(Milán) – El gobierno español y las autoridades locales en su enclave en nordafrica de Ceuta deberían actuar con urgencia para brindar abrigo adecuado a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo que están viviendo sin techo desde que entraron a Ceuta procedentes de Marruecos a finales de julio, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades deben ofrecer la oportunidad de solicitar asilo a quienes lo deseen.
“Miles de personas llevan casi tres semanas en las calles, viviendo una situación legal indefinida, expuestas a la violencia sexual, sin comida, sin un abrigo adecuado, ni instalaciones sanitarias”, explicó Judith Sunderland, directora asociada sénior de derechos de personas refugiadas y migrantes de Human Rights Watch. “A pesar del reto que la situación impone, España debe movilizar rápidamente recursos suficientes para que haya una gestión humana y ordenada de la crisis, por el bien tanto de migrantes como de residentes de Ceuta”.
Durante una visita de investigación de cuatro días a Ceuta, que tuvo lugar del 15 al 18 de agosto, Human Rights Watch habló con 76 migrantes, lo que incluyó 42 entrevistas individuales (37 personas adultas y 5 menores no acompañados) y conversaciones grupales o breves con otras 34, entre ellas 4 menores no acompañados.
Decenas de miles de migrantes y solicitantes de asilo cruzaron a nado desde Marruecos hasta Ceuta el 30 y el 31 de julio, y no resulta claro cuántas de esas personas están todavía en la ciudad. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska Gómez, dijo el 13 de agosto que todavía había 5.000 personas en Ceuta, mientras que organizaciones locales indicaron a Human Rights Watch que podrían ser incluso 10.000.
El 17 de agosto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, anunció la instalación de cuatro campamentos con tiendas en Ceuta, con espacio para albergar a 1.500 adultos, y el 20 de agosto las autoridades empezaron a trasladar a personas a dos de estos emplazamientos. Pero esto no cubrirá las necesidades. Muchas de las personas entrevistadas conjeturaron que el gobierno de España demoró la ayuda para convencer a la gente de volver a Marruecos.
Algunas organizaciones humanitarias creen que más de mil hombres y niños vivían en barracas improvisadas en una playa de la ciudad llamada Trampolín, y habría varios miles más viviendo en las calles, en un área de naves industriales cerca de la frontera con Marruecos y en las colinas boscosas en el límite de la ciudad. Hay aproximadamente entre 700 y 750 mujeres y niñas en dos predios deportivos al aire libre organizados por asociaciones vecinales, mientras que otras están en la calle. Debido a la escasez de duchas e instalaciones sanitarias, las personas se ven obligadas a utilizar parques, terrenos vacíos y el mar.
El 3 de agosto, la Cruz Roja Española comenzó a distribuir alimentos en la playa del Trampolín. El gobierno declaró el 17 de agosto que la Cruz Roja estaba entregando 4.000 bolsas de alimentos por día. La organización benéfica local Luna Blanca mencionó a Human Rights Watch que estaba distribuyendo entre 2.700 y 3.500 comidas por día en cinco lugares, gracias a la financiación del gobierno.
“Estuve sin comida los primeros dos o tres días y solo bebía agua”, contó Mahmoud, de 36 años de edad y nacionalidad palestina. “Me quedé en las montañas durante 10 días antes de bajar a la playa con los demás. Es una vida muy difícil, pero digo alhamdulillah (alabado sea Dios); esto no es nada comparado con lo que está viviendo mi familia en Gaza”.
Al 20 de agosto, Human Rights Watch no observó indicios de que las autoridades españolas hayan iniciado procedimientos legales ni evaluaciones individuales de personas adultas. Si bien al parecer la mayoría de las personas que llegaron a finales de julio serían marroquíes, Human Rights Watch también habló con hombres y niños procedentes de Chad, Senegal, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, Argelia, Siria y Egipto. Muchos habían estado años viajando en condiciones penosas y expresaron su deseo de solicitar asilo en España.
“Quiero pedir asilo”, dijo Mohamed, un joven de 20 años de Sudán, “pero todavía no tenemos ninguna información”.
Muchas mujeres marroquíes contaron que escaparon de una situación de abuso doméstico. Fátima, de 47 años, procedente de Tetuán, cruzó nadando a Ceuta con su hijo de 11 años para huir de la conducta abusiva de su exesposo.
“Me fui de mi país no porque tenga hambre, sino porque mi esposo es adicto a las drogas; nos golpea a mí y a mi hijo”, contó. Mostró que tenía una larga cicatriz en el brazo donde, según dijo, este le realizó un corte con un cuchillo. Dijo que sus intentos de denunciarlo a la policía marroquí fueron en vano. Fátima acudió a la policía de Ceuta, pero le dijeron que se dirigiera a la zona del polígono industrial, donde cientos de personas duermen al aire libre, “hasta que haya una solución”.
Conforme a las normas de la UE que están vigentes desde mediados de junio, España ya debería haber hecho un triaje a todas las personas, lo que incluye realizar controles de salud y seguridad, y un “control preliminar de vulnerabilidad” para identificar a personas apátridas, sobrevivientes de tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, y personas con “necesidades especiales”, según el derecho de la UE.
No resulta claro si España recurrirá a procedimientos acelerados de asilo en la frontera, lo que podría dar lugar a rechazos inmediatos, entre otras cosas, porque los solicitantes de asilo estuvieron previamente en Marruecos, al que la UE considera un “tercer país seguro” donde las personas deberían haber solicitado protección internacional.
