El oro de tu anillo de bodas o de tu teléfono inteligente podría contener una historia oscura. En toda la Amazonía, la minería ilegal de oro está enriqueciendo a grupos criminales y arrasando a comunidades locales. Los países europeos pueden ayudar votando a favor de un nuevo instrumento legal para fortalecer la cooperación internacional contra los delitos ambientales que se discutirá en una conferencia de las Naciones Unidas en Austria del 19 al 23 de octubre.
Durante varios años, en nombre de Human Rights Watch, hemos entrevistado a personas cuyas vidas han sido transformadas por la minería ilegal de oro. En Venezuela, exmineros nos contaron que fueron testigos de cómo los grupos armados que controlan esas minas llevaban a cabo amputaciones como castigo y otros abusos atroces. En Brasil, integrantes de pueblos indígenas describieron cómo los mineros de oro ilegales invadían sus territorios y envenenaban a las comunidades con mercurio. Y en Perú, funcionarios locales señalaron que el soborno sistemático a soldados y policías ha socavado el combate contra la minería ilegal.
La escalada del oro, cuyo precio alcanzó un récord histórico este año, solo ha incrementado los incentivos para los grupos criminales, que combinan la minería ilegal con la tala ilegal, el tráfico de drogas y otros delitos para formar poderosos imperios empresariales que llevan el terror a las comunidades y socavan las instituciones a través de la corrupción.
Los esfuerzos de Brasil para abordar el problema son esperanzadores. Brasil ha expulsado a miles de mineros ilegales del territorio indígena Yanomami y redujo la deforestación en esa zona en un 97 % en 2025, en comparación con el pico alcanzado en 2022. También ahora exige que todas las transacciones de oro entren un registro digital, en lugar de plasmarse solo en papel, lo que ha llevado a una reducción del 81 % en la entrada de oro ilegal al mercado legal, según concluyó un estudio.
Pero el problema se ha trasladado a otros lugares. El oro ilegal de Brasil ahora fluye hacia Venezuela y Guyana, donde entra la cadena legal y desde donde sale para los mercados de consumo. “Es muy difícil que un solo país resuelva el problema”, nos dijo Mauricio Cabrera, geólogo y exviceministro de Medio Ambiente de Colombia. “Si un país aumenta el control, los grupos ilegales se trasladan fácilmente a un país vecino”.
Se necesita una fuerte cooperación entre los países donde se extrae el oro, aquellos donde se refina y transforma, y aquellos donde los consumidores finalmente lo comprarán en forma de joyería o productos electrónicos.
El debate en Austria tendrá lugar en una reunión de la ONU sobre la delincuencia organizada transnacional. Las desgarradoras experiencias de las comunidades que viven en la Amazonía deberían estar presentes en la mente de los delegados durante sus deliberaciones. Bajo el liderazgo de Brasil, un grupo de gobiernos propone la creación de un nuevo instrumento legal: un protocolo sobre delitos ambientales anexo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El protocolo tendría como objetivo fortalecer la cooperación internacional contra la minería ilegal y el tráfico ilícito de minerales, fauna y flora, y residuos.
La Unión Europea y sus Estados miembros deberían apoyar la iniciativa. El protocolo propuesto podría ayudar a frenar la deforestación y otros delitos ambientales en la Amazonía y en otros lugares, y presionar a los gobiernos para que adopten herramientas más contundentes de cooperación transfronteriza para hacer frente a los grupos delictivos organizados involucrados en la minería ilegal y otros delitos ambientales, grupos que socavan el Estado de derecho y violan los derechos humanos.
Mientras España y Francia apoyan el inicio de las negociaciones sobre un nuevo protocolo, otros países de la UE se mantienen indecisos. La medida podría ayudar a la UE a alcanzar sus propios objetivos en el combate contra el cambio climático y la deforestación, y a garantizar que las empresas lleven a cabo procesos de debida diligencia en las cadenas de suministro globales.
El protocolo propuesto también podría ayudar a prevenir graves abusos contra los derechos humanos por parte de grupos criminales responsables por minería ilegal de oro, tales como el trabajo infantil, el trabajo forzado, los graves daños a la salud causados por la contaminación por mercurio, los ataques contra defensores del medio ambiente y la violencia sexual.
Los gobiernos europeos deben dar un paso al frente y brindar el apoyo político que tanto se necesita para las discusiones sobre el nuevo protocolo. El oro ilegal cruza fronteras; la lucha contra él también debe hacerlo. En Austria, los gobiernos de la UE tendrán la oportunidad de ayudar a construir el tipo de respuesta internacional que las comunidades de la Amazonía, y el medio ambiente en el que viven, necesitan con urgencia.
Juliane Kippenberg es asesora sénior de derechos del niño y César Muñoz Acebes es director para Brasil, ambos en Human Rights Watch.
