El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizó su deriva autoritaria. Una amplia reforma constitucional concentró aún más el poder en el ejecutivo, mientras las autoridades continuaron la persecución sistemática de críticos y opositores mediante detenciones y procesos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, así como la privación arbitraria de la nacionalidad y confiscación de bienes.
Concentración de poder
En enero, la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, aprobó una amplia reforma constitucional. La reforma nombró a Murillo, esposa de Ortega y entonces vicepresidenta, “copresidenta”, y otorgó al ejecutivo la facultad de “coordinar” los poderes judicial y legislativo. Ortega se mantiene en el poder desde 2007. Una reforma constitucional aprobada por la Asamblea en 2014 derogó los límites a la reelección presidencial.
Persecución de críticos
El gobierno continuó reprimiendo todas las formas de disidencia y, en 2025, extendió la represión incluso a algunos partidarios del gobierno. Una organización de derechos humanos informó que en octubre había al menos 77 presos políticos. Las fuerzas de seguridad sostienen un clima de miedo mediante la vigilancia, el acoso y las detenciones arbitrarias.
En agosto, el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso murieron bajo custodia tras haber pasado semanas en condición de desaparición forzada, según el medio Confidencial. Al menos seis presos políticos han muerto bajo custodia desde 2019.
La nueva Constitución permite a las autoridades revocar la nacionalidad nicaragüense a personas consideradas “traidores a la patria”, consolidando en el ordenamiento jurídico interno una práctica que comenzó en 2023. Al menos 452 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad, muchos han quedado apátridas. Además, las autoridades han confiscado sus bienes. Más de 200 miembros del la Iglesia católica han sido forzados al exilio, deportados o se les ha negado el reingreso al país desde 2022.
Represión transnacional
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de la ONU (GHREN), críticos del gobierno en el extranjero enfrentan vigilancia y acoso por parte de las autoridades nicaragüenses y, en ocasiones, han sufrido ataques violentos.
En junio, Roberto Samcam, un mayor retirado del ejército y crítico abierto de Ortega, fue asesinado en su casa de San José, Costa Rica. Anteriormente había recibido amenazas de muerte aparentemente vinculadas a fuerzas de seguridad nicaragüenses. En septiembre, las autoridades costarricenses detuvieron a cuatro personas en relación con el caso; tres de ellas se encuentran actualmente en prisión preventiva.
Al menos siete críticos nicaragüenses en el exilio han sido asesinados o atacados desde 2018, según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos. En septiembre, el GHREN pidió “mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan”.
Libertad de expresión y de asociación
Las autoridades han desmantelado sistemáticamente a la sociedad civil, cancelando la personería jurídica de miles de organizaciones no gubernamentales desde 2018. Hasta noviembre, más de 5.500 organizaciones han sido cerradas por el gobierno, entre ellas grupos de derechos humanos, organizaciones humanitarias y universidades. Esa cifra representa aproximadamente el 80 % de las ONG que operaban oficialmente en Nicaragua, según las últimas cifras disponibles, de 2018. Al menos 58 medios de comunicación han sido clausurados.
En noviembre entró en vigencia una nueva ley de telecomunicaciones que obliga a los proveedores de servicios públicos de comunicaciones audiovisuales a suministrar “toda la información que le sea requerida” al ente regulador incluyendo datos información georreferenciada. Esta disposición representa una amenaza para la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión.
293 periodistas huyeron del país entre 2018 y mediados de 2025, la segunda cifra más alta de la región.
Derechos de los pueblos indígenas
Los líderes indígenas y afrodescendientes han sido objeto de persecución sistemática, que incluye vigilancia, detenciones y procesos penales arbitrarios, y prohibiciones de entrada al país. En 2023, la policía detuvo a Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, dos de los principales líderes de YATAMA, un partido político indígena. Henríquez fue condenada a finales de 2023 a ocho años de prisión por “menoscabar la integridad nacional”, mientras que el paradero de Rivera seguía siendo desconocido al momento de redacción de este informe.
Acceso al aborto
Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. Las personas que abortan enfrentan penas de hasta dos años de prisión, y los profesionales de salud que los practican, a penas de hasta seis años. La prohibición obliga a mujeres y niñas a continuar con embarazos no deseados, lo que pone en riesgo su salud y su vida. En enero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que Nicaragua violó los derechos de dos niñas de 12 y 13 años sobrevivientes de violación al obligarlas a continuar con el embarazo y la maternidad, lo cual las sometió a situaciones que constituyen tortura y vulnera sus derechos a la vida y la dignidad. El comité instó a Nicaragua a “garantizar que todas las niñas víctimas de violencia sexual tengan acceso efectivo a los servicios de aborto...”.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Entre 2018 y mediados de 2025, más de 342.000 nicaragüenses solicitaron asilo en el extranjero, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, México y España. Otras 31.000 personas fueron reconocidas como refugiados. En julio, el gobierno de Estados Unidos anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses, poniendo fin a la protección de aproximadamente 4.000 personas. La medida entró en vigor en septiembre. Al momento de redacción de este informe, seguía pendiente ante los tribunales una impugnación contra la terminación.
Durante la primera mitad del año, las autoridades estadounidenses deportaron a más de 2.100 nicaragüenses a Managua.
Justicia y rendición de cuentas
En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato del GHREN por dos años. El grupo ha concluido que existen motivos razonables para creer que las autoridades han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportación forzada y persecuciones por motivos políticos. El GHREN ha instado a los Estados a presentar una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violar las convenciones de las Naciones Unidas sobre la apatridia.
En 2025, el gobierno ha profundizado el aislamiento internacional de Nicaragua. Entre febrero y junio, Nicaragua anunció o formalizó su retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, la UNESCO y la Agencia de la ONU para los Refugiados. En marzo, Nicaragua también decidió no participar en la adopción del resultado de su Examen Periódico Universal de la ONU. Asimismo, el gobierno se retiró de la Organización de los Estados Americanos en 2023.
Ningún organismo internacional de monitoreo de derechos humanos ha podido ingresar a Nicaragua desde 2018.
Sanciones
En abril, Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno nicaragüense por socavar libertades fundamentales. En total, las prohibiciones de visa abarcan ahora a más de 2.000 funcionarios actuales o antiguos. Además, Estados Unidos también mantiene sanciones financieras específicas contra altos funcionarios y entidades vinculadas al Estado.
En octubre, la Unión Europea renovó las sanciones contra 21 individuos y tres entidades vinculadas al Estado implicadas en violaciones de derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de derecho. El Reino Unido y Canadá han sancionado a 17 y 35 individuos, respectivamente, por graves violaciones de derechos humanos.