(Bruselas) – El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea introduce cambios de gran alcance que socavan el derecho de asilo, señaló hoy Human Rights Watch. La organización publicó un documento de preguntas y respuestas que explica las principales modificaciones de las leyes y procedimientos de asilo de la UE, así como los riesgos que plantean para los derechos de las personas. El Pacto, adoptado en 2024, entrará plenamente en vigor el 12 de junio de 2026.
“A pesar de la retórica triunfalista de los líderes de la UE, el nuevo pacto de asilo europeo cierra la puerta a personas que merecen ser tratadas con dignidad y que sus solicitudes de protección sean examinadas de manera justa”, afirmó Judith Sunderland, asesora sénior sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes de Human Rights Watch. “El Pacto asesta un golpe duro al derecho de asilo en un momento en que el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los derechos humanos”.
El Pacto está compuesto por diez instrumentos legislativos vinculantes que reforman profundamente la manera en que la UE gestiona sus fronteras, tramita las solicitudes de asilo y distribuye las responsabilidades entre los Estados miembros. Las nuevas normas facilitan que los gobiernos aceleren las decisiones y reduzcan las garantías procesales en la tramitación de solicitudes de asilo, gran parte de las cuales se llevarán a cabo mediante procedimientos fronterizos abreviados. Además, aumentan el recurso a la detención y prolongan su duración. Un nuevo Reglamento de Crisis permite a los países de la UE negar a las personas el derecho a solicitar asilo en situaciones vagamente definidas de “afluencia masiva” o de “instrumentalización” de la migración por parte de terceros países.
Los países de la UE también podrán alcanzar acuerdos con “terceros países seguros” fuera del bloque que estén dispuestos a acoger a solicitantes de asilo. Esto significa que un Estado miembro podrá negarse a examinar una solicitud de asilo y, en su lugar, enviar a la persona solicitante a un país con el que quizá no tenga vínculos culturales, familiares o comunitarios, y donde sus perspectivas de recibir apoyo e integrarse puedan ser inciertas. En la práctica, este tipo de acuerdos ha servido más para eludir responsabilidades que para garantizar una protección efectiva.
Los cambios hacen poco por resolver las disfunciones existentes entre los países de la UE y mantienen normas que imponen una carga desproporcionada sobre los Estados situados en las fronteras exteriores del bloque. Un nuevo “mecanismo de solidaridad” permitirá a los Estados negarse a reubicar a personas procedentes de países sometidos a presión sobre sus sistemas de asilo y, en su lugar, financiar muros fronterizas, alambradas y sistemas de vigilancia.
El Pacto también incluye disposiciones que, si se priorizan y aplican adecuadamente, podrían ayudar a identificar a personas migrantes y solicitantes de asilo con necesidades específicas de apoyo, incluidas personas con discapacidad y aquellas expuestas a un mayor riesgo de sufrir abusos. Los países de la UE están obligados a crear mecanismos independientes para supervisar el respeto de los derechos humanos durante los procedimientos fronterizos.
Los Estados miembros deberían hacer todo lo posible, dentro de las limitaciones impuestas por el Pacto, para mitigar sus consecuencias más perjudiciales y garantizar el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, señaló Human Rights Watch. Las autoridades deberían limitar el uso de la detención y de los procedimientos de asilo en frontera, garantizar la capacidad necesaria para identificar adecuadamente a las personas con necesidades específicas de protección y apoyo, y dejar de derivar a solicitantes de asilo a países con menor capacidad para ofrecer protección efectiva. Asimismo, deberían restringir la aplicación del Reglamento de Crisis a circunstancias verdaderamente excepcionales.
Los mecanismos independientes de supervisión deberían contar con mandatos amplios para informar sobre todas las denuncias de violaciones de derechos en el contexto de actividades fronterizas e investigarlas, garantizando además recursos efectivos para todas las víctimas.
“A pesar de las restrictivas nuevas normas del Pacto sobre Migración y Asilo, los países de la UE aún tienen margen para hacer lo correcto”, afirmó Sunderland. “Como mínimo, deberían limitar el uso de la detención, identificar y garantizar apoyo a las personas expuestas a un mayor riesgo de sufrir abusos, y abstenerse de externalizar sus responsabilidades en materia de asilo a otros países”.
