noviembre. Fotografía proporcionada por la familia de Pintado.
  • Cerca de las 9 p.m., Arturo Vilca, un manifestante de 24 años, vio que un policía le disparaba desde un costado a muy corta distancia, según afirmó. Uno de los siete perdigones disparados le atravesó el cuello y le rompió un vaso sanguíneo, sin afectar las arterias carótidas, mientras que los demás lo alcanzaron en la espalda, el brazo izquierdo y la cabeza. Los médicos reconstruyeron el vaso sanguíneo, pero no pudieron retirar cuatro de los perdigones por temor a causar daño en los órganos. La hermana de Vilca explicó que un médico le dijo que los perdigones eran de plomo, y no de goma. Vilca fue dado de alta del hospital el 28 de noviembre.
  • Aproximadamente a las 9:50 p.m., un perdigón perforó los pulmones de Inti Sotelo, un manifestante de 24 años, y le provocó la muerte, según indicó un abogado que representa a su familia.
  • También cerca de las 9:50 p.m., Jon Cordero, un manifestante de 24 años, fue herido por un perdigón que se alojó en su médula espinal y le provocó parálisis de miembros inferiores, contó su tía. Los cirujanos le dijeron a la familia que creían que el perdigón era de plomo, y señalaron que es improbable que Cordero vuelva a caminar.
Radiografía donde se observa un perdigón, que se cree que es de plomo, alojado en la médula espinal de Jon Cordero. Fotografía proporcionada por la familia de Jon Cordero.
  • Bryan Martín Pérez Castro, de 27 años, quien había llegado a la manifestación con su amigo Jon Cordero, contó que aproximadamente a las 10:30 p.m. sintió que algo le perforó un guante de ciclismo que llevaba puesto y le impactó en dos dedos. Los médicos que le practicaron dos cirugías dijeron a Pérez que retiraron fragmentos metálicos de lo que, según creían, sería un perdigón de plomo. Pérez fue dado de alta el 26 de noviembre sin saber si podría recuperar la movilidad en los dos dedos lesionados.

En otros casos, aún se desconoce qué tipo de proyectil alcanzó a las víctimas. Por ejemplo:

  • Alexander Salas Condori, un manifestante de 28 años, dijo que el 15 de noviembre doce hombres que usaban los chalecos negros y amarillos de la policía sobre su ropa de civil salieron de un callejón frente a un grupo de manifestantes en el centro de Lima. Se sacaron los chalecos y caminaron hacia un contingente de policías uniformados al final de la calle, contó Salas. Los manifestantes les gritaban “ternas”, un término con el cual se designa habitualmente a la unidad policial que opera vestida de civil. Uno de los hombres efectuó dos disparos al aire con una pistola. Salas se quedó atrás del grupo de manifestantes, pero algunos minutos después sintió que le “ardía” el pecho. Un proyectil le perforó el pecho y le causó daño en el pulmón, el riñón y el hígado. En un primer momento, los médicos le indicaron que se trataba de una bala, pero no pudieron confirmarlo ya que no fue posible retirar el proyectil por temor a dañar órganos. Salas fue dado de alta del hospital el 2 de diciembre.

Uso indiscriminado e inapropiado de armas menos letales

La policía utilizó de manera rutinaria gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos entre el 9 y el 14 de noviembre, según informaron varios manifestantes a Human Rights Watch.

En algunos casos, la policía disparó gases lacrimógenos con armas antidisturbios aparentemente de forma imprudente y peligrosa. La policía debe disparar los cartuchos de gases lacrimógenos al cielo, a fin de reducir la velocidad de la trayectoria de los proyectiles, que son pesados, y que luego de un arco descendente caigan en el suelo. No obstante, varios manifestantes relataron que policías dispararon los cartuchos de gases lacrimógenos directamente contra la multitud, lo cual puede tener consecuencias letales.

