- Agentes de policía manipularon cámaras corporales y cometieron graves fallas en la investigación durante una operación cuyo supuesto objetivo era detener a miembros del crimen organizado en un conjunto de favelas de Río de Janeiro, el 28 de octubre de 2025.
- Una investigación de un año de duración llevada a cabo por Human Rights Watch concluyó que las fuerzas policiales violaron decisiones del Tribunal Supremo Federal y sus propios protocolos durante la Operación Contención, que parece haber sido diseñada para ser letal.
- El Ministerio Público Federal y del estado de Río de Janeiro deberían iniciar procedimientos penales y civiles para investigar a los responsables de los abusos, incluidas autoridades y comandantes de la Policía Militar y la Policía Civil.
(Río de Janeiro, 28 de octubre de 2026) – Agentes de policía manipularon cámaras corporales y cometieron graves fallas en la investigación durante la Operación Contención en Río de Janeiro, el 28 de octubre de 2025, afirmó Human Rights Watch en una investigación publicada hoy. Las pruebas indican que la policía utilizó fuerza excesiva y pudo haber matado intencionalmente a decenas de hombres y adolescentes.
La investigación, titulada “Una estrategia de muerte”, documenta la Operación Contención, en la que murieron un total de 122 personas. Esa cifra incluye a dos adolescentes y cuatro policías que fallecieron ese día, y un quinto policía que resultó herido y murió posteriormente. Otros dos hombres murieron de madrugada, antes del inicio oficial de la operación. El 85% de las víctimas de la operación que no eran policías eran personas negras.
Ninguna de las muertes quedó registrada en las miles de horas de grabaciones de cámaras corporales enviadas por la Policía Militar de Río de Janeiro a la Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro, que Human Rights Watch analizó.
“Human Rights Watch tuvo acceso a miles de horas de grabaciones de cámaras corporales y analizó videos grabados por residentes, el expediente de la investigación oficial y los informes de autopsia de cada víctima; pero siguen sin respuesta cuestiones cruciales porque la policía no registró adecuadamente las muertes, no garantizó la preservación de los lugares de los hechos y no recopiló información esencial”, dijo Sophia Jones, investigadora de fuentes abiertas del Laboratorio de Investigaciones Digitales de Human Rights Watch. “Las familias de las víctimas, incluidas las de los policías, merecen respuestas y que se rindan cuentas mediante una investigación completa e independiente”.
Human Rights Watch entrevistó a 41 testigos, familiares y expertos, y analizó 4.400 horas de imágenes de cámaras corporales, 9.000 páginas del expediente de la investigación penal, 122 informes de autopsia, procesos judiciales y cientos de videos y fotografías. Human Rights Watch analizó los datos utilizando varios modelos de inteligencia artificial desarrollados por la propia organización, con revisión y evaluación manuales posteriores por parte de los investigadores.
Según datos del GENI (Grupo de Estudios sobre los Nuevos Ilegalismos), del Fórum Brasileiro de Segurança Pública y de Fogo Cruzado, la Operación Contención fue la operación policial más letal registrada en un solo día ya documentada en Brasil, un país donde las fuerzas policiales matan a más de 6.000 personas cada año.
Investigadores de Human Rights Watch visitaron el Complexo da Penha, donde ocurrieron las muertes, seis meses después de la operación y constataron que el Comando Vermelho, la facción criminal contra la que se dirigió la operación, seguía imponiendo su dominio sobre los residentes.
El objetivo declarado de la operación era ejecutar 100 órdenes de captura contra presuntos miembros del Comando Vermelho. Sin embargo, los registros policiales muestran que la policía detuvo solo a 17 personas con órdenes de captura pendientes, sin que quede claro cuántas de estas órdenes se encontraban entre las 100 que justificaron la operación. La policía no entró en la casa del principal líder del Comando Vermelho en la zona, contra quien pesaba una orden de captura, según informó un comandante de la Policía Civil al Ministerio Público, aunque las grabaciones de las cámaras corporales muestran a agentes circulando alrededor de la casa.
A pesar de que una ley estatal y fallos del Tribunal Supremo Federal obligan a la policía de Río de Janeiro a usar cámaras corporales, solo alrededor del 23 % de los 2.500 policías civiles y militares que participaron en la operación llevaban cámaras, informó el gobierno de Río de Janeiro.
