(Ciudad de México) – El Senado de México debe modificar la legislación aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2026 para garantizar que las personas con discapacidad cuenten con los apoyos necesarios para tomar decisiones con efectos jurídicos a partir del 1 de abril de 2027, como estaba previsto originalmente, señaló hoy Human Rights Watch. La legislación actual aplazaría hasta el 1 de julio de 2031 el plazo para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece estos procedimientos de designación de apoyos.
El Código, aprobado en junio de 2023, introdujo reformas para mejorar el acceso a la justicia y garantizar el derecho de las personas con discapacidad en todo México a tomar decisiones con reconocimiento jurídico. Sin embargo, su implementación ha sufrido retrasos. La Ciudad de México es la única entidad federativa que ha declarado parcialmente vigente el Código, incluidas las disposiciones que permiten a las personas adultas designar apoyos para ejercer su capacidad jurídica.
“Si el Senado no modifica la legislación para permitir que entre en vigor el procedimiento de designación de apoyos, los jueces locales se enfrentarán a un vacío jurídico”, señaló Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch. “Ya no pueden privar a una persona de su derecho a tomar decisiones, pero tampoco pueden aplicar un procedimiento que aún no ha entrado en vigor para ayudarla a tomar sus propias decisiones. Esto podría exponer a las personas que requieren estos apoyos al riesgo de perder su patrimonio o incluso sufrir daños a su salud e integridad física”.
El Código de 2023 eliminó la interdicción, un procedimiento discriminatorio de tutela que permitía a los tribunales privar a las personas adultas, particularmente a aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial, de su derecho a tomar decisiones con reconocimiento jurídico. Bajo este régimen, los tutores podían tomar decisiones sobre el patrimonio, las finanzas y los asuntos personales de una persona, frecuentemente sin respetar su voluntad y preferencias.
La interdicción quedó derogada a partir del 8 de junio de 2023. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que estos procedimientos son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y que su derogación no depende de la implementación gradual del nuevo Código.
Sin embargo, eliminar la interdicción sin establecer alternativas efectivas puede dejar a algunas personas sin protecciones jurídicas esenciales.
El nuevo Código establece un procedimiento judicial extraordinario para designar apoyos cuando no sea posible determinar la voluntad y preferencias de una persona, pese a haber realizado esfuerzos considerables. Este mecanismo permite que un juez designe a alguien para facilitar el ejercicio de la capacidad jurídica, sujeto a salvaguardias estrictas para prevenir abusos y a la obligación de garantizar la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona.
Sin este procedimiento, las personas pueden enfrentar consecuencias graves. Pensemos, por ejemplo, en alguien que entra en estado de coma sin haber dejado directivas anticipadas sobre su patrimonio, atención médica o asuntos familiares. Si es necesario tomar decisiones urgentes, la ausencia de un mecanismo jurídico para designar apoyos podría poner en riesgo su patrimonio o comprometer su salud e integridad física.
A diferencia de la interdicción, la designación extraordinaria de apoyos no autoriza a los tribunales a declarar jurídicamente incapaz a una persona ni a someterla a un régimen general de tutela que sustituya sus decisiones por las de otra persona.
El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas y exige a los gobiernos garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los apoyos que requieran para ejercer ese derecho.
Organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones defensoras de los derechos de las personas mayores, asociaciones profesionales y organizaciones de derechos humanos han solicitado que el procedimiento extraordinario de designación de apoyos quede exceptuado del aplazamiento.
El Senado todavía tiene la oportunidad de modificar la legislación aprobada por la Cámara de Diputados e introducir una excepción que permita implementar este procedimiento conforme al calendario originalmente previsto.
“El gobierno puede razonablemente requerir tiempo y recursos adicionales para implementar una reforma de esta magnitud, pero resulta injustificable aplazar durante casi cinco años más una salvaguardia fundamental para las personas con discapacidad”, señaló Ríos Espinosa. “El Senado todavía tiene la oportunidad de corregir esta situación y evitar que las personas queden expuestas a abusos y graves violaciones de sus derechos”.