Human Rights Watch documentó 11 casos de personas que aparentemente fueron heridas por cartuchos de gases lacrimógenos, incluyendo los siguientes:

  • Rubén Guevara, un manifestante de 27 años, recibió un impacto debajo del ojo derecho de lo que, según él cree, fue un cartucho de gas lacrimógeno, en la Plaza San Martín el 12 de noviembre. Guevara dijo que había policías que disparaban armas con gases lacrimógenos y perdigones desde una distancia aproximada de 15 metros. El proyectil le provocó sangrado interno y perforación de la retina. Guevara debió someterse a cirugía y manifestó que los médicos le dijeron que podría recuperar hasta un 80 % de la visión en el ojo lesionado.
  • Alonso Balbuena, un periodista de 28 años, estaba cubriendo una protesta en la esquina de Paseo Colón y Avenida Garcilaso de la Vega el 12 de noviembre cuando vio que se acercaban policías. Balbuena estaba solo, parado junto a un muro, y gritó “soy periodista”, pero un policía le apuntó y disparó gases lacrimógenos con un arma antidisturbios, según relató. El cartucho le impactó en la pierna derecha, debajo de la rodilla. Debió someterse a cirugía, así como a un tratamiento para regenerar los tejidos dañados de la pierna. El 14 de diciembre continuaba en el hospital.

Detenciones arbitrarias y otras detenciones abusivas

La Policía Nacional informó a la Defensoría del Pueblo que sus agentes llevaron a 57 personas a comisarías en relación con las protestas que tuvieron lugar en Lima entre el 9 y el 15 de noviembre. El defensor del pueblo adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad, quien visitó algunas de las dependencias policiales junto con otros miembros de su institución durante las protestas, cree que el número verdadero es mayor, pero no cuenta con una estimación.

La lista de la policía indicaba que 39 de las 57 personas eran “intervenidos”; es decir, personas bajo custodia policial con el supuesto fin de verificar su identidad. La lista también incluye los nombres de otras 12 personas que fueron acusadas de “delitos contra la tranquilidad pública” pero que fueron registradas en la base de datos como “intervenidos” para verificación de identidad, en vez de como detenidos.

Human Rights Watch entrevistó a uno de ellos, que estuvo detenido durante 34 horas, y examinó documentos policiales del caso. El derecho peruano otorga a la policía la facultad de requerir identificación a las personas cuando ello “resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible”. Los policías pueden trasladar a cualquier persona a una comisaría si no lleva una identificación válida, aunque deben tener en cuenta la “gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada”. El Código Procesal Penal del Perú establece que el proceso no debe exceder cuatro horas desde el momento en que la policía requiere la identificación y que las personas retenidas a fin de verificar su identidad no deben ser ingresadas a celdas ni puestas en contacto con personas detenidas.

La Fiscalía dijo a Human Rights Watch que la policía no incluye en su registro de detenidos a los “intervenidos” que se encuentran bajo custodia con fines de control de identidad, por lo que los fiscales no tienen modo de tomar conocimiento de esos casos y abordar situaciones de abuso policial.

La disposición que permite que la policía ponga a personas bajo custodia para verificar su identidad es excesivamente amplia y susceptible de abusos, señaló Human Rights Watch.

La lista que la Policía Nacional brindó a la Defensoría del Pueblo señalaba que seis personas, incluyendo una niña de 14 años, habían sido detenidas por la supuesta comisión de delitos. Conforme al derecho peruano, la policía puede retener hasta 24 horas a cualquier persona arrestada en el acto de cometer un delito (es decir, en flagrancia). Durante ese plazo, el fiscal puede ordenar su liberación o solicitar su prisión preventiva a un juez, quien debe llevar a cabo una audiencia dentro de las 48 horas posteriores a dicha solicitud.

Los fiscales habían reducido su presencia en las comisarías a raíz de la pandemia de Covid-19, lo cual provocó que personas detenidas tuvieran que esperar más tiempo de lo normal para que se decidiera sobre su liberación, según informaron la Defensoría del Pueblo y abogados de derechos humanos que representan a personas detenidas. La Fiscal General determinó en una resolución que los fiscales se dirigieran a las comisarías a partir del 12 de noviembre, luego de recibir quejas de la Defensoría del Pueblo, congresistas y defensores de derechos humanos.

Algunas de las detenciones aparentemente fueron arbitrarias. Asimismo, algunas personas detenidas informaron a Human Rights Watch que habían sido maltratadas y presionadas a firmar confesiones y otros documentos sin la presencia de un abogado:

En la comisaría, un agente le dijo a Enríquez que la habían detenido por “resistencia a la autoridad”. Luego de que Enríquez se negara a firmar una confesión, una agente de policía la llevó a un baño y la obligó a que se desnudara y se agachara sin ropa para inspeccionar sus genitales.

