(Nueva York) – Desde que tomaron el poder hace cinco años, los talibanes han recrudecido una de las peores crisis de derechos humanos del mundo y desmantelado de forma sistemática los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán, señaló hoy Human Rights Watch al publicar una cronología de los abusos cometidos durante este periodo. El país también atraviesa una grave crisis humanitaria y cerca del 40 % de la población necesita asistencia urgente.
Desde la toma de Kabul el 15 de agosto de 2021, las autoridades talibanas han impuesto amplias restricciones al derecho de las mujeres al trabajo, a la libertad de circulación y a la participación en la vida pública como parte de un sistema más amplio de control social destinado a sofocar cualquier forma de disidencia. La policía de la moral talibana ha llevado a cabo redadas en lugares de trabajo, vigilado espacios públicos y detenido arbitrariamente a mujeres por presuntas infracciones de los códigos de vestimenta. Afganistán sigue siendo el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido acceder a la educación más allá del sexto grado.
“El quinto aniversario de la toma del poder por los talibanes es un sombrío recordatorio del devastador costo de la impunidad”, afirmó Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán de Human Rights Watch. “Los gobiernos deben ir más allá de las declaraciones de preocupación y exigir justicia por los crímenes graves cometidos en Afganistán, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género”.
Las leyes más recientes adoptadas por los talibanes han reforzado aún más este sistema represivo. El 4 de enero de 2026, los talibanes promulgaron un código de procedimiento penal que define como musulmanes únicamente a quienes se adscriben a la escuela jurídica hanafí y califica de herejes a otros grupos religiosos, entre ellos la comunidad musulmana chií. El código establece además penas severas para silenciar cualquier forma de disidencia. Una nueva Ley de Predicadores refuerza aún más el control sobre la expresión religiosa al exigir que el clero se ajuste exclusivamente a la jurisprudencia hanafí. Ambas normas consagran la discriminación religiosa en la legislación afgana.
El código de procedimiento penal reconoce ahora únicamente las agresiones físicas “excesivas” como violencia doméstica contra las mujeres, lo que deja sin acceso a la justicia a las sobrevivientes de otras formas de violencia y debilita aún más las protecciones legales de mujeres y niñas. Además, un decreto sobre la separación judicial entre cónyuges elimina la edad mínima para contraer matrimonio en el caso de las niñas, lo que incrementa el riesgo de matrimonio infantil.
Las autoridades también han intensificado las restricciones a la libertad de expresión y la censura de los medios de comunicación locales. Periodistas, personas defensoras de los derechos de las mujeres, activistas de la sociedad civil, académicos, artistas y otras voces críticas han sido objeto de represión, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos.
La crisis humanitaria en Afganistán se ha agravado a medida que los gobiernos donantes han reducido su ayuda. Se prevé que más de 17 millones de personas, el 40 % de la población, sufran inseguridad alimentaria aguda, mientras que el Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas sigue muy por debajo del nivel de financiación necesario. Los drásticos recortes de la ayuda exterior de Estados Unidos, junto con los del Reino Unido y otros donantes, han obligado a las organizaciones humanitarias a reducir programas y limitar sus servicios. Las restricciones impuestas por los talibanes al trabajo de las mujeres en el ámbito humanitario, incluida la obligación de ir acompañadas por un tutor masculino, han limitado aún más el acceso de las mujeres a medios de vida y a la asistencia humanitaria.
Irán y Pakistán han obligado a millones de personas afganas a regresar al país. Desde que reanudó los vuelos de deportación en agosto de 2024, Alemania ha intensificado las expulsiones a Afganistán pese a los graves riesgos que siguen enfrentando las personas retornadas. El 22 de junio de este año, representantes de la Unión Europea recibieron por primera vez en Bruselas a una delegación talibana para abordar cuestiones migratorias. Ningún gobierno debería devolver por la fuerza a personas afganas que puedan enfrentarse a persecución, detención arbitraria, tortura u otros daños graves.
La reanudación de los enfrentamientos transfronterizos con Pakistán también ha provocado cientos de víctimas civiles. El 16 de marzo, un ataque aéreo pakistaní contra el Centro de Rehabilitación para Drogodependencias Omid, en Kabul, mató al menos a 269 civiles e hirió a más de 122, según las Naciones Unidas.
El 6 de octubre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica por la que se crea un mecanismo independiente para investigar las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes cometidas en Afganistán por todas las partes, incluidas las antiguas autoridades afganas y las fuerzas internacionales. Los gobiernos deberían garantizar que este nuevo mecanismo entre plenamente en funcionamiento y cuente con los recursos necesarios para cumplir su mandato. Al mismo tiempo, deberían respaldar otras iniciativas de rendición de cuentas, como la investigación de la Corte Penal Internacional y los procedimientos nacionales basados en el principio de jurisdicción universal.
“La población afgana, especialmente las mujeres y las niñas, lleva cinco años soportando represión y abusos", afirmó Abbasi. “La respuesta internacional debe estar por fin a la altura de la gravedad de esta crisis: debe poner fin a las deportaciones a Afganistán, proteger a las personas afganas en situación de riesgo y mantener la financiación de la ayuda humanitaria destinada al país”.
