(Washington, D.C.) – El nuevo Congreso de Estados Unidos debe dar prioridad al respeto y la protección de los derechos humanos, tanto dentro del país como en el resto del mundo, señaló hoy Human Rights Watch. En las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026, los votantes eligieron una mayoría demócrata para controlar ambas cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado.
“Este nuevo Congreso asumirá sus funciones en un momento crítico para los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial”, señaló Michael García Bochenek, director interino del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Los legisladores deben hacer frente a los numerosos abusos del Gobierno de Trump, ejercer plenamente las facultades de supervisión que corresponden al Congreso y actuar con decisión para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
Los legisladores deben abordar los abusos generalizados cometidos en la aplicación de las leyes migratorias por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus organismos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que han provocado detenciones arbitrarias, lesiones graves y homicidios ilícitos. El nuevo Congreso debe restablecer y reforzar los mecanismos de transparencia y supervisión, establecer medidas efectivas frente al uso excesivo de la fuerza y exigir responsabilidades a los funcionarios y agentes responsables de las numerosas violaciones graves de derechos humanos cometidas durante los últimos dos años.
El representante Robert Garcia, que presidirá el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha afirmado que entre sus prioridades estarán “los abusos del DHS y de ICE” y ha advertido a los funcionarios responsables que “se vayan buscando un abogado”.
“El nuevo Congreso debe dar prioridad a una supervisión rigurosa del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa”, señaló Bochenek. “El Congreso debe restablecer plenamente los órganos de supervisión que han sido drásticamente debilitados. Sin una supervisión exhaustiva y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, es muy probable que las prácticas abusivas continúen con impunidad”.
El nuevo Congreso también debe adoptar medidas para reparar los daños y proporcionar recursos efectivos por los abusos cometidos por el Gobierno de Trump durante su segundo mandato, señaló Human Rights Watch. Entre estos daños se incluye la discriminación en ámbitos como el voto, la actuación policial, la educación y la vivienda.
Para empezar a reconstruir la estructura federal de protección de los derechos civiles necesaria para combatir la discriminación, que ha sido desmantelada, el Congreso debe celebrar audiencias de supervisión sobre el desmantelamiento de la capacidad del Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo para hacer cumplir la legislación de derechos civiles. También debe asignar a estos organismos partidas presupuestarias destinadas expresamente a hacer cumplir la legislación de derechos civiles y aprobar legislación que permita a particulares presentar demandas al amparo de la Ley de Derechos Civiles por daños derivados de medidas gubernamentales con efectos discriminatorios.
Hasta ahora, el Congreso no ha establecido salvaguardias ni mecanismos adecuados de supervisión de la actuación del Gobierno de Trump, pese a las graves violaciones de las leyes de la guerra cometidas por este en Irán y a la continuación de ataques letales ilícitos contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, que han causado más de 240 ejecuciones extrajudiciales.
El Congreso también permitió que se desmantelara gran parte de la ayuda exterior de Estados Unidos y aprobó una ley que autorizaba al Gobierno a retirar alrededor de 9.000 millones de dólares en fondos previamente aprobados, incluidos recursos esenciales destinados a la defensa de los derechos humanos. El nuevo Congreso debe estudiar vías para restablecer la financiación de la ayuda exterior, en particular la destinada a programas de derechos humanos, en futuros procesos presupuestarios.
El nuevo Congreso también debe exigir al Departamento de Defensa que publique su informe sobre un ataque ilícito contra una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, que causó la muerte de más de 150 personas, en su mayoría niños y niñas, y examinar si el desmantelamiento de los mecanismos destinados a mitigar los daños a la población civil contribuyó a que se produjeran otros ataques ilícitos, señaló Human Rights Watch.
El Gobierno de Trump también ha expulsado a decenas de miles de nacionales de terceros países a otros Estados donde han sufrido violaciones de derechos humanos y han quedado expuestos al riesgo de ser posteriormente devueltos a países en los que podrían ser objeto de persecución.
También envió a ciudadanos venezolanos a la prisión CECOT de El Salvador, donde fueron sometidos de forma sistemática a torturas y otros abusos, incluida violencia sexual. El nuevo Congreso debe volver a ejercer su función de supervisión de la política exterior y la cooperación en materia de seguridad, señaló Human Rights Watch.
“Los nuevos miembros del Congreso deben reforzar el compromiso de la institución con la protección de los derechos humanos de todas las personas en Estados Unidos”, señaló Bochenek. “El Congreso también debe dejarse guiar por estas protecciones a la hora de promover una política exterior respetuosa con los derechos humanos”.