Enríquez pasó la noche en una celda oscura que estaba infestada de ratas e insectos y apestaba a orina, y solo le permitieron utilizar el baño más de una hora después de que lo solicitara. Fue liberada luego de una llamada por Zoom con un fiscal. Pasó 27 horas detenida sin que se le permitiera ver a un juez. La niña permaneció 20 horas en detención y debió pasar la noche en una silla. Ambas siguen bajo investigación por “resistencia a la autoridad”.

  • Adriana Enríquez, de 28 años, y una niña de 14 años se dirigían a casa tras haber participado en una protesta en el centro de Lima la noche del 10 de noviembre cuando seis o siete policías uniformados que circulaban en motocicletas se acercaron y les dijeron que siguieran caminando. Enríquez relató que, a continuación, los agentes la embistieron con una motocicleta, lo cual le causó una lesión en la pierna, la golpearon con una vara (o tolete policial), le quitaron el teléfono celular que había estado utilizando para filmar y la esposaron con tanta fuerza que le dolían las muñecas. Human Rights Watch revisó fotografías de sus moretones, que parecen coincidir con lo relatado por Enríquez. Una policía jaló del cabello de la niña y la arrojó al piso.

    En la comisaría, un agente le dijo a Enríquez que la habían detenido por “resistencia a la autoridad”. Luego de que Enríquez se negara a firmar una confesión, una agente de policía la llevó a un baño y la obligó a que se desnudara y se agachara sin ropa para inspeccionar sus genitales.

    Enríquez pasó la noche en una celda oscura que estaba infestada de ratas e insectos y apestaba a orina, y solo le permitieron utilizar el baño más de una hora después de que lo solicitara. Fue liberada luego de una llamada por Zoom con un fiscal. Pasó 27 horas detenida sin que se le permitiera ver a un juez. La niña permaneció 20 horas en detención y debió pasar la noche en una silla. Ambas siguen bajo investigación por “resistencia a la autoridad”.
  • Luis Miguel Lovato (seudónimo), de 24 años, caminaba a su oficina durante una protesta en el centro de Lima el mediodía del 10 de noviembre cuando un policía le pidió su documento de identidad. Lovato se lo mostró, según refirió. El policía se ofreció a llevarlo a su oficina, que quedaba a unas pocas cuadras. Lovato entró al patrullero, donde había dos personas detenidas y esposadas. En lugar de llevarlo a su oficina, los agentes lo trasladaron a una comisaría cercana. Una vez allí, la policía le informó a Lovato que estaba detenido. Lovato recuerda que el policía le dijo: “No te puedo soltar porque nos piden producción”.

    El agente le dijo a Lovato que le liberaría en dos horas si firmaba una notificación que decía que había sido detenido por “delitos contra la tranquilidad pública” y “alteración del orden público”, según relató Lovato. La policía luego lo llevó a un hospital, esposado, para que se sometiera a un examen físico. Pasó la noche en una celda insalubre en la comisaría. Según Lovato, la policía no le brindó comida ni agua durante casi 24 horas. Lovato relató que tuvo una audiencia vía Zoom con un fiscal en la madrugada del 11 de noviembre. La policía lo liberó 34 horas después de su arresto. Sigue bajo investigación preliminar.

La lista brindada por la Policía Nacional a la Defensoría del Pueblo incluye erróneamente a Lovato como “intervenido”; es decir, una persona puesta bajo custodia para verificar su identidad. La notificación de detención y otros dos documentos policiales que revisó Human Rights Watch indican que estuvo detenido y que se le acusó de un delito.

  • El defensor de derechos humanos Carlos Rodríguez, de 49 años, estaba en una comisaría de Lima el 10 de noviembre para asegurarse de que los detenidos recibieran un trato adecuado cuando vio a un policía vestido de civil que estaba hostigando a un joven detenido para que confesara un delito, según relató a Human Rights Watch. Rodríguez le dijo al policía que dejara de hostigarlo y, en respuesta, este los empujó a él y a un colega, arrestó a Rodríguez y le exigió firmar un documento que decía que estaba siendo detenido por haber dicho falsamente que era abogado. Rodríguez, quien se negó a firmar, fue retenido hasta la tarde siguiente y está siendo investigado por “resistencia a la autoridad”.
El defensor del pueblo adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad dijo haber presenciado la detención de un manifestante por policías vestidos de civil en el centro de Lima el 11 de noviembre. La imagen corresponde a un video de esa detención grabado por miembros de la Defensoría del Pueblo.

