Las imágenes de las protestas estudiantiles que siguen en Francia, en las que se ve a la policía antidisturbios, fuertemente armada, usando gas lacrimógeno, granadas aturdidoras, porras, balas de goma y técnicas de inmovilización violentas contra niños, niñas y adolescentes, han despertado preocupación a nivel nacional y internacional.
Los estudiantes de secundaria de toda Francia llevan desde el 21 de septiembre en las calles, frustrados por la continua falta de inversión del Gobierno en su educación, lo que ha provocado escasez de profesores, clases demasiado numerosas y edificios escolares inadecuados. Aunque se han bloqueado colegios y algunos manifestantes han recurrido a la violencia, las protestas han sido abrumadoramente pacíficas.
El uso de la fuerza por parte de la policía en respuesta a las protestas ha provocado lesiones graves a menores, entre ellos un joven de 15 años que perdió una mano por el estallido de una granada aturdidora de la policía y otro de 14 años cuya mandíbula se hizo añicos por un bote de gas lacrimógeno disparado a quemarropa. El Gobierno anunció una suspensión temporal del uso de granadas aturdidoras.
Según los informes, la policía ha detenido a más de 6.800 personas desde que empezaron las manifestaciones; al parecer, el 86 % de ellas son menores de edad. Las autoridades también habrían abierto 36 investigaciones internas sobre denuncias de conducta indebida de la policía. Pero las investigaciones internas en Francia rara vez se traducen en una rendición de cuentas real.
El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas no es nada nuevo en Francia. Human Rights Watch documentó lesiones graves causadas por la policía durante el movimiento de los "chalecos amarillos" de 2018. Y las protestas de 2023 por la reforma de las pensiones y las manifestaciones medioambientales también se caracterizaron por ese uso de la fuerza. Las actuales protestas estudiantiles empezaron en colegios de barrios obreros, donde los jóvenes de minorías étnicas sufren y temen constantemente el acoso policial y la violencia estatal.
En lugar de abordar los problemas persistentes relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, el Gobierno pretende reforzar el derecho de las fuerzas del orden a hacer uso de la fuerza. Un proyecto de ley, que se está debatiendo desde principios de 2026, propone conceder a los agentes una "presunción de legalidad" al utilizar sus armas de fuego. Las organizaciones de derechos humanos advierten de que estos cambios corren el riesgo de rebajar el umbral para que la policía recurra al uso de armas de fuego y de proteger a la policía del escrutinio judicial.
Las autoridades francesas deberían dejar de tratar a los niños, niñas y adolescentes que se manifiestan pacíficamente como un peligro que hay que neutralizar. En cambio, el gobierno debería cumplir con su obligación de proteger a sus residentes y respetar su derecho a manifestarse, y escuchar las reivindicaciones de los jóvenes que salen a la calle. Para recuperar la confianza, el gobierno también debería investigar a fondo y sin demora todos los incidentes de uso de la fuerza por parte de la policía, poner fin a las tácticas policiales y reformar las competencias que fomentan la violencia policial.
