(Ciudad de México) — Un proyecto de ley para establecer un sistema de cuidados en la Ciudad de México corre el riesgo de socavar los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores debido a deficiencias estructurales y a una disposición presupuestaria restrictiva, señaló hoy Human Rights Watch.
El proyecto ha sido presentado como un esfuerzo para alinear a la Ciudad de México con el derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Si bien la propuesta actual reconoce el cuidado como un derecho humano e incorpora principios clave como la autonomía, la inclusión y la desinstitucionalización, presenta deficiencias en materia de apoyos para la vida independiente y contiene vacíos importantes que pueden limitar su alineación con los derechos humanos en la práctica. Se basa en centros de cuidado y en modelos centrados en la prestación de servicios, y carece de salvaguardas para garantizar la autonomía, la elección informada y el control por parte de las personas con discapacidad y las personas mayores sobre sus sistemas de apoyo.
“El proyecto tiene elementos positivos importantes, pero su estructura y las restricciones de financiamiento corren el riesgo de limitar la capacidad de las personas para ejercer sus derechos en la práctica”, dijo Carlos Ríos Espinosa, director asociado de derechos de las personas con discapacidad en Human Rights Watch. “Sin financiamiento adecuado, el sistema no puede pasar del reconocimiento formal de derechos a garantizar apoyos reales en la vida cotidiana de las personas.”
Las disposiciones presupuestarias del proyecto son particularmente preocupantes, señaló Human Rights Watch. Mientras que el artículo 78 exige un presupuesto progresivo que no disminuya en términos reales, una disposición transitoria que prohíbe cualquier incremento del gasto implica que el presupuesto para implementar la ley solo podría aumentar si esos recursos se detraen de otras prioridades de gasto.
Esto podría hacer que los incrementos sean prácticamente imposibles, vaciando de contenido la intención del artículo 78 y debilitando un pilar fundamental del intento del proyecto de alinearse con el derecho internacional de los derechos humanos. Un financiamiento adecuado será esencial para cualquier esfuerzo serio por garantizar el respeto al derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad conforme al artículo 19 del tratado internacional, por ejemplo.
El proyecto incluye disposiciones sobre servicios para personas con discapacidad y personas mayores, así como la creación de centros de cuidado y ciertos programas de asistencia social, como centros de día para personas mayores. Sin embargo, su diseño general sigue centrado en la prestación de servicios y no establece de manera suficiente un sistema integral de apoyos individualizados que permita a las personas vivir de forma independiente y participar en la comunidad.
La restricción presupuestaria parece incompatible con cualquier esfuerzo significativo por materializar componentes clave del derecho a la vida independiente, incluida la asistencia personal, los apoyos comunitarios y los procesos de transición fuera de modelos institucionales. Sin una inversión sostenida, es poco probable que estos elementos se desarrollen a la escala necesaria, lo que limita la capacidad de las personas para elegir dónde y con quién vivir.
El enfoque del proyecto respecto del apoyo económico para personas con discapacidad también genera preocupaciones sustantivas. Si bien prevé transferencias económicas para cuidadores, no asigna claramente recursos directos para que las personas con discapacidad contraten asistentes personales ni garantiza la cobertura de seguridad social para estas personas trabajadoras, como lo propuso el colectivo “Cuidados sí, apoyos también”. Esto corre el riesgo de reforzar la dependencia de las familias, en contravención del objetivo de la autonomía.
Human Rights Watch ha documentado casos en la Ciudad de México en los que la falta de apoyos para la vida independiente expone a las personas con discapacidad a violencia familiar y refuerza dinámicas de dependencia que incrementan los riesgos de negligencia y abandono. Estas situaciones suelen surgir cuando las personas deben depender de arreglos familiares o informales que son inestables, insuficientes o abusivos.
“Una disposición que impide la ampliación del presupuesto en ejercicios fiscales futuros plantea serias dudas sobre si el gobierno puede cumplir con su obligación de adoptar medidas acordes con el máximo de recursos disponibles para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales”, dijo Ríos Espinosa. “También genera un riesgo real de que el sistema se implemente de manera limitada o fragmentada, dejando a muchas personas sin los apoyos a los que tienen derecho.”
También existen preocupaciones sobre otros aspectos del proyecto, señaló Human Rights Watch, incluyendo la ausencia de una estrategia clara de desinstitucionalización y el uso de criterios de elegibilidad que pueden excluir a personas que requieren apoyos pero no cumplen con el umbral de “necesidades intensivas” descrito en la ley.
Las y los legisladores deberían eliminar el tope presupuestario para asegurar que el financiamiento pueda crecer conforme a las necesidades y priorizar la inversión en apoyos comunitarios y asistencia personal, en consonancia con el artículo 19 del tratado internacional, señaló Human Rights Watch.
“Esta ley podría ser transformadora, pero solo si cuenta con recursos adecuados y un marco alineado con los derechos humanos”, dijo Ríos Espinosa. “Un sistema de cuidados sin financiamiento suficiente corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía en lugar de una herramienta para avanzar en derechos e independencia.”
