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Minera
En las minas, hay un grupo de muchachos armados.
Grupos armados operan minas de oro ilegales en Venezuela con aquiescencia del gobierno y, a veces, con su participación.
Varios sindicatos que controlan las minas ejercen estricto control sobre las poblaciones locales y son extremadamente abusivos.
Minera
Pude presenciar como a la muchacha le quitaron sus dos manos, con un machete. La hizo poner las manos en un tronco, en un tronco de un árbol que estaba allí, y primero le cortó una y le dijo que eso era para que no robara más que ahí no se podía hacer lo malo y la muchacha pegaba gritos y gritos y gritos, y luego le cortó la otra.
Los compradores de oro deben asegurarse que el oro venezolano no esté manchado con sangre.
Venezuela cuenta con reservas de recursos sumamente valiosos como oro, diamantes y níquel, así como reservas de coltán y uranio. Aunque el gobierno ha anunciado iniciativas para atraer inversiones para la minería legal, así como medidas para combatir la minería ilegal, buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, incluido Bolívar, es ilegal, y una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando. Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas.
“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”.
Las actividades en estas minas ilegales también tienen un impacto devastador en el medioambiente y en la salud de los trabajadores, según fuentes locales. La migración económica interna debido a la crisis económica y humanitaria en Venezuela ha incrementado la cantidad de personas que buscan trabajo en la actividad minera. Muchos residentes viven atemorizados y están expuestos a severas condiciones laborales, saneamiento deficiente y un riesgo muy alto de contraer enfermedades como la malaria.
En octubre de 2019, Human Rights Watch entrevistó a 21 personas que habían trabajado en minas o localidades mineras en el estado Bolívar durante 2018 y 2019, incluidas las minas próximas a Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo. En octubre y noviembre, Human Rights Watch entrevistó a otras 15 personas, incluidos líderes de grupos indígenas en la zona, periodistas y expertos que visitaron el lugar recientemente, así como familiares de personas que trabajan en minas, y analizó informes de organizaciones independientes y medios de comunicación que coincidían con los relatos de las personas entrevistadas. Además, Human Rights Watch revisó imágenes satelitales que muestran el crecimiento de la minería en esta zona.
Muchas personas entrevistadas señalaron que una gran cantidad de minas en Bolívar están bajo el férreo control de sindicatos venezolanos o de grupos armados colombianos. La organización International Crisis Group ha informado que en la zona tienen presencia activa el grupo armado colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al menos una organización disidente que se formó con miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Varias personas entrevistadas dijeron, a su vez, que estos grupos tenían presencia activa en Bolívar.
Las personas entrevistadas también señalaron que las autoridades venezolanas tienen conocimiento de las actividades de minería ilegal. Diez personas que trabajaban en las minas, dos periodistas que cubren la situación allí y una líder indígena indicaron que agentes de seguridad estatales visitan las minas para cobrar sobornos. Algunas de estas fuentes dijeron que habían visto cuando esto ocurrió. Dos personas que trabajan en las minas y la líder indígena, entrevistados por separado, vieron a un mismo alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro visitar las minas en diferentes momentos.
Los grupos armados, que en la práctica están a cargo de las minas y los pueblos que se han formado en los alrededores, aplican sus normas con brutalidad. “Todo el mundo sabe las reglas”, dijo una residente. “Si robas oro o lo mezclas con otro producto, el pran [líder del sindicato] te golpea o te mata”. Otro dijo: “Son como el gobierno ahí… Si roban, los desaparecen”.
Como se detalla más adelante, cuatro residentes señalaron haber visto a miembros de un sindicato amputarles las manos o dispararle a las manos a personas que supuestamente habían robado. Varios otros residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas.
