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Perú: Destitución del presidente amenaza el Estado de derecho

La OEA debe convocar a una sesión urgente

Martín Vizcarra habla frente al palacio presidencial después de que los legisladores votaran por destituirlo del cargo, en Lima, Perú, el 9 de noviembre de 2020.  © AP Photo/Martin Mejia

(Washington D.C.)—La forma en que el Congreso de Perú apartó del cargo al Presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre de 2020 y las consecuencias inmediatas que ello podría tener para la independencia del Tribunal Constitucional representan una grave amenaza al estado de derecho en el país, señaló hoy Human Rights Watch. La Organización de los Estados Americanos (OEA) debe convocar una sesión del consejo permanente urgentemente y vigilar de cerca la situación en el Perú.

El Congreso peruano destituyó al presidente Vizcarra invocando facultades legales dudosas, al sostener que tenía una “incapacidad moral” debido a acusaciones de corrupción contra él que todavía están siendo investigadas. Decenas de legisladores en el Congreso, que también están bajo investigación penal por diversos delitos, habían intentado destituirlo infructuosamente por otras razones en septiembre. Vizcarra impulsó varias iniciativas contra la corrupción que afectaban a numerosos miembros del Congreso. El presidente del Congreso, Manuel Merino, se juramentó como presidente el 10 de noviembre en medio de protestas multitudinarias y señalamientos de uso excesivo de la fuerza por la policía en respuesta a estas manifestaciones.

“Las acusaciones contra Vizcarra deben ser investigadas; sin embargo, existen serias dudas sobre la legalidad de su vacancia, que parece responder al interés personal de algunos legisladores de eludir cualquier rendición de cuentas a futuro”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos de las Américas deben fiscalizar de cerca las decisiones que adopten Merino y el Congreso. Existen motivos sólidos para sospechar que utilizarán la destitución de Vizcarra para seguir debilitando el estado de derecho en el Perú”.

En los próximos meses, está previsto que el Congreso y el presidente de Perú impulsen procesos que son fundamentales para las instituciones del país, incluyendo la selección de magistrados del Tribunal Constitucional y la organización de la elección presidencial programada para abril de 2021. El Tribunal Constitucional está examinando una demanda acerca de la cláusula constitucional que permite la vacancia del presidente por “incapacidad moral”.

Durante su presidencia, que empezó en marzo de 2018, Vizcarra impulsó varias iniciativas contra la corrupción, incluyendo medidas orientadas a limitar la inmunidad parlamentaria y reformar las normas sobre el financiamiento de partidos políticos.

Según indicaron medios de comunicación, decenas de congresistas, incluido del partido de Merino, están siendo investigados penalmente por cargos que incluyen corrupción, entre otros graves delitos.

En la actualidad, el Congreso lleva adelante un proceso para nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional, el cual está examinando la constitucionalidad de la destitución del presidente. El 3 de noviembre, un grupo de abogados señaló que el Congreso los había excluido de forma arbitraria de la posibilidad de postularse a la corte. El Congreso debe garantizar un proceso justo que asegure la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional, destacó Human Rights Watch.

El Congreso de Perú no llevó adelante un juicio político contra Vizcarra. La Constitución de Perú lo habilita a someter a juicio político a un presidente, pero únicamente por traición a la patria, por impedir que se celebren elecciones, por disolver ilegalmente el Congreso o por impedir el funcionamiento del Congreso o de los órganos electorales del país. En vez de esto, el Congreso invocó una disposición constitucional vaga y poco clara que le permite declarar la “vacancia” de la presidencia si el presidente renuncia o presenta “incapacidad moral o física”.

Diversos expertos constitucionales han señalado que una investigación penal no activaría esta disposición, cuyo fin no es castigar irregularidades en el desempeño del cargo sino abordar situaciones en las cuales el presidente no esté en condiciones de cumplir sus funciones. A pesar de esto, el Congreso acusó a Vizcarra de “incapacidad moral” el 2 de noviembre sobre la base de señalamientos de que había participado en actos de corrupción durante 2014, cuando era gobernador regional. El debate de vacancia, que tuvo lugar el 9 de noviembre, duró seis horas, y en ese lapso sólo se le concedió una hora a Vizcarra para defenderse.

El gobierno de Vizcarra había programado la elección presidencial para abril de 2021. Vizcarra no se postuló a la reelección. En su discurso de asunción el 10 de noviembre, Merino expresó que “ratificaba” el calendario electoral para Perú. El gobierno debe asegurar que se celebren elecciones libres e imparciales, y evitar cualquier dilación arbitraria, señaló Human Rights Watch.

El 10 de noviembre, miles de personas salieron a las calles en Lima, la capital del país, en protesta por la destitución de Vizcarra, y muchas rechazaron que la medida fuera legítima.

Periodistas y organizaciones de derechos humanos informaron que policías dispersaron en forma arbitraria a manifestantes pacíficos, emplearon fuerza excesiva, incluyendo gases lacrimógenos y “armas menos letales”, contramanifestantes pacíficos y llevaron a cabo múltiples detenciones. Aunque las manifestaciones se desarrollaron de manera mayormente pacífica, algunos participantes terminaron actuando de forma violenta; por ejemplo, al arrojar piedras a la policía.

El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho de reunión pacífica. Las autoridades deben proteger a los manifestantes pacíficos y evitar que existan restricciones innecesarias o desproporcionadas a esas movilizaciones. Incluso cuando haya incidentes aislados de violencia, las autoridades deben responder usando los medios que sean menos restrictivos y, a su vez, proteger los derechos de otras personas a reunirse en forma pacífica.

Conforme a los estándares internacionales, las fuerzas de seguridad deben evitar el uso de la fuerza, incluido el empleo de gases lacrimógenos, aun si consideran que las protestas son ilegales. Las directrices internacionales, incluyendo los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, establecen que, ante eventuales hechos de violencia, el uso de la fuerza —incluidos los gases lacrimógenos— sólo debe proceder cuando sea necesario y proporcional.

Los agentes de seguridad deben evitar exacerbar la situación y sólo deben incrementar el uso de la fuerza cuando otras medidas hayan resultado ineficaces o no haya probabilidades de que contengan la violencia. Toda instancia de uso de la fuerza debe estar precedida por advertencias claras.

“Los peruanos tienen pleno derecho a manifestarse por la crisis en su país”, sostuvo Vivanco. “La policía y otras autoridades deben proteger las manifestaciones pacíficas y, en todas las situaciones, abstenerse de emplear un uso excesivo de la fuerza”.

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