Las personas de nacionalidad marroquí, incluidas mujeres que alegan temor a la violencia doméstica, enfrentan el riesgo de ser retornadas debido a que existe un acuerdo con España de readmisión por “país de origen seguro”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España ha exhortado a las autoridades a que proporcionen información sobre el derecho de asilo e identifiquen las necesidades de protección realizando una evaluación adecuada. Las personas migrantes que no necesiten protección internacional podrían reunir los requisitos para el Programa de Atención Humanitaria de España.
En la playa del Trampolín, la mayoría de los hombres y niños estaban viviendo en barracas que construyeron con palos, cartón y bolsas de residuos. Algunos grupos tenían tiendas. En un área de naves próximo a la frontera con Marruecos, cientos de personas, incluidas familias con niñas y niños pequeños, madres solteras con hijos, y niños y niñas no acompañados, dormían sobre cartones.
Las asociaciones de residentes de los vecindarios El Príncipe y Sidi Embarek montaron refugios improvisados en dos centros deportivos al aire libre para dar seguridad a mujeres y niñas ante señalamientos de violencia sexual. Las autoridades instalaron una carpa tipo gazebo en cada lugar, pero la mayoría vive bajo lonas colgadas. Voluntarios en ambos lugares dijeron que las autoridades habían transferido hasta 200 niñas del emplazamiento en El Príncipe hasta instalaciones administradas por el gobierno en Ceuta.
Cuatro médicos que trabajan en servicios de urgencias indicaron que habían atendido por agresión sexual y violación a un total de dos mujeres y seis niñas, entre ellas una marroquí de 14 años y una niña de 11 años de un país africano no identificado. Una mujer marroquí de 25 años afirmó que un hombre de habla hispana la violó la misma noche en que llegó, pero no ha denunciado el hecho a la policía. La Fiscalía de Ceuta manifestó que había recibido 13 casos de agresión sexual entre el 30 de julio y el 17 de agosto, y que la mayoría de las víctimas no eran residentes de la ciudad.
La situación de las niñas y los niños no acompañados es particularmente preocupante, observó Human Rights Watch. No hay estadísticas confiables sobre cuántos podría haber en la ciudad. Una fuente del gobierno de Ceuta, que según la legislación española es responsable de las niñas y los niños no acompañados, indicó que al 18 de agosto se habían hecho cargo de 1.385 de estos niños y niñas. Ese mismo día, el Ministerio del Interior declaró que la policía había registrado a 2.168 niñas y niños no acompañados.
Dos escuelas convertidas en refugios temporales para niños y niñas tendrán que ser desocupadas antes de que comience el año escolar a principios de septiembre; las autoridades están intentando localizar espacios alternativos, a pesar de las objeciones de los residentes. Medios españoles informaron el 19 de agosto que el Ministerio de Juventud estaba trabajando para trasladar a 500 niñas no acompañadas desde Ceuta hacia otras partes de España.
Al final del día del 31 de julio, el gobierno español expresó que la mayoría de las personas que llegaron a nado a Ceuta en las 48 horas precedentes habían regresado voluntariamente a Marruecos, mientras trascendían señalamientos de que las fuerzas de seguridad españolas se habían llevado a personas en camiones hasta la frontera. Las autoridades españolas registraron oficialmente 82 muertes, pero es posible que haya habido al menos 67 del lado marroquí, según la organización española Caminando Fronteras.
Si bien muchas asociaciones locales y residentes han ayudado a migrantes, las tensiones en esta ciudad de 85.000 habitantes han generado temor por la posibilidad de violencia. Halima Ahmed, de Luna Blanca, describió esto como una “situación catastrófica sin precedentes… Hay tanta incertidumbre y esto genera miedo entre los vecinos, y la pena es que pasemos del miedo al odio”. Mohamed El Harrak, de la Asociación EXMENAS, expresó su preocupación ante un clima de odio, y señaló que en la ciudad “necesitamos respuesta ya, antes que explote esto. Lo primero es la ayuda humanitaria. Ceuta no puede hacerlo solo”.
Las autoridades españolas deben movilizar a la mayor brevedad recursos suficientes para asegurar una acogida adecuada, ya sea en Ceuta o en otros lugares de España, y realizar evaluaciones individuales con acceso a orientación legal en un idioma que las personas puedan entender, destacó Human Rights Watch.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que España es parte, y que se aplica en Ceuta, prohíbe las expulsiones colectivas. España debe asegurar que se examinen íntegramente las solicitudes de asilo y abstenerse de deportar a Marruecos a nacionales de terceros países, como personas sudanesas o somalíes. Las autoridades deben utilizar evaluaciones multidisciplinarias sobre edad para identificar a niños y niñas no acompañados. El derecho español y de la UE exige que los niños y las niñas no acompañados solo puedan ser deportados a su país de origen tras una evaluación individualizada que tenga en cuenta su interés superior y las condiciones a su regreso.
“Las autoridades españolas no deben permitir que los reclamos populistas de deportaciones masivas y sumarias les impidan actuar de forma acorde con las obligaciones que impone el derecho internacional”, señaló Sunderland. “Las autoridades españolas tampoco deberían verse disuadidas de realizar evaluaciones justas e individuales de las solicitudes de protección y deben tratar a todas las personas migrantes con dignidad”.
