Soldiers walk past a burned Ahmadiyah mosque in Cisalada, West Java province, which hundreds of Muslims burned along with five other houses on October 2, 2010.

(Yakarta) – El gobierno de Indonesia está fallando en su deber de proteger a las minorías religiosas del país de la creciente intolerancia religiosa y la violencia, dijo Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. El presidente Susilo Bambang Yudhoyono debería responder con más decisión y adoptar una política de "cero tolerancia" para los ataques contra las minorías religiosas.

El informe de 107 páginas,“In Religion’s Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia” (“En nombre de la religión: Los abusos contra las minorías religiosas en Indonesia”), documenta el fracaso del gobierno a la hora de hacer frente a los grupos militantes cuyas agresiones y hostigamiento contra centros de culto y miembros de minorías religiosas se han vuelto cada vez más agresivas. Entre las víctimas de estos abusos se destacan miembros de la comunidad Ahmadía, cristianos y musulmanes chiítas. Grupos indonesios de vigilancia han observado un aumento constante en este tipo de ataques; un grupo registró 264 incidentes violentos en el último año.

“El fracaso del gobierno de Indonesia para tomar acciones decisivas que protejan a las minorías religiosas de las amenazas y la violencia está socavando sus pretensiones de ser una democracia respetuosa de los derechos”, dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “El liderazgo nacional es esencial. Yudhoyono tiene que insistir en que se cumplan las leyes nacionales, anunciar que todo ataque violento será perseguido y esbozar una estrategia global para combatir la creciente intolerancia religiosa”.

Human Rights Watch realizó una investigación en 10 provincias de las islas indonesias de Java, Madura, Sumatra y Timor, y entrevistó a más de 115 personas de diferentes creencias religiosas. Entre ellas, se encontraban 71 víctimas de violencia y abusos, así como líderes religiosos, oficiales de policía, líderes de grupos militantes, abogados y activistas de la sociedad civil.

Las autoridades locales a menudo han respondido a los incidentes de incendios provocados y otros actos de violencia culpando a las víctimas, señaló Human Rights Watch. La mayoría de los responsables apenas ha recibido castigo. En dos casos, las autoridades locales se negaron a cumplir las decisiones de la Corte Suprema que concede a grupos minoritarios el derecho a construir centros de culto. Mientras que algunos funcionarios nacionales se han pronunciado en defensa de las minorías religiosas, otros –incluido el ministro de Asuntos Religiosos, Suryadharma Ali— han emitido declaraciones discriminatorias.

Yudhoyono no ha hecho uso de los poderes a su disposición para defender a las comunidades de religiones minoritarias y no ha disciplinado efectivamente a los miembros del gabinete cuando han consentido abusos contra ellas, denunció Human Rights Watch. Ali expresó comentarios discriminatorios sobre la comunidad Ahmadía y los chiítas en un discurso pronunciado en marzo de 2011, durante una convención política, donde dijo: “Tenemos que prohibir la Ahmadía. Es obvio que la Ahmadía va en contra del Islam”. En septiembre de 2012, propuso que los chiítas se convirtieran al islamismo sunita. Ali no fue sancionado por ninguno de estos comentarios.

"El gobierno ha mostrado una apabullante indiferencia a la situación cada vez más difícil que afrontan las minorías religiosas de Indonesia, que lógicamente, esperan la protección de su gobierno”, señaló Adams.

Grupos militantes islámicos, como el Foro del Pueblo Islámico (Forum Umat Islam) y el Frente de Defensores del Islam (Front Pembela Islam), han sido implicados en ataques e incendios contra casas de culto y los hogares de miembros de minorías religiosas. Estos grupos tratan de justificar la violencia promocionando una interpretación del Islam sunita que califica a la mayoría de los no-musulmanes como “infieles”, y a los musulmanes que no se adhieren a la ortodoxia sunita como “blasfemos”.

Las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad de Indonesia han facilitado a menudo el acoso y la intimidación de las minorías religiosas por grupos militantes islámicos, afirmó Human Rights Watch. Eso incluye declaraciones abiertamente discriminatorias, la denegación de permisos para la construcción de centro de culto para las minorías religiosas y la presión sobre las congregaciones para que se reubiquen.

Este tipo de acciones son en parte posible gracias a leyes y reglamentos discriminatorios, incluida una ley sobre la blasfemia que reconoce oficialmente sólo seis religiones, y decretos de casas de culto que otorgan a las poblaciones locales mayoritarias una influencia significativa sobre las comunidades religiosas minoritarias. Comunidades musulmanas sunitas en regiones del este de Indonesia, donde los cristianos son mayoría, también son víctimas de esas normas y, en algunos casos, han tenido dificultades para obtener permisos para construir mezquitas.

