Skip to main content

Sri Lanka: Asedio a la justicia

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe impulsar la rendición de cuentas

Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa at a campaign rally in Homagama, on the outskirts of Colombo, Sri Lanka, November 13, 2019.  © 2019 AP Photo/Eranga Jayawardena

(Ginebra) – El gobierno de Sri Lanka está llevando adelante un enérgico ataque contra los esfuerzos para que los funcionarios rindan cuentas por abusos graves cometidos en el pasado, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

En el informe de 93 páginas, “Open Wounds and Mounting Dangers: Blocking Accountability for Grave Abuses in Sri Lanka” [Heridas abiertas y peligros crecientes: Entorpecimiento de la justicia por graves abusos en Sri Lanka], se analizan las acciones del gobierno del Presidente Gotabaya Rajapaksa para frustrar la posibilidad de justicia en siete casos vinculados con derechos humanos que alcanzaron gran difusión. Describe el contexto actual de represión gubernamental de activistas, periodistas, abogados y familiares de víctimas, como así también de amenazas contra minorías vulnerables. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el período de sesiones que comenzará el 22 de febrero de 2021, debería adoptar una resolución para que se asegure justicia por los delitos internacionales graves cometidos en Sri Lanka y en la que se exprese condena por los abusos que siguen ocurriendo.

“La embestida a la justicia que lleva adelante el gobierno de Sri Lanka agudiza el riesgo de que se cometan violaciones de derechos humanos en la actualidad y en el futuro”, manifestó John Fisher, director para Ginebra de Human Rights Watch. “En el próximo período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería adoptar una resolución que demuestre al gobierno de Rajapaksa que el mundo no pasará por alto sus abusos, y ofrezca una esperanza de justicia a las familias de las víctimas”.

Los esfuerzos tendientes a la rendición de cuentas declinaron significativamente durante 2020, señaló Human Rights Watch. Varios funcionarios policiales de alto rango que investigaban las ejecuciones y las desapariciones forzadas cometidas durante el gobierno de Mahinda Rajapaksa han abandonado el país o se les han endilgado delitos presuntamente inventados. Una comisión designada por el presidente ha intentado interferir en causas penales en las cuales estaban involucrados sus aliados y seguidores.

Los juicios contra funcionarios militares y de inteligencia acusados de desapariciones forzadas se han demorado y entorpecido. Y el Parlamento controlado por Rajapaksa aprobó una enmienda constitucional que pone fin a controles claves al poder presidencial, lo cual menoscaba la independencia del Poder Judicial y de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka.

Las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad gubernamentales y la organización separatista Tigres de Liberación del Eelam Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) durante la guerra civil de Sri Lanka, que se prolongó por 26 años y finalizó en 2009, han sido ampliamente documentadas por la ONU, los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, incluida Human Rights Watch. El informe Petrie interno de las Naciones Unidas señaló fallas sistémicas en las acciones de la ONU para proteger a civiles en los últimos meses de la guerra.

Gotabaya Rajapaksa, secretario de Defensa del gobierno liderado por su hermano, el Presidente Mahinda Rajapaksa entre 2005 y 2015, tuvo responsabilidad directa por la conducta de las fuerzas gubernamentales, que cometieron numerosos crímenes de guerra, incluidos ataques indiscriminados, ejecuciones sumarias y violaciones sexuales.

Desde que fue elegido presidente en noviembre de 2019, ha designado a personas implicadas en crímenes de guerra y otras violaciones graves para que ocupen altos cargos administrativos. Desestimó las obligaciones de Sri Lanka de promover la verdad, la justicia y las reparaciones que se establecieron en una resolución emblemática dictada por el Consejo de Derechos Humanos en 2015, calificándolas de un ataque a los “héroes de la guerra” del país. También indultó a uno de los pocos soldados que llegaron a ser condenados por abusos.

Durante el gobierno del expresidente Maithripala Sirisena, de 2015 a 2019, varias investigaciones policiales de violaciones de derechos humanos lograron avanzar y sacaron a la luz pruebas de la responsabilidad oficial por ejecuciones y desapariciones forzadas. No obstante, durante la presidencia de Gotabaya Rajapaksa se han frustrado investigaciones importantes, incluso las que se ocupaban del homicidio de Lasantha Wickrematunge, redactor en jefe de un periódico, que tuvo lugar en 2009; la desaparición forzada, en 2010, del periodista Prageeth Ekneligoda; y la desaparición forzada de un grupo de hombres jóvenes perpetrada por agentes de inteligencia de la Armada para pedir un rescate, en 2008-2009.