Un sistema disciplinario policial deficiente

El sistema disciplinario policial de Perú carece de independencia y transparencia. Este cuenta con procedimientos diferentes dependiendo del rango del agente investigado y la gravedad de la infracción. Investigadores civiles de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior investigan todas las acusaciones de infracciones contra oficiales generales de policía, sin importar su gravedad, y preparan un informe con una recomendación de posibles acciones disciplinarias (que van desde amonestaciones hasta el retiro obligatorio). No obstante, dichas recomendaciones no son vinculantes y el inspector general de la Policía, que también es un policía, toma la decisión final con independencia de la recomendación de los investigadores civiles.

La Oficina de Asuntos Internos también puede iniciar “investigaciones extraordinarias” de policías de menor rango por infracciones “graves” o “muy graves”. No obstante, la oficina se enfrenta a grandes obstáculos para iniciar y llevar a cabo dichas investigaciones. El director de integridad del Ministerio del Interior, del que depende la Oficina de Asuntos Internos, dijo que, para tomar conocimiento de las infracciones, su oficina recurre a información difundida en los medios y a una lista de investigaciones disciplinarias en curso que el inspector general le envía.

Sin embargo, las descripciones de los casos en la lista del inspector general pueden minimizar la seriedad de las presuntas infracciones. Adicionalmente, el inspector general sólo envía la lista una vez cada seis meses, lo cual puede generar que los investigadores civiles tomen conocimiento de casos “graves” o “muy graves” meses después de la presunta infracción. Además, los investigadores civiles no pueden obtener documentación durante las visitas a instalaciones de la policía, sino que sólo pueden hacerlo presentando una solicitud por escrito, lo cual limita su capacidad de investigar eficazmente las presuntas infracciones.

En los casos de agentes con rangos inferiores al de general, los policías de la Inspectoría General investigan las acusaciones de infracciones “graves” o “muy graves” y un coronel toma la decisión final. Las infracciones “leves” son investigadas y sancionadas por el superior del policía que supuestamente las cometió.

Un decreto de 2017 ordenó que se estableciera una capacitación especializada, así como una carrera independiente, para los investigadores disciplinarios de la Inspectoría General. No obstante, la comandancia de la policía nunca implementó el decreto, según admitió el jefe de la unidad de asuntos académicos policiales en una carta del 29 de septiembre enviada al Ministerio del Interior, a la cual tuvo acceso Human Rights Watch. Esto significa que no existen protecciones para asegurar que los investigadores no sean transferidos de unidad y terminen trabajando junto con policías que ellos hayan investigado previamente, o bajo el mando de esos policías.

Las acciones disciplinarias por infracciones “muy graves”, por infracciones de cualquier gravedad atribuida a generales y por infracciones que son objeto de “investigaciones extraordinarias” pueden ser apeladas ante el Tribunal de Disciplina Policial, que depende del Ministerio del Interior. Ese tribunal está compuesto por tres miembros, de los cuales al menos uno es general de la policía u otro policía de alto rango en situación de retiro y el resto son civiles.

Un coronel a cargo de investigaciones en la Inspectoría General indicó a Human Rights Watch que no podía informar siquiera del número de investigaciones realizadas sobre violaciones del código disciplinario, ni tampoco sus resultados, ya fuera por actuaciones policiales en protestas o en otras circunstancias, puesto que dicha información es, a su criterio, “reservada”.

Estándares internacionales aplicables

Perú es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido, ha asumido obligaciones de respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos a la vida, a reunirse de forma pacífica, a la libertad de expresión y de prensa, a la libertad, a la integridad física y a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes. También tiene la obligación de garantizar recursos eficaces, incluyendo mediante investigaciones penales, cuando se violen esos derechos.

El derecho internacional establece que las autoridades tienen la obligación de proteger las reuniones pacíficas y sólo pueden restringirlas en la medida en que resulte necesario y sea proporcional a un objetivo legítimo, como la protección de los derechos de otras personas. Los agentes de seguridad pública deben evitar el uso de la fuerza para dispersar protestas pacíficas, incluso si las consideran ilegales.
 
Aun si existe violencia en una manifestación, los estándares internacionales —incluyendo los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley— establecen que la fuerza sólo debe ser empleada como último recurso, en caso de ser necesario y proporcional para hacer frente a una amenaza genuina. En el contexto del control de multitudes, los agentes de seguridad pública deben priorizar y planificar el empleo de medios no violentos y técnicas de reducción de tensiones en la mayor medida posible antes de recurrir al uso de la fuerza.

El uso deliberado de la fuerza letal sólo es permisible cuando resulta estrictamente necesario para proteger una vida.

