- El despliegue de miles de agentes federales de inmigración en Minnesota por parte de la administración Trump provocó violaciones generalizadas de derechos humanos, sembró el terror entre la población y puso de manifiesto los patrones profundamente abusivos del sistema de control migratorio de Estados Unidos.
- Además de homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, elaboración de perfiles raciales y detenciones ilegales, los abusos y el miedo que generaron obligaron a muchas personas a permanecer en sus hogares, impidiéndoles acudir al trabajo, a la escuela e incluso recibir atención médica esencial.
- Se requiere una respuesta a nivel nacional para garantizar la rendición de cuentas, poner fin a los abusos en curso, reparar los daños causados y evitar que vuelva a producirse una crisis de esta magnitud.
(Mineápolis, Minnesota, 18 de junio de 2026) – El despliegue de miles de agentes federales de inmigración en Minnesota entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 por parte de la administración Trump dio lugar a violaciones generalizadas de derechos humanos, sembró el terror entre la población con efectos duraderos y puso de relieve los patrones profundamente abusivos de la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 180 páginas, “‘Una crisis fabricada’: comunidades de Minnesota aterrorizadas por el gobierno federal”, documenta exhaustivamente cómo la “Operación Metro Surge” del gobierno estadounidense provocó una crisis de derechos humanos en Minnesota, especialmente en Mineápolis, Saint Paul y sus alrededores. La campaña incluyó dos homicidios ilegítimos, repetidos casos de uso excesivo de la fuerza, elaboración de perfiles raciales, detenciones ilegales y condiciones abusivas de detención. Estos abusos y el terror que sembraron también provocaron daños menos visibles, obligando a muchas personas a permanecer en sus hogares por miedo y haciendo que faltaran al trabajo, a la escuela e incluso a citas médicas esenciales. El informe exige rendición de cuentas al más alto nivel gubernamental e identifica a quienes tenían responsabilidades de supervisión sobre la operación.
“El gobierno federal envió hordas de agentes armados y enmascarados para detener a personas en plena calle, llevárselas esposadas y maltratar a quienes intentaban documentar lo que estaba ocurriendo”, afirmó Reagan Williams, investigador sobre crisis y conflictos de Human Rights Watch. “La población de Minnesota se movilizó para protestar, documentar los abusos y prestarse apoyo mutuo. Se necesita una respuesta a nivel nacional para garantizar la rendición de cuentas, poner fin a los abusos en curso, reparar los daños causados y evitar que vuelva a producirse una crisis de esta magnitud”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas, entre ellas inmigrantes, personas defensoras de derechos humanos, abogados, profesionales de la salud, personal educativo, funcionarios y exfuncionarios gubernamentales, así como otras personas con conocimiento directo de la Operación Metro Surge y de sus efectos. El equipo investigador analizó decenas de fotografías y videos, declaraciones juradas y recursos judiciales, resoluciones judiciales, documentación elaborada por personas defensoras de derechos humanos a nivel local, datos gubernamentales, encuestas independientes, investigaciones médicas y de salud pública, artículos de prensa y registros conservados por profesionales de la salud, centros educativos, empresas y organizaciones que prestan asistencia alimentaria.
“Ninguna cobertura mediática podría documentar plenamente el alcance de la onda expansiva de trauma que esto ha provocado en la ciudad de Mineápolis”, dijo una persona residente. “Y cuando las cámaras se vayan, nosotros seguiremos aquí, sufriendo el duelo y el trauma”.
La Operación Metro Surge fue el mayor despliegue interior de agentes migratorios desde que Donald Trump asumió la presidencia, pero tanto la campaña como sus tácticas encajan en un patrón más amplio de despliegues concentrados y abusivos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en ciudades y localidades de Estados Unidos. Sin embargo, la magnitud de la operación, y la rápida movilización de la población para presenciarla y documentarla, ha aportado abundantes pruebas de las prácticas abusivas de estas agencias y, más ampliamente, de las políticas migratorias de la administración.
En dos incidentes que provocaron indignación a nivel nacional en enero, agentes federales dispararon y mataron de forma ilegítima a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti. En numerosas ocasiones, los agentes amenazaron con usar fuerza letal contra otras personas residentes en Minnesota, apuntándolas con armas de fuego sin justificación. También rompieron ventanillas de vehículos sin motivo aparente, empujaron o derribaron físicamente a personas que no ofrecían resistencia y utilizaron armas “menos letales”, como agentes químicos irritantes y granadas aturdidoras, en ocasiones a corta distancia y sin previo aviso.