No se han realizado avances en otros casos importantes en los cuales han estado implicados funcionarios de alto rango, como la masacre de los Cinco de Trinco en 2006, en la cual cinco estudiantes de la etnia tamil fueron asesinados, y la masacre de 17 miembros de la organización de ayuda francesa Action Contre la Faim.

Durante el gobierno de Rajapaksa, la autocensura ha regresado a los medios de Sri Lanka, al tiempo que las fuerzas de seguridad han sostenido una intensa vigilancia y hostigamiento contra familias de las víctimas y contra activistas que reclaman saber qué ha ocurrido con los miles de personas desaparecidas. Un activista describió el temor que ha generado el nuevo presidente: “Si hay alguna actividad que no está dispuesto a tolerar, detiene a personas. Entonces, los activistas tienen muy pocas posibilidades de actuar, las personas están en modo autocensura”.

Una integrante de la organización de incidencia Madres de los Desaparecidos, cuyo hijo fue víctima de desaparición forzada en 2009, dijo que, desde la elección presidencial, la visitaron en varias oportunidades policías del Departamento de Investigación Penal.

“Vinieron y preguntaron quiénes van a las reuniones, y quiénes irán a Ginebra [para asistir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU]”, señaló. “Estos son niños a quienes los llevaron de nuestras casas en camionetas blancas, o que se entregaron [al Ejército]. Quiero saber qué le ocurrió a mi hijo, si está vivo o muerto, y si no está vivo, qué le sucedió y quién lo hizo: si lo golpearon, si le rompieron un brazo o una pierna”.

Muchos familiares de víctimas han recurrido al Consejo de Derechos Humanos para pedir que se respeten los derechos humanos, pese a la hostilidad que esto despierta en el gobierno. En 2020, el gobierno acosó a activistas que estaban involucrados con el proceso de la ONU en Ginebra.

El 21 de enero, el Presidente Rajapaksa anunció la conformación de una nueva comisión nacional de investigación para analizar las conclusiones de varias otras comisiones de investigación anteriores, que no han propiciado la rendición de cuentas ni han revelado el destino de las personas desaparecidas. El gobierno ya ha indicado el resultado de este proceso, y manifestó al Consejo de Derechos Humanos, en el mes de septiembre, que las acusaciones contra militares de alto rango son “inaceptables” y carecen de “evidencia sustancial”.

Los anteriores gobiernos de Sri Lanka se han servido de las comisiones de investigación con el fin de desviar la presión internacional para que se aborden los problemas de derechos humanos, y esas comisiones nunca han cumplido los estándares internacionales básicos. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos no deberían dejarse confundir por el uso de esta táctica que hace el gobierno de Rajapaksa, manifestó Human Rights Watch. El consejo debería construir a partir de sus propias conclusiones, y los pasos que ya ha dado a lo largo de numerosos años de demora, engaños y provocaciones por parte del gobierno de Sri Lanka.

Los miembros del Consejo deberían defender los principios del derecho internacional sobre los delitos internacionales más graves estableciendo un mecanismo o proceso de la ONU para recopilar, preservar y analizar las evidencias, y para que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informe al consejo cuáles serían las vías que conducirían hacia la rendición de cuentas. También debería renovarse el mandato de la alta comisionada para que pueda informar sobre la situación en el interior de Sri Lanka. Los gobiernos extranjeros deberían imponer sanciones específicas a personas contra las cuales pesen acusaciones creíbles de abusos graves.

“El Consejo de Derechos Humanos debería asegurar que se adopte una nueva resolución que responda a la situación descrita en el informe de la Alta Comisionada y sea acorde con las responsabilidades del Consejo”, manifestó Fisher. “Es esencial que se dicte una nueva resolución de peso para mantener la presión internacional. Si eso no ocurre, se enviaría un mensaje nefasto a quienes cometen abusos en todo el mundo, de que la comunidad de naciones está dispuesta a pasar por alto los delitos más terribles”.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Región / País