Las instituciones del gobierno de Indonesia también han desempeñado un papel en la violación de los derechos y libertades de las minorías religiosas del país, observó Human Rights Watch. Estas instituciones, que incluyen el Ministerio de Asuntos Religiosos, la Junta Coordinadora para la Supervisión de las Creencias Místicas en la Sociedad (Bakor Pakem) dependiente de la Oficina del Procurador General, y el semi-oficial Consejo Ulema de Indonesia, han erosionado la libertad religiosa mediante la emisión de decretos y fatwas (sentencias religiosas) contra miembros de minorías religiosas y mediante el uso de su posición de autoridad para presionar por la persecución de los “blasfemos”.

El aumento de la violencia contra las minorías religiosas , así como el fracaso del gobierno para tomar medidas decisivas contra ella, viola las garantías de libertad religiosa en la Constitución de Indonesia y el derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Indonesia ratificó en 2005, establece que “no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión”.

El Instituto Setara, con sede en Yakarta, que vela por la libertad religiosa en Indonesia, denunció un aumento en los ataques violentos contra minorías religiosas, de 244 en 2011 a 264 en 2012. El Instituto Wahid, otro grupo con sede en Yakarta de defensa de los derechos, documentó 92 violaciones de la libertad religiosa y 184 incidentes de intolerancia religiosa en 2011, frente a 64 violaciones y 134 incidentes de intolerancia en 2010.

“Yudhoyono debería respaldar la libertad religiosa como un principio fundamental de su gobierno y garantizar que los funcionarios públicos no estén promoviendo los abusos contra las minorías religiosas”, recomendó Adams. “Los donantes de Indonesia deberían considerar el fracaso (del gobierno) para defender la libertad religiosa como un asunto de urgencia”.

Testimonios de “En nombre de la religión”

“Me sacaron a rastras del agua. Me sujetaron las manos y me cortaron el cinturón con un machete. Rasgaron mi camisa, pantalones y camiseta, dejándome en ropa interior. Se llevaron 2,5 millones de rupias [US$270] y mi Blackberry [celular]. Trataron de quitarme la ropa interior y cortarme el pene. Estaba acostado en posición fetal. Traté de protegerme la cara pero me apuñalaron en el ojo izquierdo. Entonces les oí decir: ‘Está muerto, está muerto’”.

–Ahmad Masihuddin, un Ahmadí de 25 años, atacado por una banda de delincuentes en Cikeusik, en el oeste de Java, el 6 de febrero de 2011, después de que la policía presente en lugar de los hechos no interviniera. Tres de sus amigos murieron.

“Mi marido eligió el catolicismo como su religión oficial. Pero practica su fe de Kejawen [un sistema de creencia espiritual originario de Java]. Si hubiéramos insistido en casarnos con nuestras propias religiones, no tendríamos certificados de nacimiento para nuestros hijos, por lo menos, con el nombre de mi marido. La raya en nuestras tarjetas de identificación crea otro estigma en Indonesia”. – Dewi Kanti, un escritora de 36 años y fabricante de batik de Java Occidental, que describe la discriminación creada por la política de Indonesia de sólo reconocer seis religiones oficiales, marginando cientos de sistemas de creencias tradicionales, como el suyo, calificándolas como “creencias místicas” que hacen que sea difícil para sus seguidores casarse, solicitar certificados de nacimiento y recibir otros servicios gubernamentales.

“Un motociclista se acercó por la carretera y trató de golpearme. Cuando miré hacia abajo, me di cuenta de que estaba sangrando. La policía estaba a 100 metros. Los atacantes tenían también amigos cerca del lugar. Estos atacaron y golpearon a la reverenda Luspida Simanjuntak hasta que cayó al suelo. La policía me puso a mí y a la reverenda en una motocicleta de la policía. Los delincuentes la empujaron de la moto y la golpearon tres veces con una vara de madera”. – Asia Lumbantoruan, un anciano de la iglesia Batak cristiana Ciketing HKBP en Bekasi, que relata cómo unos musulmanes jóvenes en motocicleta lo apuñalaron el 4 de septiembre de 2010. Dos de los atacantes fueron posteriormente condenados a entre tres y siete meses y medio de prisión.

“¿Cómo podíamos pedirles a los musulmanes que firmaran el permiso? La familia musulmana más cercana vive a unos 500 metros de nuestra iglesia. La siguiente se encuentra a aproximadamente dos kilómetros. ¿Cómo íbamos a encontrar 60 [firmantes]? Ese decreto podría funcionar en zonas urbanas. Pero es imposible  implementarlo dentro de una plantación”. – Abjon Sitinjak, un agricultor de 49 años, cuya congregación de la iglesia Pentecostal, en Kuantan Singingi, Riau, afronta obstáculos burocráticos en sus esfuerzos por reconstruir su iglesia, destruida por un incendio, debido a un requisito legal que estipula que las solicitudes de construcción de este tipo deben incluir 60 firmas de vecinos musulmanes que apoyen la construcción de un centro de culto no-musulmán.