(Washington, D. C.) – Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y destruyeron ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, deteniendo a más de 140 de los 160 tripulantes y sometiendo a algunos de ellos a abusos, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador deben revelar la base legal de estas operaciones e investigar de inmediato los abusos.
Las fuerzas militares de Estados Unidos han afirmado que las embarcaciones operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para operaciones de tráfico de drogas vinculadas a Los Choneros, un grupo criminal ecuatoriano. Sin embargo, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Ecuador han revelado evidencias sólidas que vinculen individualmente a los tripulantes con algún delito. De los tripulantes detenidos, 90 enfrentan investigaciones penales en Ecuador, 56 fueron liberados porque jueces ecuatorianos declararon que su detención fue ilegal, y otros 14 no fueron presentados ante un juez. Algunos de los tripulantes detenidos dijeron que fueron golpeados y amenazados para obligarlos a confesar que traficaban combustible, y que los obligaron a firmar documentos que no entendían.
“La interceptación del tráfico de combustible en el mar puede ser un paso importante para detener a grupos criminales, pero eso no les da derecho a las fuerzas de seguridad a detener personas sin evidencias, destruir sus embarcaciones y cometer abusos”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Ecuador y Estados Unidos deben revelar la base legal de estas operaciones, aclarar los criterios utilizados para interceptar y destruir embarcaciones, y establecer salvaguardias sólidas para prevenir nuevos abusos”.
Human Rights Watch entrevistó a 27 personas, entre ellas capitanes, tripulantes, familiares de personas detenidas y abogados que representan a algunos tripulantes detenidos. Los investigadores también revisaron fotografías y videos de las interceptaciones, informes de la Policía Judicial de Ecuador, actas judiciales, declaraciones de las autoridades de Estados Unidos e informes de los medios de comunicación ecuatorianos. Human Rights Watch solicitó un comentario por parte de la Fiscalía General del Estado de Ecuador y el Comando Sur de Estados Unidos sobre sus hallazgos, pero aún no ha recibido respuesta.
Human Rights Watch no pudo determinar si alguna de las embarcaciones operaba como estación ilícita de reabastecimiento de combustible. Las autoridades de Estados Unidos alegaron que sí lo hacían, mientras que los tripulantes entrevistados negaron estar involucrados. Ninguno de los dos gobiernos ha revelado evidencia que respalde las alegaciones, y la destrucción de las embarcaciones pudo haber eliminado evidencias que podrían haber ayudado a esclarecer lo sucedido.
El 28 de agosto, las fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron la primera embarcación, llamada Los Tres Hermanos. El capitán y los tripulantes dijeron que las fuerzas armadas de Estados Unidos les ordenaron acostarse boca abajo y los inmovilizaron con bridas plásticas sin darles ninguna explicación. Afirmaron que las fuerzas de Estados Unidos no inspeccionaron la embarcación en su presencia antes de llevarlos a bordo del USS San Antonio.
Las fuerzas estadounidenses luego reemplazaron las bridas de plástico por esposas metálicas ajustadas, dijeron, les cubrieron los ojos y los oídos, recopilaron sus datos biométricos e interrogaron a algunos sobre sus supuestos vínculos con organizaciones de crimen organizado. Los tripulantes negaron tener tales vínculos y dijeron que no tenían antecedentes penales. Después de aproximadamente siete horas, las fuerzas estadounidenses los subieron a bordo de las cuatro lanchas de apoyo de Los Tres Hermanos, les ordenaron que se retiraran y luego destruyeron la embarcación principal. Ninguno fue detenido al llegar a la costa.
“Les pregunté qué evidencias habían encontrado, qué procedimiento estaban siguiendo y si debía llevar la embarcación a Jaramijó o a Manta”, dijo el capitán. “Uno de los militares estadounidenses me preguntó: ‘¿Qué prefieres, la muerte o la cárcel?’. Le respondí: ‘Ninguna de las dos’. Entonces me dijo que no regresara a la embarcación y nos ordenó ir a Manta en nuestras lanchas de apoyo”.
