El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, intensificaron la represión. Han expandido el uso del exilio forzado y la privación de la nacionalidad como métodos para atacar a críticos. El gobierno también continuó cerrando arbitrariamente un gran número de organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, y ejerciendo otros mecanismos sistemáticos de censura y persecución contra críticos y opositores.
Concentración de poder
En noviembre, Ortega propuso una reforma constitucional que expandiría los poderes presidenciales y limitaría los derechos fundamentales. La reforma establecería una “copresidencia” con Murillo, y les otorgaría el poder para “coordinar” otros poderes. También parece diseñada para proporcionar cobertura legal a violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del gobierno, como privar de la nacionalidad nicaragüense a quienes son considerados “traidores” a la patria y censurar a la prensa. La Asamblea debe aprobar la reforma en dos sesiones consecutivas, y la votación final se espera para el nuevo período de enero.
Expulsión y privación de la nacionalidad
En septiembre, el gobierno expulsó a 135 presos políticos a Guatemala, despojándolos de su nacionalidad y confiscando sus bienes, en violación al derecho internacional. Hasta noviembre, otros 46 opositores permanecían detenidos, incluyendo algunos líderes indígenas. Más de 450 personas han sido despojadas de la nacionalidad nicaragüense desde febrero de 2023. Muchas han quedado apátridas.
En septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, reformó el Código Penal para poder procesar en ausencia a personas que se encuentran fuera del territorio nacional y están acusadas de cometer ciertos delitos en Nicaragua. Esta reforma podría abrir la puerta a perseguir a críticos en el exilio, incluyendo a quienes han sido expulsados por el gobierno. La Asamblea también amplió los poderes de los jueces para incautar bienes de los acusados y estableció sanciones penales para cualquiera que “promueva, solicite, gestione sanciones económicas o bloqueos económicos, comerciales y financieros en contra de sus instituciones o funcionarios públicos”.
Libertad religiosa
El gobierno ha intensificado su campaña contra las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia católica. Desde octubre de 2023, Nicaragua ha forzado al exilio a más de 200 figuras religiosas, las ha deportado o ha prohibido su regreso al país.
En agosto, el gobierno expulsó a siete sacerdotes católicos, tras detenerlos arbitrariamente durante varios días en un seminario. En enero, el gobierno expulsó a otros 19 clérigos católicos, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, enviándolos al Vaticano. Álvarez, un crítico del gobierno, había sido detenido arbitrariamente desde agosto de 2022 y fue condenado a 26 años de prisión sin debido proceso. En total, las autoridades han detenido y posteriormente expulsado a 46 sacerdotes y obispos desde 2018.
Desde 2023, la represión se ha extendido a grupos protestantes y evangélicos. En agosto, las autoridades liberaron y expulsaron a 11 pastores de una iglesia evangélica que permanecían detenidos desde diciembre de 2023.
Libertad de expresión y asociación
Los defensores de derechos humanos, periodistas y críticos del gobierno son objeto de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, acoso, vigilancia, campañas de difamación en Internet, detención arbitraria, persecución penal, privación de la nacionalidad, expulsión y denegación de ingreso a Nicaragua.
El gobierno ha cerrado más de 5.600 ONG, incluyendo 1.500 que fueron cerradas en un solo día en agosto. Esa cifra representa aproximadamente el 80 % de las ONG que operaban oficialmente en Nicaragua, según las últimas cifras disponibles de 2018.
El gobierno también ha cerrado al menos 58 medios de comunicación desde 2018, según documentó la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG. La legislación abusiva facilitó muchos de los cierres.
Entre enero y junio, 26 periodistas huyeron del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elevando a 263 el número total de trabajadores de medios de comunicación que se han exiliado de Nicaragua desde 2018.
Derechos de los pueblos indígenas
Los líderes indígenas y afrodescendientes enfrentan campañas de difamación, vigilancia, acoso, detención arbitraria, procesos penales por motivos políticos, y prohibiciones de entrada a Nicaragua. En octubre de 2023, el Consejo Supremo Electoral despojó al partido político indígena YATAMA de su registro legal.
En septiembre de 2023, la policía detuvo a Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, dos de los principales líderes de YATAMA. En diciembre de ese año, un tribunal condenó a Henríquez a ocho años de prisión por “menoscabar la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Al parecer Henríquez permanece detenida en la cárcel “La Esperanza”; el paradero de Rivera seguía siendo desconocido para su familia y allegados al momento de redacción de este informe.
