Teresa M., una mujer guatemalteca de 30 años, acababa de salir de casa rumbo a su trabajo en una fábrica de armarios, cuando la policía de Alabama detuvo en junio el vehículo en el que viajaba y le preguntó por su situación migratoria. Un compañero de trabajo iba conduciendo y Teresa, que entonces llevaba siete años viviendo en Estados Unidos, dijo que aún no sabe por qué los pararon.
Teresa, madre de una hija de 12 años y dos hijos de 6 y 1 año, no tuvo oportunidad de ver a sus tres hijos. La llevaron directamente a la cárcel, donde pasó la noche antes de que agentes federales de inmigración llegaran y la trasladaran a un centro de detención migratoria, primero en Birmingham, después en Tuscaloosa y, finalmente, en el estado de Luisiana. Durante el proceso, los agentes de inmigración le plantearon una elección imposible: llevarse a sus hijos con ella y exponerlos a la detención y a una probable deportación, o dejarlos atrás con su padre.
“Pienso traer a mis hijos”, dijo, “pero mi hija tiene tres cirugías y le falta todavía una el próximo año”. También explicó que su hijo de 6 años recibe terapia del habla, un servicio al que sería más difícil acceder en Guatemala.
Aunque llegó a considerar llevarse a Guatemala a su hijo menor, decidió que sus hijos debían quedarse en Estados Unidos. “Le dije a mi esposo que estaba bien y que cuidara a los niños”.
Describió una comparecencia apresurada ante un juez, durante la cual le pidieron que firmara unos documentos aceptando abandonar el país voluntariamente.
Human Rights Watch se reunió con Teresa en Guatemala poco después de que aterrizara el vuelo en el que fue deportada. Exhausta, estaba sentada en un cobertizo de paredes de aluminio junto a la pista de aterrizaje que había sido acondicionado como centro de recepción improvisado para las personas deportadas desde Estados Unidos. Contra una de las paredes se apilaban bolsas de plástico blancas con las pertenencias personales de las personas deportadas, recogidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
La ausencia de Teresa ha causado una profunda angustia a sus hijos, especialmente al más pequeño. “Durante aquellos primeros días [después de la detención], el pequeño no paraba de llorar”, dijo. “No quería comer”.
Teresa, cuyo nombre hemos cambiado para proteger su privacidad, al igual que los de las demás personas mencionadas en este artículo, es solo una de las decenas de madres y padres entrevistados por Human Rights Watch en los últimos meses tras ser deportados de Estados Unidos. Una y otra vez describieron la angustia de verse separados de sus familias y el sufrimiento que su ausencia ha causado a sus hijos.
Más de 540.000 personas han sido deportadas desde que comenzó el segundo Gobierno de Trump en enero de 2025. Durante el verano de 2026 se produjo un fuerte aumento de las detenciones de ICE, especialmente de personas no ciudadanas sin condenas penales. Estas medidas de control migratorio han tenido consecuencias devastadoras no solo para quienes han sido detenidos o se han visto obligados a abandonar el país, sino también para los niños y niñas que han quedado atrás.
“No pude abrazar a mi hijo”
Pierre R. huyó de Haití a Estados Unidos con su esposa en 2019, después de que un grupo criminal atacara su casa en Puerto Príncipe y matara a sus padres. En Estados Unidos, obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que protege frente a la deportación a personas procedentes de determinados países debido a las condiciones de peligro existentes, y solicitó asilo.
Pierre vivía en Florida, donde trabajaba en un hotel limpiando y transportando suministros y, con el tiempo, llegó a capacitar a nuevos empleados. “El trabajo era duro, pero me iba bien”, contó a Human Rights Watch en una entrevista en agosto. Su hijo, que ahora tiene 5 años, nació en Estados Unidos y asiste a la escuela.
“La gente me conocía allí”, dijo Pierre al recordar su vida en Florida. “Mis compañeros de trabajo conocían a mi esposa y a mi hijo, mis vecinos nos conocían y nos apoyaban, e íbamos a la iglesia los domingos”.
Las personas haitianas que viven en Estados Unidos estaban protegidas por el TPS desde 2010 debido a las persistentes y cambiantes crisis humanitarias y a la violencia en Haití. El año pasado, el Gobierno de Trump tomó medidas para poner fin al TPS para las personas haitianas y, a finales de junio de 2026, tras un prolongado proceso judicial, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que se pusiera fin al programa.
En mayo, un mes antes de que se resolviera el caso ante el Tribunal Supremo, agentes de ICE detuvieron a Pierre durante una cita rutinaria con las autoridades migratorias.
“Fui porque siempre había cumplido con los requisitos de inmigración”, dijo Pierre. “Creía que firmaría unos papeles y volvería a casa con mi familia. En lugar de eso, me detuvieron”.
Pierre dijo que las autoridades migratorias le comunicaron que su permiso de trabajo vinculado al TPS había caducado. Explicó que había solicitado su renovación dentro del plazo, pero que aún no había recibido respuesta. También dijo que tenía una solicitud de asilo pendiente.
Pierre estuvo detenido durante dos meses en dos centros de detención migratoria distintos, ambos en Florida, entre ellos el Krome North Service Processing Center, donde Human Rights Watch documentó el año pasado tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un informe reciente de supervisión de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) concluyó que Krome incumplía las normas del Departamento, incluidas las relativas a la atención médica, la seguridad alimentaria y el uso de la fuerza.
