La llegada de entre 50.000 y 60.000 personas a Ceuta, enclave español situado en el norte de África, durante los días 30 y 31 de julio, no solo fue un hecho sin precedentes, sino también una tragedia. Al menos 72 personas murieron, entre ellas muchas que se ahogaron al intentar cruzar a nado desde Marruecos a Ceuta y otras que murieron aplastadas mientras trataban de escalar la valla fronteriza, según informaron las autoridades españolas.
La mayoría de las personas que cruzaron eran marroquíes, aunque también había de Sudán, Yemen y varios países de África Occidental y del Norte, según informó la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Al parecer, muchos intentaban emigrar por motivos económicos, pero otros eran solicitantes de asilo y entre ellos personas que habían huido del conflicto en Sudán.
El 2 de agosto, la mayoría de los que cruzaron a Ceuta ya habían regresado a Marruecos. El Gobierno español dijo que las repatriaciones fueron voluntarias, sin embargo, la AMDH, que habló con algunos de los repatriados, afirmó que las fuerzas de seguridad españolas llevaron a cabo "devoluciones masivas" sin evaluaciones individuales. La organización también denunció que algunos vecinos de Ceuta recurrieron a la violencia contra las personas que llegaban y que las fuerzas españolas y marroquíes utilizaron una fuerza innecesaria contra quienes llegaban a Ceuta o intentaban salir de la localidad fronteriza marroquí de Ben Ensar.
Las fronteras de Ceuta y Melilla, el otro enclave español en el norte de África, se encuentran entre las fronteras exteriores más fortificadas de la Unión Europea. Desde hace tiempo han sido escenario de actos de violencia o uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad tanto marroquíes como españolas, así como de expulsiones colectivas por parte de las autoridades españolas. Al menos 15 personas murieron en aguas de Ceuta en 2014 cuando la Guardia Civil española disparó balas de goma y gas lacrimógeno contra personas que intentaban llegar a nado a territorio español. Al menos 23 hombres africanos murieron en junio de 2022 en la frontera entre Melilla y Marruecos, en medio del uso de la fuerza y de tácticas antidisturbios por ambas partes.
Las autoridades marroquíes y españolas deberían garantizar que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las circunstancias que rodean los cruces hacia Ceuta y las denuncias de uso excesivo de la fuerza. También deberían dar prioridad al trato humano y a la asistencia humanitaria para las personas que llegaron a Ceuta, los repatriados en Marruecos y otras personas que intentaron marcharse.
Las autoridades españolas deberían defender los derechos de quienes permanecen en Ceuta evaluando individualmente sus necesidades sanitarias y de protección, y garantizando el acceso a los procedimientos de asilo.
En ambos lados de la frontera, es fundamental garantizar que cualquier uso de la fuerza sea estrictamente necesario y proporcional. Las expulsiones sumarias son incorrectas, independientemente la forma en que las personas hayan llegado.