El análisis realizado por Human Rights Watch de las grabaciones de los 527 policías militares que usaron las cámaras reveló frecuentes casos de manipulación y obstrucción. Los policías dejaron las cámaras encendidas antes de la operación, agotando las baterías; cubrieron las lentes; pusieron las cámaras en lugares donde no captaran las acciones de los agentes; y dejaron las cámaras en los vehículos.
Esta manipulación ocurrió de manera constante en momentos clave: durante detenciones, tiroteos o mientras los policías ingresaban a las viviendas, según constató Human Rights Watch. La mayor parte de la manipulación ocurrió en las cámaras utilizadas por agentes de policía cuyas unidades participaban en operaciones de primera línea, como el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar (BOPE), unidad desplegada en la zona boscosa donde se produjeron la mayoría de las muertes. Los investigadores de Human Rights Watch determinaron que las lentes estaban obstruidas en el 36% de los momentos en que se escuchan uno o varios disparos, cuyo sonido grabaron las cámaras.
Las imágenes de las cámaras corporales mostraron a policías agrediendo y amenazando con matar a los detenidos, incluido un adolescente al que los policías obligaron a recostarse junto a un cadáver mientras lo fotografiaban. En otra grabación, un policía les dice a sus compañeros que disparen a las piernas de los detenidos en caso de que huyan. En un tercer vídeo, un policía expresó su frustración porque las cámaras corporales les impedían matar a los sospechosos.
Human Rights Watch también analizó cientos de videos y fotografías tomados por residentes de la comunidad y otras personas el día de la operación. En una serie de videos analizados, los policías apilan cadáveres, algunos con los genitales al descubierto, dentro de un vehículo blindado de la policía, mientras hacen comentarios sádicos. “Mira qué delicia”, dijo un policía. “A nosotros nos gusta esto”.
Aunque la policía afirma que pasó meses planeando la operación, no hay evidencia de que haya realizado preparativo alguno para garantizar la preservación de los lugares donde ocurrieron las muertes a fin de llevar a cabo análisis forense. Además, la Policía Civil no recopiló información básica sobre 115 de las 117 víctimas que no eran policías, como los nombres de los policías y de los residentes que llevaron a algunas de ellas al hospital, por ejemplo.
Solo siete sospechosos fueron trasladados a un hospital y posteriormente detenidos, en comparación con las 117 personas muertas a manos de la policía. Esta proporción excepcionalmente alta entre muertos y heridos (17 a 1) plantea serias dudas sobre si la policía priorizó el uso de la fuerza letal en lugar de la detención de los sospechosos.
Un análisis de los informes de las autopsias de las víctimas también apunta en esa dirección. Más del 40% de las víctimas que no eran policías recibieron disparos en la cabeza, más del 60% recibieron cuatro o más disparos, y casi el 75% recibió al menos un disparo en la espalda. A un hombre le dispararon y luego lo decapitaron.
Según los expertos del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, consultados por Human Rights Watch, las pruebas sugieren que a muchas personas las dispararon y mataron intencionalmente. En muchos casos, la trayectoria de las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego fue de abajo hacia arriba, lo que puede indicar una ejecución, como cuando a una persona le disparan mientras está caída en el suelo o de alguna manera incapacitada.
Las autoridades brasileñas deberían garantizar una investigación exhaustiva e independiente sobre la planificación y las decisiones de los comandantes de la policía y otras autoridades que dieron lugar a una operación tan letal. El nuevo gobernador de Río de Janeiro, quien asumirá el cargo el 6 de enero de 2027, debería presentar un proyecto de ley para separar la pericia criminal de la Policía Civil.
“Nuestra investigación muestra que la policía violó la ley y sus propios protocolos durante la desastrosa operación”, dijo César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil. “Las prácticas policiales abusivas socavan la seguridad pública, haciendo que la población esté menos dispuesta a colaborar con la policía, al tiempo que alimentan un ciclo de violencia que pone en riesgo tanto a los residentes como a los propios agentes de policía. Brasil necesita nuevas estrategias de seguridad pública que sean eficaces y respeten los derechos humanos”.