Quienes trabajan en las minas también están expuestos al mercurio, que utilizan para extraer oro, a pesar de estar prohibido en Venezuela. El mercurio, incluso en pequeñas cantidades, puede provocar graves problemas de salud y toxicidad en el sistema nervioso, digestivo e inmunológico, así como en pulmones, riñones, la piel y los ojos. Estudios realizados en zonas mineras en Bolívar hace ya varios años habían detectado altos niveles de exposición al mercurio, incluso en mujeres y niños, entre quienes los riesgos para la salud son incluso mayores. En el caso de las mujeres embarazadas, los riesgos incluyen discapacidad grave o la muerte del feto o del bebé cuando la gestación llega a término.
A su vez, residentes entrevistados describieron severas condiciones laborales en las minas, que incluían cumplir turnos de 12 horas sin equipos de protección y la presencia de niños, algunos de apenas 10 años, trabajando con los adultos.
La epidemia de malaria que afecta a Venezuela tiene una estrecha correlación con el aumento repentino de la minería ilegal en el sur de Venezuela. Los mineros suelen vivir a la intemperie, lo cual aumenta su exposición a los mosquitos. Los pozos mineros deforestados, que se llenan con agua de lluvia, son propicios para los mosquitos que transmiten la malaria.
Casi todas las personas entrevistadas que habían trabajado en minas o localidades mineras habían tenido malaria, muchas de ellas varias veces. El sistema de salud, colapsado debido a la emergencia humanitaria, no ha podido proveer tratamiento médico a todos. Varios entrevistados dijeron que a veces tienen que comprar los medicamentos contra la malaria, que pueden costar hasta dos gramos de oro, el equivalente en el mercado internacional a un valor de cerca de 100 dólares estadounidenses.
Human Rights Watch no ha encontrado información pública sobre investigaciones que se hayan realizado para determinar la responsabilidad penal de funcionarios gubernamentales o miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en estos abusos.
El 14 de noviembre de 2019, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades venezolanas sobre el estado de los procesos penales contra los responsables de abusos cometidos por los grupos armados en Bolívar, incluidos funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que son cómplices en estos hechos, pero no ha recibido respuesta.
Human Rights Watch no ha podido identificar si parte del oro extraído de minas controladas por sindicatos fue comercializado o si se incorporó a la cadena de suministro de alguna empresa en particular. No obstante, las empresas deberían estar atentas al oro procedente de Venezuela y adoptar procedimientos de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar, y responder por el impacto que sus operaciones pudieran tener en los derechos fundamentales, conforme se establece en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
En el caso del oro venezolano, esto incluye identificar y evaluar los riesgos en las cadenas de suministro, monitorear en forma continua el impacto en derechos humanos de las actuaciones de las empresas, difundir información sobre acciones en materia de debida diligencia y establecer procesos para remediar las posibles consecuencias negativas de sus acciones en el ejercicio de derechos humanos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que las empresas tienen la obligación de adoptar procedimientos de debida diligencia para cerciorarse de que los minerales con los que trabajan no se originen en zonas de “conflicto” o “alto riesgo”, es decir, zonas donde existan conflictos armados, violencia generalizada, colapso de infraestructura civil u otros riesgos de daños para las personas.
“Las empresas nacionales e internacionales que compran oro a Venezuela deberían saber si procede de minas en el estado Bolívar y contar con procedimientos de debida diligencia para asegurarse de que sus cadenas de suministro estén libres de actividades ilícitas, abusivas y violentas”, destacó Vivanco. “Si las empresas determinan que el suministro de oro está asociado con alguno de estos abusos o no pueden identificar su origen, deberían adoptar medidas para resolver esta situación o dejar de trabajar con esos proveedores”.
Ver abajo información adicional sobre los hallazgos de Human Rights Watch.
Minería ilegal de oro en Venezuela
Organizaciones locales e internacionales han reportado que gran parte del oro extraído en Venezuela sería ilegal. Esta apreciación coincide con los testimonios recabados por Human Rights Watch.
Si bien parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, una gran cantidad de oro sale de Venezuela mediante contrabando y presuntamente llegaría a países como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza. La cantidad total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal.