Los Principios Básicos exigen que las autoridades informen inmediatamente sobre todos los casos de empleo de armas de fuego por parte de agentes de las fuerzas de seguridad, así como que investiguen mediante procesos independientes, incluyendo procesos judiciales, todos los incidentes en los cuales agentes maten o lesionen a personas. 

Recomendaciones

Al gobierno del presidente Sagasti:

  • Otorgar reparaciones a las víctimas de violencia estatal durante las protestas de noviembre.
  • El Ministerio del Interior y la Inspectoría General de la Policía deben asegurar investigaciones disciplinarias exhaustivas para que rindan cuentas los policías que hayan cometido abusos durante las protestas de noviembre y los comandantes que puedan haber ordenado los abusos o que puedan tener responsabilidad, en virtud del derecho peruano, por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir delitos o asegurarse de que los responsables sean llevados ante la justicia.
  • El Ministerio del Interior y la comandancia de la Policía deberían crear un programa piloto en el cual los policías autorizados a emplear armas menos letales o letales utilicen cámaras corporales que graben y almacenen transmisiones de audio y video junto con sus coordenadas de GPS. Las autoridades deben desarrollar normas claras sobre el uso de esas cámaras, que eviten que los policías alteren las grabaciones y los datos y permitan que las imágenes sean puestas a disposición de los órganos investigativos y los afectados, asegurando la protección de la privacidad de las personas que sean objeto de las grabaciones, en particular de las víctimas de violencia y los niños y niñas.

A la comisión convocada por el presidente Sagasti:

  • Realizar una revisión exhaustiva de los protocolos, las prácticas y los equipos policiales empleados en manifestaciones; las capacitaciones que se brindan a policías sobre el uso de la fuerza y el respeto del derecho a reunirse de forma pacífica y otros derechos humanos; y la política por medio de la cual se transfiere frecuentemente a policías, a fin de evaluar si esto priva de agentes capacitados a las unidades de control de multitudes.
  • Revisar la facultad policial de retención de personas por control de identidad y proponer reformas para asegurar protecciones más sólidas y rendición de cuentas respecto al uso arbitrario de esa facultad y respecto a malos tratos ocurridos durante la detención, incluyendo los cacheos abusivos a detenidos desnudos. Entre otras medidas, las reformas deben garantizar que los fiscales tengan acceso a un registro de las personas “intervenidas” que han sido llevadas a comisarías para control de identidad.

A la Fiscal de la Nación:

  • Los fiscales deben garantizar la rendición de cuentas en el ámbito penal por los abusos policiales cometidos durante las protestas de noviembre de 2020; entre otras medidas, priorizando las dos investigaciones en curso sobre el rol que tuvieron las autoridades civiles y policías en las violaciones de derechos humanos. Los fiscales deben investigar a los policías directamente involucrados en estos abusos, así como a los comandantes de las unidades y a los comandantes a cargo de los operativos que puedan haber ordenado los abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho peruano, por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir delitos o asegurarse de que los responsables sean llevados ante la justicia.
  • La Fiscal de la Nación debe asegurarse de que, cuando se prevean grandes manifestaciones, los fiscales inspeccionen los equipos y las municiones de la policía antes del despliegue de los agentes; que los fiscales estén presentes en las comisarías para garantizar que las detenciones se lleven a cabo conforme a derecho y, si hay personas heridas, que los fiscales también estén presentes en los hospitales.

A la comandancia general de la policía:

  • El comandante general de la policía debe retirar de las calles a los comandantes de unidades que se hayan visto implicados de forma creíble en abusos, así como a los policías que utilizaron escopetas de perdigones en las áreas donde manifestantes resultaron heridos por municiones prohibidas y a los agentes acusados de disparar armas de gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes.
  • El comandante general debe prohibir el despliegue de policías vestidos de civil para que se infiltren en las protestas y arresten a manifestantes.
  • La policía debe usar placas identificatorias más grandes durante operativos en manifestaciones y garantizar que estas sean claramente visibles y no se encuentren tapadas por los protectores corporales.
  • La policía debe comenzar a grabar las llamadas de índole laboral que se entablen entre los agentes durante operativos en manifestaciones. Esas grabaciones deben ponerse a disposición de los fiscales y los investigadores del sistema disciplinario de la policía.
  • La policía debe revisar sus protocolos y procedimientos a fin de controlar mejor las municiones utilizadas por cada agente.

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