Los líderes y organizaciones indígenas y afrodescendientes enfrentan represión en medio de una escalada de violencia armada por parte de colonos y el despojo de tierras comunales en las Regiones Autónomas. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2022, documentó 67 incidentes de asaltos violentos contra pueblos indígenas en los territorios miskitus y mayangnas desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, incluyendo asesinatos, lesiones, violencia sexual, y secuestros.
En marzo, el Fondo Verde para el Clima (FVC) de las Naciones Unidas terminó el financiamiento de Bio-CLIMA, un proyecto ambiental destinado a reducir la deforestación en biosferas clave. El Fondo citó el incumplimiento de sus políticas y la falta de consentimiento adecuado de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Acceso al aborto
Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. Quienes se someten a abortos enfrentan a penas de hasta dos años de prisión y los profesionales médicos que lo practican, a penas de hasta seis años. La prohibición obliga a mujeres y niñas a continuar con embarazos no deseados, lo que pone en riesgo su salud y sus vidas.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Hasta julio, había 345.800 solicitantes de asilo nicaragüenses en el extranjero, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, España, y México. Otras 30.000 personas fueron reconocidas como refugiados.
Nicaragua se ha convertido en un importante punto de tránsito para migrantes y solicitantes de asilo que se dirigen a Estados Unidos. Desde 2021, Nicaragua ha funcionado como un puente aéreo migratorio continuo, ampliando sus rutas intercontinentales. De acuerdo con información publicada en medios comunicación, de mayo de 2023 a mayo de 2024, el aeropuerto de Managua recibió vuelos chárter con más de 190.000 pasajeros, principalmente de países del Caribe. El gobierno se ha beneficiado de esta afluencia, mediante el cobro de tasas para permitir la entrada de las personas al país.
Justicia y rendición de cuentas
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua ha concluido que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, tortura, violencia sexual, deportación forzada, y persecución por motivos políticos, que constituyen crímenes de lesa humanidad. El mandato actual del grupo está previsto para renovación en marzo de 2025.
En octubre de 2022, un fiscal argentino abrió una investigación penal por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Ortega y Murillo, bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales procesar a individuos por crímenes internacionales graves, independientemente de dónde ocurrieron o de las nacionalidades de los implicados.
Ningún organismo internacional de monitoreo de derechos humanos ha podido ingresar a Nicaragua desde 2018.
Sanciones y financiamiento de la represión
En mayo, el Departamento de Estado de EE. UU. impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno nicaragüense y actores no gubernamentales por sus roles en apoyar “ataques contra derechos humanos y libertades fundamentales, la represión contra organizaciones de la sociedad civil y el lucro a costa de migrantes en situaciones vulnerables”. Desde noviembre de 2021, el Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a más de 1.400 funcionarios nicaragüenses implicados en violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas.
También en mayo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a tres instituciones con sede en Nicaragua por corrupción o papel en la represión del gobierno contra el pueblo nicaragüense. Hasta septiembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. había impuesto el congelamiento de bienes a 14 entidades y 47 personas, incluyendo miembros del gobierno, legislatura y el poder judicial.
En noviembre de 2023, el Departamento de Estado de EE. UU. lanzó una nueva política de restricción de visas “a individuos que operan vuelos chárter hacia Nicaragua diseñados principalmente para migrantes irregulares”. En junio, el Departamento de Estado de EE. UU. impuso restricciones de visa a un ejecutivo de una empresa de transporte de vuelos chárter por “facilitar la migración irregular a Estados Unidos, a través de Nicaragua, desde fuera del hemisferio occidental”.
En octubre, la Unión Europea renovó las sanciones contra 21 individuos y 3 entidades vinculadas al Estado. El Reino Unido y Canadá han sancionado, respectivamente, a 14 y 35 individuos implicados en violaciones de derechos humanos.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó US$2.650 millones en préstamos a Nicaragua entre 2018 y 2022, incluyendo financiamiento para infraestructura policial, a pesar de la amplia documentación sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno nicaragüense durante este periodo. La presidenta del BCIE, Gisela Sánchez, quien asumió el cargo en diciembre de 2023, dijo que el Banco está revisando todos los préstamos aprobados en los últimos 10 años.