En 2011, el expresidente Hugo Chávez anunció el Arco Minero del Orinoco, cuyo propósito inicial era nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales. Esta zona incluye el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y territorios indígenas.
El 24 de febrero de 2016, el Presidente Nicolás Maduro creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” para continuar el desarrollo de esta zona de 111.843 km2 – 12 por ciento del país – que ocupa varios estados, incluido Bolívar, para la minería, con el supuesto propósito de extraer miles de toneladas de oro, diamantes y otros minerales.
Maduro firmó el decreto de 2016 sin haber consultado a la Asamblea Nacional ni obtenido su aprobación, un paso que exige la constitución. Según información recibida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y los testimonios recabados por Human Rights Watch, el gobierno no llevó a cabo previamente estudios adecuados de impacto ambiental ni consultas a poblaciones indígenas que vivían allí, como también lo exige la constitución.
En 2016, Maduro expresó que el gobierno había firmado acuerdos de minería con compañías extranjeras por un valor de USD 5.500 millones. En 2018, introdujo un “Plan Oro” para promover las inversiones en oro a partir de 2019. Sin embargo, hasta febrero de 2019, no se había concretado ningún acuerdo significativo con empresas extrajeras y la mayoría de las minas seguían bajo el control de grupos armados no estatales, según la organización International Crisis Group.
La empresa estatal Minerven supuestamente obtiene el oro de operaciones mineras no afiliadas al Estado y los militares lo transportan al Banco Central en Caracas, que a su vez vende el oro a empresas en países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según fuentes locales y fuentes internacionales. En diciembre de 2018, Maduro también anunció que había firmado contratos para exportar oro por miles de millones de dólares a socios como Rusia.
Sin embargo, mineros que han trabajado para Minerven sostuvieron que apenas una pequeña proporción de la producción de oro de Venezuela termina en el Banco Central. En vez, los compradores obtendrían gran parte de su rentabilidad sacando por contrabando el oro fuera del país.
En octubre, Maduro anunció que cedería la gestión de una mina de oro a cada uno de los gobernadores de estados que pertenecieran al partido oficialista. En las regiones controladas por gobiernos opositores, los ingresos generados por la minería se transmitirían a través de una “corporación de protección social” designada por su gobierno.
Rendición de cuentas por delitos cometidos en las minas de oro
El jefe de cada sindicato, que en Venezuela se les denomina “pran”, maneja el territorio del sindicato, indicaron los residentes. Distintos sindicatos controlan distintas áreas mineras, y cada uno impone allí las reglas y las aplica con brutalidad. Los mineros son obligados a pagar al sindicato una gran proporción del oro que obtienen – hasta el 80 por ciento – mientras que los residentes que trabajan en negocios o restoranes en localidades mineras deben pagar una cantidad fija de oro por semana para poder trabajar, según señalaron los entrevistados.
Si bien las autoridades venezolanas han anunciado operativos para detener a personas implicadas en minería ilegal, incluidos algunos funcionarios públicos, no han brindado información pública sobre acciones tendientes a investigar y castigar delitos que constituyen violaciones de derechos humanos, como aquellos incluidos en esta publicación y que fueron cometidos en las minas con la aquiescencia o participación de las fuerzas de seguridad.
Maduro sostuvo que tenía la intención de combatir la minería ilegal en el Arco Minero y, en junio de 2018, las autoridades venezolanas anunciaron una operación denominada “Manos de Metal” para perseguir el tráfico ilegal de oro. Las autoridades sostienen que han emitido órdenes de detención contra 39 personas presuntamente involucradas en la venta del oro en el exterior, incluido el vicepresidente de Minerven. Según el Ministerio Público, hasta agosto de 2019 se habían dictado 32 órdenes de detención que todavía no se habían ejecutado, 9 personas habían sido arrestadas, se habían presentado 12 cargos, y había 426 cuentas bancarias bloqueadas y vehículos retenidos vinculados con el tráfico de oro.
