(Washington, D. C.) – Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han detenido a al menos ocho exiliados nicaragüenses a quienes el régimen de Ortega-Murillo ha despojado de su nacionalidad, entre ellos algunos con solicitudes de asilo pendientes, señaló hoy Human Rights Watch.
Siete de las personas detenidas formaban parte de los 222 presos políticos que el gobierno nicaragüense expulsó a Estados Unidos, declaró “traidores” y despojó de su nacionalidad el 9 de febrero de 2023. El gobierno de Estados Unidos les otorgó parole humanitario por dos años. El octavo, el reconocido periodista Luis Galeano, fue despojado de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023, junto con otros 93 críticos del gobierno. Personas con conocimiento de sus casos informaron a Human Rights Watch que al menos cuatro tenían solicitudes de asilo pendientes.
“Hace apenas tres años, Estados Unidos recibió a 222 presos políticos que se encontraban en las cárceles de Ortega y Murillo, pero ahora los detiene y amenaza con deportarlos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El derecho internacional prohíbe a Estados Unidos devolver personas a países donde corran riesgo de persecución o tortura. Las autoridades estadounidenses no deberían intentar enviar a estos hombres de vuelta a lugares donde corran peligro”.
Al menos dos de los ocho fueron detenidos durante una audiencia judicial o entrevista de asilo entre abril y septiembre de 2026.
Al parecer, cinco de los ocho hombres siguen detenidos. En septiembre de 2026, Human Rights Watch entrevistó al representante legal de dos de los detenidos y a la esposa de un tercero. Human Rights Watch también confirmó, a través del Sistema de Localización de Detenidos en Línea, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que cuatro de los hombres se encuentran actualmente bajo custodia de ICE y revisó el estado de sus casos en el sistema automatizado de información de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.
Los medios de comunicación han informado sobre la detención de otra persona, pero Human Rights Watch no pudo verificar su caso de manera independiente.
Otros dos han sido puestos en libertad desde entonces. Galeano salió bajo fianza el 26 de septiembre, y Marvin Castellón Ubilla fue liberado en julio tras más de dos meses bajo custodia de ICE.
Dos de los hombres habían sido condenados en Nicaragua por delitos relacionados con drogas en casos que organizaciones de derechos humanos nicaragüenses describen como motivados políticamente. Uno de ellos fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma de fuego regulada en Estados Unidos y enviado a libertad condicional, según una orden judicial revisada por Human Rights Watch.
ICE detuvo a Galeano, de 48 años, el 14 de septiembre. Un juez de inmigración le concedió la fianza el 23 de septiembre, y fue puesto en libertad el 26 de septiembre tras permanecer varios días recluido en Krome, un centro de detención migratoria en Miami. Su familia informó a Human Rights Watch que él solicitó asilo en junio de 2019, cuenta con un permiso de trabajo y no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Galeano tiene programada una audiencia ante una corte de inmigracion para el 27 de octubre.
Human Rights Watch ha documentado condiciones abusivas en Krome, donde los detenidos permanecen durante días en celdas de detención hacinadas y heladas, sin ropa de cama, en condiciones que constituyen un trato inhumano y degradante. El 11 de septiembre, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional publicó las conclusiones de una inspección sin previo aviso realizada en mayo de 2025 en Krome, en la que documentó incumplimientos de las normas sobre atención médica y uso de la fuerza, incluido el uso indebido de una llave de estrangulamiento contra un detenido.
Nicaragua se ha convertido en uno de los países más autoritarios del hemisferio occidental, señaló Human Rights Watch. Quienes critican al gobierno se enfrentan a la cárcel, el exilio y/o a la privación arbitraria de su nacionalidad. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un grupo nicaragüense de derechos humanos, registró al menos 68 presos políticos, 31 de los cuales consideró víctimas de desaparición forzada, hasta septiembre de 2026. Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, el gobierno nicaragüense despojó a 452 nicaragüenses de su nacionalidad y les confiscó sus bienes, incluidas las 222 personas que expulsó a Estados Unidos.
La administración Trump ha impuesto sanciones a numerosos funcionarios nicaragüenses por su papel en la represión.
El gobierno de Estados Unidos ha incrementado drásticamente las deportaciones a Nicaragua. Según un análisis de Human Rights Watch basado en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el gobierno deportó a más de 6.300 nicaragüenses entre enero y julio de 2026, casi el doble de los 3.323 deportados durante el mismo período en 2025. Según informes de medios de comunicación, muchos nicaragüenses deportados son objeto de vigilancia a su regreso.
Las autoridades estadounidenses también están deportando cada vez más a nicaragüenses a terceros países. Desde enero de 2025, más de 1.100 nicaragüenses, incluidos 400 hasta julio de 2026, han sido enviados a terceros países. Entre ellos, 864 a México, 63 a El Salvador, 50 a Guatemala, 49 a Honduras y 26 a Panamá, según un análisis de Human Rights Watch de los datos de ICE.
En noviembre de 2025, Estados Unidos deportó a Juan Barilla a Honduras. Se trata de un campesino que había pasado más de dos años en prisión y que formaba parte de las 222 personas expulsadas a Estados Unidos en 2023.
En marzo de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua informó que el gobierno opera una “red transnacional de vigilancia e inteligencia… para identificar, vigilar y perseguir a los nicaragüenses exiliados”. Documentó al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato de críticos nicaragüenses en el exilio, incluido el asesinato del mayor retirado del ejército Roberto Samcam, en junio de 2025 en San José, Costa Rica. Deportar a los exiliados nicaragüenses a Honduras u otros países vecinos podría ponerlos al alcance de las autoridades nicaragüenses de las que huyeron, señaló Human Rights Watch.
La Convención contra la Tortura prohíbe al gobierno de Estados Unidos devolver a cualquier persona a un país donde corra riesgo real de tortura. El Protocolo de 1967 relativo al Estatuto de los Refugiados también prohíbe devolver a los refugiados a un lugar donde enfrenten riesgo de persecución. Esto puede incluir devoluciones indirectas, en forma de deportaciones en cadena desde terceros países.
Las autoridades de Estados Unidos no deberían deportar a Nicaragua a ninguna persona que corra riesgo de persecución o tortura allí, señaló Human Rights Watch. Tampoco deberían deportar a personas a terceros países donde enfrenten tales riesgos, incluso debido a una deportación posterior a Nicaragua. Cualquier persona que enfrente la expulsión a un tercer país debería recibir una notificación adecuada y una oportunidad real de impugnar la decisión ante un juez de inmigración. Mientras las personas permanezcan detenidas, las autoridades de Estados Unidos deberían garantizar un trato humano, atención médica adecuada y acceso a sus abogados.
El Congreso debería exigir al Departamento de Seguridad Nacional que informe cuántos nicaragüenses despojados de su nacionalidad se encuentran bajo custodia de ICE, cuánto tiempo llevan detenidos y qué países se les ha designado para su deportación.