Tras casi tres meses bajo custodia migratoria, Pierre fue deportado a Haití el 20 de agosto. Es una de las cientos de personas haitianas que las autoridades estadounidenses han deportado a su país de origen, donde se enfrentan a amenazas para su vida y seguridad y reciben poca o ninguna asistencia.
Su esposa y su hijo siguen en Florida.
“Trabajaba para que él pudiera crecer sin el miedo, la violencia y la incertidumbre que yo viví en Haití”, dijo Pierre. “No pude abrazar a mi hijo. Ahora mi esposa está sola con el alquiler, las facturas y nuestro hijo. Me dice que él sigue esperándome y que pregunta si estaré allí cuando vuelva del colegio”.
“Una fuente de consuelo”
La Dra. Cecilia G. trabaja como pediatra en un centro de salud de Los Ángeles que presta servicios médicos a familias inmigrantes. Cecilia, que procede de una familia inmigrante, dijo que ha visto de primera mano cómo el apoyo “puede cambiar el rumbo de la vida de un niño, de una familia”.
“No puedes cambiar lo que le ha ocurrido a una persona, pero sí puedes apoyarla en ese momento y, con suerte, ser una aliada o una fuente de consuelo”, dijo a Human Rights Watch en una entrevista en septiembre.
En los últimos años, ha atendido a menores que sufrían traumas después de que sus seres queridos fueran detenidos, recluidos o deportados. “He visto ya a dos o tres adolescentes que han sufrido graves repercusiones en su salud mental”, dijo. Describió el caso de una persona de 15 años que “ingirió una gran cantidad de medicamentos para intentar quitarse la vida porque se habían llevado a uno de sus progenitores”.
Las investigaciones en materia de salud pública han demostrado que la separación familiar, o el temor a que se produzca, puede tener consecuencias muy diversas para los menores, como estrés, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y cambios de conducta.
Cecilia hizo hincapié en los posibles efectos a largo plazo de las experiencias traumáticas durante la infancia.
“Sabemos que, con el tiempo, esto puede provocar enfermedades crónicas y aumentar el riesgo de padecer otras afecciones crónicas”, explicó. “No es algo que vayamos a ver únicamente ahora. Lo veremos dentro de 10 años, dentro de 20. Estos niños recordarán esta época”.
Parte de su trabajo consiste en ayudar a los padres a plantearse qué supondría para sus hijos un encuentro con las autoridades de inmigración. Esto incluye trabajar con familias que tienen hijos con problemas de salud para elaborar planes en caso de que los padres sean separados de sus hijos. Cecilia les recomienda que designen a una persona autorizada para tomar decisiones médicas, que pueda ayudar a tomar decisiones sobre la atención sanitaria de los menores si fuera necesario. Sin embargo, muchas familias tienen dificultades para hacerlo. “Lo que estamos viendo es que muchas personas de esta comunidad cuentan con muy poco apoyo”, dijo. “No hay otro adulto que pueda hacerse cargo de sus hijos [...] ni siquiera en caso de emergencia”.
Cecilia expresó su preocupación por una paciente joven, ciudadana estadounidense, que padece una afección cardíaca grave. “Esta paciente se encuentra en una situación médica muy delicada [...] ha estado en la UCI prácticamente cada dos meses por sus problemas cardíacos”, dijo Cecilia. “Lleva años entrando y saliendo del quirófano”.
El hermano mayor de la paciente, un joven adulto, fue detenido por agentes de ICE, permaneció varios meses recluido y posteriormente fue deportado a finales de 2025, por lo que la madre de la menor quedó como única cuidadora. Ahora, atemorizada, la madre está considerando regresar con la paciente a su país de origen, una decisión que preocupa a Cecilia. “Me preocupa muchísimo que mi joven paciente no sobreviva si regresan a su país de origen, porque su estado de salud es muy delicado”, explicó. “Pero la madre está desesperada y no quiere separarse nunca de su hija, lo cual es comprensible”.
Cecilia mostró empatía ante la difícil decisión a la que se enfrentan algunos padres: “¿Cómo se sopesa la necesidad de todos estos medicamentos o tratamientos especiales frente a la posibilidad de regresar a un lugar donde quizá no puedan proporcionárselos? [...] Muchos padres se sienten divididos y tienen miedo”.
“He perdido a mi hija”
Jeremiah C. habló con Human Rights Watch en agosto, poco después de ser deportado a Guatemala, su país de nacimiento. La policía lo paró en Florida y posteriormente lo detuvo por conducir sin licencia; poco después fue transferido a custodia de ICE. Le preocupaba cómo saldría adelante su familia sin los ingresos que obtenía trabajando en la construcción. El sueldo de su esposa no bastaría para mantener a la familia. Tienen tres hijos: dos hijos mayores de una relación anterior de su esposa y una hija de 2 años, ciudadana estadounidense.
Jeremiah había sido el principal cuidador de su hija de 2 años. “Yo le daba de comer y dormía a su lado”, dijo. “Era yo quien la llevaba a la guardería. Era mi primera hija y la cuidaba todo lo que podía”.
Desde que desapareció de su vida, su hija ha tenido problemas para dormir. Jeremiah contó a Human Rights Watch que había perdido tres kilos y que todavía se niega a comer con frecuencia.
No cree que su familia vaya a reunirse de nuevo, ya que su esposa tiene permiso de trabajo y quiere permanecer en Estados Unidos con sus hijos.
“Trabajo por poco dinero, pago mis impuestos, pero basta con que te pare la policía y se acabó”, dijo. “He perdido a mi hija”.
