- Una década después del inicio de la campaña de “sinización” de la religión impulsada por el presidente Xi Jinping, las comunidades católicas en China enfrentan un mayor control ideológico, vigilancia intensiva y restricciones a la movilidad.
- El acuerdo de 2018 entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos ha contribuido a que el gobierno chino presione a las comunidades católicas clandestinas para que se integren en la iglesia oficial.
- La Santa Sede y otros gobiernos deberían instar a Beijing a poner fin a la persecución de las comunidades católicas y a respetar la libertad religiosa de todas las personas católicas y de otras confesiones.
(Nueva York) – Autoridades chinas están intensificando la presión sobre las comunidades católicas clandestinas para que se integren en la iglesia oficial controlada por el Estado, señaló hoy Human Rights Watch. En los últimos años, el gobierno chino ha reforzado el control ideológico, la vigilancia y las restricciones a la movilidad de los aproximadamente 12 millones de personas católicas del país.
En el marco de la campaña de “sinización” de la religión impulsada por el presidente Xi Jinping, iniciada en abril de 2016, se espera que los lugares de culto y las enseñanzas religiosas reflejen una cultura centrada en la etnia han y la ideología del Partido Comunista Chino. El acuerdo provisional de 2018 entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos, que puso fin a una disputa de décadas, favorece la represión de la población católica en el país.
“Una década desde el inicio de la campaña de sinización de Xi Jinping y casi ocho años después del acuerdo de 2018 entre la Santa Sede y China, las personas católicas en China enfrentan una represión cada vez mayor que vulnera su libertad religiosa”, afirmó Yalkun Uluyol, investigador sobre China de Human Rights Watch. “El papa León XIV debería revisar con urgencia este acuerdo y presionar a Beijing para que ponga fin a la persecución e intimidación de las iglesias clandestinas, el clero y las personas fieles”.
El gobierno chino no permite el acceso de investigadores independientes al país y castiga a quienes hablan con medios extranjeros o con organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch entrevistó fuera del país a nueve personas con conocimiento directo de la vida católica en China, así como a especialistas en libertad religiosa y catolicismo en el país. También examinó documentos oficiales y artículos de la prensa estatal china.
El 7 de abril de 2026, Human Rights Watch envió un resumen de sus conclusiones al gobierno chino y a la Santa Sede solicitando comentarios. Ninguno de los dos ha respondido.
El gobierno chino ha restringido durante años la libertad religiosa de la población católica, a la que solo se le permite practicar su fe en iglesias oficiales bajo el control de la Asociación Patriótica Católica China, gestionada por el Estado. Las comunidades más afectadas son las católicas clandestinas, que se niegan a jurar lealtad al Partido Comunista Chino. Aunque la persecución religiosa en China no es nueva, el entorno se ha vuelto cada vez más represivo desde que Xi asumió el poder en noviembre de 2012.
En virtud del acuerdo de 2018, Beijing propone candidatos a obispo que el papa puede vetar, aunque el texto completo del acuerdo nunca se ha hecho público. El acuerdo se ha renovado en tres ocasiones y actualmente está vigente hasta octubre de 2028, pero ningún papa ha ejercido ese veto, incluso después de que el gobierno chino incumpliera sus términos al nombrar obispos de forma unilateral. El papa León XIV, en el cargo desde mayo de 2025, también ha aprobado cinco nombramientos propuestos por Beijing.
Desde el acuerdo de 2018, las autoridades chinas han presionado a las comunidades católicas clandestinas para que se integren en la Asociación Patriótica mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y arrestos domiciliarios de obispos y sacerdotes clandestinos, según informes de medios y organizaciones de investigación.
Las personas entrevistadas señalaron que el acuerdo de 2018 proporcionó un marco que ha facilitado la presión sobre las comunidades clandestinas. Según una de ellas, cuya iglesia fue demolida, su cruz retirada y sus miembros amenazados y detenidos, no les dejó “otra opción que unirse a la iglesia oficial”. Otra persona afirmó que el acuerdo se ha convertido en un “instrumento inteligente para destruir legalmente a las iglesias clandestinas”, ya que obispos clandestinos de alto rango, perseguidos durante años, han fallecido o han sido sustituidos por obispos nombrados oficialmente.
Algunas personas católicas clandestinas señalaron sentirse traicionadas por el Vaticano. Según un experto que ha entrevistado a decenas de católicos en China, aunque “estas comunidades están acostumbradas a la persecución por parte del gobierno [chino]”, desde 2018 “sienten que el Vaticano también va contra ellas”.
Un sacerdote que reside en el extranjero afirmó que “muchos obispos clandestinos son mayores, y [el Vaticano y Beijing] no están nombrando nuevos obispos clandestinos. Esas comunidades pueden subsistir durante un tiempo con sus sacerdotes, pero a largo plazo los católicos clandestinos [en China] desaparecerán”.
En los últimos años, el gobierno chino también ha intensificado el control ideológico, la vigilancia, las restricciones a las actividades religiosas y a los vínculos con el exterior en las iglesias oficiales, señaló Human Rights Watch.
Las autoridades han sometido al clero a formaciones políticas o ideológicas intensivas, que en algunos lugares se realizan hasta dos veces por semana. Además del control estatal ya existente sobre los materiales religiosos, las enseñanzas de los sacerdotes deben ahora contar con la aprobación de las autoridades competentes. Las autoridades también han restringido las actividades religiosas en las iglesias oficiales, por ejemplo, imponiendo requisitos de registro para los servicios religiosos y prohibiendo la entrada de menores. Asimismo, existen informes creíbles de que se ha prohibido la educación religiosa de menores en el hogar y las actividades benéficas de carácter religioso en todo el país.
En diciembre de 2025, la Asociación Patriótica Católica China y la Conferencia de Obispos Católicos de China adoptaron formalmente las “Normas provisionales sobre la gestión estandarizada de los documentos de salida y entrada del clero católico”, que obligan a todo el clero a entregar sus documentos de viaje a las autoridades competentes, sometiendo sus desplazamientos fuera del territorio continental, incluso por motivos personales, a autorización estatal. Las autoridades también restringen que personas extranjeras realicen actividades religiosas en China.
Las violaciones de derechos cometidas por el gobierno chino contra la población católica contravienen la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y vulneran, entre otros, los derechos a la libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de circulación, señaló Human Rights Watch.
“La Santa Sede y los gobiernos preocupados deberían instar a Beijing a respetar la libertad religiosa de todas las personas católicas y de otras confesiones en China”, afirmó Uluyol. “El gobierno chino debería dejar de perseguir e intimidar a quienes practican su fe de forma independiente del control del Partido Comunista”.