En noviembre de 2018, el fiscal general Tarek William Saab anunció la detención de Eduardo Enrique González Mejías, conocido como “El Tati”, quien presuntamente financió sindicatos que operaban en las minas de Bolívar. A su vez, Saab pidió una orden de detención contra el extitular de la Oficina Nacional de Fiscalización Minera, una rama del Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico por la concesión de permisos de minería de oro irregulares a Mejías. Saab también señaló que “se estima que esta organización delictiva realizó el contrabando de 150 kilos de oro, equivalentes a unos 6 millones de dólares que el Estado dejó de percibir” en 2018. En agosto de 2019, Saab también anunció el arresto y la orden de extradición de un empresario ligado a la red de tráfico ilegal de oro de Venezuela a varios países en el Caribe.
En noviembre de 2018, el Presidente Donald Trump adoptó el Decreto Ejecutivo 13850, que permitió a los Estados Unidos imponer sanciones a aquellos que operasen en “el sector del oro de la economía venezolana”. En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Minerven y a su presidente, fundamentándolas en los abusos y el control ilegal de las minas.
Violencia y abusos en las minas de oro
En 2018, el estado Bolívar tuvo la tercera tasa más alta de “muertes violentas” en el país (de 107 cada 100.000 habitantes) y El Callao, la capital minera de Venezuela, con una población de 20.000 personas, fue el municipio más violento de Venezuela, con 620 homicidios cada 100.000 habitantes, según datos de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia.
Human Rights Watch entrevistó a cinco residentes que dijeron haber presenciado enfrentamientos armados entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y sindicatos, o entre sindicatos y miembros de grupos armados colombianos, que serían acciones aparentemente destinadas a quedarse con el control de las minas y el lucro que generan. En varios casos, decenas de personas, incluidas mujeres y niños, murieron o resultaron heridas en estos enfrentamientos armados, según los entrevistados.
Según fuentes locales, entre 2012 y 2019, hubo denuncias de al menos 50 personas en Bolívar cuyo paradero se desconocía. Es muy probable que la cifra real sea mayor, pero no hay estadísticas oficiales disponibles.
A continuación, se presentan testimonios de personas entrevistadas que describieron abusos:
Ligia Castro (seudónimo), de 35 años, trabajó en minas en El Algarrobo y La Cucharilla en 2018. Durante el día trabajaba en un restorán y de noche en las minas.
Castro dijo que, en 2018, se acusó a una joven en una de las minas de robar un par de pantalones a otra mujer. La joven insistió que no había robado nada. Castro contó que miembros del sindicato le cortaron las manos a la mujer con un machete, mientras le gritaban: “¡Di que no lo vas a hacer más!”. Cuando la mujer repitió que no había robado los pantalones, los miembros del sindicato dispararon al aire mientras exclamaban: “¡Acá no se puede robar!”. Castro contó que miembros del sindicato aplicaron vendas a la mujer y se la llevaron en un lanchón. Le indicaron que dijera haber tenido un accidente porque sabían dónde encontrar a su familia.
Ricardo Gómez (seudónimo), de 49 años, trabajó en una mina cerca de Las Claritas entre enero y octubre de 2017.
En abril de 2017, mientras los mineros estaban almorzando, alguien robó un teléfono. Un vigilante del sindicato identificó como presunto responsable a uno de los mineros. Miembros del sindicato le colocaron un trapo en la boca y le cortaron la mano con un hacha frente a todos, contó Gómez. Más tarde, el miembro del sindicato se llevó al hombre en un automóvil y se desconoce su paradero desde entonces. Una semana más tarde, la familia del minero acudió a la mina preguntando por él. Le preguntaron también a Gómez, quien por temor no dijo lo que sabía. Luego de que se fueron, los miembros del sindicato le preguntaron qué les había dicho a los familiares y lo amenazaron: “Si dices algo que nos perjudique, también vas a desaparecer”.
