- Estados Unidos ha enviado a más de 500 personas a distintos países de África con los que no tienen ningún vínculo, sin darles una oportunidad real de impugnar su expulsión a esos destinos. Estas personas no pueden ser deportadas a sus propios países debido al peligro que enfrentarían allí.
- Algunas de estas personas han sido detenidas a su llegada. Muchas, si no la mayoría, se han quedado sin ninguna alternativa viable salvo regresar a sus países de origen, pese a los abusos que podrían sufrir allí.
- Estados Unidos debería dejar de deportar a solicitantes de asilo y personas refugiadas a terceros países que carecen de capacidad para ofrecer procedimientos de asilo plenos y justos, y estos países deberían negarse a recibir personas en estas condiciones.
(Washington, D.C.) – El gobierno de Trump está enviando, a países africanos con los que no tienen ningún vínculo, a cientos de personas que no pueden ser deportadas a sus países debido al peligro que enfrentarían allí, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Muchas de ellas se han quedado sin ninguna alternativa viable salvo regresar a sus países de origen, pese a los abusos que podrían sufrir allí.
El informe de 125 páginas, “‘Para asustar a la gente’: Expulsiones de personas de terceros países desde Estados Unidos a países de África,” documenta que las autoridades estadounidenses negaron a más de 500 personas trasladadas a terceros países una oportunidad real de impugnar su expulsión o de expresar sus temores ante la posibilidad de ser enviadas a esos destinos. Varios países detuvieron arbitrariamente a personas que habían aceptado recibir y, en algunos casos, las enviaron posteriormente a sus países de origen, donde corrían riesgo de persecución o tortura, en violación del principio de no devolución establecido por el derecho internacional.
“Deportar a personas a países en los que nunca han puesto un pie forma parte de una política estadounidense para causar sufrimiento y disuadir la migración”, señaló Michael Garcia Bochenek, director interino para Estados Unidos de Human Rights Watch. “Dado que el gobierno estadounidense utiliza estos acuerdos para evadir sus responsabilidades y privar a las personas de garantías procesales, los gobiernos africanos deberían ponerles fin o suspenderlos”.
Entre febrero y julio de 2026, investigadores de Human Rights Watch entrevistaron, a distancia y presencialmente, a 24 personas de terceros países trasladadas desde Estados Unidos a seis países africanos: Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini y Sudán del Sur.
Algunas de las personas enviadas a estos países corren el riesgo de sufrir persecución y otros abusos graves en los países receptores. Estados Unidos envió al menos a una docena de personas que se identificaban como lesbianas, gais, bisexuales o transgénero (LGBT) a países africanos que penalizan las relaciones o las muestras públicas de carácter romántico entre personas del mismo sexo. Entre ellas había personas refugiadas a quienes se había concedido protección en Estados Unidos por la probabilidad de que fueran perseguidas en sus países de origen debido a su orientación sexual o identidad de género. Su deportación las dejó atrapadas en situaciones en las que no podían regresar con seguridad a sus países de origen ni obtener protección efectiva en el tercer país.
Las personas entrevistadas describieron malos tratos durante los vuelos desde Estados Unidos, en los que permanecieron encadenadas, en ocasiones durante 18 horas o más, y recibieron poca o ninguna información sobre su destino.
El trato que reciben las personas de terceros países deportadas desde Estados Unidos varía según el país de llegada. En algunos casos, las personas deportadas no han tenido acceso a medicamentos o tratamientos que necesitaban para afecciones médicas graves y persistentes.
Un hombre etíope de 35 años, que había huido a Estados Unidos después de ser encarcelado y torturado en su país de origen, vio denegada su solicitud de asilo porque había cruzado la frontera de forma irregular. Sin embargo, un juez de inmigración estadounidense le concedió una suspensión de la expulsión, que impedía devolverlo a Etiopía debido a la probabilidad de que volviera a ser torturado allí. El hombre contó que, cuando se negó a firmar un formulario de salida voluntaria para ser enviado a Chad, un agente de ICE lo firmó en su nombre.
“Íbamos encadenados y esposados de piernas, manos y cintura” durante el vuelo, dijo. “No podíamos levantarnos. Cuando tuve que ir al baño, ni siquiera me quitaron las cadenas”.
Tras llegar a Camerún, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones lo visitaron en repetidas ocasiones. “Cada vez que vienen me preguntan lo mismo: ‘¿Quieres volver a tu país?’. Pero yo siempre les digo: ‘No voy a volver. Dejen de preguntármelo. No quiero morir’”, contó a Human Rights Watch en marzo.
La amenaza de expulsión a un tercer país forma parte de la política de deportaciones masivas del gobierno de Trump. En la práctica, las expulsiones a terceros países se han utilizado para asustar a las personas y empujarlas a marcharse antes de quedar atrapadas en una espiral de detención y deportación a destinos desconocidos. Un funcionario estadounidense cuya identidad no se hizo pública señaló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que, de hecho, el objetivo de trasladar a personas de terceros países era infundir miedo: “Con países como Palaos o Esuatini, la idea es que el gobierno pueda amenazar a las personas con dejarlas literalmente en medio de la nada”, dijo el funcionario. “La idea es asustar a la gente”.
El gobierno de Estados Unidos incumple sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de no devolución al enviar a personas a lugares donde podrían sufrir persecución, tortura u otros abusos graves, o desde los que probablemente serían deportadas posteriormente a lugares donde enfrentarían esos mismos riesgos, señaló Human Rights Watch. También priva a estas personas de una oportunidad real de impugnar su expulsión a esos países y de exponer cualquier riesgo de sufrir abusos en caso de ser enviadas allí. En diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará si la política de expulsión a terceros países viola la cláusula del debido proceso de la Constitución estadounidense o infringe de otro modo las prohibiciones de expulsar a personas a lugares donde corran riesgo de ser torturadas. Por el momento, el tribunal ha permitido al gobierno continuar con las deportaciones a terceros países.
Estados Unidos debería dejar de deportar a solicitantes de asilo y personas refugiadas a terceros países que carecen de capacidad para ofrecer procedimientos de asilo plenos y justos, o cuando no existan acuerdos formales y transparentes que garanticen el acceso a ellos.
Estos gobiernos también deberían respetar el principio de no devolución y garantizar la dignidad, la seguridad y los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción, incluidas las personas de terceros países cuya expulsión hayan aceptado.
“Varios de estos gobiernos africanos no solo son cómplices de abusos cometidos por Estados Unidos, sino han vulnerado ellos mismos los derechos humanos de las personas deportadas mediante detenciones arbitrarias y, en algunos casos, al devolverlas a países de los que habían huido para escapar del peligro”, señaló Bochenek. “Estos países no deberían detener a personas sin una base jurídica clara, ni coaccionarlas o enviarlas a su país de origen o a otro país donde correrían riesgo de sufrir persecución, tortura u otros daños graves”.