A lo largo de esta campaña abusiva, Human Rights Watch concluyó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a aproximadamente 4.000 inmigrantes, más del 75 % de los cuales no tenía condenas penales en Estados Unidos, y muchas de las detenciones fueron arbitrarias. Abogados presentaron recursos de habeas corpus para impugnar estas detenciones, que en numerosos casos dieron lugar a órdenes de liberación o audiencias de fianza, incluido cerca del 90 % de los 532 casos resueltos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de mayo de 2026.
Los agentes federales parecen haber recurrido de forma generalizada a la elaboración de perfiles raciales al detener, arrestar o retener a personas basándose en su raza o etnia percibidas, utilizando estos factores como un indicador simplista de la nacionalidad aparente de una persona. Según una encuesta realizada por el Centro de Políticas Migratorias de Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, las personas racializadas que respondieron en Mineápolis tenían alrededor de un 40 % más de probabilidades que las personas blancas de informar que habían tenido algún encuentro con agentes federales. Ciudadanos estadounidenses racializados entrevistados por Human Rights Watch afirmaron que el temor a ser objeto de perfiles raciales era tan intenso que comenzaron a llevar sus pasaportes consigo en todo momento.
Muchas de las personas afectadas eran ciudadanas estadounidenses, detenidas ilegalmente como resultado de perfiles raciales o mientras observaban o protestaban contra actividades de ICE o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según datos del National Lawyers Guild de Minnesota, más de 500 manifestantes ciudadanos estadounidenses fueron arrestados.
Durante meses, la operación alteró todos los aspectos de la vida cotidiana, y actividades normales como tomar el autobús para ir a la escuela o acudir al supermercado pasaron a implicar riesgos para la libertad y la integridad física. En el punto álgido de la Operación Metro Surge, algunas clínicas registraron una caída drástica del número de pacientes, de hasta el 50 % en algunos centros, con personas que incluso dejaron de acudir a atención urgente o de emergencia. Miles de estudiantes faltaron a la escuela o pasaron a modalidades de aprendizaje virtual. Muchas personas tuvieron miedo de desplazarse al trabajo y sufrieron pérdidas salariales e incluso la pérdida de sus empleos.
El miedo, la ansiedad y las dificultades tuvieron graves efectos sobre la salud mental, especialmente entre niños y niñas. “Tengo miedo de estar aquí porque no quiero que vuelva a pasarle eso a mi papá”, dijo una niña de 7 años cuyo padre fue detenido por ICE durante una redada en su domicilio en diciembre. Su padre, que posteriormente fue liberado, explicó que su hija a veces le suplica que no salga de casa. Su madre, que estaba embarazada, no salió de casa durante meses después de la redada, ni siquiera para acudir a controles prenatales.
La población de Minnesota se organizó para mitigar estos efectos, poniendo en marcha redes de entrega de alimentos, ayudas para el pago del alquiler y otras necesidades económicas, transporte a escuelas, lugares de trabajo y centros de salud, así como otras formas de apoyo.
Aunque la Operación Metro Surge ha concluido oficialmente, sus efectos de gran alcance exigen atención y reparación urgentes. El DHS y sus agencias, incluidos ICE y CBP, deberían ser objeto de una reforma profunda. Las autoridades deberían restablecer y reforzar los mecanismos de transparencia y supervisión, implementar protecciones efectivas contra el uso innecesario de la fuerza y garantizar una rendición de cuentas coherente para funcionarios de todos los niveles, incluidos quienes fueron responsables de los abusos cometidos durante la Operación Metro Surge.
El 30 de abril, Human Rights Watch envió a las agencias del DHS un resumen de sus conclusiones y una serie de preguntas, pero no ha recibido respuesta.
“La Operación Metro Surge mostró con total claridad las prácticas violentas y abusivas de estas agencias”, afirmó Williams. “Tenemos pruebas contundentes de cómo operan cuando prevalece la impunidad, y es urgente abrir un nuevo camino basado en la rendición de cuentas y en reformas estructurales que pongan fin a estos abusos”.