Aproximadamente un mes después, una minera tomó 10 gramos de oro de otro trabajador con el que había mantenido relaciones sexuales, contó Gómez. Miembros del sindicato capturaron a la mujer, la ataron a un árbol y le cortaron la cabeza con una motosierra y descuartizaron el cuerpo frente a otros residentes. “Tengo todo grabado en mi mente”, afirmó Gómez. “Me fui de la mina atemorizado”.
Otros relatos
Otro residente indicó que antes de castigar a quienes incumplen las normas, los miembros del sindicato los obligan a caminar frente a otros residentes con un cartel que dice “Voy a morir por [haber robado]”. Este residente y otros dos señalaron que miembros del sindicato también les cortan el cabello a las mujeres acusadas de robar. Uno de ellos contó haber visto a miembros del sindicato llevarse a un hombre acusado de haber violado a una mujer al otro lado del río. Dijo haber escuchado el ruido de una motosierra y gritos, y no haber visto al hombre nunca más.
Un niño de 17 años contó haber visto a miembros del sindicato amputar dedo por dedo de las manos de un minero acusado de haber robado oro, antes de amputarle lo que quedaba de ambas manos. Dijo que lo hicieron frente a otros mineros para que “todos pudieran ver”. Otro hombre contó que un miembro de un sindicato hizo que otro niño de 17 años, acusado de robar oro, pusiera ambas manos juntas, como si estuviera rezando, y le efectuaron siete disparos directos a las manos antes de decirle: “Vete antes de que te matemos”.
Human Rights Watch entrevistó también a un niño de 16 años con fractura de columna provocada por el golpe de un tronco mientras usaba una manguera de alta presión sin ningún tipo de equipo de protección. Un pastor que trabajaba en una mina dijo que algunos miembros del sindicato habían violado sexualmente a niñas, y que sus padres temen sufrir represalias si denuncian el abuso.
Denuncias consistentes de abusos
Un diputado del estado Bolívar, organizaciones independientes y medios de comunicación han informado sobre casos de abuso que son consistentes con aquellos documentados por Human Rights Watch. Estos son algunos ejemplos:
- El 4 de marzo de 2016, trascendió que se desconocía el paradero de 28 mineros que trabajaban en una mina de oro en Tumeremo, en Bolívar, según el diputado de Bolívar, Américo de Grazia. Diez días más tarde, se hallaron 17 cuerpos en una fosa común en Nuevo Callao, conforme lo indicó el entonces defensor del pueblo venezolano, Tarek William Saab. La entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz también dijo que los cuerpos habían sido hallados, y confirmó más tarde que habían desaparecido 21 mineros. Según señalamientos expresados por testigos a de Grazia, los 28 mineros recibieron un disparo en la cabeza por la espalda y fueron desmembrados con una motosierra, supuestamente para que un grupo armado pudiera controlar la mina. El 28 de noviembre, el ministro de Interior Gustavo González López determinó que la causa de la muerte era una “guerra de bandas” por el cobro de sobornos. También mencionó que el “fenómeno paramilitar” se había exportado de Colombia, y que estos grupos pretendían ejercer el control político y económico de la zona minera.
- El soldado venezolano Leocer José Lugo Maíz, de 19 años, fue hallado – con las manos amputadas, la lengua cortada y sin los ojos – el 14 de enero de 2019, según un medio venezolano. Lugo Maíz, un soldado de la Guardia Nacional Bolivariana que había desertado, fue capturado por un sindicato en la mina Yin Yan en El Callao. Según informes de medios locales, Lugo Maíz habría sido confundido con un informante de la Guardia Nacional Bolivariana. Miembros del sindicato lo habrían secuestrado el 8 de enero.