Miembros de la tripulación de al menos cuatro embarcaciones afirmaron que las fuerzas estadounidenses les dieron patadas y golpes al abordar sus embarcaciones pesqueras, a pesar de que no opusieron resistencia. Una vez a bordo del USS San Antonio, las fuerzas estadounidenses les dieron puñetazos o patadas por moverse o por no acatar las órdenes, según relataron los tripulantes, quienes dijeron que las órdenes se dieron en inglés, idioma que no hablan.
Los tripulantes dijeron que las fuerzas estadounidenses les taparon los ojos y los oídos y los obligaron a permanecer sentados durante horas sin moverse, sin darles comida ni agua suficiente ni permitirles usar el baño. Las fuerzas estadounidenses no les dijeron por qué los detenían ni qué les iba a pasar. Varios afirmaron que las fuerzas estadounidenses, a través de intérpretes, los amenazaron con enviarlos a la cárcel o ir tras sus familias sino admitían que abastecían de combustible a lanchas que transportaban drogas.
“Me amenazó diciendo que, si no confesaba que estábamos traficando con combustible, me enviarían a la cárcel, y que, si no cooperaba, irían tras mi familia”, dijo un tripulante del María Candelaria. Contó que dos militares estadounidenses armados lo interrogaron a través de un intérprete. Un miembro de las fuerzas estadounidenses lo obligó a firmar un documento electrónico que no le permitieron leer. “No sé qué decía ese documento”, dijo. “No estábamos haciendo nada malo; solo estábamos pescando. Es muy injusto”.
El 5 de septiembre, un juez de Manta declaró ilegal la detención de 28 tripulantes—9 del Conquista II y 19 del OM 2—y ordenó su liberación sin cargos. Un acta oficial de la audiencia, que Human Rights Watch revisó, muestra que el juez rechazó la solicitud de la fiscalía de considerar las detenciones como “flagrancia” por presunta asociación ilícita, y determinó que no se habían presentado evidencias de que los tripulantes hubieran cometido un delito.
El 10 de septiembre, una jueza en la isla de San Cristóbal, Galápagos, ordenó la liberación sin cargos de 28 tripulantes—22 del Montecristi y 6 del Don Rufo.
Los fiscales ecuatorianos han acusado a 90 tripulantes de “asociación ilícita”—8 del Conquista II, 26 del María Candelaria, 10 del Don Rufo, 26 del X Siempre Don Carlos y 20 del Karla Franccesca, quienes deben presentarse semanalmente ante el juzgado y la fiscalía, y tienen prohibido salir del país.
El 28 de septiembre, una jueza en Manta celebró una audiencia de juicio para 8 tripulantes del Conquista II y 26 del María Candelaria. Los abogados defensores dijeron a Human Rights Watch que la fiscalía presentó un informe pericial sobre los teléfonos de algunos tripulantes, en los que solo había fotos de ellos y de sus familias, así como matrículas de personal marítimo y un informe de la Policía Judicial. También dijeron que funcionarios de la Policía y la Armada ecuatorianas reconocieron ante el tribunal que las fuerzas estadounidenses no habían aportado evidencias de la comisión de un delito y que las autoridades ecuatorianas tampoco habían recabado tales evidencias. Se espera que la juez emita su decisión el 7 de octubre.
Human Rights Watch revisó dos informes de la Policía Judicial ecuatoriana relacionados con 74 de los tripulantes detenidos. Ambos indican que la Armada ecuatoriana trasladó a los tripulantes en calidad de “náufragos” al puerto de Manta donde fueron entregados a la Policía Judicial. Sin embargo, la policía, por orden del fiscal de turno, los aprehendió por el presunto cometimiento de una infracción penal y los detuvo. Los informes solo mencionan como evidencias las matrículas de personal marítimo y algunos documentos de identidad, y no identifican drogas, combustible, carga ni otras evidencias que respalden las acusaciones de tráfico de combustible o de “asociación ilícita”.
El derecho internacional de derechos humanos prohíbe la detención arbitraria y los tratos crueles e inhumanos. Los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador deben garantizar que toda interceptación y detención sea legal y sea sometida sin demora a control judicial.
“Ecuador y Estados Unidos no van a desmantelar las redes de crimen organizado deteniendo a pescadores con evidencias cuestionables”, dijo Goebertus.