- La organización no gubernamental Comisión de los Derechos Humanos y Ciudadanía (CODHECIU) ha reunido 51 denuncias de personas con paradero desconocido en los municipios mineros de la región de Guayana, en Bolívar, entre 2012 y 2019, según indicó un representante de esa organización a Human Rights Watch. De estas personas, 10 fueron halladas con vida tras haber sido secuestradas o sobrevivir a una masacre; hasta septiembre, se desconocía el paradero de las demás. Más del 60 % de los casos informados ocurrieron entre 2018 y 2019. Seis familias dijeron a CODHECIU que un familiar había ido a trabajar a las minas de oro en la zona y nunca regresó. Según CODHECIU, la mayoría indicó a la organización haber presentado denuncias ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero afirmaron que la policía los “alentó” a no seguir con la búsqueda. En un caso, familiares dijeron a CODHECIU que el CICPC no había realizado una búsqueda efectiva de la persona denunciada como ausente en las primeras horas.
Human Rights Watch habló con la esposa de una de las personas mencionadas en un artículo publicado en un medio local sobre este tema. La última noticia que tuvo de su esposo fue en marzo de 2018, después de haberse ido a trabajar en una mina en el estado Delta Amacuro, y desde entonces no ha regresado. La mujer dijo haber recibido amenazas y sufrido intimidación tras denunciar a las autoridades venezolanas la desaparición de su esposo.
- El 15 de octubre de 2019, al menos 16 personas se encontrarían desaparecidas y 6 resultaron heridas en la mina Los Candados en el estado Bolívar durante un supuesto enfrentamiento entre un sindicato y el ELN, conforme trascendió en los medios.
- El 22 de noviembre de 2019, al menos ocho personas se informaron como fallecidas en un enfrentamiento armado en el Territorio Indígena de Pemón Ikabarú, que integra el Arco Minero del Orinoco, en el municipio Gran Sabana, estado Bolívar. Según señalaron testigos, habrían escuchado disparos de un grupo armado aproximadamente a las 7:30 p.m. frente a un negocio de la zona. Al menos una de las personas confirmadas como muertas pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana, y otra era miembro de la comunidad indígena Manak Kru. Las autoridades indígenas Pemón difundieron un comunicado oficial sobre la “masacre de Ikabarú” en el que condenaron los sucesos y la presencia de grupos armados en territorio indígena, y exigieron que la masacre fuera investigada por el gobierno nacional conjuntamente con las autoridades indígenas.
Malaria
En los 8 años transcurridos entre 2010 y 2018, los casos de malaria en Venezuela aumentaron un 797 por ciento, con un súbito incremento de 136.402 en 2015 a 240.613 en 2016, y 404.924 casos confirmados en 2018.
Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Venezuela se informaron 323.392 casos de malaria entre enero y el 13 de octubre de 2019. Sin embargo, la Sociedad Venezolana de Salud Pública, estima que hubo más de un millón de casos de malaria en 2018, lo que supone un incremento superior al 50 % respecto de 2017. La OPS y la OMS informaron que el número más alto de casos informados en 2019 correspondía a los estados de Amazonas, Bolívar y Sucre.
A medida que las personas migran hacia y desde los estados de Amazonas, Bolívar y Sucre, la malaria se ha propagado a otras regiones de Venezuela donde durante décadas no se habían informado casos, así como a países vecinos. La posible aparición de cepas resistentes a fármacos debido a que no hay disponibilidad de tratamientos efectivos también representa una amenaza emergente, acompañada por el aumento en la mortalidad asociada con la malaria.
La situación se ve agravada, a su vez, por una menor eficacia de los programas de control de vectores. Algunas personas entrevistadas por Human Rights Watch indicaron haber recibido tratamiento en centros de salud públicos en algunas ocasiones. Pero otras afirmaron haber pagado hasta dos gramos de oro – que tiene un valor aproximado de 100 dólares estadounidenses – a cambio de atención médica, entre ellas una persona que tuvo que pagarle a una enfermera por el tratamiento en un establecimiento público. Otros, que no podían pagar los medicamentos, afirmaron haberse tratado “con hierbas”.
